Los hijos de las víctimas de feminicidio están perdiendo sus pensiones. ¿Por qué?

La voz de Lilian Morales tiene un tono diferente, con una mezcla de alegría y calma inusitadas. Hace menos de 24 horas, el 11 de julio de 2022, la Sala Penal de Apelaciones Transitoria de la Corte Superior de Justicia del Callao confirmó la sentencia de 28 años de prisión —impuesta en diciembre de 2020— contra Miguel Benites por el feminicidio de Erika Oblitas. Ella era su pareja, la madre de su hijo, pero también la única hija de la señora Lilian Morales. Es una mañana de julio y aunque esta historia parece haber terminado, sembrando algo de justicia en la familia de los deudos, hay un tema que sigue pendiente. ¿Qué pasará con Ernesto* y Marina*, los hijos de Erika, que ahora tienen siete y diecisiete años de edad, respectivamente? Ernesto se encuentra en un albergue para niños, donde recibe tratamiento psicológico, y Marina vive junto a sus abuelos paternos. Además, ella percibe una asistencia económica de S/ 600 cada dos meses como parte de un programa del Estado, pero podría perderla si el próximo año, al cumplir la mayoría de edad, no sigue estudios superiores. Si ella no hubiera perdido a su madre, si aquel 10 de junio de 2019 Erika Oblitas no habría fallecido como consecuencia de los golpes que recibió en la cabeza por parte de Miguel Benites, si hubiera soportado los siete días que estuvo internada en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, del Cercado de Lima, todo sería diferente.

Pero no es así.

Luego del feminicidio, la señora Morales dejó de trabajar porque necesitaba tiempo para estar pendiente de la investigación fiscal por el caso de su hija y para cuidar de sus dos nietos. Se mudó por primera vez con ellos a la casa de una de sus hermanas, en el distrito del Rímac, pero solo permaneció allí por seis meses. El pequeño Ernesto empezó a tener comportamientos violentos. Las terapias semanales que había comenzado a recibir tras la muerte de su mamá Erika, en el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi, de San Martín de Porres, no disminuyeron esas actitudes. Un día rompió los frascos de colonia de su abuela, y en otro la amenazó de muerte. También solía narrar la forma cómo su papá encerraba a su mamá en el baño, mientras a él le tapaba la boca para que no gritara, cuando tenía apenas cuatro años. Pero el hecho que propició su salida de aquella casa del Rímac fue haberle colocado una almohada en el rostro a una de las sobrinitas de su abuela, quien también vivía con ellos.

Entonces la señora Morales y sus nietos tuvieron que partir otra vez. Era enero de 2020, y se mudaron a un cuarto alquilado que fue pagado por un sobrino de la abuela. Por esa misma época, el gobierno del expresidente Martín Vizcarra emitió el Decreto de Urgencia Nº 005-2020, que establecía la entrega de S/ 600 bimensuales a los hijos de las víctimas de feminicidio, y a las personas dependientes de ellas. Según precisaba la norma, el dinero se daría ante la situación de desprotección en la que quedaban estas personas mediante el Programa Nacional Aurora, una entidad adscrita al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que busca prevenir la violencia familiar y sexual, y atender a las personas involucradas en estos hechos. Años antes de esta promulgación, algunos familiares de las víctimas de feminicidio y colectivos de la sociedad civil habían solicitado a diferentes gobiernos un servicio de apoyo económico para los niños, niñas y adolescentes huérfanos por ese delito, algo que al final consiguieron a medias. Uno de estos grupos se llama Familias Unidas por Justicia y fue fundado en agosto de 2019 por Sandy Evangelista, hermana de Nelva Evangelista, quien fue asesinada por su pareja el 27 de febrero de 2006, cinco años antes de que el delito de feminicidio se incorporara al Código Penal.

La señora Morales es parte de esta organización. Y fue por medio de ella que se enteró del subsidio. Primero analizó los requisitos que se exigen. Así se enteró de que en este tipo de casos se debe adjuntar los documentos que acrediten que la investigación fiscal o la sentencia condenatoria, por las muertes de las mujeres, es por el delito de feminicidio. Si los hijos son menores de edad, como sucedía con Ernesto y Marina, además es necesario mostrar la resolución judicial o administrativa que certifique que están a cargo de la persona que solicita la asistencia económica, pero si son adultos hasta los 28 años, o tienen alguna discapacidad, los requisitos son diferentes.

