La tarde del domingo 19 de julio ocurrió la primera muerte por coronavirus en Tampe, un pequeño pueblo de la etnia awajún ubicado en lo alto de un monte cercano al río Marañón, en la región Amazonas. La artesana Mariana Mashigkash, de 60 años, falleció en su casa con claros síntomas de la enfermedad: fiebre, dolores de cabeza, dificultad para respirar y malestar en todo el cuerpo. Su familiares no pudieron llevarla hasta el hospital de Santa María de Nieva porque también estaban contagiados. De poco hubiera servido navegar una hora y media en canoa porque los cuatro trabajadores responsables de ese servicio de salud no tenían camas, ni medicinas ni balones de oxígeno para atender a los pacientes.
Al hogar de esta mujer awajún, que vivía con sus siete hijos y cuatro nietos, nunca llegó una brigada de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Amazonas para hacerle una prueba, certificar su muerte y seguir todas las medidas de bioseguridad en el manejo de su cadáver. Por eso, con ayuda del apu del pueblo, su familia tuvo que cubrir con varias bolsas plásticas su cuerpo y darle sepultura en una zanja abierta en un terreno distante a las casas que ahora se ha convertido en un cementerio. Como nunca se le practicó un examen que confirmó la enfermedad, el caso de Mariana Mashigkash Kajisut no está considerado en el registro oficial de fallecidos por COVID-19 del país.
Sin embargo, la Municipalidad Provincial de Condorcanqui ha incluído su nombre en un registro abierto para identificar y contar a las personas que murieron con un alto grado de sospecha de esta enfermedad en su jurisdicción, sobre todo en los pueblos más alejados a la ciudad. Por eso, una comisión municipal recorre las comunidades nativas de la provincia para detectar casos como el de Mariana y acumular información que exponga el subregistro de fallecidos indígenas por el virus en esta zona.
El grupo se activó a comienzos de julio, cuando Amazonas empezó a acumular cientos de contagiados y fallecidos tras el retorno de personas que se habían quedado varadas en otras ciudades del país. Sin saberlo transmitieron el virus a sus familiares y la pandemia llegó hasta las zonas más alejadas de la región. Pese a que se habilitó en Condorcanqui, la provincia que alberga más población nativa, un centro de aislamiento para la cuarentena de los viajeros, nunca se destinó presupuesto para implementarlo.
Al 1 de agosto la municipalidad ya había identificado 154 casos de personas que fallecieron con síntomas de COVID-19 fuera de un servicio de salud. Más de la mitad de los que aparecen en este registro pertenecen a las etnias awajún y wampis, pueblos originarios de la Amazonía peruana que se forjaron una reputación de guerreros por sus habilidades para la caza y la defensa de sus territorios durante siglos. “Nuestros muertos no existen para el gobierno central y los que estamos vivos tampoco”, dice Eulogio Anji, apu de Tampe, un pueblo anexo a la comunidad de Napuruka, en la provincia de Condorcanqui, que no aparece en el mapa oficial del país.
En 2013 los awajún de Tampe tuvieron que abandonar sus hogares y chacras a orillas del río Marañón y se asentaron en un monte cercano debido a las constantes inundaciones de sus tierras. Pese a que hicieron los trámites para la titulación de su comunidad nativa, que garantiza la propiedad de sus territorios y el reconocimiento de derechos, nunca recibieron una respuesta de sus gestiones. Por eso, sus 276 pobladores no tienen ahora agua, ni luz ni un centro de salud con medicinas que los ayuden a luchar contra el COVID-19. Sus muertos son enterrados en terrenos que no les pertenecen oficialmente.
Por esa misma razón este centro poblado tampoco puede acceder a los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para las comunidades nativas amazónicas, ya que no aparece en la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura. En la provincia de Condorcanqui hay 103 comunidades de los pueblos awajún y wampis en la misma situación de Tampe.
