Durante treinta años, Miguel Ángel Sandoval barrió y recogió la basura de las calles de la Ciudad de México para mantener a su familia. Aún con diabetes y problemas en un riñón, siempre cumplió con su oficio incluso en plena pandemia del coronavirus. Sin embargo, el 31 de mayo empezó a tener fuertes dolores de cabeza y un malestar general en el cuerpo, como si le fuera a dar gripe. Ese día había fallecido su padre y estaba desolado. Por eso, no le prestó atención a los síntomas que presentó.
Apenas un día después, la tarde del 1 de junio, Miguel Ángel, de 49 años, sintió otro dolor de cabeza más intenso y tuvo dificultades para respirar cuando acudió al entierro de su padre, quien era un antiguo operario de limpia de la capital. Al verlo tan débil, su esposa se inquietó y lo llevó a la Clínica No.8 del ISSSTE en la alcaldía de Coyoacán, donde falleció al día siguiente a las 12:30 horas.
“Mi hermano ingresó al hospital y no le hicieron la prueba de COVID-19. Falleció muy rápido. El hospital nos entregó su cuerpo en una bolsa térmica y un ataúd sellado con las indicaciones de que no lo abriéramos. Así lo sepultamos”, cuenta Rodrigo, su hermano mayor. El acta de defunción de Miguel Ángel Sandoval fue consignada con estas causas: “insuficiencia respiratoria aguda, neumonía atípica y probable SARS-CoV2, COVID-19 e insuficiencia renal crónica”.
Al menos 122 trabajadores de limpia de la Ciudad de México han fallecido por COVID-19 o con síntomas de que contrajeron el nuevo coronavirus entre el 1 de mayo y el 5 de agosto. Este es el registro que ha realizado voluntariamente Óscar Ruiz Gutiérrez, trabajador de un camión recolector de basura en la alcaldía Gustavo A. Madero y administrador del Grupo Unión de Trabajadores de Limpia y Transportes CDMX en Facebook.
“Cuando un colega falleció subí su foto a Facebook para hacerle un pequeño homenaje porque él trabajaba en otro camión recolector de basura en el municipio Gustavo A. Madero. Desde entonces, familiares y amigos me envían fotos de otros compañeros que han fallecido para que las publique en reconocimiento a su trabajo, ya que nadie nos voltea a ver”, relata Ruiz.
Este es el único espacio donde se están reportando los nombres de los fallecidos de un grupo de trabajadores que, pese a cumplir un servicio esencial, han sido invisibles para las autoridades. Desde que llegó el virus a México, todos los operarios de limpia continuaron con sus actividades, pero no fueron protegidos: ninguno de los 16 municipios de la ciudad les hicieron pruebas de descarte periódicas y tampoco les entregaron equipos de protección personal adecuados. Para ellos no existió la sana distancia, ni las alcaldías implementaron protocolos ni campañas informativas de cómo preparar y separar residuos y desechos tóxicos en los hogares.
Según los datos de este grupo virtual, varios de los recogedores de basura y barrenderos de las calles realizaban su oficio en las jurisdicciones de las alcaldías de Tlalpan, Iztapalapa, Venustiano Carranza, Xochimilco y Gustavo A. Madero. La mayoría eran hombres en pobreza extrema, entre los 35 y 70 años de edad.
Cuando a mediados de julio, el Gobierno de la Ciudad de México informó que ya se acumulaban 904 muertes de empleados públicos en la capital a causa del COVID-19, no incluyó en esa lista a los trabajadores de limpia. Por eso, la iniciativa de Óscar Ruiz de crear un espacio con los nombres y fotos de sus compañeros fallecidos por el virus se ha convertido en un memorial virtual y en una fuente valiosa para conocer la situación de este grupo de la población.
La emergencia sanitaria dejó al descubierto que no existe un censo oficial del número total de trabajadores de limpia de la Ciudad de México, lo que impide conocer la cifra real de personas fallecidas y contagiadas por COVID-19 en este oficio. Se estima que hay 17 mil operarios que recogen la basura y barren las calles agrupados en un sindicato y que dependen del Gobierno del estado y los municipios. A ellos se suman otros 10 mil que solo tienen contratos temporales, de los que se sabe muy poco de sus condiciones laborales.