De esa forma, en junio de 2020 los hijos de Erika Oblitas formaron parte del primer grupo de beneficiarios que recibió los S/ 600. Según un informe del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para definir el monto el Gobierno consideró dos datos del 2018 provenientes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI): el costo promedio mensual de la canasta básica familiar por persona en la línea de pobreza (S/ 344); y la distribución del gasto por persona en hogares urbanos en situación de pobreza extrema, que representa el 87% de dicho ingreso mensual; es decir, S/ 300 al mes. Sin embargo, hubo muchos cambios en materia económica durante los últimos cuatro años, por lo que cabría preguntarse si por las crisis internacionales y la inflación se ha contemplado incrementar el dinero. Laura Agama, coordinadora de la Sub Unidad de Asistencia Económica del Programa Nacional Aurora, responde que todavía no, pero que “en algún momento sí se va a tener que proponer”. ¿Cuándo? Aún no lo sabe.

Para Johanna Yancari, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la entrega de esta asistencia económica, como sucede en los programas sociales Juntos o Pensión 65, busca apoyar a las familias, pero no pretende reemplazar los ingresos que estas puedan generar. “Si se tuviera que dar el ingreso completo de la familia, no tendríamos presupuesto posible. Ni siquiera un país desarrollado lo podría hacer”, dice. También comenta que la ayuda está destinada a temas de salud y educación de los familiares. Por eso, los requisitos para que los menores de edad no pierdan el beneficio incluye mostrar anualmente sus cartillas de vacunación (si tienen hasta cinco años de edad); asistir a terapias psicológicas o acreditar que las completaron; realizarse exámenes semestrales de anemia; estar matriculados en el colegio y contar con reportes docentes semestrales de asistencia y comportamiento. Si los menores de edad tienen alguna discapacidad, también tienen que asistir a terapias de rehabilitación, de requerirlas; y a actividades educativas, culturales y recreativas promovidas por instituciones públicas o privadas.

A pesar de que se trata de un apoyo, Sandy Evangelista, a partir de las experiencias de las familias que integran su colectivo, comenta que el dinero aún es poco porque los gastos que realizan son variados. Detalla que entre los más frecuentes se encuentran cubrir los pasajes de los menores de edad para llevarlos al colegio, comprarles útiles escolares y alimentos —que han subido de precio—, artículos personales, y también llevarlos de paseo. Además, destaca que hay un tope de dinero por familia. Ella se refiere a uno de los puntos del reglamento del Decreto de Urgencia en el que se detalla que el monto máximo a entregar a los beneficiarios no debe exceder los S/ 1.800 bimensuales por cada víctima de feminicidio. Es decir, si una mujer deja cinco hijos, a cada uno le correspondería S/ 360 cada dos meses (ya no S/ 600). Por otro lado, también explica que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se comprometió con su colectivo, mediante un documento de marzo de este año, a revisar la propuesta normativa de la asistencia económica con el fin de que el Decreto de Urgencia, que es un mecanismo temporal, se convierta en una Ley en el futuro. Hasta ahora no tienen novedades.

Pero el impacto de los feminicidios no solo incluye la desprotección de los hijos de las víctimas. Un estudio de 2018 elaborado por la Universidad de Lima y el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), reveló que los hijos de las mujeres que sufrieron violencia manifestaron fiebre, tos, diarrea y sangrado en las heces. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a partir de una consulta realizada por este medio, otras secuelas son la afectación emocional que repercute en el desarrollo óptimo del niño y la interrupción de sus actividades diarias, como asistir al colegio o a las terapias. También se presenta bajo rendimiento escolar, actitudes de rebeldía, desobediencia a los familiares y comportamientos violentos. Pero cada caso es particular, explica el psicólogo Aarón Puescas, de la organización Promsex. También varía el tiempo que durarán las terapias que deben recibir los hijos de las víctimas por feminicidio.

