Cómo las fuerzas antiderechos capturaron la Comisión de la Mujer del Congreso

Desde su llegada al Congreso, la pastora evangélica Milagros Jáuregui y el abogado Alejandro Muñante, ambos de la fragmentada bancada de Renovación Popular, han presentado por lo menos veinte proyectos de ley -como autores o coautores- que atentan contra la educación sexual integral en los colegios, la aplicación del aborto terapéutico, el enfoque de igualdad de género en el currículo escolar, entre otras políticas públicas que desafían su visión “provida y profamilia”.

Su producción parlamentaria es parte de la agenda de los grupos antiderechos* que lideran o a los que están vinculados y que proponen un modelo único y tradicional de familia, reducen el rol de la mujer a ser compañera del hombre y la principal responsable del cuidado de la familia, rechazan las diferentes orientaciones sexuales, niegan las identidades de género; y son contrarios al derecho a la educación sexual integral. Por eso, desde varios frentes, como el uso de demandas judiciales y campañas en redes sociales, han atacado las políticas públicas que llaman "ideología de género".

Con el crecimiento de estas organizaciones en el país desde 2015 y sus alianzas con agrupaciones políticas como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Renovación Popular, varios de sus líderes ganaron curules en el Congreso durante las últimas elecciones, lo que les ha permitido capturar ahora la agenda legislativa de comisiones parlamentarias claves para sus intereses y sin contrapesos políticos.

Para influir en lo que se discute, se aprueba o se deja de lado en las comisiones de Educación, Salud, Justicia y Mujer, los congresistas Muñante y Jáuregui no solo son integrantes de estos cuatro grupos de trabajo, sino que también han contratado a siete personas -entre abogados y comunicadores- que provienen de grupos antiderechos en cargos como asesores, coordinadores, técnicos y asistentes en sus despachos. Y, en el caso de la Comisión de la Mujer, desde que la preside Milagros Jáuregui, han sido contratadas Fabiola Morales, excongresista e integrante del Opus Dei, y María de Ita, exasesora en el despacho de Jáuregui, quien además laboró en el Centro para el Desarrollo de la Familia, una organización fundada por la hoy parlamentaria y su esposo Guillermo Aguayo.

Uno de los últimos golpes contra la educación sexual integral ocurrió la tarde del 12 de junio durante la sesión de la Comisión de la Mujer. La congresista Jáuregui logró que se apruebe el proyecto de ley N° 7579 para que los padres exoneren a sus hijos de los cursos que incluyan tópicos de educación sexual integral. Una propuesta legislativa que pasará al Pleno junto a otras tres que impulsa la parlamentaria: el cambio de nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables, y el retiro de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin contar con otras dos iniciativas que ya son leyes: la eliminación del lenguaje inclusivo en los textos escolares y los derechos del concebido.

En esta sesión, como en varias otras, fue notoria la ausencia de la mayoría de integrantes de la Comisión de la Mujer, quienes sesionaron de manera virtual. La única que estuvo presente en la sala fue Jáuregui y su voto dirimente permitió aprobar el proyecto que boicotea la educación sexual integral. “Cuando las clases se tornan en ideología, lo que están haciendo es tratar de asexualizar a pronta edad a los jóvenes”, dijo la congresista en una de sus intervenciones. Además de Jáuregui, respaldaron el proyecto de ley Margot Palacios (Perú Libre), Lucinda Vásquez (Bloque Magisterial) y María Córdova (Fuerza Popular). Bancadas que facilitan el avance de la agenda antiderechos en el Congreso.

En este informe, Salud con lupa presenta una radiografía del círculo de asesores y empleados de los congresistas que impulsan la agenda antiderechos, así como de las organizaciones neoconservadoras religiosas a las que pertenecen o con las que tejen redes de apoyo.

De las cruzadas judiciales al Congreso

En el despacho del congresista Alejandro Muñante trabajan como asesores los abogados Jorge de Lama y Paola Martínez, miembros de la Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia (Renafam), una organización civil formada por el propio parlamentario en 2017. La Renafam apoya al movimiento Con mis hijos no te metas y forma parte del colectivo Peruanos por la Igualdad, que rechaza la inclusión del enfoque de igualdad de género en la educación escolar y la despenalización del aborto en el país. Este grupo de abogados respalda también a Padres en Acción, autor de la demanda contra el Ministerio de Educación que paralizó por un tiempo el currículo escolar nacional.

