Desde hace más de una década, la capacidad de los hospitales del Estado y EsSalud llegó a un límite para atender a todos sus asegurados. Por eso, ambos sistemas de aseguramiento hicieron contratos con varias clínicas del país para derivar a sus pacientes y cubrir sus terapias en sus instalaciones. Las clínicas prestaron este servicio a través de contratos que incluyen altas tarifas que superan el presupuesto anual del Seguro Integral de Salud (SIS), el sistema de cobertura médica que ofrece el Estado a todos los peruanos.
En una emergencia sanitaria como la pandemia del coronavirus, la mayoría de hospitales colapsó y hubo mayor necesidad de derivar a pacientes del SIS y EsSalud a clínicas para que recibieran un tratamiento y salvaran sus vidas. Fueron atendidos, pero la factura final de esa atención privada llegó a cifras exorbitantes y - en algunos casos- los familiares de los enfermos tuvieron que asumir el pago para que no se cortara la atención. Esto evidenció un grave problema que ya existía antes de la aparición de la COVID-19: la ausencia de una entidad pública que fiscalice los criterios que usan las clínicas para establecer el valor de sus servicios. Actualmente, la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) solo supervisa la calidad de la atención ofrecida a los usuarios, pero no vigila cómo estructuran sus tarifas.
Hace unos días, el ministro de Salud, Víctor Zamora, llegó a exigir a las clínicas que dejaran a un lado el afán de lucro excesivo en una crisis. Mientras que el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció su expropiación si la Asociación de Clínicas Particulares (que agrupa a 65 centros privados del país) no negociaba en 48 horas un convenio con el Ministerio de Salud y EsSalud para establecer una tarifa de atención por cada paciente COVID-19 derivado a una clínica por falta de camas en hospitales. El acuerdo se logró: el pago total será de 55 mil soles + IGV por paciente siempre que sea derivado por el SIS o EsSalud.
En esta entrevista con Salud con lupa, el miembro del Consejo Directivo y expresidente de la Asociación de Clínicas Particulares, Carlos Joo, explica cuáles son los alcances y limitaciones de este convenio, cómo funcionan las clínicas ahora, por qué sus costos se han elevado y por qué no considera que están lucrando con la pandemia.
¿Qué alcances tiene el acuerdo entre el Gobierno y las clínicas para mejorar la atención de los pacientes con COVID-19? ¿Es solo para los asegurados del SIS y EsSalud que sean derivados a una clínica por falta de capacidad de atención en los hospitales?
Fue el Estado el que pidió que solo se atiendan a pacientes referidos [de hospitales del Ministerio de Salud y de EsSalud]. Lo ideal es que los pacientes con sospechas de COVID-19 no vayan directamente a una clínica. Tienen que ir primero al hospital y si no encuentra camas disponibles, recién pueden ser derivados a una clínica. Pero puede darse el caso que un paciente necesite ser internado de emergencia y será atendido sin problemas en una clínica. Lo que hemos pedido como asociación es que haya un gestor de camas en el sector público y otro en el privado para que se pongan de acuerdo y envíen a los pacientes a clínicas que sí tienen camas disponibles.
¿Qué pasa si un paciente con COVID-19 va directamente a solicitar atención a una clínica?
Si no se hace esa coordinación previa con los gestores de camas y las personas van directamente a una clínica, pueden encontrarse con establecimientos que ya no tienen cupos y el paciente estaría haciendo un viaje innecesario, riesgoso y con peligro de muerte. Por eso, se utilizará una Plataforma Única de Gestión de Camas [entre el Ministerio de Salud, EsSalud y las clínicas] para saber dónde están las disponibles en el país.
Según la Sala Situacional del Ministerio de Salud, las clínicas solo tienen 23 camas UCI disponibles a nivel nacional. ¿Están en condiciones de aumentar las camas en el sistema privado de salud?
Nosotros ya hemos aumentado nuestra oferta de camas UCI para COVID-19. En total tenemos 244, al igual que el Ministerio de Salud. Es cierto que solo tenemos 23 camas disponibles, pero ya hicimos un esfuerzo bien grande para adquirir camas y contar con infraestructura especializada. Tenemos áreas diferenciadas para UCI, hospitalización y triaje COVID. Tenemos ventiladores potentes y no obsoletos, y tenemos médicos y enfermeras intensivistas.
¿Que otro punto cubre el acuerdo con el Estado?
El convenio también cubre las comorbilidades de los pacientes COVID-19. Si es diabético, hipertenso, nosotros también atenderemos estas enfermedades.
¿Las personas que cuentan con una póliza privada de salud seguirán pagando las tarifas actuales por la atención de la COVID-19?