En esa etapa de tratamiento psicológico sigue Ernesto, pero ahora bajo los cuidados de una entidad del Estado. Cuando se mudó de la casa de su tía del Rímac, las agresiones continuaron por lo que Marina se fue a vivir con sus abuelos paternos. “Si te vas, voy a poner en el balón de gas un papel y lo voy a prender”, le dijo el niño a su abuela un día que ella tenía que salir de compras. La convivencia no mejoró y la señora Morales le comentó a la asistenta social que tenía miedo de cuidarlo y que, tal vez, su nieto necesitaba una intervención personalizada. Es así que la Unidad de Protección Especial de Lima, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, dispuso en octubre de 2020 su ingreso a un albergue del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif). Actualmente hay 55 menores de edad huérfanos por feminicidio en diferentes albergues administrados por esa institución. En algunos de ellos —según relata Sergio Tejada, director ejecutivo—, el impacto de los feminicidios es tan fuerte que manifiestan problemas conductuales, depresión y ansiedad.

Por estos días, Lilian Morales sabe de su nieto por medio de fotografías y videos que le comparten desde el albergue donde está; mientras espera el momento que pueda volver a cuidarlo. Como ahora el Estado se hace cargo de Ernesto, ya no recibe los S/ 600. Pero quien aún sigue como beneficiaria es Marina, que ahora cursa la educación básica alternativa —una modalidad de estudios para aquellas personas que se retrasaron en la educación regular—, pues fue matriculada tardíamente en la primaria. La adolescente, que sigue en tratamiento psicológico, es una de las 873 víctimas indirectas de feminicidio que mantienen la asistencia económica. Aunque podrían haber personas que están quedando afuera. En el Perú no existe un registro unificado y actualizado de todos los hijos y personas dependientes de las víctimas de feminicidio que permita ubicarlos y motivarlos a postular a este apoyo. Se estima, según los casos con características de feminicidio registrados por el Programa Nacional Aurora, que hay más de 1.400 menores de edad que quedaron huérfanos por este delito desde el 2013.

A dos años de haber empezado a brindar el apoyo económico, este programa ha recibido un registro del Poder Judicial con los nombres de los sentenciados por feminicidio hasta el 2020, y los procesos que se encuentran en trámite por el mismo delito. Con esa información, se planea armar el consolidado de todas las personas que podrían calificar a la asistencia económica para buscarlas. Este trabajo se realiza con ayuda de otras instituciones, como el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) que brinda los nombres de los padres e hijos de los feminicidas. La base de datos incluye 1.024 nombres de acusados, pero muchos de ellos están repetidos porque la información incorpora las sentencias en primera instancia y también las apelaciones. Según informa Laura Agama, del Programa Nacional Aurora, no se tiene un plazo estimado para terminar de identificar a todas las personas porque ello depende del tiempo que las instituciones o servicios del país demoren en brindarles los datos que solicitan. Y mientras tanto, historias como las de Ernesto y Marina siguen su curso.

Si todos los hijos de las víctimas de feminicidio accedieran a la asistencia, ¿alcanzaría el dinero para todos? Agama asegura que sí, porque el presupuesto que el Ministerio de Economía y Finanzas aprueba a su institución anualmente para otorgar la asistencia económica utiliza como base la cantidad de beneficiarios que tiene y la meta que proyecta alcanzar. Hasta diciembre de este año se cuenta con un presupuesto de S/ 3,4 millones y una meta de mil beneficiarios. Para calcular esta cifra ante la falta de estadísticas reales, la institución considera la cantidad de hijos víctimas de los casos con características de feminicidio que se podrían identificar por año. Sin embargo, según la exposición de motivos del Decreto de Urgencia Nº 005-2020, se estima que para este año existirían 1.526 víctimas indirectas de feminicidio menores de edad, por lo que considerando la meta quedarían más de 500 personas fuera.

Pero hay otro problema. Marina, hija de Erika Oblitas, también pertenece al grupo de 137 beneficiarios que tienen de entre 15 y 17 años, y que pronto, al alcanzar la mayoría de edad, tendrán que acreditar estudios superiores para seguir recibiendo la asistencia económica. Ella quiere estudiar Contabilidad o Derecho, pero no sabe si podrá ingresar directamente a una universidad, si deberá tener que prepararse antes en una academia, o si tendrá que postergar su sueño en caso no alcance el dinero. Esa es una de las preocupaciones de la adolescente y también de su abuela materna. A pesar de que ya no viven juntas, se comunican por celular casi todos los días y se ven presencialmente algunos fines de semana. En algunas de esas conversaciones, su nieta le ha dicho que se inclina más por estudiar leyes, pero la desanima el hecho de que sea una carrera larga.