El grupo de empleados del despacho de Muñante lo integran también el profesor de teología bíblica Fredy Miranda y el comunicador Eber Pallarco, como coordinador y auxiliar, respectivamente. Ambos han trabajado como profesores en la Asociación Educativa Internacional Elim, una red de colegios cristianos constituida en 2017 por el pastor Rodolfo Gonzales, fundador del Movimiento Misionero Mundial (MMM) y de la Asociación Cultural Bethel a la que pertenece Bethel televisión y radio. En estos medios Muñante y sus asesores son presentadores de programas de actualidad.

Mientras tanto, la legisladora Milagros Jáuregui tiene como asesor principal al abogado Juan Palomares, quien trabajó en 2019 con Juan Carlos Gonzales, entonces congresista fujimorista y pastor de la Comunidad Cristiana Agua Viva. En su equipo de confianza figuran como asistente el comunicador Kevin Márquez, quién laboró en La Casa del Padre, una organización fundada en 2006 por Jáuregui y su esposo Guillermo Aguayo, y en el Ministerio Internacional de Desarrollo, presidida por el pastor evangélico Julio Rosas.

Cuando Rosas fue congresista (2011- 2019), su hijo Christian pasó a liderar el movimiento Con mis hijos no te metas y fundó la Coordinadora Nacional Pro Familia en el Perú (Conapam). Así se consolidó “una nueva manera de hacer política entre los evangélicos que ya no buscaban proponer políticas públicas orientadas a la protección de los más pobres, sino justificar la defensa de intereses de grupos particulares mediante el lobby congresal”, señalan José Pérez Guadalupe y Óscar Amat y León en su libro Políticas religiosas en el Perú contemporáneo.

Entre los empleados traídos por Milagros Jáuregui al Congreso, figura también Patricia Suárez, egresada de periodismo que trabaja como técnica en su despacho. Antes, fue asistente administrativa de La Casa del Padre y redactora del Centro para el Desarrollo de la Familia, otra organización fundada por la congresista Jáuregui y su esposo en 2009 a través de la que se promueven cursos virtuales sobre escuelas de padres, consejería familiar, crianza de los hijos, entre otros temas.

La toma de la Comisión de la Mujer

En agosto de 2023, la congresista Milagros Jáuregui fue elegida presidenta de la comisión de la Mujer y Familia, donde son asesoras María de Ita y Fabiola Morales. De Ita es abogada en el movimiento Salvemos a la Familia fundado por los esposos Aguayo-Jáuregui que cada año organiza una conferencia con invitados internacionales negacionistas de la violencia de género y que están en contra de la educación sexual integral en los colegios. Mientras que Morales es integrante del Opus Dei y regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima por Renovación Popular.

Los vínculos entre grupos evangélicos, cristianos y hasta católicos no son nuevos y sus integrantes convergen en el impulso de una agenda provida y profamilia, que implica contragolpes a las políticas de derechos sexuales y reproductivos y de equidad de género; el fortalecimiento de alianzas trasnacionales; la judicialización de su agenda y reclamos aprovechando los canales democráticos; la renovación de sus estrategias, y la diversidad de sus operaciones, explica la investigadora Ailynn Torres Santana, en el informe Derechos en riesgo en América Latina.

En la comisión de la Mujer trabaja también Karina Flores, quien ocupa el cargo de auxiliar. Es una socióloga que antes fue asistente del excongresista Juan Carlos Gonzales y técnica del despacho de Milagros Jáuregui.

Desde que Jáuregui encabeza esta comisión se han archivado iniciativas que no coinciden con su postura como la creación del Sistema Nacional de Cuidados, que buscaba reconocer la importancia de la función social de los cuidados para el desarrollo de la sociedad y el funcionamiento de la economía del país; y reconocer el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado con igualdad de género. En abril, durante el debate previo a que se desestimara esta propuesta, Jáuregui sostuvo que era una férrea defensora de la niñez, pero que “este sistema no otorga ni mejora los beneficios de la familia”.