Eso dependerá de su tipo de seguro particular. Nosotros ya tenemos acordado un tarifario con las aseguradoras privadas para atender a sus pacientes con COVID-19. Las cifras son distintas a las convenidas con el Estado para los asegurados del SIS y de EsSalud.
¿Estarán todas las clínicas del país en el acuerdo con el Estado para el parámetro establecido del costo de atención de pacientes COVID-19?
Las que pueden suscribirse y firmarán un contrato [con el Ministerio de Salud y EsSalud] a partir de este martes 30 de junio serán las que tienen Unidad de Cuidados Intensivos, como la Clínica Internacional, Stella Maris, Ricardo Palma, Angloamericana, San Pablo, entre otras.
En las últimas semanas se han presentado diferentes denuncias de pacientes COVID-19 que aseguran que han tenido que pagar cuentas de clínicas que oscilan entre los cien mil y los setecientos mil soles. ¿Qué incluyen estos costos? ¿Por qué ahora cuestan más sus servicios?
En primer lugar, quiero señalar que si alguna clínica ha cobrado más de cien mil soles es la clínica en cuestión la que tiene que responder por estos cobros. En esta pandemia los costos de atención cuestan muchísimo más. Eso lo sabemos todos. Otro tema es si hubieron presuntos cobros indebidos y para tener claridad se debe hacer una investigación. Probablemente, estos hechos no se hubieran dado si antes hubiéramos llegado a un acuerdo con el Estado, pero no fue así. Las clínicas somos entidades que no recibimos un presupuesto público. Nosotros tenemos que gestionar nuestros propios riesgos y gastos.
¿Qué riesgos y gastos, por ejemplo?
Tenemos que pagar al personal, mantenimiento, proveedores y los servicios básicos como agua y luz. Los costos se han incrementado porque tratar a un paciente COVID-19 cuesta más. Por ejemplo, el recurso humano es escaso, no hay médicos ni enfermeras intensivistas. El mismo Estado ofrece 12.900 soles por un médico intensivista, nueve mil soles por un médico general y seis mil soles por una enfermera. Bien por ellos, pero eso ha hecho que nosotros también tengamos que incrementar esos salarios y nos ha generado costos enormes porque esos no eran los honorarios regulares que se manejaban. El equipo de protección personal también cuesta más y todos hemos visto ese incremento.
¿Qué sucederá con las familias de pacientes COVID-19 que tenían SIS y EsSalud que adquirieron deudas con clínicas por fuertes sumas de dinero y que tuvieron que pagar de su bolsillo?
Las clínicas (las que pertenecen a la asociación) deberán reembolsar el 100% de lo que pagaron los afiliados por las atenciones recibidas por COVID-19.
En el Perú no hay una entidad pública que regule las tarifas de las clínicas. SUSALUD solo puede fiscalizar sus acciones, pero no regularlas. ¿Cómo se garantiza si establecen criterios con precios adecuados?
Nosotros no ponemos los precios que se nos ocurren. Hasta antes de la pandemia y de tener tantos pacientes del SIS y EsSalud que ahora se atienden en clínicas, nuestros pacientes eran más los particulares y los afiliados a una Empresa Privada de Seguros (EPS). Y como toda aseguradora, estas EPS fiscalizan, supervisan y negocian cada uno de los costos. Incluso tratan de reducirlos hasta donde pueden. Los costos son acordados con las aseguradoras privadas y públicas. Pero sí es cierto que lo que no hay es una regulación de precios.
¿Qué pasaría si el Gobierno, a través de un decreto supremo, establece un tarifario del costo de los servicios en las clínicas o regulara sus tarifas?
El Estado tiene todo el derecho a hacerlo y me parece muy bien porque en una crisis como la que vivimos a veces se debe intervenir. Sin embargo, pensamos que no hay necesidad de hacerlo porque nosotros siempre hemos querido negociar y prueba de ello es que hemos llegado a un acuerdo. Nosotros siempre negociamos, tanto con las aseguradoras públicas como con las privadas, que son las que no regalan nada. Estos acuerdos son de conocimiento de SUSALUD.
¿SUSALUD supervisa estos contratos?
Sí. Pero hay que entender algo, del total de atenciones que se brindan en el país, los privados sólo atendemos al 5%. ¿acaso con ese porcentaje de pacientes podemos cambiar la realidad del estado de la salud en el país? ¿Nuestro 5% es responsable de todas las desventuras que pueden existir en el sector privado?
Las pruebas en las clínicas
Antes de que se creara un conflicto por las altas tarifas de atención de los pacientes COVID-19 internados en clínicas, se conoció de otro problema que comenzó desde el origen de la pandemia: los cobros irregulares por las pruebas de diagnóstico de coronavirus realizadas en las clínicas, que ya habían sido pagadas y distribuidas por el Ministerio de Salud, pero varios establecimientos privados cobraron a los usuarios por un examen que debió ser gratuito. El doctor Carlos Joo responde también sobre estos hechos que ahora están siendo investigados por la Contraloría y SUSALUD.