Retorno a los estudios

Axel es un joven de 19 años apasionado por las motos lineales. En enero de 2020, un mes después de que terminara la educación secundaria, su mamá, Sonia Celestino, una mujer de 37 años de edad dedicada a la venta de cebiche y al préstamo de dinero en la ciudad de Huánuco, fue encontrada muerta en el río Huallaga. Según la necropsia que le realizaron, falleció como consecuencia de un golpe que recibió en la cabeza con un objeto contundente. El principal sospechoso del crimen es Fayffer Luciano —su pareja y padre de los tres hermanitos de Axel—, pues el 16 de enero, el mismo día que se encontró el cuerpo de Sonia, él huyó de su casa junto a Brenda*, la hija más pequeña de la pareja, que tenía solo tres años.

Siete meses después de la muerte de su madre, cuando aún tenía 17 años, Axel calificó para recibir la asistencia económica de S/ 600 bimensuales junto a sus medios hermanos Ana*, de siete, y Yerson*, de once años. Como todos eran menores de edad, la responsable de postular al Programa Nacional Aurora y administrar el dinero de cada uno fue Hilet Celestino, hermana mayor de Sonia, quien se enteró de este apoyo por medio del abogado que estaba llevando el caso. Brenda no fue incluida en esa solicitud porque aún no se conocía su paradero. Ella volvió con su familia materna un año y cinco meses después, cuando su papá, quien ahora está con prisión preventiva, fue capturado por la policía en el distrito de Panao, de la provincia huanuqueña de Pachitea.

El Programa Nacional Aurora, a través de su Subunidad de Asistencia Económica, elabora informes semestrales en los que plasma los resultados del seguimiento que realiza, ya sea de manera presencial o telemática, a los beneficiarios para conocer cómo se encuentran y si están cumpliendo los requisitos que se exigen para continuar con el apoyo. Según el reglamento de la norma que creó la asistencia económica a los huérfanos de la violencia feminicida, en los informes, además, se evalúa si el dinero es usado en alimentación, educación, terapias de recuperación, entre otros aspectos vinculados a la protección social y desarrollo integral de estas personas. El reglamento también detalla que se pueden emitir informes extraordinarios, en cualquier momento, cuando la institución “tome conocimiento de alguna circunstancia que incida en la continuidad de la entrega de la asistencia económica”. Cualquiera de estos dos tipos de documentos pueden ser favorables o desfavorables y, según lo que recomiendan, se decide si se suspende temporalmente la asistencia económica o si se extingue.

En uno de estos informes, elaborado en febrero de 2021, se sugirió “extinguir” el beneficio de la asistencia económica a Axel debido a que ya era mayor de edad y no estaba estudiando. Él había estado cursando la carrera de Maquinaria Pesada en el Senati de Huánuco el año 2020, cuando tuvo el visto bueno para recibir la asistencia económica; sin embargo, luego se retiró del instituto para inscribirse en una academia premilitar con el fin de postular a la escuela de la Policía Nacional del Perú. Mediante una resolución de la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional Aurora, se le comunicó a Hilet Celestino, en marzo de 2021, que su sobrino había perdido el apoyo económico, puesto que asistir a una academia no cuenta como estudio superior. Según cuenta, mediante una llamada telefónica, su sobrino Axel también abandonó la academia premilitar porque no se sentía cómodo con las clases virtuales. El resto del año 2021 trabajó en carpintería y construcción, y también empezó a beber.

“Él comenzó a trabajar y por la pena se ha puesto a tomar. Yo seguía hablándole y levantándole la moral: ‘Hijo, tomando nada vas a sacar. Tienes que seguir estudiando, salir adelante’. Él me ha escuchado”, cuenta Celestino. A raíz de esos consejos, logró matricularlo nuevamente en el Senati este año, pero en la carrera de Mecánica Automotriz. Los resultados han sido buenos: durante el primer semestre todas sus notas son altas, a excepción del curso de inglés. Con el retorno de su sobrino al instituto, Celestino espera que reciba nuevamente el apoyo económico, por lo que aguarda la comunicación de la asistenta social para que la ayude con el trámite.

