Cuando el investigador norteamericano Nicholas Robins tomaba muestras de mercurio en las paredes de una vivienda de tapial en la ciudad de Huancavelica, esa región andina del Perú que siempre es noticia por ocupar los índices más altos de pobreza, un perro se acercó al pie de la cama donde descansaba una abuela, muy cerca de él. El piso era de tierra, el techo de tejas, los muros de barro seco, como el 50% de las casas de esa población vinculada a la minería. Y defecó. La hija de la mujer se acercó a limpiar con una escoba de paja y del piso salió un vapor sospechoso. En ese momento, el geólogo y profesor de la Universidad de Carolina del Norte, en Estados Unidos, terminó de entender que el mercurio no solo estaba en la tierra de las paredes. Que a cada paso que daban, las personas de esa familia liberaban vapores de mercurio altamente contaminantes.
Suena risible y Robins también lo cuenta riéndose. Sin embargo, lo que descubrió fue una tragedia.
Hoy llueve en Huancavelica. Es una garúa que no pasará en las próximas dos horas mientras la gente desarrolla sus actividades como si fuera un día soleado. Nancy Tupia, una comerciante que vende huevos de codorniz en una carreta de metal pintada de blanco, carga a su hija de un año en la espalda. Vive en Ascensión, uno de los cuatro barrios de la ciudad y cuenta que de niña comía tierra. Le gustaba arrancar pedacitos de terrón y metérselos a la boca. Hoy tiene 37 años y se acaba de enterar de que las paredes de su casa contienen mercurio.
—¿Y eso qué te hace? —pregunta mientras baja a su hija y la acomoda en una caja de cartón llena de ropas y juguetes.
—Afecta a su salud, a su cerebro.
—Ah…
Las paredes de la ciudad, según un estudio hecho entre los años 2009 y 2014 por el Environmental Health Council, una oenegé estadounidense, están hechas con residuos del mercurio explotado en Santa Bárbara, la mina colonial que abastecía de este metal a Potosí, en Bolivia, para purificar la plata que salía de ese famoso cerro. Cada vivienda es una cápsula de envenenamiento por el polvo, el vapor de sus pisos, los restos de tierra de sus tejados. La ciudad es conocida como La tierra del mercurio pero ese símbolo tiene más de muerte que de exotismo histórico.
—Ellos tienen una exposición crónica. No siempre un metal pesado es detectable en la orina, cabello o sangre porque es un nivel bajo, pero constante. En una mujer embarazada, por ejemplo, el feto está más contaminado que ella. Cuando nace, la mamá se da cuenta que el niño no se está desarrollando mentalmente como debe. Le toman una prueba y no van a encontrar nada. Pero ya está contaminado —dice Nicholas Robins.
La región, a 3.600 metros sobre el nivel del mar, es una población de paisaje montañoso, seco, frío; con ganado abundante pastando en sus cerros. En 1564, España descubrió el mercurio en este lugar e impuso el sistema de la mita de los incas. Fue una de las formas de explotación más salvajes de la Colonia. “Los indígenas no solo estaban obligados a machacar roca durante doce meses en las frías, húmedas y angostas galeras de Potosí sino que se les presionaba para trabajar durante dos meses más en las espantosas minas de mercurio de Santa Bárbara”, recoge la historiadora Marie Arana en su libro Silver, Sword and Stone. Three Crucibles in the Latin American Story.