La variable étnica no cuenta
La Organización de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) ha denunciado que las Direcciones Regionales de Salud del país no consideran el grupo étnico de los contagiados y fallecidos por COVID-19 en sus reportes epidemiológicos. No todas lo hacen pese a que desde el 30 de mayo se aprobó un decreto que ordena que debe registrarse esta información para evaluar el impacto del virus en las poblaciones originarias del país.
En Amazonas, la información mostrada hasta el 17 de julio en la plataforma digital para la vigilancia del COVID-19 se habían reportado 6.608 personas contagiadas en esta región y 3.303 eran indígenas. La provincia de Condorcanqui acumulaba más de la mitad de nativos infectados. Sobre el número de fallecidos, se consignó 19 muertos wampis y awajún en toda la región. Actualmente, el sitio web está fuera de servicio.
El problema está en que los datos de los reportes de las diversas entidades por niveles de gobierno no coinciden y tienen distintas fechas de actualización. Por ejemplo, al 1 de agosto, mientras la Municipalidad de Condorcanqui tenía 154 fallecidos indígenas por COVID-19, la Red de Salud de Condorcanqui 52 y la Dirección Regional de Salud de Amazonas 34 muertos.
Hasta la fecha, el Ministerio de Salud no ha emitido un informe enfocado en la población indígena del país afectada por la pandemia, pero las alertas de varias organizaciones civiles que defienden sus derechos muestran que el virus se está llevando a decenas de líderes nativos reconocidos por la defensa de su territorio, el rescate de su cosmovisión, tradiciones y lengua.“Con su muerte se está perdiendo nuestra cultura e historia y la oportunidad de reconciliarnos como país”, dice el antropólogo José Villalobos, miembro de Cuencas - Redes de Asuntos Amazónicos.
El desfase de los registros
El pasado 24 de junio, Impi Ismiño, agricultor awajún de la comunidad de Nieva, llegó con dificultad para respirar al centro de salud Gustavo Lanata de la ciudad de Bagua y una prueba rápida confirmó lo que sus síntomas ya mostraban: había contraído el nuevo coronavirus. Tres días después falleció sin poder tener acceso a un ventilador mecánico en una Unidad de Cuidados Intensivos.
Una enfermera llenó su certificado de defunción y consignó como causa de muerte COVID-19. Pero ni ese día ni el siguiente su caso fue incluido en los registros del Ministerio de Salud. “Hasta fines de junio para el Estado no existían fallecidos en nuestra comunidad”, asegura esta trabajadora que pidió no revelar su nombre.
Los certificados de defunción en papel de los centros de salud tardan semanas en ser enviados a la Red de Salud de Condorcanqui por falta de personal que los llene y transporte. Y una vez que llegan a este establecimiento ocurren más demoras porque no hay suficientes digitadores para subir la información de los fallecidos al Notiweb, un aplicativo creado por el Ministerio de Salud (Minsa) para el registro de datos bajo vigilancia epidemiológica.
Estas demoras generan reportes que muestran una progresión de muertes que no es real. Por ejemplo, puede ocurrir que un día se registren pocas muertes o ninguna en una región y al día siguiente se sube un número importante de fallecidos a la plataforma. Esto no significa que hayan muerto todos en un solo día, sino que los datos acumulados recién pudieron ser registrados.
El desfase de información sobre la evolución de la enfermedad se repite en todas las provincias y regiones del país. Por eso, los reportes que hacen las direcciones de salud de cada gobierno regional no son iguales a los que se pueden ver en la Sala Situacional COVID-19 del Ministerio de Salud, que muestra el balance diario oficial de la evolución de la pandemia.
Las cifras casi nunca cuadran porque el Ministerio de Salud solo toma en cuenta la información del Notiweb. No recoge los datos enviados por correo de las direcciones regionales de salud, ya que no trabajan de manera coordinada en la vigilancia epidemiológica.