A sus 52 años de edad, Hilet Celestino es una mujer que casi no tiene tiempo libre. Además de cuidar a sus sobrinos pequeños, que tienen buenas calificaciones en el colegio, y apoyar a Axel; también tiene que velar por sus tres hijas, dos de ellas mayores de edad. Gran parte de su día lo destina a alistar a los niños para el colegio (entre llevarlos y recogerlos de clases), pero además debe cocinar, limpiar y vender ropa y juguetes de segunda mano para generar ingresos. “Me siento un poco cansadita, pero qué puedo hacer. Tengo la responsabilidad con los míos”, dice, serena. Ella es la cabeza del hogar y se ha acostumbrado a ese ritmo porque, como es la mayor de doce hermanos, desde pequeña tuvo que asumir la responsabilidad de apoyar a sus padres en el cuidado de la familia.

“Mis padres, de repente, conmigo se han descuidado, pero yo no con mis hijas. Ellas tienen que ser profesionales y mis sobrinos también”, cuenta Celestino. Ella dudó de hacerse cargo de sus cuatro sobrinos pero, luego del velorio de su hermana, Ana le dijo:

—Tía, ¿con quién me voy a quedar yo?

Cuando le respondió que no podía cuidar de ella y de sus hermanos porque eran varios y tenía que trabajar, la pequeña añadió:

—Tía, te vamos a ayudar a trabajar, yo quiero quedarme contigo.

Después de esa conversación, sintió que debía hacerse cargo de ella y sus hermanos. “No podía seguir rompiéndole el corazón”, dice ahora por teléfono.

Según una investigación realizada por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid (España), los familiares directos de las víctimas de feminicidio —como sus padres, hermanos, tíos, primos o abuelos— suelen acoger a las personas que han quedado en la orfandad. Sin embargo, ellos también están expuestos a las consecuencias por “los problemas relacionados a la salud mental y al duelo”, tal como se detalla en otro estudio. El estrés es la principal secuela por los conflictos que se generan con las familias de los feminicidas, el impacto en su presupuesto al hacerse cargo de estas personas, además del tiempo que deben dedicarles. Esto, según se lee en el documento, puede sobrepasarlos y generar que recurran a otros familiares o amigos para el cuidado de estos huérfanos, “lo que los introduce a un sistema de cuidado informal, con todas las desventajas que ello implica”. Sin embargo, alguien debe hacerse cargo y la señora Hilet Celestino asumió la responsabilidad.

Así como Axel, existen otros 39 jóvenes, de entre 18 y 28 años de edad, que han perdido la asistencia económica y que representan casi la mitad de todos los beneficiarios adultos que en algún momento recibieron el apoyo del Estado. El 90% quedó fuera por no continuar estudios superiores de manera satisfactoria; mientras que el resto por acumular dos informes desfavorables de seguimiento, renunciar voluntariamente al dinero o por fallecimiento. Según explica Laura Agama, del Programa Nacional Aurora, en una gran cantidad de estos chicos no coincide “la edad cronológica con el nivel de sus estudios de educación básica regular”, por lo que no estarían listos para terminar el colegio antes de la mayoría de edad. Esto se debe, según lo que han observado desde la creación de la asistencia económica, a que los adolescentes no terminan de estudiar el año en que ocurrió el feminicidio o a que repiten de grado.

De acuerdo a Johanna Yancari, del IEP, lo que está faltando es apoyar a estas víctimas indirectas con otros programas existentes. Por ejemplo, darles un puntaje adicional si desean postular a Beca 18 o, si están en edad escolar, que comiencen a asistir a centros de educación básica ocupacional “para que salgan con un oficio que luego les permita solventarse a sí mismos”. Ella también explica que, si estos nuevos adultos se ven en la necesidad de trabajar sin tener estudios superiores, corren el riesgo de caer en la pobreza porque es más difícil que acceden a empleos de mejor remuneración. Un informe técnico del INEI de junio de este año muestra que el 55,6% de las personas ocupadas con estudios universitarios tiene empleo formal; mientras que el porcentaje se reduce a 43,7% en aquellos que tienen educación superior no universitaria; 19,6% en el caso de los que solo terminaron la secundaria; y 8,5% en los que solo culminaron la primaria.