En diciembre de 2023, una sentencia de vista de la Sala Civil de la Corte Superior de Huancavelica reconoció que esta ciudad y la comunidad campesina de Sacsamarca, un pequeño pueblo a diez minutos en carro, cargan un significativo daño ambiental por lo que ordenó a la Presidencia del Consejo de Ministros, al Ministerio del Ambiente y a la Dirección General Ambiental declarar en emergencia ambiental a estas dos poblaciones por ser lugares contaminados por polimetales —plomo, mercurio y arsénico— debido a la actividad humana. Ordenó también al Ministerio de Energía y Minas incluir a ambos lugares en el inventario de pasivos ambientales. La orden implica que el Estado reconozca que en este lugar ocurrió un hecho generado por el ser humano que ha impactado en el deterioro del medio ambiente y la población. Además, debe sumarse a Huancavelica a una larga lista de yacimientos abandonados —el inventario aprobado por la Ley Nº 28271 en 2004— para identificar si el sitio necesita una evaluación de riesgo a detalle o si puede ser reutilizable.
—Tomamos muestras sistemáticas a viviendas, suelos públicos, en patios de escuelas públicas. Ahí supimos que había un problema. En 2015 hicimos una conferencia de prensa en Lima para presentar los resultados de la investigación remedial. No hubo mucha asistencia. Hicimos más conferencias, dos cumbres de contaminación y nadie quería tomar acciones, era como si nos estuviéramos hablando a nosotros mismos —dice Robins desde Estados Unidos, donde vive actualmente. La demanda fue presentada por él, como director del Environmental Health Council, junto a pobladores huancavelicanos que se sumaron a esta causa. Los ministerios de Salud, Energía y Minas y del Ambiente, además del Gobierno Regional de Huancavelica, a través de su dirección de Salud, no movieron un dedo.
Nancy ha sacado una sombrilla grande que amarra con un plástico a una de las patas de su carreta porque la lluvia cae más fuerte. Se acomoda en su banca y espera que la gente venga: “Huevitos, huevitos”, repite. Es delgada, aparenta un poco más de los años que tiene y se muestra seria. Le pide al fotógrafo que no le apunte y que borre eso que tomó. Su hija ha salido de la caja y ahora gatea sobre la vereda mientras ella mira con recelo al fotógrafo. Alrededor, la ciudad camina, hace compras, se saluda, sube al carro. Al mediodía Nancy saca un táper de su carreta y almuerza.
—¿Usted tiene buena salud o es muy enfermiza?
La madre me mira, está cansada de que un reportero se acerque a preguntarle de rato en rato cosas que no le importan. Ella está bien, ya me ha dicho, que si hay contaminación ya se acostumbró. Dijo también que vive en una casa de adobe en Ascensión, que sus hijos están allí, que tiene un patio donde cultiva algunas hierbas, que no tiene plata para empastar sus paredes. Y ahora pide que la deje comer: papa frita con huevo y arroz.
Es poco probable que una persona diga que está enferma por contaminación. Es muy difícil detectarlo. Un informe de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas de Salud, del Viceministerio de Salud Pública, señala que el mercurio puede llegar a ser la causa de procesos cancerígenos, mutagénicos y teratogénicos —defectos al nacer— a corto y largo plazo. En San José de Uchupiamonas, una comunidad indígena de Bolivia, el mayor productor de mercurio del mundo, las mujeres abortan a causa de este metal, los niños tienen enfermedades a la piel. Huancavelica no ha evidenciado estas consecuencias pero registra los más altos índices de desnutrición en niños y según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la región se encontraba en el primer grupo con los niveles más altos de pobreza en 2022.
—En 40 o 45 días los metales pesados se filtran en los órganos internos. No existe hasta hoy ninguna tecnología de laboratorio para eso. Me refiero a que cuando los metales pesados se difunden en los órganos internos tendría que sacársele a la persona un pedazo de hígado, de riñón o vesícula o esperar a que muera para hacerle una autopsia. Y si tiene, se va a hallar —señala Enrique Ecos, médico epidemiólogo que inició la investigación de metales pesados en Huancavelica en 2010.
