Ante la actual situación de criminalidad y extorsión en Lima Metropolitana, nos preguntamos ¿qué pasa con las niñas y niños?, ¿en qué lugar queda el derecho y bienestar de la infancia? Hace poco un post en redes sociales decía: sales de casa, paras a comprar en la bodega extorsionada y luego tomas un bus extorsionado, en el trabajo recibes a un proveedor extorsionado, almuerzas en un restaurante extorsionado y regresas a casa en otro bus extorsionado. En resumidas cuentas, vives el día a día de la criminalidad y violencia.
Esta situación afecta de sobremanera a la ciudadanía en general, generando ansiedad y zozobra al no saber que pasará, entonces tendremos adultos con altos niveles de ansiedad y estrés ante la situación que se vive. Sin embargo, nadie está viendo el impacto que esta situación genera en la primera infancia, afectando directa e indirectamente el desarrollo físico, emocional y cognitivo de las niñas y niños. El incremento de robos, extorsiones y el accionar de bandas delincuenciales organizadas, genera un ambiente de inseguridad para las familias; restringiendo la movilidad de las niñas y niños, y su acceso a espacios seguros para jugar, aprender y socializar, lo que es crucial para su desarrollo integral.
Existe, también, una creciente exposición a la violencia. Las niñas y niños que crecen en entornos donde la violencia es frecuente, tanto en las calles como en el hogar, tendrán problemas en su desarrollo socioemocional y estos dejar traumas que afecten su salud mental a largo plazo. La exposición repetida a actos violentos puede generar estrés tóxico, que impacta negativamente en el desarrollo neurológico y emocional, aumentando los riesgos de ansiedad, depresión y dificultades de aprendizaje desde la infancia.
El clima de inseguridad y violencia ya está afectando el acceso a servicios esenciales, muchos de los cuales se ven interrumpidos. Un ejemplo claro, ha sido los hechos ocurridos en escuelas públicas (muerte de un docente, desactivación de una granada, entre otros); limitaron las actividades educativas, siendo la respuesta del sector la cancelación de la presencialidad y virtualizar la clase, lo que perjudica el acceso de las niñas y niños a una educación adecuada, incluso muchos cuidadores deciden no enviar a clases a sus hijos, al ver que no existen garantías mínimas de seguridad.
Ante estos hechos, es preciso anotar que ante el aumento de la vulnerabilidad social, son las niñas y niños los que corren un mayor riesgo de ser víctimas de violencia, abuso o explotación. La falta de seguridad hace que los mecanismos de protección infantil se debiliten, incrementando las diferentes formas de violencia.
Desde Copera, llamamos la atención respecto a los efectos de la criminalidad sobre la primera infancia y a respetar el compromiso consistente con el bienestar de las niñas y niños, a través de mecanismos que aborden de manera estructural la violencia, la inseguridad y la criminalidad en las comunidades. También es oportuno enfatizar en el fortalecimiento de los sistemas de protección y atención de la salud mental de las niñas, niños y sus familias, a fin de mitigar los impactos negativos en su desarrollo. Desde esta tribuna hago un llamado a la acción, poniendo por delante las necesidades del ciudadano y la seguridad ciudadana para reducir la violencia y generar espacios que contribuyan al desarrollo integral de las familias.