El problema es que no existe una alternativa para atender a esta población que queda fuera del apoyo del Estado. Agama explica que recién le están poniendo foco a ello y coordinando reuniones con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo “para ver qué oportunidades hay para este grupo de personas” y con el Ministerio de Educación “para ver qué tipo de beca se puede dar”. Es decir, todas posibilidades, ninguna solución. Si el Programa Nacional Aurora pudiera modificar la norma ahora mismo, Agama precisa que se cambiaría la edad hasta los 21 años para que los beneficiarios reciban la asistencia económica sin la necesidad de acreditar estudios superiores, debido al desfase académico que han observado. Sumado a ello, la realidad dice que, según los datos del INEI del 2020, el 24% de mujeres y el 25% de hombres de entre los 12 y 16 años de edad asiste a la secundaria a un grado inferior al que le corresponde para su edad. La funcionaria, además, destaca que hay jóvenes que tienen mucha voluntad de estudiar, pero que no lo hacen porque priorizan el trabajo para poder sostenerse.

Por estos días, el escritorio de Axel luce vacío: mientras espera el inicio de su segundo ciclo presencial en el Senati está trabajando en una construcción en una ciudad de la selva. El dinero recaudado le permitirá cubrir los pasajes y materiales que necesita para estudiar. Mientras tanto, su tía está más ocupada, pues sus sobrinos y su hija tienen que rendir unos exámenes en el colegio antes de salir de vacaciones. Por eso los hace repasar las lecciones en casa. También los lleva a sus controles médicos y terapias psicológicas. Tiene la meta de salir de viaje cuando estos días pesados pasen. No solo para distraer a sus sobrinos, quienes por momentos se entristecen al recordar a su mamá Sonia, sino también para recargar energías y despejar la mente. Sabe que después de los feriados de julio nuevamente empieza su ajetreo.

Sin estudios, sin justicia

Quien ha tenido que priorizar el trabajo informal por encima de la educación es Jasmín*. Ella es una joven de 21 años que vive en el distrito de Cerro Colorado, de la ciudad de Arequipa, junto a su bebé de un año, su pareja y la familia de él. A mediados de 2019, empezó a estudiar Educación Física en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Crisam. Gracias a un trabajo de medio tiempo que tenía en una librería cerca de la casa donde vive podía pagar la mensualidad y sus pasajes. Como estaba estudiando, el abogado que sigue el caso del asesinato de su mamá, María Maquera, y de su hermanito Kevin* le recomendó a mediados del año 2020 postular a la asistencia económica que entrega el Programa Nacional Aurora.

Existen tres caminos para solicitar este apoyo: a través de la mesa de partes presencial del programa, ubicado en el distrito de Cercado de Lima, por medio de un correo electrónico a [email protected] y en los 431 Centros de Emergencia Mujer, regulares y ubicados en comisarías u hospitales a nivel nacional. Para postular es necesario completar un formato de solicitud y adjuntar todos los requisitos que se han explicado a lo largo de este reportaje. Tras la elaboración de un expediente por cada postulación y la revisión de los documentos por diferentes instancias de la entidad pública, se emite una resolución directoral que aprueba la asistencia económica. Durante ese proceso, que puede durar hasta treinta días hábiles, también se les puede solicitar a los postulantes alguna subsanación de la información consignada. En caso no se cumplan todos los requisitos, el expediente del caso se archiva. Ello no impide que en el futuro se presente otra solicitud o que el programa retome el trámite cuando tenga todos los requisitos.

En todo el país, 1.176 personas han solicitado, directamente o a través de sus cuidadores, la asistencia económica, pero solo 931 cumplieron con los requisitos para ser beneficiarios. De esta última cifra, 58 perdieron el apoyo por lo que ahora quedan 873 beneficiarios en total: 187 menores de seis años, 354 de entre seis y once años, 285 adolescentes de entre 12 y 17 años, y 47 mayores de edad que tienen menos de 28 años. De estas 58 personas retiradas del programa, once viven en Lima Metropolitana y cinco en Arequipa. Una de ellas es Jasmín.