“Cada 15 días, las alcaldías nos dan jabón en polvo, cloro, gel antibacterial, cubrebocas que parecen servilletas de papel y guantes quirúrgicos que se rompen, pero nosotros necesitamos botas de hule, overoles, guantes de carnaza, caretas y mascarillas resistentes. Con eso saldríamos con menos miedo a trabajar”, afirma Óscar Ruiz. Mientras tanto, el virus se sigue expandiendo entre ellos sin que hasta ahora se haya iniciado un rastreo con pruebas moleculares focalizado en este grupo de la población altamente vulnerable y sus familias para identificar a tiempo a los contagiados.
Pocas pruebas, poco rastreo
Los registros oficiales de contagiados y fallecidos por COVID-19 en México han sido cuestionados desde la detección del primer caso el 27 de febrero debido a que las autoridades sanitarias rechazaron realizar pruebas masivas. México es uno de los países de la OCDE que menos pruebas diagnósticas aplica. No lo hace de manera oportuna ni siquiera entre los grupos más expuestos al virus, como su personal de salud.
En sus conferencias de prensa diarias, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, admite que hay un subregistro de fallecidos porque es "imposible" medir los datos exactos de una pandemia. Por eso, se ha empeñado en una estrategia sanitaria que se centra en preparar los hospitales para atender a los casos más graves renunciando a conocer la magnitud real de la enfermedad.
Hasta ahora, la situación de los trabajadores de limpia no ha sido mencionada en sus presentaciones públicas, pero sí han ocurrido decenas de protestas de operarios que recogen la basura en diversos municipios en condiciones altamente riesgosas. Todos piden que se les hagan pruebas diagnósticas periódicas y se les brinden mejores equipos de protección, ya que son los que se encargan de recoger las 16 mil toneladas de residuos al día que genera la ciudad, unas tres mil más de las que recolectaban antes de la pandemia.
"Ha sido un error importante no hacer pruebas y no rastrear a las personas que estuvieron en contacto con enfermos", afirma el doctor Malaquías López, profesor de Salud Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Actualmente, según la Universidad Johns Hopkins, México ocupa el tercer puesto en el ranking mundial de defunciones.
Salud con lupa conoció que de los 122 operarios de limpieza fallecidos, 51 murieron con un diagnóstico confirmado de COVID-19 de manera oficial debido a que les hicieron la prueba molecular en hospitales donde fueron llevados por sus familiares después de presentaron varios síntomas de la enfermedad.
Otros 50 murieron con síntomas probables de COVID-19 y en sus actas de defunción se consignó como causa de muerte signos de sospecha de la infección por el virus. A este grupo no se le hizo la prueba molecular para confirmar la enfermedad pese a que era posible practicarle el examen hasta seis horas después de que fallecieron. Los 21 restantes murieron en sus casas con cuadros de neumonía atípica, paros respiratorios e infartos, según los relatos de los familiares que son parte del grupo virtual.
En todo el mundo, los reportes oficiales de muertes difundidos incluyen solo a las personas con un diagnóstico confirmado de COVID-19 a través de una prueba molecular. México sigue ese criterio en sus registros. Por eso, del total de trabajadores de limpia fallecidos, 70 no forman parte de los registros oficiales de defunciones por el nuevo coronavirus.
El problema del subregistro de muertes por COVID-19 en México se ha evidenciado en investigaciones periodísticas publicadas al comienzo de la pandemia y en estimaciones de grupos científicos. Un estudio del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) reveló que entre marzo y junio hubo en México un 54,5 % más muertes que la media de años anteriores. El exceso de mortalidad este año es de al menos 71.315 personas, una cifra mucho mayor a los decesos informados. "Sin conocer la magnitud de la enfermedad en el país es muy difícil hacer políticas públicas que sean efectivas. Es como pegar palos a una piñata con los ojos vendados", dice el doctor Malaquías López.
Más basura y más peligrosa
Por la pandemia hay millones de mascarillas y guantes usados que se desechan en los tachos de basura de las casas y las calles. Por eso, a principios de abril, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitió una serie de recomendaciones para el manejo de la basura durante la pandemia. A las personas que hubieran contraído el nuevo coronavirus y que sobrellevaron la enfermedad en sus casas, se les pidió separar mascarillas y otros desperdicios sanitarios en una bolsa marcada como “COVID-19”.
