Hay un pueblo que se extingue al pie de una mina de oro

Hay un pueblo que se extingue
al pie de una mina de oro

En una comunidad de la sierra central del Perú, la gente tose al mediodía. Sin falta. Las llamas y alpacas se mueren por beber agua de los ríos y los pastos han sido quemados por fluidos químicos que bajan de una mina aurífera, aunque esta lo niegue. Atcas teme enfrentarse a la compañía sancionada más de una decena de veces por el organismo ambiental y un solo hombre pelea por su derecho. ¿Cómo agoniza la vida en un rincón del planeta?

Después de cincuenta ovejas muertas, Amanda Alegría está resignada. Sabe que la muerte viene por el río donde beben sus animales y tiene el color de los atardeceres. La muerte es el agua rojiza que baja por el Aymaraes y ha pintado las piedras, en las orillas, como ladrillos. Amanda dice que esto ocurre desde hace dos años, pero quizá sean más. Habla con soltura, a pesar de que el frío, en la pampa, muerde como un perro rabioso, un perro al que no le tiene miedo porque es una pastora de cincuenta y pico de años que vive en esas punas. Cuida setecientas cabezas de ganado que ahora se dispersan en toda esa meseta llena de ichu y hierba seca. No son de ella. La vida no es tan justa. Trabaja para la comunidad de Chulla, en la región Huancavelica; a diario saca el ganado de la estancia, lo lleva a pastar, a beber y lo devuelve por tarde.

—¿Qué hora es ahorita?

—Son las tres.

—A la una o dos, el viento trae el polvo y hace toser duro.

El viento. Será un nombre que volverá a repetirse en esta historia, siempre vinculado a una tos. A una queja.

Si uno ve alrededor todo es hierbajo seco. Un páramo solitario donde tierra es lo que menos se ve. ¿De dónde viene el polvo? A unos kilómetros de este lugar está el centro poblado de Atcas, en la provincia de Yauyos, Lima, un pequeño grupo de familias anclado en la cordillera, cuyos cerros están llenos de oro. O estaban. Desde el 2008 la Minera IRL S.A., de capitales peruanos, creada por Jesús Armando Lema Hanke y Eduardo García-Godos Meneses en 2002, extrae este metal con el permiso de cada poblador. Una explotación a tajo abierto que ya se ha tragado varias montañas. Pero allá llegaremos todavía en unas horas. Amanda Alegría, por ahora, dice que oye explosiones al mediodía y el viento trae un polvo que no deja de irritarle la garganta. A eso ella ya se ha acostumbrado como al frío. Tiene un sombrero negro, una chompa delgada de color marrón y una manta en la espalda. Parece vivir en un pacto bajo cero con el clima. El fotógrafo y yo estamos arropados hasta la nariz; ella ni lo siente. A lo que no se acostumbra, a pesar de su resignación, es a que sus animales se mueran. Es normal que lo hagan en la época de heladas, junio y julio, no entre los meses lluviosos de enero y marzo y por beber del río.

Su queja no es la única. Kilómetros arriba, por una carretera terrosa que se abre entre el paisaje triste de los Andes centrales del país, vive Arístides Gómez junto a su esposa, Rosa Huamanlazo. La pareja se abriga en una choza de paja cercada por un muro de piedra circular. De allí, bajando una pequeña quebrada, están sus doscientas cabezas de camélidos: llamas y alpacas que levantan el cuello largo y lanudo cuando notan nuestra presencia. Ayer, dicen, se murió una. Una más de la decena que ha perdido este y el año pasado. Bajamos hasta allá hundiendo los zapatos en los charcos. El animalito está en la orilla, es de color blanco y negro, mojado como un trapo sucio, inerte. Tiene la panza hinchada, los ojos medio abiertos como si todavía sufriera. Murió ayer, dirá Rosa Huamanlazo, llorando, incontenible.

—Por gusto uno reclama a la mina, no te hacen caso —me dice en el carro Arístides.

—Una vez que se murió una alpaca yo la abrí. Su corazón estaba hinchado; su hígado blanco estaba, joven. Así se mueren —dirá en otro momento Rosa, una pastora que también vive en ese páramo llamado Shutocmachay.