Durante el juicio contra el Estado peruano iniciado en 2020, los demandados1 quisieron que los jueces miraran este caso como un problema de salud para luego exigir que se mostraran las pruebas. “¿Cuál era el peligro ahí? Pues ellos dirían que si es un problema de salud debíamos demostrar cuántas personas tienen metales pesados y el Estado no ha identificado eso. Menos mal que la sala entendió que la demanda es ambiental”, señala José Llatas Pérez, abogado especialista en temas ambientales con una maestría en la Università degli studi di Bergamo quien estuvo a cargo de la defensa. Llatas se refiere a que la demanda no buscó evidenciar problemas de salud de la población —no hay evaluaciones, es verdad— sino la afectación grave al medio ambiente pues eso sí estaba extensamente probado.
Para esta investigación, Salud con lupa consultó al Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud (Censopas) respecto a la evaluaciones hechas en la población de Huancavelica sobre contaminación ambiental. Su respuesta fue negar la información, en un primer momento, amparándose en una supuesta confidencialidad porque se trata de datos personales y dosajes. Ante la insistencia, se limitaron a señalar que el 2023 realizaron análisis de mercurio en 52 pobladores en el barrio Ascensión; además, otros 10 estudios referidos a arsénico en el distrito de Izcuchaca y 13 respecto a plomo, en Huachocolpa. Nada más. El Estado no quiere mostrar cuán grave puede ser la contaminación de una de sus regiones más vulnerables.
Durante el juicio también se cambió de juez hasta en tres oportunidades. En 2020 empezaron con la jueza Mayvee Lesly Hurtado Soriano, quien llevó la mayor parte del caso, oyó a la Defensoría del Pueblo, que presentó un importante informe, y resolvió las excepciones planteadas por el Estado. La magistrada fue cambiada por Virginia Montalvo Arzapalo, otra jueza que tuvo el caso en el 2021; finalmente, Nicolay Edmundo Valencia Mamani ingresó al año siguiente y fue quien emitió la sentencia. “En segunda instancia uno de los magistrados le preguntó a la procuradora del Ministerio del Ambiente: ‘Ustedes saben que este problema se evidenció en el 2009, el 2014 y el 2016, después en el 2019. Díganme, ¿qué están haciendo en modo concreto a favor de la población?’ Y ella dijo: ‘Bueno eso tendrán que preguntárselo a los especialistas’”, señala el abogado. Otra vez la negación.
Pero ganaron. Ahora el Estado debe declarar en emergencia ambiental, una lucha de largos años que, sin embargo, puede no significar mucho en los hechos. “La emergencia ambiental no es como la declaratoria de estado de emergencia que permite destinar presupuesto y tomar acciones inmediatas. Es una figura que en nuestro país se ha desarrollado de manera muy tenue”, indica Mirtha Vásquez, expresidenta de Consejo de Ministros del Perú y abogada especialista en temas ambientales. Vásquez siguió de cerca la emergencia de Choropampa, un distrito del departamento de Cajamarca, cuando la minera Yanacocha derramó 150 kilos de mercurio en sus carreteras. Allí no hubo declaratoria de emergencia ambiental pero tampoco habría servido de mucho: “Yo saludo que el sistema de justicia pueda emitir sentencias de esa naturaleza pero no es una medida que te permite determinar responsabilidades, ni establecer una medida que cautele los principales bienes afectados. Me da la impresión de que esta declaratoria de emergencia no va a cambiar mucho la situación”, agrega evidenciando una realidad palpable incluso en los casos más mediáticos. En enero de 2022, se declaró en emergencia ambiental por 90 días el área costera del Perú donde Repsol derramó más de 12 mil barriles de petróleo. ¿De qué sirvió? De nada. Los planes de rehabilitación presentados por la empresa fueron rechazados por el Ministerio de Energía y Minas y existe una deuda de 110 millones por multas impagadas. Una comprobación empírica de la teoría de Vásquez.
