Han pasado 25 años desde el derrame de 151 kilos de mercurio en el centro poblado de Choropampa, en la provincia de Chota, y aún no existe un registro oficial de cuántas personas murieron ni cuántas sobreviven con enfermedades derivadas de esa intoxicación masiva. Fue un desastre ambiental y de salud pública que marcó a generaciones enteras. Hoy, las víctimas sólo tienen dos opciones de atención: un seguro de salud que cubre lo básico en una clínica de Cajamarca pagada por la minera Yanacocha, y un puesto de salud primario, sin especialistas ni recursos. Otros han buscado atención fuera de la región, costeándola con lo poco que tienen. Por eso, la información sobre los afectados está dispersa y oculta.
Juana Martínez, ex presidenta del Frente de Defensa de Choropampa y una de las víctimas del derrame, cuenta que tras años pagando consultas y tratamientos con sus propios recursos, ya no le queda nada. No tiene cómo costear más cirugías ni medicinas para su esposo ni su hija. Por eso, hoy le exige al Estado que asuma, de una vez, las consecuencias que dejó la minería en la salud de su familia y su comunidad.
“Pedimos a las autoridades que piensen y nos apoyen con un seguro especializado. ¿Cómo vamos a pasar nuestra vida, tanto nosotros como nuestros hijos si ya no podemos trabajar, nuestros hijos con qué van a vivir, con qué los voy a educar para que tengan alguna profesión? Yo no puedo darles todo, porque viven mal de salud, necesitan de todo, y por la enfermedad que tengo, no puedo trabajar tanto como antes lo hacía”, invoca.
Cajamarca fue, en 2024, la región con mayor pobreza del país: el 44% de su población vivía en esa condición, según el INEI. Y no es una excepción: desde 2014 se mantiene entre las tres regiones más pobres del Perú. Paradójicamente, allí opera Yanacocha, la mina de oro más grande de Sudamérica y principal productora del país.
El 2 de junio del 2000, un camión de la empresa Ransa que transportaba 151 kilos de mercurio desde la mina Yanacocha hacia Lima derramó su carga y contaminó más de 27 kilómetros de la vía que atraviesa la comunidad de Choropampa.
Informes nacionales e internacionales recomendaron, desde hace más de una década, dotar con especialistas, medicinas y equipos adecuados al centro de salud de Chorompampa para monitorear a largo plazo la salud de los intoxicados. Pero el Estado nunca cumplió. Hoy, ese centro de salud sigue siendo apenas un establecimiento de atención primaria, dirigido por un licenciado en enfermería y atendido por una obstetriz en Serums.
Durante una visita académica al Perú en febrero de 2022, el relator especial de Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana, escuchó el testimonio de Martínez. Tres años después, señala para este reportaje que “aunque la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos reconocen el derecho a la vida y a un medio ambiente sano, cada día personas y grupos son expuestas a sustancias peligrosas que afectan su salud y su vida”.
“El mercurio es empleado por la minería aurífera a pequeña escala y también por la gran minería, para su beneficio, los riesgos e impactos, sin embargo, son impuestos sobre los cuerpos, hogares y fuentes de alimentación de comunidades expuestas al metal peligroso. Además, como el mercurio es persistente por décadas y siglos, la contaminación con mercurio genera zonas de sacrificio que afectan los derechos de las futuras generaciones a un ambiente limpio y saludable”, explica el jurista.
Juana Martínez calcula que más de 300 personas han muerto en Choropampa desde el derrame: por cáncer, cirrosis, neuropatías y otros males que comenzaron tras la exposición al mercurio. Durante años llevó un registro en una libreta, anotando uno a uno los nombres de los fallecidos. En el 2020 ya había contado 250. Pero la perdió en uno de los tantos viajes que hizo, como muchos en su comunidad, buscando atención médica para los suyos. “Buscando la salud”, dice, con resignación, en una entrevista a fines de mayo.
“Muchos tenemos dolor de huesos, pérdida de la vista: el dolor de cabeza nunca nos ha dejado, enronchamientos, sangrados, caída de cabello, cirrosis, cáncer, lupus; nosotros nunca antes vimos en Choropampa. Hay varios niños que han nacido ‘especiales’”, describe Martínez.
La expresidenta del Frente de Defensa cuenta que su esposo ha pasado por dos cirugías de córnea y ahora una de sus hijas también necesita ser operada: está perdiendo la vista. Otra hija fue diagnosticada con lupus y una más no puede gestar. Dos de sus hijos nacieron después del derrame, pero aun así sufren los mismos síntomas que quienes inhalaron el vapor de mercurio en junio del 2000.
El mercurio se evapora con el calor y se condensa con el frío. De los 151 kilos derramados, la minera solo logró recuperar 49. El resto quedó atrapado en techos, paredes, suelos y grietas. Para recolectarlo, Yanacocha ofreció dinero: diez soles por una tapita llena. Así, cientos de personas —incluidos niños— recogieron el metal con las manos, lo inhalaron, lo almacenaron en botellas o tapas metálicas, sin saber del todo el riesgo que corrían. “Por una tapita pagaban diez soles”, recuerda Mirtha Vásquez, abogada de algunos de los afectados.