El riachuelo de donde beben estos animales también se llama Shutoc. Es pequeño y nace en los lagos que están en la parte superior, cerca de la mina. Más abajo se une al río Chacote un afluente que entre los meses de junio y noviembre lleva poca agua. En la orilla, mientras Arístides Gómez intenta explicar la lucha judicial que lo enfrenta a la minera, me inclino a coger una piedra cualquiera, su color me ha llamado la atención. ¿Es natural? El agua es turbia, sospechosa. Apenas la toco, mancha mi mano como si estuviera pintada con una témpera amarilla, como si su color intentara gritarme algo ¿Contaminación? Cojo otra un poco más allá, lejos de la orilla y es distinta. Esta es rojiza pero su color no exhuma peligro.

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Confluencia de dos riachuelos. Salta a la vista cuál es el contaminado y cuál el limpio. Foto: Francisco Arango

—Y más arriba —nos dice Arístides— es peor. Ahí la contaminación ha quemado los pastos. Los animales ya ni se acercan.

Gómez, un hombre bajito, de manos ásperas y voz gruesa, denunció a la Minera IRL S.A. ante el Organismo de Fiscalización y Contaminación Ambiental (OEFA) en 2019 y 2020. En los documentos que presentó la acusa de contaminar los pastos y envenenar las aguas. También ha denunciado a la minera por invadir su tierra, pero ese es otro tema. Mientras viajamos en la camioneta en un traqueteo de ascensor viejo, me muestra las copias de sus denuncias, la citación a su esposa, una carta notarial que él le envió a la minera y otra que la comunidad de Atcas le envió a él exigiéndole no meterse con la mina, porque él ni siquiera es comunero. Me estira los papeles como muestra de su dignidad intacta. Su voz no tiembla. Acusa a Atcas de guardar silencio ante la contaminación y a la mina de no resarcir los daños. Arístides, abogado de los pastos.

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Arístides Gómez reclama hace años la contaminación de la minera. Foto: Adrian Zorrilla

La camioneta se detiene. O mejor, él ordena que se detenga.

—Si vamos más allá su vigilancia de la minera va a joder. Mejor de aquí nomás, miren toda esa parte —señala una planicie negra, cráteres marrones.

Caminamos un trecho para ver mejor. Arístides se ha puesto un pasamontaña que solo le deja descubiertos los ojos. El lugar es desolado, hay un silencio de cementerio, los pastos se mueven lentos, el agua avanza sin ruido. ¿Quién podría preocuparse por un riachuelo contaminado en la puna más alta del valle a cinco mil metros sobre el nivel del mar? ¿A quién le afectaría si por aquí no pasa ni un alma? Cuando Repsol derramó 11 900 barriles de petróleo en el mar del Perú en febrero de 2022, el escándalo fue mundial. En 2020, la Minera IRL S.A. derramó 27 metros cúbicos (27 mil litros) de aguas ácidas a los ríos Chacote y Aymaraes y su difusión en los medios fue triste, vergonzosa. Aquella vez, la Autoridad Nacional de Agua (ANA) halló aluminio, arsénico, cadmio, cobalto, cobre, hierro, manganeso, níquel y zinc en el agua en una extensión de 45 kilómetros. Poco menos de la mitad de lo que Repsol había contaminado en la costa en Lima (80 km, según un informe de la ONU). Pero aquí no llegaron medios para fotografiar a las parihuanas muertas, ese flamenco de más de un metro que dice la leyenda inspiró la bandera peruana. Dice Arístides que a veces aparecen muertas en las orillas de los lagos y los perros de los pastores las despluman. Las aves son un indicador de que algo no anda bien en el ambiente. Su capacidad adaptativa tiene 135 millones de años más que el ser humano, pero no es tan veloz como el cambio que viene sufriendo el planeta. La minera fue sancionada aquella vez con 150 unidades impositivas tributarias (UIT), un promedio de S/ 645 mil, y el caso se encuentra en apelación debido a que, según Minera IRL, el vertimiento fue por exceso de lluvias y no por un descuido suyo.

Hemos llegado al borde de un bofedal, muy cerca de una de las garitas de vigilancia de la mina. Pampa Sillani se llama este altiplano. Si uno prolonga su mirada, el verde de la hierba empieza a tomar un color oscuro. El agua enlodada devora las pequeñas islas de pastos y la convierte en diminutos montículos negros. La naturaleza desaparece para dar paso al drenaje, al líquido sucio, al agua envenenada, al cauce rojo. Ahí se dibujan formas ondulantes como si alguien hubiera vaciado aceite de color muerte por todos lados. El bofedal donde Arístides y otros pastores apacentaban a su ganado está muerto. Ahora hay que huir del lugar. Un pedazo de tierra desgarrada por la contaminación que la mina negará una y otra vez.