Según el Inventario de Pasivos Ambientales Mineros (PAM) del Ministerio de Energía y Minas, Huancavelica tiene 854 lugares contaminados y abandonados sin remediación, 805 de estos no cuentan con un responsable identificado, como Santa Bárbara, por ejemplo, la mina de donde salió todo el mercurio, y 463 no tienen un plan de cierre. ¿Quién es el culpable de la contaminación de mercurio en esta región? Llatas Pérez lo explica: “Lo que dice la normativa sobre pasivos ambientales es que cuando no está clara la responsabilidad de la empresa que causó el daño quien la asume es el mismo Estado a través del Ministerio de Energía y Minas. Para nosotros, al inicio no estaba claro quién era la empresa privada que debía ser responsable de llevar a cabo este plan de remediación porque legalmente tendría que ser la que generó todo. Ahí hay que tomar en cuenta que es una mina que viene desde la época de la Colonia. Por eso pensamos que en este caso la responsabilidad es del Estado”, sostiene.
Las calles del centro de Huancavelica están pavimentadas, con casas de ladrillos, restaurantes, bancos, bares, bodegas. Pero es un panorama engañoso, hasta falso. Alrededor de esa pequeña urbe, el adobe, el tapial, la calamina, la teja, la paja, la bosta, la chala se dejan ver en casitas que albergan a familias pobres dedicas a pastar su pequeño ganado, vender algunas verduras en el mercado, el comercio informal o simplemente permanecer en casa mientras el jefe del hogar trabaja lejos. Allí dentro ocurre el envenenamiento. El azogue, como también se conoce al mercurio, está en todos lados y los niños y madres lo sufren.
El epidemiólogo Enrique Ecos ha estudiado el caso de Huancavelica a detalle: la contaminación de los ríos, los alimentos, sus hábitos. Vivió y trabajó allí más de una década en la que conoció a Nicholas Robins y se sumó a la demanda contra el Estado peruano. Sabe que si una persona está contaminada por mercurio también lo está con plomo y arsénico. Eso es lo que hay en las paredes. Su preocupación principal es el deterioro del cerebro de los niños:
—El mercurio y el plomo son semejantes porque son neurotóxicos, afectan mucho al sistema nervioso. En el caso de los niños afecta a su desarrollo intelectual, como están en pleno crecimiento, las funciones del cerebro no van a estar al 100% con un cerebro intoxicado, por eso es que su capacidad intelectual está mermada. ¿Cuánto? No te podría decir —sostiene.
En 2020, el Concejo Municipal de Huancavelica emitió la ordenanza Nº 022-2020-CM/MPH que recomendaba la implementación de un programa de vivienda, para ayudar a 2.500 familias cambiándoles sus casas de tierra por módulos básicos de material noble. Este mismo pedido ingresó en la demanda ante el Ministerio de Vivienda que se negó a hacerlo debido a que sus programas no contemplan la contaminación como factor para ayudar a las personas.
En este extremo la sentencia ha sido apelada. Si la población continúa viviendo en esas casas la contaminación permanece, se agudiza. Por ello han acudido al Tribunal Constitucional. La sentencia por lo tanto no está consentida. El procurador del Gobierno Regional de Huancavelica, Tedy Pérez Espinoza, entiende esto como una decisión más del gobierno central que de la región. “Estamos a la espera de la notificación, son varios los demandados y el Poder Judicial ya ordenó que la PCM declare en emergencia estos lugares”.
La demanda de cambio de viviendas que implicaría una reubicación resulta casi imposible para un Estado como el peruano. “El Estado ha dicho que esos son planes que resultan inejecutables porque no tendrían la capacidad de brindar vivienda a toda una población. Aun cuando haya una sentencia, se va a volver inejecutable en la medida de que no hay instrumento que pueda determinar cómo se podrían hacer esos planes de reubicación”, señala Vásquez sobre este punto.