A ella se le informó en agosto de 2020 que empezaría a recibir los S/ 600 bimensuales. Para entonces ya había perdido su trabajo debido a la pandemia, como sucedió en el país con 6,7 millones de personas durante el segundo trimestre de 2020, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Conforme pasaron los meses, su asistencia a las sesiones virtuales fue disminuyendo. Ella atendía las clases en su celular, pero no podía hacer las tareas en ese equipo: necesitaba una computadora que no podía comprar. Sumado a ello, a veces la señal no era buena y “tampoco tenía plata para recargar megas”, cuenta. Jasmín empezó a trabajar vendiendo frutas en el mercado, pero de forma esporádica. De acuerdo con un informe de seguimiento del Programa Nacional Aurora, personal de esta institución la orientó para que continúe sus estudios y conversó con el coordinador académico del instituto para que le brinde apoyo ante las dificultades de conectividad. Al no recibir apoyo, según relata ella, no se matriculó en el tercer ciclo. Por lo que, en marzo de 2021, finalmente perdió el beneficio. Ella no descarta retomar la carrera o postular a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

Esta mañana de julio de 2022, la joven deja de contar detalles de la época en la que estuvo estudiando y repentinamente lanza una pregunta: ¿Cómo va el caso de mi mamá y mi hermanito? Dice que no tiene noticias desde hace unos dos meses, cuando desde la Fiscalía le informaron que había posibilidades de que se archive el proceso. Los cuerpos de María Maquera y Kevin fueron encontrados, con signos de asfixia, una semana después de que fueran reportados como desaparecidos, cerca de la carretera Arequipa-La Joya, dentro de dos costales. Jasmín recuerda que el último día que los vio con vida, el 13 de enero de 2019, ella debía volver a su casa a las siete de la noche, pero se quedó a cenar donde su enamorado porque la hermana de él había llegado de viaje. Recuerda también que empezaron a ver en familia una película y luego se quedó dormida en el sillón de la sala. Al despertar, alrededor de las diez de la noche, llamó a su mamá, pero como no le contestó no regresó a casa.

El principal sospechoso del doble crimen es Fredy Ramos, profesor de carrera y papá de Jasmín, quien tenía restricciones de acercarse a su expareja e hijos por antecedentes de violencia familiar, pero que fue visto por los vecinos rondando la casa de su familia antes de que esta desapareciera. También tenía una orden de captura luego de que, el 29 de enero de ese mismo año, el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de Arequipa lo sentenciara a 20 años de prisión por haber abusado sexualmente de su hija cuando esta tenía 14 años. En marzo de 2019, la policía lo capturó en Puno y ahora se encuentra preso en el penal de Socabaya.

Jasmín vuelve a preguntar si es posible archivar la investigación fiscal por el feminicidio de su mamá y el asesinato de su hermano. Quiere saber más detalles del caso, porque han pasado más de tres años desde que perdió a su familia, pero su voz entrecortada le impide hacer más preguntas y finaliza la llamada. Según una fuente consultada por este medio, el Ministerio Público está analizando las comunicaciones de Fredy Ramos para determinar si el día de los dos asesinatos estuvo cerca de la casa de las víctimas o se comunicó con ellas. Este análisis puede demorar tres meses y, a partir de la información que se recopile, el fiscal evaluará si tiene los elementos suficientes para presentar su acusación ante el Poder Judicial.

La falta de justicia es otro problema identificado en el país: según la Defensoría del Pueblo, entre el 2012 y 2018, apenas el 30% de los casos identificados como feminicidios tuvo sentencias condenatorias. Entre las causas de esta realidad se encuentran “las demoras excesivas en el sistema judicial y la falta de capacitación y sensibilización de los integrantes del sistema penal”, de acuerdo con un estudio del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. Es posible que en unos meses se haga justicia y que al menos el culpable de la muerte de su madre sea sentenciado, pero a pesar de todo ello, Jasmín no detiene sus días. Sigue al cuidado de su familia y quiere estudiar. Le prometió a su madre que sería profesional, y quiere cumplir su palabra. Tal vez lo consiga el próximo año, cuando haya ahorrado algo de dinero y cuando su bebé esté un poco más grande.

*Los nombres han sido modificados para proteger las identidades de las personas.