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El ganado de pastores ya no puede comer ni beber en esta zona. Foto: Francisco Arango

Los pequeños riachuelos que atraviesan este lugar llegan al río Chacote, había dicho, y este descargará su miseria y cause en el río Aymaraes. Este llega a La Virgen, un afluente más grande que aguas más abajo se une al río del Canipaco. El Canipaco, cuyas aguas son usadas por todas las comunidades que hay alrededor, descargará en el río Vilca y el río Vilca llega al Mantaro, el río grande que da nombre al valle del centro del país y cuyas aguas riegan algunas lechugas y papas que van a los mercados. Visto así, la contaminación a cinco mil metros sobre el nivel del mar no parece estar tan aislada. Es un eco que no deja de repetirse en silencio.

—Esos animales tampoco sirven ya —dirá el chofer de la camioneta cuando, al retorno, vea algunos camélidos bebiendo en el río Chacote—, están sucios. Y esa carne es la que venden.

Más que la carne, el cuerpo de estos camélidos ofrece lana. El Perú, en el 2020, fue el primer proveedor del mundo en lana de alpaca, según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. China, Italia, Corea fueron los principales mercados de las fibras que ahora abrigan a estos animales de cuellos largos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), de la venta de esta lana depende el 70% u 80% del ingreso familiar de estas familias. Por eso una alpaca bebé muerta puede doler hasta las lágrimas.

«Amargas tierras/patrias de ceniza», dice el verso de Manuel Scorza que cae como una hoja de otoño en este paisaje enfermo. Este dolor es antiguo. Según Andina, el portal de noticias del Estado, el año 2008 empezaron las quejas por la contaminación: “Más de dos mil pobladores que habitan en los distritos de la zona alta de Huancayo y el cono norte del departamento de Huancavelica realizaron una movilización por las calles de Huancayo en protesta por la presunta contaminación que estaría provocando la empresa minera IRL”, se lee en su reporte. Fue el año en que la minera inició sus operaciones en la mina Corihuarmi, que en quechua quiere decir «mujer de oro». ¿Esa protesta era un síntoma? ¿La expresión exagerada de un pueblo que se niega al desarrollo a través de la minería? Los informes y sanciones que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) emitirá contra Corihuarmi en los años siguientes y a los que Salud con lupa tuvo acceso revelan que era lo primero. El indicio y sospecha de una conducta recurrente: incumplimiento de normas para el cuidado del ambiente.

Luego de recorrer los pastos quemados por las aguas nos despedimos de Arístides. Ha dejado a su esposa en la choza y tiene que volver. Nosotros debemos seguir nuestro camino hacia Atcas, la comunidad que le da permiso a la mina.

—¿No le da miedo que tomen represalias contra usted?

—Ya me he acostumbrado. Hace unos meses mandaron drones sobre mi choza. Y cuando protesté contra la mina, la misma Policía me golpeó y botó. Esta gente es abusiva.

Semanas después volveré a llamarlo y me dirá que está asustado. Que volvieron a mandar drones y que ha preferido dejar su estancia. Está en Huancayo, la capital de la región Junín a cuatro horas de viaje, y en casa ha dejado a un pastor para que se encargue de sus animales. Su voz no suena a pánico, hay rabia, ganas de revancha. Me dirá también que la comisaría de la provincia lo ha citado a declarar a propósito de una investigación que el Ministerio del Medio Ambiente inició contra la mina. «Seguro es por las protestas que hicimos y por lo que salió en el periódico», añade. Además, la Fiscalía hará una inspección en julio. A pesar de esas noticias, la voz de Arístides se oye desgastada por los golpes y la espera, como si su resistencia se hubiera convertido en un mero trámite administrativo y policial.