La necesidad del cambio de las viviendas es urgente. El estudio del Enviromental Health Council reveló a detalle cifras invisibles para el gobierno. El 75% de espacios —de los 60 que fueron analizados— tienen 1 microgramo de mercurio por metro cúbico. El estándar de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que el límite máximo es de 0.2 cuando se trata de la evaporación del metal. El análisis también tomó muestras del piso y de las paredes, en estas hubo dos tipos: a una profundidad de una pulgada y otra de tres pulgadas. Cuanto más profunda era la muestra, menos concentración de mercurio se hallaba. Sus resultados, finalmente, no dieron pie a la duda, esas casas que desde el exterior pueden representar la conservación de un modelo tradicional de vivienda andina eran cuartos intoxicados.
Hubo un cura en la historia del Virreinato del Río de la Plata cuya historia le llamó la atención del investigador Nicholas Robins mientras leía. Era un tipo loco que echaba baba por la boca, insultaba, se ponía nervioso, subía a tocar las campanas sin motivo. Un día, un corregidor mandó una carta a la audiencia de Charcas para consultar cómo podía tratar con este hombre. Era de Potosí. “En ese momento pensé —dice Robins, quien además es historiador— ¿no estaría contaminado con mercurio?”
Fue así como nació su investigación que lo trajo al Perú en 2009. Por curiosidad. Y por curiosidad también, luego de hacer el muestreo en Huancavelica, subió hasta Sacsamarca, la comunidad campesina cercana a la mina Santa Bárbara que también deberá ser declarada en emergencia. El hombre se quedaría con la boca abierta.
La reunión
—Ay joven, nosotros hemos crecido con el mercurio. De chiquita llenaba algunas gotitas en una botella, eran como pescaditos —dice Doris Cayetano Villa señalando el río— pero pesaba ah, duro pesaba. Para ese tiempo qué íbamos a saber que eso contamina, que es malo, chiquitos éramos.
Doris, bajita, de contextura gruesa y una alegría que la hace hablar con desmesura, es la accesitaria del teniente gobernador de Sacsamarca. La junta directiva de la comunidad campesina se ha reunido hoy. Está de aniversario, cumple 92 años de creación y mañana habrá fiesta. Un estrado de fierros se arma en la plaza, un grupo de jóvenes y señores organizan sus equipos de fútbol para un campeonato que en un rato empieza, una señora vende sopa de fideos en una esquina, sobre una cocina de kerosene, al lado, tres hombres beben unas cervezas esperando el espectáculo que se ha detenido porque llueve.
En el salón comunal, sin embargo, las autoridades se ponen de acuerdo sobre lo que deben decir a la prensa. Rubén Riveros Chahuayo, presidente de la comunidad, es bajito, con una gorra de sol, serio; Joaquín Romero Riveros, comunero de cincuenta y seis años, unos centímetros más alto que Rubén; Rildon Mendoza Quispe, juez de Paz, joven, de aspecto tímido y Doris que se disculpa por llegar tarde. El salón es un cuarto de adobe recubierto con yeso y pintado de verde, un foco que apenas alumbra y el piso de madera humedecido con combustible. Afuera hay bulla, el coordinador del campeonato consulta a los equipos si se jugará o no a pesar del clima, desde un parlante se oye un huayno como música de fondo del aguacero.
—Ya que la contaminación está demostrada con la documentación y con los análisis de alguna universidad, esperamos que las instituciones correspondientes tomen cartas en el asunto. Ustedes van a ver la realidad de Sacsamarca, a pesar de estar muy cerca de Huancavelica —dice Ubaldo, con un cuaderno abierto y un lapicero en la mano, respaldado por toda su comitiva que lo oye en silencio.
La expresidenta del Consejo de Ministros señala que si bien el Estado no destinará ningún presupuesto para ellos, hay algo que podría hacer: “Ahora tenemos un único instrumento que salió en mi gestión cuando era presidenta del Consejo de Ministros, el Plan Nacional de Atención a las Personas Contaminadas con Metales y Sustancias Tóxicas. Lo que se está haciendo en lugares como Cajamarca, por ejemplo, es tamizajes donde se identifique si las personas están contaminadas y a qué nivel están contaminadas. Eso es lo máximo que se está logrando inclusive teniendo el plan”, indica.