Pero muy pocos de los trabajadores de limpia con los que conversamos afirman haber visto bolsas con esa etiqueta. “Varios de mis compañeros ya se murieron, muchos al comienzo no creían en el coronavirus y agarraban la basura sin guantes. La gente revuelve todo y no separa la basura”, explicó uno de los operarios.
En las medidas de prevención para el manejo de la basura emitidas por la Semarnat se incluyó también que el personal de limpia sea revisado para descartar contagios. Además, se le pide a los municipios que cumplan con la desinfección constante de los camiones de basura y la distribución de guantes de látex, mascarillas y lentes de protección a los trabajadores todos los días. El problema está en que pocos municipios cumplieron.
“Los protocolos dispuestos son adecuados, pero nunca hubo una campaña de información masiva para que las personas separen los desechos peligrosos en pandemia. Además, sólo algunos municipios entregaron uniformes, caretas, cubrebocas y gel, pero no alcanzó para todos. Los trabajadores de limpia siguen tan desprotegidos como siempre”, sostiene Tania Espinosa Sánchez, coordinadora de la organización Women in Informal Employment Globalizing and Organizing (WIEGO) en México, que ha realizado un amplio diagnóstico de las personas que se dedican al recojo de la basura.
Desde abril, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pide al gobierno estatal protección adecuada para el personal de limpia por ser un gremio altamente expuesto al contagio del virus. Pero hasta la fecha la respuesta de las autoridades ha sido el silencio. Sin suficientes equipos de protección y sin pruebas de descarte, los trabajadores de limpia ven impotentes que más compañeros se siguen enfermando y mueren por el virus en medio de la indiferencia.
Las secretarías de salud demoran hasta un mes en reportar los resultados de las pruebas
En México el registro de fallecidos se realiza con el Subsistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones, que depende de la Secretaría de Salud Federal, a donde llegan todos los certificados en los que se consigna las causas de muerte de las personas. El 13 de abril, esta secretaría publicó un protocolo para que los médicos llenen de forma correcta el certificado de defunción por COVID-19, de acuerdo con las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Pero conocer la cifra real de muertos se ha vuelto una tarea complicada debido a las pocas pruebas aplicadas, a la demora en el procesamiento de las pruebas y al registro incorrecto de datos.
La mayoría de las 32 secretarías de salud estatales, que dependen de la Secretaría de Salud Federal, demoran entre 14 a 30 días en elaborar los informes de los resultados de las pruebas moleculares que sirven para el correcto registro de los certificados de defunción. Esta situación se evidencia en las gráficas del reporte oficial sobre el comportamiento del COVID-19 en el país, ya que hay un gran número de casos sospechosos pendientes de confirmar con un examen de laboratorio.
Hay también un importante número de casos de personas que fallecen en el camino a una unidad médica o en sus casas, sin haber tenido acceso a una prueba molecular. El estudio de la UNAN “Mortalidad por COVID-19 en México: notas para un perfil sociodemográfico” estima que entre el 9% y el 10% de las muertes ocurre fuera de un servicio de salud. Luego, las personas son enterradas sin que se les haga el examen correspondiente, lo que agrava los factores del subregistro de defunciones.
La Secretaría de Salud Federal ha conformado un grupo nacional para evaluar el exceso de muertes provocado por la pandemia. La última semana de julio se mostraron los avances: se conocieron todas las defunciones registradas en México del 15 de marzo al 8 de junio por diversas enfermedades, incluyendo COVID-19, para compararlas con el comportamiento de las muertes ocurridas hace cuatro años.
De esta manera se determinó que en México se esperaba 130 mil 763 muertes para este año. Sin embargo, el número llegó a 202 mil 77 en el período analizado. Esto significa un exceso de mortalidad del 55% por todas las causas de muerte en 20 de los 32 estados mexicanos.
Para los casos en los que se consignó “muerte por posible COVID-19” se ha creado una comisión científico-técnica que analiza si fueron fallecimientos directamente relacionados con el virus o por otras causas. En esta primera etapa, se seleccionaron 8.829 certificados de defunción para su análisis. Hasta la fecha, 2.504 ya fueron revisados y los casos han sido agregados a las cifras oficiales de muertes por coronavirus.