La mina Corihuarmi tiene once sanciones emitidas por el OEFA antes del 2016. Las multas suman un total de S/ 2 320 941 que ha tenido que pagar apelando hasta la última instancia. En un análisis de los informes que dieron paso a estas infracciones, las conductas se repiten: “Incumplimiento de los Límites Máximos Permisibles respecto del parámetro potencial de hidrógeno (pH)”, se lee en las resoluciones N° 217-2013; 269-2013; 014-2014 y 002-2016. La cita suena a una clase de Química, pero en buen cristiano significa hacer ácida el agua, no apta para ningún tipo de consumo, al punto que no permite el desarrollo de ninguna especie. Esto ocurre por la manipulación de metales pesados que emplea la mina, según explica María Aguilar, ingeniera ambiental con experiencia en temas mineros. También está el incumplimiento de la construcción de canales de coronación, una especie de cuneta por donde se desliza el agua de la lluvia y por donde discurriría el relave si es que se rompiera alguna tubería. Estos casos aparecen en las resoluciones N° 263-2012; 033-2013 y 117-2013. Minera IRL ha judicializado algunas sanciones referidas a estos canales.

Lo resaltante es que aceptó pagar solo cierto tipo multas y ha llevado a los tribunales las que observan algunas faltas de adecuación de su infraestructura. En las siete resoluciones que deberá resolver dicha instancia se leen incumplimientos como: haber almacenado cianuro en lugares no apropiados; verter el efluente de la poza de sedimentación al ambiente sin cumplir con los límites máximos permisibles; haber dejado a medias las labores de control de infiltraciones y escurrimientos de agua para evitar la afectación del bofedal; iniciar actividades de explotación a cielo abierto, sin contar con la autorización otorgada por el Ministerio de Energía y Minas; no construir el muro de contención del botadero de suelo removido ni colocar la cobertura de Geogrid en sus laderas. El lenguaje de esos informes es duro, pero muestra que Minera IRL no está, o no estuvo, haciendo las cosas de acuerdo a la norma.

La minera, sin embargo, niega que haya contaminado la zona. Magaly Villena, gerente de Responsabilidad Social de la compañía, señala que todas las infracciones mencionadas líneas arriba son meros “hallazgos” del órgano fiscalizador: “En las continuas supervisiones de OEFA, como parte de sus actividades de fiscalización en todas las empresas mineras del país, realiza la identificación de hallazgos sobre los cuales solicita su formalización. La empresa no tiene reincidencia, la cual es determinada también por la OEFA, ni ninguna observación o hallazgo desde el 2016”, respondió por correo electrónico para este reportaje. En el mismo mensaje subrayó que “la compañía nunca ha sido sancionada o multada por daño o contaminación ambiental”. Sin embargo, las resoluciones del OEFA y el deterioro de los pastos y los animales cuentan una historia distinta.

Insisto sobre eso con Villena y ella replica que los hallazgos reportados por OEFA se refieren a "observaciones sobre la construcción o parámetros de cierta infraestructura en áreas que no se encontraban en uso y no por un daño o afectación ambiental”. Pero lo cierto es que esas deficiencias en la infraestructura causaron el vertimiento de aguas tóxicas. Solo por poner un ejemplo: Según la Resolución N° 014-2014-OEFA/TFA-SEP1, el “efluente de la salida de la poza del botadero de desmonte excedió el valor establecido como LMP (límite máximo permisible) para el parámetro Fierro”. ¿Cómo se llama a eso entonces?

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¿Cuánto puede soportar la naturaleza? ¿Por qué no cierran esta mina? ¿Por qué no la paralizan?, me preguntó Arístides mientras me enseñaba los documentos que trajo en su mochila. Es una pregunta válida y comprensible. Quiere saber si hay una luz al final del túnel, o si todo es en vano. César Ipensa, abogado especialista en Materia Ambiental, responderá algunas de estas consultas por teléfono: «En nuestro marco jurídico no existe la posibilidad de cancelar una explotación por incumplimiento a las obligaciones ambientales. Lo que sí se permite, desde la OEFA, cuando hay evidencia de situaciones de vulneración o de contaminación, es suspender las operaciones, y eso ha sucedido cuando suspendió la descarga de hidrocarburos a Repsol en la Pampilla. Si ve que alguien está incumpliendo o hay peligro de contaminación puede suspender sus operaciones».