Los dirigentes dirán poco sobre contaminación, sobre el deterioro de su salud, dicen haberse acostumbrado después de tantos años; sin embargo, esta plaza exhuma metales por sus cuatro esquinas:
—En su plaza hay un relave sumamente contaminado. El ECA para plomo es 150 miligramos por kilogramo para suelo y en la plaza de Sacsamarca es más de 6 900 mg/kg. Ni siquiera se puede decir que es solo un poco alto, esto ya está fuera de la imaginación —dice Nicholas Robins quien confirmó un estudio hecho entre 2014 y 2015 por la Dirección Regional de Salud de Huancavelica en Sacsamarca y Chaclatacana, un pueblo a unos minutos al este que ya hablaba de estos altos índices además de plomo y arsénico.
Estos tres componentes, ya lo había dicho Ecos, son un trío mortal que siempre están juntos. Los hallan en todos lados pero no en medidas tan bárbaras como en esta plaza deportiva donde, después de aprobar su fixture futbolero, todos corren de un lado a otro, cada uno tiene una camiseta de un color, algunos están con jeans, otros con zapato, casacas. Cada jugador parece ser de un equipo distinto pero entre ellos se identifican.
El pueblo está entre dos cerros, casas de piedra en su mayoría, un puente colonial cerca de la plaza y el río que corre disimulado y sin mucho ruido. No es muy diferente a otros pueblos del ande peruano sino fuera por sus paredes. Son rojas por el mercurio, aquí también usaron la basura mineral que botó Santa Bárbara, con eso construyeron este lugar que los abriga casi ya un siglo.
Durante la conversación con la junta directiva las voces coincidirán en que harán cumplir la sentencia, que alguna vez alguien fue a tomarles muestras de sangre, que no solo la contaminación los amenaza sino la indiferencia del gobierno, que la población migró en la época de violencia política, que en Sacsamarca viven más ancianos y que recién se viene repoblando, que cualquier ayuda es bienvenida.
El informe Nº 008-2021-DP/AMASPPI que la Defensoría del Pueblo presentó durante el juicio, revela que en Huancavelica hay 97 500 habitantes expuestos a metales pesados y otras sustancias químicas, es más, a nivel nacional el riesgo de exposición a metales pesados recae sobre 10.162.380 personas que equivale al 31.15% de la población nacional. No solo son los pobladores de Sacsamarca, una cuerda de contaminación minera une a este pueblo con la realidad del país. El solo hecho de vivir en este cinturón de los Andes, rico y minerales, y cuyo interior es una mezcla de cinabrio, arsenopirita, galena, realgar, esfalerita, barita, mercurio, arsénico, plomo, niquel, cadmio, cromo ya contempla un riesgo.
El proceso a lo largo de los siglos fue más o menos el siguiente: el cinabrio era extraído con picotas, o dinamita, o maquinaria, partículas de entre 2 a 15 centímetros. Estas eran ingresadas en un horno a 600° C, ahí se liberaba el mercurio en el aire y a veces era transportado por canales. Las emisiones de gas resultantes de la quema del cinabrio diseminaron mercurio en la atmósfera, que al caer contaminó la superficie del suelo dentro del radio urbano.
La quema se hacía alrededor de la mina —Santa Bárbara, San Cristóbal, San Roque, Sacsamarca— luego trasladaban el metal en acémilas hasta Potosí, mil quinientos kilómetros al sur. El investigador Kendall W. Brow narra que el líquido era llenado en vasijas de cerámica, envueltas en pellejo de ovejas y llevadas hasta Chincha, de allí embarcaban la mercancía hasta Arica donde nuevamente era puesta sobre lomos de animales hasta Potosí, el famoso cerro rico de plata.
