La Suprema Corte de México declara inconstitucional penalizar el aborto

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La Suprema Corte de México declara inconstitucional penalizar el aborto

Solo cuatro Estados mexicanos cuentan con una ley de plazos para interrumpir el embarazo, mientras los demás imponen obstáculos y penalizaciones.

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Mujeres en una manifestación por su derecho al aborto libre y seguro en México. Archivo

La Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) de México declaró inconstitucional la penalización de las mujeres que abortan en la primera etapa del embarazo y reconoció el derecho a decidir en un fallo histórico.

Por unanimidad, los ministros del pleno de la SCJN invalidaron el artículo 196 del código penal del estado de Coahuila que imponía de uno a tres años de cárcel "a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que le hiciere abortar con el consentimiento".

"No tiene cabida dentro de la doctrina jurisprudencial de este Tribunal Constitucional un escenario en el cual la mujer y las personas con capacidad de gestar no puedan plantearse el dilema de continuar o interrumpir su embarazo", argumentó el proyecto del ministro Luis María Aguilar.

El aborto, cuya criminalización es competencia local, solo está despenalizado en cuatro de los 32 estados del país: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.

El primer Estado en establecer una ley de plazos de interrupción del embarazo fue Ciudad de México, en 2007, donde ya puede decirse que está consolidado este derecho y que ha recibido a miles de mujeres en estos años para abortar. Su ley de plazos señala 12 semanas de gestación en las que es posible interrumpir el proceso sin dar explicaciones para ello. Así lo han legislado también Oaxaca y recientemente Hidalgo y Veracruz.

El resto de los Estados legislaron para despenalizar esta práctica en caso de violación y algunos añaden otros supuestos como el riesgo para la vida o la salud de la gestante o malformaciones fetales. Pero en la práctica, estas salvedades no siempre se tienen en cuenta y miles de mujeres se someten a intervenciones caseras que en ocasiones acaban con su vida o son derivadas a un hospital desangradas y sometidas a humillaciones médicas.

Ahora, derivado de una impugnación que la extinta Procuraduría General de la República hizo contra el Código Penal de Coahuila en 2017, la SCJN declaró inconstitucional la criminalización de la mujer que aborta y la del personal sanitario que la asiste con consentimiento.

“El asidero del derecho penal para sancionar a quien interrumpe voluntariamente su embarazo no es aquí una potestad disponible para el legislador, pues están los derechos humanos en juego”, indicó la ministra Margarita Ríos-Farjat.

El fallo ha sido "histórico" porque es la primera vez que el Supremo de México "pone al centro de la discusión el derecho a decidir", según el ministro Aguilar. “Pensar que penalizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo es una solución atenta contra el principio de mínima intervención penal”, coincidió la ministra Yasmín Esquivel en la primera sesión.

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Implicancias

La decisión del Supremo sólo invalida el código penal del estado en cuestión, Coahuila, pero sienta un precedente obligatorio para todos los tribunales del país, que deberán fallar a favor de las mujeres de otros estados.

Con ello, mujeres y organizaciones que defienden los derechos reproductivos podrán aprovechar el precedente para combatir por la vía judicial la criminalización del aborto en otros códigos penales estatales.

Además, el proyecto enunció como una de sus implicaciones "la garantía de que las mujeres o personas gestantes que así lo decidan puedan interrumpir su embarazo en las instituciones de salud pública de forma accesible, gratuita, confidencial, segura, expedita y no discriminatoria”.

“El Estado no sólo debe abstenerse de forma absoluta de penalizar el aborto, en donde se restrinja el derecho de las mujeres o gestantes a decidir sobre su propio cuerpo, sino que además debe garantizar condiciones mínimas para que ello sea posible”, añadió la ministra Norma Piña.

México está a la cabeza de la OCDE en embarazos adolescentes con 77 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años. Y se cuentan cerca de 340.000 embarazos anuales entre niñas y adolescentes para cuya reducción se puso en marcha una estrategia gubernamental. Desde el Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador se ha señalado en varias ocasiones que el embarazo de niñas debe ser considerado inmediatamente una violación. Y actuar en consecuencia. Pero no es fácil abortar en México, siquiera tratándose de un delito. Sonados han sido los casos de niñas en Veracruz que pasaban por un calvario cuando se quedan embarazadas, en muchos casos fruto de abusos entre sus familiares y conocidos.

Desacuerdos

A pesar del respaldo al proyecto y del concepto del "derecho a decidir", los ministros mostraron su desacuerdo en si el fallo debía definir el tiempo del embarazo.

Algunos ministros argumentaron que el "derecho a decidir" no es "ilimitado", mientras que el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, lamentó que el proyecto se "quedara corto", pues debía invalidar todos los artículos que criminalizaran el aborto bajo cualquier precepto.

“Desde hace una década he sostenido en esta Suprema Corte que hay un derecho fundamental a la interrupción del embarazo”, manifestó Zaldívar.

La Suprema Corte ya había resuelto una controversia constitucional en 2008, cuando declaró constitucional la despenalización del aborto en la capital del país, el entonces Distrito Federal.


Con información de la Agencia EFE y el Diario El País

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