Desde hace un mes, Carlos Salinas vive pendiente de su celular. Se levanta a diario con la esperanza de que la Policía Judicial de Guayaquil lo llame para darle noticias sobre la ubicación del cuerpo de su padre, quien falleció en su casa el 1 de abril con síntomas de sospecha de COVID-19, cuando toda la ciudad estaba colapsada por el virus. Una brigada del 911 -el servicio de respuesta ante emergencias en Ecuador- se llevó el cadáver dos días después de que la familia reportó la tragedia y desde entonces no volvieron a verlo. “Nos dijeron que estemos pendientes de la página web del gobierno para saber donde había sido enterrado mi papá, pero su nombre nunca apareció en esa plataforma”, relata Carlos.
Pasaron los meses de mayo y junio sin que esta familia tuviera noticias del paradero de su ser querido, pero a inicios de julio la policía contactó a Carlos Salinas para practicarle una prueba de ADN y poder identificar a su padre entre los cuerpos sin nombre que aún siguen en los contenedores de los hospitales de la ciudad. Ahora, solo espera que su celular timbre uno de estos días con la confirmación de que el cadáver de su padre fue hallado para poder enterrarlo en forma digna y despedirse de él.
Lo ocurrido con el padre de Carlos Salinas no es un problema aislado en Guayaquil, sino una doble tragedia que sufren cientos de familias que perdieron a sus seres queridos entre marzo y abril, período en el que esta ciudad se convirtió en el epicentro de las muertes por coronavirus en Ecuador. En medio del caos en los hospitales, las escenas de cuerpos en descomposición en bolsas negras en casas y calles, las autoridades no tuvieron una respuesta adecuada. Se equivocaron en el proceso de registro y disposición de los cadáveres, así como en la comunicación con las familias afectadas. Según datos de la Defensoría del Pueblo, se llegaron a denunciar al menos 218 cuerpos extraviados en ese período.
Ante el desconcierto de los deudos y la lenta burocracia para darles respuesta, grupos de periodistas buscaron formas de ayudar a las familias con el reporte público de la desaparición del cuerpo de su ser querido y la vigilancia de las acciones de las autoridades para su búsqueda e identificación. El equipo de GK -medio digital aliado de Salud con lupa- abrió una sección especial en su sitio web para que las familias relaten sus casos en primera persona y coloquen la fotografía de su pariente fallecido cuyo cuerpo sigue extraviado. “Para muchos medios esta noticia ya pasó, pero no podemos voltear la página. Vivimos un duelo incompleto”, dice Isabela Ponce, directora editorial de GK.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), con sede en Guayaquil, que empezó a elaborar un registro similar, contactó a los reporteros de GK y unieron los reportes que tenían. Con la información de los muertos consolidada en una sola lista, que actualmente llega a los 76 casos, los periodistas de GK empezaron a llamar a los deudos para reconstruir cada historia. Hasta el momento, han documentado los testimonios de 16 familias en la sección Los que no aparecen. De ese grupo, los restos de seis personas ya fueron hallados.
El problema de los cuerpos extraviados generó también la conformación de un equipo llamado Fuerza de Tarea Conjunta Guayas para ayudar en el entierro digno de los fallecidos y esclarecer lo sucedido con los cadáveres en las morgues de los hospitales Guasmo Sur, Teodoro Maldonado y Los Ceibos. Las irregularidades que empezaron a evidenciarse, como cuerpos apilados en bolsas y sin etiquetas de su identidad, derivaron en una investigación de la Fiscalía General en contra de los responsables de estos hospitales por presuntos incumplimientos en la identificación de fallecidos en Guayaquil durante la emergencia.
“En los predios del Hospital de Los Ceibos, cinco contenedores albergaban 237 cuerpos, de los cuales solo se habría identificado 106 con datos de filiación. Faltan identificar a otros 131 ciudadanos”, se lee en un comunicado de la fiscalía de mayo. Hasta la fecha, no se ha informado si ya se han resuelto los casos pendientes. Además, surgieron denuncias sobre una supuesta red que cobraba a los familiares de los difuntos por acelerar la entrega de los cuerpos.
El equipo Fuerza de Tarea Conjunta Guayas reveló también que durante los primeros 15 días de abril fueron enterradas 6.700 personas en la provincia de Guayas tras cruzar los datos del Ministerio de Salud Pública, el Registro Civil y las funerarias.
El Gobierno pide perdón
A comienzos de julio, un juez aceptó una acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo y declaró que los hospitales de Guayaquil vulneraron los derechos a la dignidad humana, la integridad personal y el acceso a servicios públicos de óptima calidad de cientos de familias ecuatorianas.
El fallo ordena a los hospitales aplicar acciones de reparación integral dirigidas a las familias afectadas que se acogieron a la acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo. Además, el Ministerio de Salud Pública deberá brindar atención médica y psicológica por un año a los deudos hasta el cuarto grado de consanguinidad.
Pocas semanas después de la resolución, el Gobierno de Ecuador pidió disculpas públicas a los familiares de los difuntos cuyos cuerpos fueron extraviados. El desagravio se dio en cumplimiento de la sentencia, pero el caso no ha terminado. Hay familias que esperan respuestas, que confían aún en la ubicación de los cuerpos de sus seres queridos para poder tener un duelo que les fue arrebatado hace meses.
