Milán tenía 13 años. Sus padres lo habían cambiado del colegio Santa Isabel de Huancayo porque, según denunciaron, allí sufría bullying, golpes y amenazas de otros estudiantes. Apenas quince días después, el 21 de agosto, murió tras ser atacado con un arma blanca durante un enfrentamiento entre adolescentes fuera del colegio. Las circunstancias del crimen continúan bajo investigación.
La muerte de Milán también dejó al descubierto las limitaciones para atender la violencia escolar. El colegio Santa Isabel tenía un solo psicólogo para unos 3.600 estudiantes, según reconoció su directora, Mabel Canorio. Después del crimen, se presentaron 30 solicitudes de traslado, aproximadamente la mitad motivadas por el temor de las familias por la seguridad de sus hijos.
En Lima, otro caso puso bajo cuestionamiento la respuesta de las autoridades escolares. Un estudiante del Liceo Naval Almirante Guise denunció haber sufrido una agresión sexual grupal. Cuando se conoció la denuncia, el ministro de Educación, José Antonio Chang, reconoció que algunos de los alumnos investigados ya tenían antecedentes de denuncias por acoso.
Los casos continúan. El 13 de octubre, la Defensoría del Pueblo intervino ante una agresión sexual contra una alumna del colegio Santa Rosa de Lima, en Talara (Piura), que habría sido cometida por otros estudiantes. La institución pidió garantizarle apoyo emocional inmediato y activar las medidas de protección previstas para estos casos.
Estas historias tienen circunstancias diferentes y responsabilidades que deben esclarecerse. Pero plantean una preocupación común: la capacidad de los colegios para reconocer las señales de violencia, atender las denuncias y proteger a los estudiantes antes de que las agresiones se repitan o agraven.
Solo en 2025, el Ministerio de Educación recibió 19.750 reportes de violencia escolar a través de la plataforma SíseVe. El 43 % correspondió a violencia física, el 39 % a violencia psicológica y el 18 % a violencia sexual. Estas cifras muestran únicamente los casos reportados: las agresiones que los estudiantes callan por miedo, vergüenza o desconfianza pueden permanecer fuera de los registros oficiales.
Una ley sin plazo
En junio de 2011, el Perú aprobó la Ley 29719, que estableció la necesidad de contar con al menos un psicólogo en cada colegio público y privado para prevenir y atender el acoso y la violencia entre estudiantes. La norma fijó diciembre de 2012 como plazo para incorporar a estos profesionales, pero esa meta nunca se alcanzó.
En octubre de 2023, el Congreso aprobó la Ley 31902, que eliminó la fecha límite y mantuvo la implementación progresiva según la disponibilidad presupuestal. Quince años después de la primera ley, el Estado sigue sin establecer cuándo todos los colegios contarán con un psicólogo.
La falta de estos profesionales quedó nuevamente en evidencia a comienzos de 2026. La Contraloría encontró que 135 de los 190 colegios públicos supervisados en Lima Metropolitana carecían de psicólogo. En Apurímac, la situación se repetía en 30 de las 32 instituciones inspeccionadas.
Contar con psicólogos es importante porque su trabajo comienza mucho antes de que ocurra una agresión grave. Pueden identificar señales de acoso, reconocer cambios en el comportamiento de los estudiantes, orientar a docentes y familias y acompañar a quienes sufren violencia.
Eduardo Franco, psicólogo y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), explicó en una entrevista con PuntoEdu que las agresiones más graves pueden ser el resultado de conductas violentas que se toleraron durante años. Sin una intervención oportuna, los agresores pueden justificar sus actos y avanzar hacia formas de violencia cada vez más graves.
Pero incorporar psicólogos también exige prepararlos para abordar estos problemas. Franco advierte que muchos colegios tienen apenas uno o dos profesionales para poblaciones escolares numerosas. Además, considera indispensable que las denuncias den lugar a medidas concretas y que se trabaje con los grupos de estudiantes, donde las agresiones pueden convertirse en una forma de ganar reconocimiento entre compañeros.
Cuando la atención falla
En agosto de 2026, un estudiante del colegio público José María Arguedas, en el Callao, denunció haber sido agredido físicamente por otros escolares dentro de los servicios higiénicos. Dos días después, cuando intervino la Defensoría del Pueblo, ninguno de los estudiantes involucrados había recibido atención psicológica.
La dirección tampoco había comunicado el caso al centro de salud más cercano para coordinar esa atención. Mientras tanto, los estudiantes habían sido enviados a sus casas durante una denominada «semana de reflexión», una medida que, según advirtió la Defensoría, afectaba su derecho a continuar estudiando.
El caso muestra cómo la atención puede fallar incluso después de que una agresión llega a conocimiento de las autoridades escolares. Los colegios tienen protocolos que establecen medidas para proteger a los estudiantes, registrar los hechos y coordinar la atención especializada. Estas responsabilidades deben cumplirse incluso cuando la institución carece de psicólogo.
Pero conocer los procedimientos es distinto de aplicarlos. «De nada sirve tener un protocolo si las personas no hacen un seguimiento de su implementación», advirtió Noelia Rodríguez, profesora e investigadora del Departamento de Psicología de la PUCP, en una entrevista publicada por PuntoEdu.
A partir de su trabajo en escuelas, principalmente públicas, Rodríguez ha observado dificultades entre los docentes para reconocer las primeras señales de violencia. La especialista explica que la prevención requiere un trabajo continuo con toda la comunidad educativa y, sobre todo, que los estudiantes tengan confianza para contar lo que les ocurre. Para ello, necesitan saber que serán escuchados, que sus denuncias tendrán una respuesta y que recibirán protección.
¿Qué está haciendo el Ministerio de Educación?
En julio de 2025, el Ministerio de Educación informó que había ampliado a 4.000 las plazas de psicólogos escolares para atender a más de 2,6 millones de estudiantes de colegios públicos. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades no han precisado cuántas escuelas contaban efectivamente con estos profesionales, dónde estaban ubicadas ni si trabajaban a tiempo completo.
El Minedu también desarrolla el Programa Integral de Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar (PREVI), que busca mejorar la convivencia y prevenir las agresiones. En junio de 2026, atendía a 1.779 colegios públicos con el apoyo de 1.020 profesionales, entre psicólogos escolares y especialistas en convivencia de las autoridades educativas regionales y locales. Este acompañamiento, sin embargo, no significa que cada escuela cuente con un psicólogo permanente.
Mientras persiste esta brecha, el Gobierno presentó el 12 de octubre una propuesta de nuevos lineamientos de disciplina escolar. El proyecto contempla sanciones más severas, incluida la expulsión por faltas muy graves. Durante su presentación, el ministro José Antonio Chang también puso énfasis en reglas sobre el cabello, el maquillaje y los uniformes.
Las sanciones pueden formar parte de la respuesta frente a la violencia, pero la prevención también requiere personal especializado, atención oportuna y mecanismos de protección que funcionen.