Un pueblo con miedo

Ha pasado una hora desde que dejamos a Arístides Gómez y estamos a punto de ingresar a la comunidad de Atcas, en Lima. La explotación de la minera se realiza muy cerca del trifinio entre las regiones de Junín, Huancavelica y Lima. Por ello, en un momento puedes estar en territorio juninense, pero luego de una laguna ya estás en Lima, como ahora. Desde la cumbre del cerro se ven cuatro columnas de techos de calamina alineadas como un batallón marcial con un río que baja, delgado y rocoso, por una quebrada. La comunidad le concedió el permiso a la Minera IRL S.A. de explotar 3 300 hectáreas de sus terrenos, dieciséis veces la extensión del principado de Mónaco pero sin su riqueza. La comunidad campesina abarca en total un área de veintisiete mil trescientas noventa y nueve hectáreas con cuatro mil doscientos metros cuadrados, también de Atcas. Sin embargo, el pueblo es un pequeño conjunto de casas de adobe, aunque también las hay de ladrillo y cemento: como la escuela, el coliseo, la municipalidad. Las casas tienen energía eléctrica, Direc Tv y señal para telefonía móvil, pero sin internet. Sus calles son de tierra y el pueblo está al pie de una montaña que nos vigila como un Polifemo. Algunas personas pasan con dirección a la plaza. Nos miran como lo que somos, un par de extraños en el fin del mundo. No se detienen, avanzan rápido como si el viento apurara sus pasos. En la plazoleta, un conjunto de banquetas de cemento y arbustos bien cuidados, está reunida la comunidad en pleno. Es día de asamblea y hoy se discutirán los problemas que aquejan a la comunidad.

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Centro poblado de Atcas, en el distrito de Huantán, provincia de Yauyos, Lima. Foto: Francisco Arango

Hay silencio en sus calles. Una llamita pasa distraía recién fugada de algún corral. Ningún poblador puede faltar a la asamblea, incluso los que viven fuera, en ciudades como Huancayo o Huancavelica, han llegado para el debate, por eso hay algunas camionetas y minivans estacionadas. En el centro médico, un letrero escrito en una hoja bond con letras borrosas de un plumón sin tinta comunica: «En caso de emergencia llamar al 9718963…»; encima, en acrílico brillante, la mina se impone: «Oficina de información permanente CC.CC. Atcas. Horario de atención…». Las diferencias saltan hasta en las paredes. A unos pasos, en la puerta de su casa una mujer desuella un carnero. Lo hace sola, diestra, como si el cuchillo fuera la extensión de sus dedos. Nos mira con duda, ella no sabe nada, dice, ¿contaminación? Ah, allá pregúntale al presidente, dice levantando el dedo con dirección a la plaza. Algunas casas de adobe han sido abandonadas y se caen a pedazos, son ancianas de tierra que alguna vez cobijaron a alguna familia. La Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo exhibe su letrero con los días de culto. Hoy viernes está cerrada. Toda la gente se ha ido a oír quejas y presentar las suyas, algunas ropas se secan sobre una piedra al borde del río donde termina el pueblo. Hemos recorrido su estadio, su lavandería, sus tiendas cerradas, su coliseo con el tablero de básquet arrinconado y las paredes llenas de pintas con aerosol; el jardín que tiene los columpios doblados y oxidados como un árbol torcido y una escuela que se construye de a pocos. El pueblo recibe, aproximadamente, unos 200 mil dólares al año de parte de la minera y uno duda si la minería ayuda a prosperar a los pueblos o solo ofrece una ilusión.

La minera dice haber entregado 1.268.200 dólares a la comunidad por el uso de sus tierras desde el 2004. Dice además que ha promovido la creación de empresas comunales que hoy le prestan servicios de transporte de personal y de lavandería, sobre las cuales los comuneros nunca dirán nada cuando pregunte por los beneficios de la explotación. La empresa habla con orgullo de programas sociales enfocados en la crianza y el mejoramiento del ganado, así como de la construcción de un centro de salud y del mantenimiento de trochas carrozables. Pero Atcas luce pobre.

Un hombre se nos acerca y, luego de preguntar nuestra identidad y la razón de nuestra visita, consulta con la asamblea. Demora. Estamos lejos y todo el grupo voltea a vernos. ¿Quién ha llamado a la prensa?, se oye. El hombre regresa, amable, que en breve podremos participar en la asamblea. Los cerros que rodean a esta comunidad están llenos de oro, un metal vinculado al lujo y la elegancia; a palacios y bodas; a faraones y conquistas. En Atcas lo más cercano al oro que los comuneros pueden ver es el sol, que ahora brilla sin llegar a quemar. Lo demás es puertas viejas, el estaño de las calaminas, fierros oxidados. Los hombres y mujeres ahora reunidos, abrigados con mantas y gorros de lana, no saben que durante el 2021 la materia dorada que salió de sus cerros fue a Suiza, el país adonde la Minera IRL exportó 910,57 kilogramos, casi una tonelada de este metal, lo que significó un promedio en dólares de 44 394 779,90. Podríamos imaginar bóvedas hollywoodenses llenas de barras doradas pero, según el World Gold Council, con el oro extraído en el mundo desde 1950 apenas se podría formar un cubo de 22 metros por lado.