En esta sesión solo estuvieron presentes en la sala los congresistas Jáuregui y Muñante, mientras que el resto sesionó virtualmente. Así, además de ambos, votaron por su archivamiento María Agüero (Perú Libre), Lucidna Vásquez (Bloque Magisterial), Mery Infantes (Fuerza Popular), Tania Ramírez (Fuerza Popular), Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) y Jeny López (Fuerza Popular). Estas últimas parlamentarias escribieron su voto por el chat de la sesión virtual. Ni siquiera prendieron sus cámaras para intervenir y expresar su postura. Mientras que el congresista Muñante estuvo completamente distraído durante la sesión al punto que tuvo que preguntarle a su colega Jáuregui si debía votar por el sí o por el no.

Otro ejemplo reciente es el archivamiento de dos iniciativas que buscaban incluir en la ley de pensión de orfandad a los hijos menores de edad que perdieron a sus padres durante la represión policial y militar en las movilizaciones de diciembre de 2022 y enero de 2023. En la discusión de este proyecto fue evidente el desinterés de los demás miembros titulares de esta Comisión que no asistieron en persona, no preguntaron, ni prendieron sus cámaras para intervenir y votar. En ese grupo estuvo Lucinda Vásquez (Bloque Magisterial), María Córdova (Avanza País), Alejandro Muñante (Renovación Popular), Mery Infantes y Jeny López (Fuerza Popular), quienes solo escribieron sus votos por chat, mientras que Margot Palacios (Perú Libre) y Rosio Torres (Alianza para el Progreso) no votaron.

En cambio, los proyectos afines a la agenda antiderechos reciben respaldo y están entre las prioridades de la Comisión, cuyos integrantes de las demás bancadas actúan como aliados o cómplices que con su indiferencia dejan el camino libre para que se aprueben. En 2021, la organización Manuela Ramos advirtió que de los 130 parlamentarios electos, 90 de ellos rechazan los derechos LGTBIQ+, la igualdad de género y la despenalización del aborto.

Por ejemplo, una iniciativa de ley presentada por Jáuregui pretende cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por Ministerio de Familia y Poblaciones Vulnerables, que en la práctica busca minimizar o desconocer el problema de la violencia de género en el país. Otra propuesta de la misma parlamentaria impulsa la adopción desde el vientre materno en casos de embarazos no planeados. Según el texto, la finalidad es reducir los casos de abortos clandestinos y “salvar las dos vidas”. Este proyecto niega que las niñas y adolescentes son víctimas de violencia y las obliga a asumir una maternidad que nunca quisieron. Busca perpetuar embarazos forzados en niñas, afectando su libre desarrollo y proyecto de vida, han advertido organizaciones como Manuela Ramos, Promsex y Demus, entre otros colectivos feministas.

El fortalecimiento de la Renafam

Desde que Alejandro Muñante fue electo congresista, la Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia (Renafam) que fundó en 2017 ha ampliado sus actividades, varias de las cuales se desarrollaron en ambientes del Parlamento. En diciembre de 2023, se inscribió en registros públicos con un consejo directivo integrado por tres extrabajadores de confianza de Muñante: su hasta hace poco asesor Juan Uchuya y asistentes Grecia Oré e Irvin Guillermo, quienes trabajaron hasta julio de 2023, septiembre de 2023 y agosto de 2022, respectivamente.

La Renafam nació para oponerse al nuevo currículo escolar e integró el colectivo Peruanos por la Igualdad, que fue el paraguas de Con mis hijos no te metas, la Marcha por la vida y la asociación Padres en Acción. Esta última se encargó de presentar la demanda de acción popular contra el Ministerio de Educación (Minedu) para suspender la implementación del currículo en 2017 con el falso argumento de que buscaba “homosexualizar a los niños”. Ahora en el Congreso, Alejandro Muñante ha presentado proyectos de ley que buscan atacar a organizaciones que promueven los derechos sexuales y reproductivos en el país. Por ejemplo, en mayo de este año, el parlamentario presentó una propuesta de ley para que la Fiscalía solicite la disolución de “las asociaciones que realizan actividades ilícitas” o que están financiadas por “organizaciones que promocionan actividades ilícitas en Perú”, una forma con la que busca perseguir a las asociaciones que defienden la despenalización del aborto, se pronuncian por los derechos de la población LGTBIQ+ y la lucha contra la violencia de género.