Cuando la mina cerró, en 1975, algunos mineros informales continuaron con la quema del cinabrio en hornos artesanales alrededor del gigante industrial que procesaba eso. Hoy la planta de procesamiento del mineral es una mole de fierros oxidados en la cumbre del cerro. En 2017 el Ministerio de Cultura la declaró Patrimonio de la Nación y se olvidó de que era parte de un pasivo ambiental.
La Sociedad Minera El Brocal S.A.A. fue la última compañía que explotó Santa Bárbara y según algunos pobladores hizo algunos trabajos de remediación: sobre el cascajo del mineral ponían arcilla, sobre esta, tierra Topsoil; tierra negra encima y luego pasto para que creciera. Pero no lo hizo bien. O no terminó de hacerlo. En julio de 2018 el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del país verificó incumplimientos en el plan de cierre de este PAM e inició un proceso administrativo sancionador que está en curso. El Brocal, según un documento de la Defensoría del Pueblo, había incumplido con la remediación de la laguna Suytococha y el bofedal Cumallipata por donde discurrió un afluente de la bocamina.
Bajo la sombra de algunos voladizos de las casas, la gente mira el partido, aplaude, grita. Personas mayores en su mayoría, pero hay una veintena de jóvenes listos para el siguiente partido. Han venido por el aniversario y por el campeonato. Luego volverán a la ciudad. Hay doce casas alrededor, solo cuatro habitadas. En la calle principal que atraviesa todo el pueblo hay más casas vacías. Esa calle, cinco kilómetros más arriba, nos dejará en Santa Bárbara, el pueblo desaparecido cuya bocamina engulló a tanta gente. “Cuando su cuerpo se descomponía”, recoge la investigación de W. Brown, “en su tumba se encontraba mercurio líquido”. Allá será el último respiro. Aquí seguirán jugando sobre barro de mercurio.
Cerros envenenados
Dice Jorge Mayhua que el cerro pelado de ahí enfrente —su dedo áspero apunta al lugar— es relave de mercurio acumulado de tantos años. Pero luce como un cerro de verdad, un poco verde por las lluvias, similar a los que están a su lado. Dice Jorge Mayhua también que todo eso de al lado es igual, desperdicio, cascajo de cuatro siglos de explotación.
El hombre deja de apuntar a los cerros, sus cuatro perros están al lado esperándolo, tres gallinas buscan su alimento, el barro tiene huellas de pisadas que no son las nuestras, la plaza está vacía, las casas de alrededor con candados dobles, hay basura, bolsas de plástico que vuelan con el viento. Hace unos días se celebró en la capilla la fiesta del Niño Callaucarpino y dejaron el lugar sucio como un botadero. Mayhua tiene sesenta años y ha vivido aquí, en Chaclatacana, la comunidad vecina a Santa Bárbara, desde siempre y hablar del mercurio es como hablar de algo tan común como su ganado.
—Como ya somos última generación, no nos afecta, los que han sufrido son los anteriores, hasta animalitos sufrían por quemar el mercurio. Tenían unos males de las columnas o sea se les torcía a las alpacas, cuando quemaba El Brocal todavía, a tenían que degollarlas. Los que mayormente fueron perjudicados son del sector de Santa Bárbara, de allá arriba.
Mayhua debe ir a sacar sus ovejas de su estancia, un cerco de piedras donde duermen, para llevarlas a pastar, está con una gorra de algodón negra hasta las orejas, la casaca delgada sobre una chompa, el rostro con algo de angustia. Antes de irse cuenta que antes de 1965 él vivía con su papá, su mamá, abuelos, en Chaclatacana Antigua, allá en el cerro. Pero la mina fue comiéndose todo y tuvieron que trasladarlos a donde estamos ahora.
