La vergonzosa sentencia contra el periodista Christopher Acosta, a quien el excandidato presidencial César Acuña denunció por difamación, pone en evidencia que, en el Perú, la libertad de prensa sigue siendo frágil ante quienes tienen plata como cancha y razones para preferir las sombras. El fallo, que condenó también al director general de Penguin Random House, Jerónimo Pimentel, desconoce la jurisprudencia nacional e internacional que respalda el ejercicio del periodismo. Por eso, ha motivado expresiones de preocupación por parte del Consejo de la Prensa Peruana, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la división de América de Human Rights Watch y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además de pronunciamientos de las embajadas de Estados Unidos y de Reino Unido en el Perú.
Como lo han hecho medios de líneas editoriales muy diversas, en Salud con Lupa manifestamos nuestra solidaridad con Acosta y con Pimentel y rechazamos la pretensión de instrumentalizar la justicia para intimidar al periodismo, cuyo mandato es ser incómodo con el poder. Sin embargo, mientras la prensa cierra filas en defensa de su labor, una parte de la ciudadanía a la que supuestamente sirve la mira con desconfianza. Esta desconfianza puede beber de la resistencia a aceptar aquellos hechos que cuestionan las opiniones y los sentimientos de uno —tan propia de estos tiempos de redes sociales y desinformación—, pero se agrava por la repetición de malas prácticas periodísticas, las cuales traicionan el principio fundamental de la profesión: el compromiso con la verdad.
En la misma semana en que la resolución del juez Raúl Jesús Vega levantaba una ola de indignación, dos importantes medios de prensa de alcance nacional les dieron tribuna a promotores del discurso antivacunas. Ello les ofreció una nueva oportunidad para divulgar falsedades que pueden tener graves consecuencias en la salud pública, sobre todo cuando enfrentamos cifras récord de contagios por la tercera ola de la covid-19. Canal N invitó como panelistas al abogado Lucas Ghersi, asesor de la Organización Mundial por la Vida —uno de los grupos antivacunas más activos en el país—, y al médico Magno Santillana, vinculado al mismo movimiento, quien se dio el lujo de decir, en vivo y en horario estelar, que las vacunas contra la covid-19 “no califican para ser vacunas”.
Por su parte, RPP, la emisora de radio más influyente del país, entrevistó a Edgar Trejo, presidente de la Coordinadora Nacional de Padres y APAFA, conocido por su oposición al enfoque de género en la educación. Trejo ha mostrado una postura sinuosa frente a las vacunas. A mediados del año pasado, él exigía que el 100% de los docentes estén inmunizados como condición para el retorno a las clases presenciales, pero ahora aparece como vocero de los padres que rechazan la vacunación a los niños. “No se les puede inocular vacunas experimentales a niños sanos”, afirmó, repitiendo uno de los bulos que más circulan en los grupos de Whatsapp y Telegram: que las vacunas son experimentales. Aunque los periodistas Carlos Villarreal y Fernando Carvallo cuestionaron sus argumentos y le exigieron precisiones que Trejo no supo dar, se le concedió más de diez minutos al aire, e incluso se reprodujo una grabación de una asamblea de la organización de Trejo en la que algunos participantes criticaron el uso de mascarillas y defendieron el consumo de dióxido de cloro, ese sebo de culebra.
Trejo reclamaba un debate público sobre la conveniencia de las vacunas, y esa suele ser también la justificación de quienes otorgan espacio, en los medios, a aquellos que divulgan mentiras: la intención sería propiciar un debate para que la audiencia tome su propia decisión. El problema es que el conocimiento científico no se define por debate sino por métodos rigurosos que involucran el escrutinio de otros expertos a través de la revisión de pares. Las políticas de salud pública deben basarse en evidencia sólida; y en ese sentido, lo que uno crea o sienta a título personal es irrelevante.
La obligación del periodismo es contar la verdad, en vez de crear un simulacro en el que las declaraciones de diversas fuentes se anulan unas a otras. Presentar los distintos lados de una historia tiene sentido en la medida en que nos ayude a conocer y explicar mejor los hechos, pero se pervierte cuando se vuelve una coartada para la confusión y el engaño. En Salud con Lupa, estamos convencidos de que informar con pluralidad no significa ceder el micrófono a la desinformación. En estos días en que defendemos la libertad de expresión y el ejercicio del buen periodismo, no podemos obviar el que le hacemos un flaco favor a nuestro trabajo cuando lo ejercemos con poca responsabilidad, cuando por descuido o por elección somos imparciales con la mentira.