En coautoría con Milagros Jáuregui ha propuesto también que se desarrollen escuelas de padres en los colegios pese a que esta disposición ya existe. Pero este proyecto de ley tiene una trampa: menciona que las Asociaciones de Padres de Familia pueden suscribir convenios con personas u organizaciones para que brinden capacitaciones gratuitas, pero no pueden hacerlo con las que reciben financiamiento nacional o extranjero para ejecutar esas capacitaciones en referencia a organizaciones civiles que promueven derechos sexuales y reproductivos y políticas de igualdad de género.

Estos parlamentarios y líderes de grupos antiderechos han desplegado su agenda sin el contrapeso de otras bancadas y grupos políticos en un Congreso que ha debilitado la democracia en el país. Si en 2019 tenían que reunir firmas para presentar una iniciativa legislativa ciudadana con el propósito de reemplazar los términos enfoque de género, de equidad de género y de igualdad de género por “enfoque de igualdad y complementariedad entre mujeres y varones” en todos los documentos de políticas públicas, ahora Muñante y Jáuregui junto con sus asesores redactan proyectos legislativos que no encuentran dificultades para su aprobación.

Cuando fue vicepresidente de la Mesa Directiva, el congresista Muñante permitió el ingreso a la Plaza Bolívar de un camión que llevaba impresa la frase: "OEA: A la mujer la define la biología, no la ideología", en rechazo a la 52 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. El panel fue promovido por el movimiento ultraconservador CitizenGO, presidido por el activista cristiano Ignacio Arsuaga vinculado al partido ultraderechista Vox. Un acto que evidenció su integración con los movimientos neoconservadores globales y regionales que se alimentan de narrativas conspirativas y que dicen revalorizar la familia tradicional.

Bethel: el aparato de difusión

Bethel radio funciona como parte del órgano de difusión de las actividades del congresista Alejandro Muñante. Sus actuales asesores Jorge de Lama y Paola Martínez, junto a su exempleada Isabel Soto, conducen los lunes y viernes el programa No negociable que se opone a ampliar derechos para mujeres y población LGTBIQ+, cuestiona lo que llaman la “ideología de género” y naturaliza la familia patriarcal como la única opción saludable y moralmente buena.

En una de las transmisiones, De Lama señaló que la transexualidad es reversible y que está de acuerdo con que el Ministerio de Salud patologice la identidad de género “para brindar atención a quienes no quieren ser transexuales”.

Desde febrero, Alejandro Muñante conduce también el programa Cuestión Previa, donde aborda temas de coyuntura política y social. Bethel televisión y radio pertenecen al Movimiento Misionero Mundial fundado por Rodolfo Gonzales, un pastor evangélico ultraconservador conocido por su discurso homofóbico y su oposición a las políticas públicas de igualdad de género. El vínculo de Muñante con Bethel es bastante estrecho y se refleja también en la activa participación del congresista en la inauguración de nuevas cabinas de radio y del Centro de Educación Técnica Productiva Elim en Lambayeque, que pertenece a la Asociación Educativa Internacional Elim. Los profesores de esta asociación, con treinta sedes en el país, apoyaron las marchas de Con mis hijos no te metas. En Elim estudió y trabajó Freddy Miranda, quien es coordinador del despacho de Muñante, y Eber Pallarco, su actual auxiliar.

El reglamento y las normas del Congreso no impiden a los asesores y demás trabajadores de confianza de los parlamentarios tener otros empleos a pesar de que ocupan un cargo público remunerado, explica el exoficial mayor del Parlamento, José Cevasco. Esto ha sido aprovechado por los legisladores que han contratado a personas de grupos antiderechos que lideran y que reparten su tiempo entre actividades particulares y parlamentarias para los fines de su agenda provida y profamilia.

Bethel televisión y radio transmite su señal desde 1999, pero empezó a adquirir más licencias televisivas y radiales a nivel nacional luego de que el congresista Carlos Bruce presentara en 2013 un proyecto de ley sobre la unión civil de personas del mismo sexo. Su objetivo fue rechazar esta propuesta y cualquier otra que vaya en contra de sus postura religiosa. Incluso, en 2016, Bethel se unió con Willax para transmitir la Marcha por la Vida, convocada por el entonces arzobispo de Lima, el cardenal Juan Luis Cipriani. La manifestación rechazaba el aborto, por cualquiera que fuera la causa, y defendía el matrimonio constituido por un hombre y una mujer. Bethel utilizó, además, su señal a nivel nacional para transmitir en vivo las movilizaciones de Con mis hijos no te metas, realizadas desde 2017 y respaldadas por colectivos evangélicos y católicos.