Y si en lugar de juntarlo, lo repartiéramos, la distribución sería desigual. La mayor parte del oro del planeta está en las joyas y en países del primer mundo o de tradiciones ostentosas. En la India, el 50% por ciento de la demanda anual de oro es para los anillos de bodas, una vanidad en la que se parecen a los chinos. Y si de objetos cotidianos se habla, las líneas rojas de los test de embarazo también se activan gracias a las nanopartículas de oro; y los circuitos de los celulares funcionan gracias a este metal: de una tonelada de teléfonos móviles se pueden extraer trescientos cincuenta gramos de oro. El telescopio James Webb que ha mostrado las imágenes más nítidas del espacio profundo, allá donde se formó este elemento, necesitó de un espejo enchapado en oro de poco más de seis metros. El metal parece estar en todos lados.

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Explotación de mina a tajo abierto terreno del centro poblado de Atcas. Foto: Francisco Arango

El hombre que nos pidió esperar ahora nos hace un gesto. Es nuestro turno. Mientras esperábamos, orillados en una banqueta helada de cemento, oímos algunas quejas contra Corihuarmi, sobre la muerte de animales, otra vez, lo tedioso que sería ir a un juicio con la minera, una posible protesta el próximo año. Me pongo a un lado del presidente de la comunidad, Edwin Rodríguez, y explico mi presencia ante la mirada inquisitiva y cansada de madres con hijos, ancianos, hombres de rostro serio abrigados con casacas dobles. No quieren palabrería. A qué ha venido usted, señor. No demoro más la pregunta: ¿La minera contamina? ¿Los perjudica? La respuesta es un silencio rotundo. Breve. Las miradas se cruzan, una pidiendo a otra que hable. El presidente los mira. Su liderazgo está a prueba.

«Señores», se atreve, «ahí está la pregunta. En su momento hemos querido hacer algo, pero…», duda, las palabras se traban. Los ha interpelado para que hablen, pero él ha sido elegido para eso. Para responder por su gente. Reconocer una contaminación es reconocerse también como víctimas pasivas: «hemos querido hacer algo, pero… de repente… chocar con… muchos han dicho el monstruo».

El monstruo. No hay duda a quién se refiere. A ese gigante que se come cerros y depreda su entorno. «Sí, de contaminar, contamina. ¿Qué minera trabaja responsablemente? Yo creo que no, siempre hay. Tenemos perjudicado acá a la señora –indica a una mujer con el rostro agachado–, tenemos perjudicado acá al señor Olimpio, que están alrededor de la operación minera. Qué más podría decirle».

Su palabra ha aligerado la tensión. Entre ellos comentan con el del costado, en voz baja.

«El más perjudicado es aguas abajo, por ahí podemos decir que Minera IRL está contaminando. Todas las minas contaminan», insiste Rodríguez, como si el temor del inicio se hubiera convertido en una especie de impulso para la denuncia: «Ese río Chacote está contaminado. Ahora, para la OEFA no está contaminado. Nosotros tenemos cinco pruebas, multas contra la minera. Con esas cinco pruebas que OEFA ha podido sancionar, hasta hubiera podido cerrar la mina, lo cual no lo hacen», dice fuerte, molesto.

Como Atcas en el Perú, en el mundo, muchas poblaciones mueren peleando contra las minas. El comité Nuevo Renacer es un grupo organizado en República Dominicana que lucha contra la contaminación de Pueblo Viejo, hasta el 2019 la segunda mina a cielo abierto más grande del planeta, a cargo de Barrick Gold, la multinacional canadiense que mueve los principales yacimientos auríferos del mundo. En la provincia de Sánchez Ramírez, Pueblo Viejo afecta a 600 familias aproximadamente. Nuevo Renacer ya no pide el cierre de la mina sino la reubicación de las comunidades. Atcas, en cambio, no podría salir de estos eriales que ahora nos rodean. Es lo único que tiene para vivir. Tampoco lo han pedido. Ipenza, el abogado ambientalista, habla de una forma de reparación: «Si hay una afectación, el marco jurídico dice que sí puede haber un proceso de compensación e indemnización por afectación a la salud y la propiedad y eso está contemplado», dice.