Pese a que en junio se conformó el Comando Indígena COVID-19 Awajún-Wampis, sus integrantes han sido excluidos de los planes de la Dirección Regional de Salud de Amazonas. Además, hasta la fecha, no se ha contratado más personal para registrar y subir en forma oportuna la información de las cifras de fallecidos en estas poblaciones a la plataforma Notiweb.
Hugo Núñez, jefe de este comando, cuenta que todo se debilitó más cuando varias de las personas que trabajaban como monitores comunales para administrar medicinas y atender emergencias en las comunidades nativas se enfermaron, murieron y otras dejaron estas tierras para escapar del virus.
“Los monitores comunales fueron desprotegidos y excluidos de la estrategia sanitaria de Amazonas pese a que habían sido antes los que ayudaron a contener otras epidemias en la región”, dice Nuñez.
Si la Diresa de Amazonas los hubiera considerado desde el comienzo de la pandemia, ellos hubieran podido atender a las personas infectadas y registrar a las que fallecían. Recién en julio, cuando llegó a 845 el número de contagiados entre los pueblos awajún y wampis, se pensó en reactivar el programa de monitores comunales.
La lección no aprendida del VIH
Antes de que las comunidades indígenas de Amazonas conocieran al nuevo coronavirus, sus habitantes estaban siendo diezmados por otra epidemia: el VIH. A pesar de que es vital que los enfermos tomen sus medicamentos antirretrovirales de manera continua para sobrellevar su condición de salud, la pandemia de COVID-19 interrumpió la distribución de estas medicinas en esta región entre marzo y junio.
“Esto ocurrió a pesar de que hay un presupuesto específico para estos medicamentos'', señala Jaime Zúñiga Cabello, director de la Red de Salud de Condorcanqui.
Amazonas es una de las regiones más afectadas por el VIH en el país, con un alto índice de crecimiento en las comunidades indígenas. Desde el 2000 hasta el 2019, se han acumulado 1.373 casos. Por eso, a inicios de la pandemia, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y la Defensoría del Pueblo advirtieron que si el COVID-19 llegaba a estas poblaciones se podía presentar un panorama crítico con contagios y muertes masivas por la vulnerabilidad a las que el VIH ya las ha expuesto.
“Hay pequeños centros poblados como Tampe que podrían verse notoriamente mermados y sin un registro jamás se sabría que desaparecieron”, advierte el antropólogo José Villalobos.
Las dificultades para contar a los muertos por COVID-19 son casi las mismas que ya se tenían para registrar a los fallecidos por el VIH en las comunidades awajún y wampis de Amazonas. “Llevan años luchando contra el VIH, pero no cuentan con personal médico para atenderlos dentro de su comunidad y los que mueren no son incluidos en los registros de fallecidos del país”, explica Carlos Coronel, exdirector de la Red de Salud de Condorcanqui.
Durante los primeros cincuenta días de la pandemia, las comunidades indígenas de Amazonas cerraron los accesos a sus territorios para evitar la llegada del virus, pero de nada sirvió cuando se levantó la cuarentena y los varados regresaron a una región donde las autoridades sanitarias estaban desorganizadas. En menos de tres meses se removieron a tres directores de la Red de Salud de Condorcanqui. A la falta de liderazgo, que agudizó la crisis sanitaria, se sumó el robo de insumos médicos destinados a comunidades investigado ahora por la Fiscalía.
Según, Gorky Jave, director de la Diresa de Amazonas, hasta ahora las pruebas rápidas para rastrear el coronavirus no han llegado a todas las comunidades debido a las dificultades geográficas para acceder a ellas. Sin un rastreo de contagios y un registro completo de los muertos, la pandemia está lejos de contenerse en esta zona del país.
El alcalde de la provincia de Condorcanqui, Héctor Requejo, jefe del Comité de Defensa COVID-19 de Amazonas, sigue adelante con la recopilación paralela de casos de personas que fallecieron con claros síntomas de la infección por coronavirus. Es una forma de exponer esas ausencias en el conteo oficial de poblaciones históricamente olvidadas y de tener una memoria fidedigna del impacto de la pandemia.