Actualmente SUSALUD investiga a 102 clínicas por cobros irregulares a los usuarios que le hicieron pruebas moleculares de diagnóstico de COVID-19. ¿Ustedes han investigado a sus asociados?
Cuando salió que había algunas clínicas privadas que habían hecho cobros por el procesamiento de pruebas moleculares sí pedimos un informe a todas las clínicas de la asociación. Según el informe recibido, ninguna afirma haber hecho cobros por el procesamiento. Lo que sí han hecho son cobros por el costo de los equipos de protección para el personal que toma la prueba, los isopos, el transporte. No hemos hecho una investigación en sí, sólo le reporto lo que las clínicas, ante nuestras preguntas, respondieron.
La Contraloría también investiga estos hechos...
Efectivamente, la Contraloría ha abierto una investigación a 88 clínicas. Y SUSALUD la ha ampliado a todas las clínicas que tuvieron y enviaron pruebas moleculares al Instituto Nacional de Salud. Y puede que encuentren alguna irregularidad que deban sancionar, lo que está bien. Lo que no nos parece es que se generalice.
Actualmente ¿las clínicas realizan pruebas de descarte a quienes lo requieren? La línea del Ministerio de Salud ha colapsado y es muy complicado hacerse una prueba en los hospitales.
Todo lo que se ha conversado es sobre pacientes COVID-19. Así que entendemos que todos los pacientes [asegurados del SIS y de EsSalud] que nos van a enviar ya tienen un diagnóstico realizado por el sector público. Esto no significa que nosotros no podemos realizar una prueba, pero el convenio no es para todos los pacientes, el convenio es exclusivo para pacientes con la enfermedad. Nosotros no somos responsables de hacer pruebas.
¿Qué pasa en el caso de las personas con COVID-19 que no cuentan con un seguro de salud? Si van a una clínica ¿tendrán que pagar entre ocho mil y diez mil soles por día de internamiento?
Este es el año de la universalización de la salud, todo ciudadano que no tiene ningún tipo de seguro está afiliado al SIS. Por eso, aunque llegara algún paciente que no tiene ningún seguro, la cuenta se la pasaremos al SIS.
El costo de los medicamentos
Se ha cuestionado también a las clínicas porque desde hace varios años las medicinas en sus farmacias cuestan mucho más que en las boticas ¿por qué esa diferencia de precios?
(...) En las clínicas se brinda una atención integral y el medicamento es parte de la atención, no es como en una cadena de boticas donde la venta del medicamento es todo. En las clínicas el valor asignado a los medicamentos permite subsidiar los otros servicios, como los honorarios de los médicos y la hospitalización. Si se sinceran los precios, claro que podrían bajar los costos de los medicamentos en las farmacias de las clínicas, pero al hacer esto se tendrían que elevar los honorarios y los precios de las habitaciones que están subvaluados. Puede ser una mala comparación, pero una habitación de hotel cuesta mucho más que un cuarto de una clínica.
¿Por qué no se ha hecho nada para bajar los precios de sus fármacos?
Las clínicas hemos hecho un esfuerzo tremendo para que los precios sean más accesibles. Los medicamentos cuestan 30% más que en las cadenas, no es tanta la diferencia. Lo sabe SUSALUD. Y es cierto que podemos mejorar. Yo estoy siendo autocrítico. Pero lo que no podemos aceptar es una satanización a las clínicas. Leemos y escuchamos que nos reclaman porque estamos lucrando con la COVID-19 y eso no es cierto.
Pero sí hay clínicas que están cobrando montos excesivos.
Eso, como le dije, se debe investigar y a nosotros nos parece muy bien que se haga, pero no hay que generalizar. Nosotros no estamos lucrando. Nuestros ingresos han bajado entre el 30% y el 70% porque se cancelaron las consultas externas y las cirugías selectivas. Las personas están impedidas de asistir a las clínicas a menos que sea por una emergencia. En una clínica mediana, que tiene veinticinco mil atenciones al mes, veinte mil de esas atenciones son consultas ambulatorias y solo cinco mil son por emergencia. Nos han quitado la mayor cantidad de atenciones. Las clínicas, como muchas de las empresas, estamos pasando por una crisis económica.
Pero un grupo de clínicas recibió dinero de Reactiva Perú.
Sí, pero nosotros no hemos dejado de pagar a nuestro personal; no hemos reducido sueldos, al contrario, los hemos incrementado; no hemos despedido gente; y no hemos dejado de pagar a nuestros proveedores.