De la iglesia al Congreso

La congresista Milagros Jáuregui junto a su esposo, Guillermo Aguayo, son fundadores de la iglesia La Casa del Padre y del Centro para el Desarrollo de la Familia. Ambas organizaciones están dedicadas a promover programas de formación desde su visión provida y profamilia. Jáuregui fue su vicepresidenta hasta el año 2021, es decir, hasta que fue electa congresista.

De estas organizaciones provienen dos de sus empleadas de confianza en el Congreso. Patricia Suárez Mozo trabajó por varios años en el área administrativa de La Casa del Padre, hasta que en octubre de 2023, tras visitar tres veces seguidas al despacho de la congresista, fue contratada como técnica con un sueldo que supera los 6 mil soles.

Mientras que María Alejandra De Ita Porras, aportante de la campaña electoral de la congresista Jáuregui en 2021, proviene del Centro para el Desarrollo de la Familia. Antes de convertirse en asesora de la Comisión de la Mujer del Congreso, De Ita fue asesora del despacho de Jáuregui entre el año 2021 y 2022. Está afiliada a Alianza para el Progreso, partido con el que se postuló a regidora en 2022 sin éxito. Además, es abogada de Salvemos a la Familia, un movimiento internacional que realiza conferencias provida y profamilia en el Congreso y donde participa la congresista Jáuregui, su esposo y otros conferencistas extranjeros como el argentino Agustín Laje.

La actual presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia ya venía tejiendo sus redes de influencia entre el Parlamento y su iglesia desde hace algunos años. En febrero de 2018, los esposos Jáuregui y Aguayo junto a otras figuras del colectivo Con mis hijos no te metas fueron condecorados en una ceremonia organizada por el excongresista Julio Rosas, actual presidente del Ministerio Internacional de Desarrollo (Interdes).

La plataforma de campañas

El Ministerio Internacional de Desarrollo es otra de las organizaciones que ha abierto espacios para difundir la agenda de los congresistas antiderechos. En esta organización, fundada por el pastor evangélico y exlegislador Julio Rosas, trabajaba también Kevin Márquez Palomino, actual asistente del despacho de la congresista Jáuregui.

En su hoja de vida, Márquez consigna que trabajó desde agosto de 2017 hasta setiembre de 2019 como autor de estrategias de comunicación y campañas nacionales e internacionales sobre los objetivos de Interdes, que ha organizado conferencias y ponencias de las ideas provida y profamilia. Una de las últimas se denominó El poder destructivo de la agenda globalista contra la fe, los principios y valores cristianos y en la que participó el congresista Alejandro Muñante, su asesor Jorge de Lama y otros dirigentes de colectivos antiderechos.

Estas conferencias propagan el falso relato de una supuesta conspiración mundial materializada en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible impulsada por la Organización de la Naciones Unidas (ONU). Estos grupos consideran una amenaza al plan de acción de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que buscan mejorar el acceso a la salud, la educación de calidad, reducir la pobreza y lograr la igualdad de género. En el Perú, los promotores de estos discursos difunden desinformaciones como que desde el Estado se fomenta la pornografía en los colegios, contenidos que señalan que la educación sexual integral afecta la orientación sexual de los niños y los vuelve homosexuales o que se promueve las orgías escolares.

Las actividades de Interdes se remontan a las elecciones de 2011, cuando Rosas postuló al Congreso de la República como candidato del partido fujimorista. En esa época, según los reportes de la ONPE, el Interdes aportó 32,504 soles a su campaña electoral. Interdes ha recibido financiamiento de la iglesia Potential Church -entonces denominada Flamingo Road Baptist Church- a cargo de otro miembro y aliado de Rosas: Stephen Guschov.

*En esta investigación adoptamos la categoría antiderechos para referirnos a aquellos grupos conformados por personas que se oponen al reconocimiento, ejercicio, respeto y defensa de los derechos humanos. Se utiliza la religión como argumento para vetar algunos avances de leyes relacionados con los derechos humanos de las mujeres, el reconocimiento de la pluralidad de familias, la sexualidad y la población LBGTIQ+.