Una mano levantada en la asamblea pide la palabra. La voz del líder los ha animado. Sacamos la cámara para registrar el momento, pero silbidos y quejas nos frenan al instante. Nada de cámaras pedirá el presidente. El hombre que ha pedido la palabra es alto, el cabello corto, la tez clara. Conoce de trabajos en minas y quiere secundar a su líder. «La comunidad es zona ganadera, no tenemos agricultura, no tenemos otro tipo de ingreso. No solamente la contaminación es agua abajo. Si usted llegara a ver de repente a la una de la tarde, de doce y media a una y cuarto, por ahí, la voladura que hacen ellos es con un material que se llama ANFO y el ANFO es bastante contaminante. La voladura es controlada, controlan el movimiento, el esparcimiento de la roca, pero el levantamiento del polvo es bastante elevado y eso se va a la dirección de donde está el aire, va por lo menos 500 a 800 metros hasta más», dice.

Recuerdo la tos de Amanda Alegría, la pastora con la que empecé esta historia. Entiendo por qué no paraba de toser a esa hora y tan lejos de la mina. Entiendo lo que puede significar toser en una pampa donde se supone que el aire debe ser limpio.

Al contestar nuestras preguntas por mail, Magaly Villena, de Minera IRL, insistirá en que las voladuras no afectan a la población. “Se realiza una sola vez al día, en áreas específicas, cumpliendo con la normativa de manejo y seguridad, además de contar con los permisos correspondientes”, dirá. La ejecutiva agregará que las comunidades saben de estos procedimientos desde antes del inicio de las operaciones, y que ni el ruido ni el polvo pueden alcanzar a la comunidad de Atcas, que dista 40 kilómetros de la mina. Pero ella no ha oído a Amanda toser puntualmente cada tarde. Ni está escuchando los testimonios en esta plaza.

¿Y la minera los ayuda en su salud?, pregunto al comunero que ha tomado la palabra.

«Nada», dice él y se oyen voces del ruedo que lo apoyan. Nada. «Hay muchas promesas que tenemos en acta que nunca nos han cumplido, y nosotros hemos salido por dos, tres oportunidades a fuerza mayor, pero siempre ellos: acta, acta, acta. Hemos pedido a los accionistas, al directorio, pero nunca», dice el hombre. Agradece y toma asiento. Los comuneros se miran esperando quién dé la primera palmada para aplaudirlo, pero el tema es demasiado serio para celebrar una queja.

En Tanzania, la mina North Mara recibió en 2019 una multa de 2,2 millones de euros por filtraciones de desechos tóxicos que pasaron al agua subterránea, a los ríos y arroyos subterráneos. North Mara, cuyo accionista mayoritario también es Barrick, es proveedora de oro para gigantes como Nokia, Apple, Canon, empresas que deberían comprar oro libre de conflicto. En Atcas, Corihuarmi descargó residuos de una poza de sedimentación al ambiente en 2009, según la Resolución N° 033-2013-OEFA/TFA, pero se ha negado a pagar la multa y ha llevado el caso al Poder Judicial.

«Mi persona es totalmente perjudicado, le mostraría de repente, ir con el carro para que consta usted el pasto que ya no es normal como los años anteriores», se ha puesto de pie otro comunero, uno de los más ancianos. «Hoy mismo le digo que he sufrido la mortalidad de mis ovinos, y también mis animales están propensos de fracasar. ¿Por qué? Por el polvo que derrama, el pasto y el agua», dice con la indignación que le hace temblar el cuerpo y la voz. Me agradece haber ido hasta su comunidad y me pide que lleve su voz y la haga mía.

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Uno de los animales de Arístides y Rosa murió, según dicen, luego de beber agua del riachuelo Shutoc. Foto: Adrian Zorrilla

Un hombre más tomará la palabra mientras la asamblea ya no teme. Está valiente y segura. Al contrario, me piden que les ayude entregándoles todas las pruebas que tengo para que ellos también actúen.

