Cada hora que pasa desaparece una mujer en el Perú, según un grupo de organizaciones civiles y familiares de víctimas que plantean al Estado un protocolo efectivo de búsqueda con enfoque de género, que aborde los casos como violencia machista y desapariciones forzadas.
La mayor parte de las denuncias de mujeres desaparecidas está relacionada con feminicidios, violaciones sexuales o trata de personas. "Es una grave violación de derechos humanos. Casi el 70 % de denuncias de desapariciones en el Perú son mujeres. Es una situación de violencia de género y se debe tratar como tal", señaló la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Perú, Marina Navarro, en una conferencia de prensa virtual junto a la organización feminista Flora Tristán y el colectivo Mujeres Desaparecidas Perú.
Aunque el último informe de la Defensoría del Pueblo reportaba 4.052 niñas y mujeres desaparecidas en el país de enero a octubre de 2020, estas organizaciones aseguraron que son más de 8.270 casos, y consideraron insuficiente la reciente puesta en marcha del sistema de búsqueda de personas desaparecidas del Estado peruano.
Este sistema comenzó a funcionar desde el 15 de octubre y cuenta con una página web con las fotografías de las personas desaparecidas, pero sólo de aquellas cuya denuncia fue presentada desde 2018, y no todos los casos ocurridos desde entonces tienen la foto publicada en el portal www.teestamosbuscando.pe
No las buscan
Uno de los casos excluidos es el de Nelly Cerna, desaparecida el 17 de diciembre de 2017 en Trujillo, a unos 450 kilómetros al norte de Lima. Hasta ahora el expediente sólo tiene como pista la declaración de su pareja, quien dijo que "se fue de viaje por trabajo", sin llevarse su documento de identidad, teléfono ni más ropa que la que llevaba puesta.
"Estamos muy preocupados y tristes porque el caso fue archivado. Me parece injusto. Pido que se reabra para poder saber la verdad y al menos encontrar su cuerpo. Es como si nunca hubiese existido porque nadie hace nada. Que no se busque sólo de 2018 en adelante", dijo Alicia Cerna, hermana de la desaparecida.
Algo similar sucede con Shirley Villanueva, desaparecida el 23 de marzo de 2017 cuando tenía 24 años en una playa de Lima cuando se encontraba con tres excompañeros de la universidad.
"El sistema de búsqueda de personas es un gran avance, pero no en mi caso, porque mi hija no está considerada en ese registro", comentó Norma Rivera, la madre de Shirley.
Después de varias declaraciones contradictorias, los sospechosos de la desaparición aseguraron que Shirley se había ahogado en el mar y fueron condenados a prisión suspendida (sin ingreso en cárcel) por omitir socorro, pero para la madre de la desaparecida no es suficiente porque se obviaron distintas irregularidades. "No hay ninguna prueba de que se haya ahogado, pero dar eso por hecho es lo más fácil para las autoridades porque así ya no hay más investigación", indicó Rivera.
Otro caso es el de Solsiret Rodríguez, una joven activista feminista que desapareció el 3 de agosto de 2016 y cuyo cuerpo fue hallado en febrero de 2020 en la casa donde vivía con su pareja, después de que su cuñado y la pareja de este participaron en el descuartizamiento y ocultamiento de sus restos. "Mi hija pasó por un proceso muy denigrante por parte de las autoridades por ser joven y activista. Contra eso hemos luchado los padres tres años y medio para poder encontrarla", recordó Rosario Aybar, madre de Solsiret.
"Al sistema nacional de búsqueda hay que agregarle un protocolo y la voluntad de un trabajo de investigación, eso es lo que nos falta. Las mujeres desaparecidas no se van porque ellas quieren, las desaparecen", enfatizó Aybar.
Un registro incompleto
La directora del Centro Flora Tristán, Liz Meléndez, dijo que el actual registro de personas desaparecidas aún está incompleto y los estereotipos de género no permiten una investigación rápida y diligente de los casos de mujeres, lo que pone en riesgo la vida de muchas víctimas.
Por eso, Katherine Soto, fundadora de Mujeres Desaparecidas Perú, plantea que en menos de 24 horas se pueda acceder a la geolocalización y al registro de llamadas del teléfono móvil de la víctima para facilitar su ubicación. También propone la creación de un banco de muestras de ADN similar al que ya se utiliza para la identificación de desaparecidos del conflicto armado interno (1980-2000) que facilite la identidad de un cuerpo.
Soto recordó que la búsqueda no termina cuando aparece una mujer viva y puso como ejemplo el caso de una niña de 13 años que apareció con vida, pero embarazada, víctima de una violación durante su desaparición.
Con información de la Agencia EFE