Montañas enteras de residuos dejó esta explotación, hoy lucen naturales en medio de los Andes. El monstruo que ardía en esos viejos años se apagó. Las pozas de relave se secaron y pasaron al subsuelo, el viento dispersó la polvareda del mercurio procesado sobre los pueblos de alrededor: Santa Bárbara, Chaclatacana, Sacsamarca y los barrios de la misma ciudad de Huancavelica: Ascensión, Yananaco, San Cristóbal y Santa Ana. Nadie dijo nada en tantos siglos. Era más bien un símbolo de representación: Huancavelica tierra del mercurio, villa de Oropesa, dice un huayno tradicional del lugar.
Un letrero nos da la bienvenida al cementerio mineral de Santa Bárbara. Su planta abandonada se levanta con sus escombros como el escenario de una película de terror: los letreros prohíben las entradas, algunos alambres han sido rotos, las mallas de metal fueron abiertas para ingresar. Techos rotos, hornos que ya no queman nada, barriles de lata vacíos, rieles sobre madera podrida, galpones clausurados en cuyo interior hay papeles por todo el piso como alfombras, máquinas cubiertas de polvo, piezas extraviadas. De lejos una voz grita: “Está prohibido pasar”. Jorge Mayhua nos había advertido que un cuidador se hace cargo del lugar. Pero no se le ve, la voz se pierde entre los cerros. Un muñeco de metal, como un espantapájaros, aletea al borde del abismo.
Unos pasos más arriba la bocamina de Santa Bárbara está cerrada. Un bloque de cemento anuncia su clausura definitiva, sobre una piedra, en latín, están escritas algunas palabras, la placa de metal que estaba debajo ha sido robada, desde el arco de piedra chorrean algunas gotas de agua. La puerta del infierno. “Ya no se usa el mercurio, ahora hay otras cosas más modernas para separar la plata y el oro”, nos dijo Mayhua antes de despedirnos. Pero entre la frontera de Bolivia y Perú, por la región Madre de Dios, el tráfico de mercurio es impresionante. Ese país sigue produciendo azogue en cantidades ingentes. En 2020 produjo 165,2 toneladas, mucho más que la India o Emiratos Árabes Unidos, según un boletín del Viceministerio de Comercio Externo de ese país. Santa Bárbara, en cambio, fue cerrada.
El Perú es uno de los 12 países que en 2017 firmó el Convenio de Minamata, un documento que previene las emisiones y vertimientos de mercurio en el medio ambiente. Hay una regulación actual para su uso pero el Estado no mueve un dedo para hacerlo cumplir: “No he visto nada como política. El Estado debiera establecer un mecanismo para controlar el ingreso, la compra y la venta del mercurio porque eso se está vendiendo en el mercado negro en el Perú. En zonas donde se está haciendo minería ilegal se utiliza mucho el mercurio y eso es porque existe un mercado negro, frente a eso el Estado ni siquiera está aplicando una política de control o fiscalización para establecer dónde está ese mercado y cómo es que circula el mercurio”, explica Mirtha Vásquez.
Todo es cascarón en este pueblo fantasma. Casonas grandes cerradas, vidrios rotos, pintas de nombres con declaraciones de amor y recuerdos. Más allá está su iglesia colonial, su escuela de la que solo han quedado muros y pizarras y detrás casas con puertas cerradas a pura piedra, el panteón de la memoria de lo que alguna vez fue vida alrededor de la muerte. En los muros hay agujeros donde un pájaro llamado Acaqllo hace sus nidos. El pueblo que una vez vivió aquí ya no existe, migró. Hoy solo ha quedado el cascarón.
1. Ministerio de Ambiente, Presidencia del Consejo de Ministros, procurador de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, procurador del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, procurador del Ministerio de Energía y Minas; la Dirección General de Minería; Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros; Ministerio del Ambiente, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Gobierno Regional de Huancavelica; Dirección General de Calidad Ambiental; procurador del Gobierno Regional de Huancavelica; procurador de la Dirección General de Calidad Ambiental.