«Hemos tenido varias reuniones en Lima, no solo una, varias; nos dan a conocer palabras falazmente, como usted sabe, palabras dentro del ambiente que no conocemos, pero nos damos cuenta de la mortalidad de nuestros animales. Las truchas aparentemente en las lagunas están viviendo. Es como nosotros: cuando hay más enfermedad de repente nos aclimatamos a ese nivel de vida, pero ya las truchas están enfermas; y nosotros las estamos consumiendo. A ese nivel estamos llegando», dice el cuarto comunero que tampoco se identifica.

La muerte de estos animales parece contradecir el argumento de la minera. Su vocera afirma que el cuidado ambiental es su prioridad, y que por eso realizan cada año cuatro monitoreos participativos junto con delegados de las comunidades de su área de influencia. Además, la empresa lleva a cabo otros seis monitoreos ambientales todos los años en cumplimiento del estudio de impacto ambiental. De ese modo, espera demostrar que no ha habido daños ambientales. Pero la vocera no me presenta los resultados de esos estudios. Dice que se los entregan al OEFA, al Ministerio de Energía y Minas y a las propias comunidades. ¿Por qué entonces se queja esta asamblea? ¿Si la compañía cumple a cabalidad su labor de dónde surgen estos reclamos?

Las dudas que tenía antes de llegar a Atcas se han disipado. Una comunidad acaba de gritar su maltrato. Una confesión privada que pidieron no se grabe, aunque yo lo haya hecho de todas maneras. Fue un pedido que esconde el miedo, la duda de no ser oídos por la mina a la que hace un rato llamaron monstruo. ¿Por qué le temen tanto? Si ellos quisieran podrían decirle no a la empresa y empezar a recuperar sus terrenos. Pero necesitan el dinero. Si sus animales se mueren, por lo menos tienen ese ingreso seguro. Si la comunidad contratara a un abogado que supiera de derecho ambiental quizá podría hacer valer mejor sus derechos. Pelear más por su naturaleza.

César Ipenza insiste en las posibilidades que te brinda la ley ambiental. Si bien la mina ha cumplido con pagar por sus infracciones, esa no es la lógica de una explotación responsable: contamino y pago. Las empresas deben evitar a toda costa atentar contra cualquier forma de vida natural. “No es que yo pague por contaminar y para eso el marco jurídico señala, por ejemplo, que las empresas deben internalizar el costo, que deben prevenir, mitigar o vigilar el posible impacto que genera una actividad y para esto está el marco jurídico. Y la labor de la OEFA no solamente es sancionar y multar por el incumplimiento de las normas sino también es prevenir que ese daño al ambiente suceda”, dice el especialista.

Acabada la reunión el mismo señor que nos abordó al inicio, vendrá detrás de nosotros a decirnos que la comunidad quiere invitarnos un plato de comida. Está agradecida porque nunca un equipo de prensa había llegado hasta allá. El comedor está en una esquina de la plaza. Es una tienda pequeña, de tierra, con una mesa larga cubierta por un plástico. Nos acomodamos y una mujer nos atiende con más sorpresa que amabilidad por estar sirviéndole un plato a unos forasteros. Luego de servir el plato de fondo se sienta sobre un poyo y nos mira. ¿Ustedes han venido a ver lo que contamina la minera?, pregunta, parca. Su testimonio será la última voz que queja que oigamos: falta de atención, más muertes, pocas medicinas y un argumento más para entender por qué Atcas no se decide reclamar. «Huantán es la que mucho, mucho le apoya, si Huantán se pararía como nosotros… claro es que a Huantán no le perjudica, a nosotros es lo que nos perjudica». Huantán es el distrito al que pertenece la comunidad; su capital queda a un par de horas de Atcas. Sus terrenos también son parte de la explotación, pero a ellos los protege la distancia.

El viaje de vuelta nos recuerda que las voces que se quedaron en Atcas son reales y golpean. El panorama es desolador. Algunas llamas cruzan la carretera corriendo, no sé si escapando del ruido de la camioneta o de su propia suerte. “Van a morir en esta temporada que no hay agua. O bien se va a atrever a tomar esta agua, qué puedes hacer. Esa es la triste realidad”, me dijo Arístides antes de salir de su choza. La minera ha prometido quedarse solo hasta el 2024 que acaba su licencia de explotación. Quizá la naturaleza no pueda esperar tanto.


Este reportaje es parte de Historias Saludables, un programa de capacitación y apoyo para producción de historias periodísticas en salud y medio ambiente, liderado por Salud con lupa con el apoyo de Internews.

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