“La exposición prolongada al mercurio causa problemas en el sistema nervioso central, el sistema digestivo, el sistema renal y el sistema inmunitario”, explica Raúl Loayza Muro, toxicólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. “El mercurio que la gente derramó en sus casas se ha depositado en pequeños agujeros y seguirá emitiendo vapores de mercurio durante muchos años”, señaló al diario The Guardian cuando se cumplieron dos décadas del desastre.
El cálculo de más de 300 fallecidos que hace Juana Martínez no puede confirmarse en ningún registro oficial. El centro de salud de Choropampa es solo de atención primaria, sin capacidad para diagnosticar enfermedades complejas. Y el seguro privado que Yanacocha paga a algunos choropampinos —a través de Pacífico— apenas cubre medicina básica. Administra analgésicos, pero cuando los pacientes presentan diagnósticos relacionados con la intoxicación por mercurio, les responden que eso no lo pueden atender allí, o niegan alguna relación con el derrame.
Fernando Osores, experto en toxicología clínica ambiental y formado en la Universidad de Salamanca, sostiene que, debido a las características del mercurio, no es posible esperar un único cuadro clínico. La intoxicación, dice, debe entenderse como un antecedente epidemiológico relevante. En un informe previo publicado en Salud con lupa, explicó: “Una persona que en el año 2000 fue claramente afectada por este evento y que hoy presenta problemas neurológicos, inmunológicos, renales, endocrinológicos, entre otros, compatibles con los efectos descritos de la intoxicación por mercurio, no deja lugar a dudas. Otra cosa es que el seguro quiera negarlo”.
Ransa y Yanacocha fueron consultadas para este reportaje y solicitaron recibir las preguntas por escrito. A través de la agencia de comunicación Burson Global, Ransa declinó responder. La oficina de prensa de Yanacocha tampoco ofreció declaraciones.
Motivos de incumplimiento
“Cuando ocurrió el derrame de mercurio en Choropampa, la Defensoría del Pueblo intervino de inmediato. Realizamos acciones de supervisión que concluyeron en un informe con recomendaciones claras al Ministerio de Salud: crear un programa especial de seguimiento y atención para las personas afectadas por el desastre”, recuerda Alicia Abanto, ex adjunta de la Defensoría que participó en esa investigación.
“Varias personas afectadas manifestaron reiteradas quejas por la falta de atención adecuada a síntomas de salud que presentaban, los cuales no fueron reconocidos por los médicos tratantes como consecuencias directas de la contaminación por mercurio. Este ha sido un problema que la Defensoría del Pueblo ha identificado no solo en este caso, sino también en otros casos de exposición a metales pesados”, agrega la abogada.
“En el caso de Choropampa, la falta de informes oficiales que brinden certeza científica sobre el nexo causal entre algunos síntomas de salud y la exposición al mercurio ha dejado a la población en situación de indefensión. Los análisis de salud y las evaluaciones médicas estuvieron a cargo principalmente de personal contratado por el seguro médico financiado por la empresa, mientras que el Estado no contaba con la capacidad técnica para intervenir de manera objetiva e imparcial”, destaca Abanto, especialista en derechos humanos y empresas.
Para la ex adjunta de la Defensoría del Pueblo de servicios públicos y medio ambiente, el Perú no ha logrado desarrollar una estrategia de atención para las personas afectadas por metales pesados. “Por eso, las personas expuestas a este tipo de contaminación permanecen desprotegidas. Ni el Ministerio de Salud ni los gobiernos regionales han desarrollado las capacidades para atender integralmente a estas poblaciones afectadas. Lo vemos en Cerro de Pasco, en Espinar, en Choropampa”, concluye Abanto.
Aunque desde el 2013 el Ministerio de Salud tiene una codificación para pacientes afectados por contaminación con metales pesados, los centros de salud de primer nivel —como el de Choropampa— no incluyen en su cartera de servicios la estrategia para metales tóxicos. Por eso, los síntomas son registrados bajo otras categorías, como enfermedades no transmisibles o enfermedades metaxénicas, lo que oculta el verdadero origen del problema.
Además, el número de personas fallecidas en Choropampa no coincide con los registros oficiales del sistema Sinadef, que en muchos casos ni siquiera consigna la causa de muerte. Según la abogada Mirtha Vásquez y la lideresa Juana Martínez, actualmente mueren entre tres y cuatro personas al mes en la comunidad, y muchos de ellos son jóvenes.
La falta de salud
“Las secuelas que nos ha dejado este mercurio son totalmente graves, dolores de huesos, de riñones. Más que todo nos ha hecho mucho mal al hígado a niños y adultos. Imagínese que muere gente joven con cirrosis, es algo increíble”, añade Martínez.
La abogada de los afectados cuestiona a quienes descartan una relación entre la exposición al mercurio y los casos de cirrosis en Choropampa. “La mayoría de pobladores no consume alcohol, muchos son evangélicos”, aclara, en respuesta a quienes atribuyen estas enfermedades al estilo de vida y no a la contaminación.
“Ahorita ya pasará de 300 muertos. Por mi casa todos están mal: a mi hija le detectaron lupus, a mí me detectaron polineuropatía y mal de la vista, mi esposo ha sido operado dos veces de cambio de córneas; mi hija, igual. Solamente los hijos nos hacen crear tanta fuerza, tanto valor para poder pasar la vida”, relata Martínez, quien ya perdió a su suegro y su hermana Elena hace pocos años.
La lideresa explica que la polineuropatía es una enfermedad de por vida de los huesos, y le recetaron pastillas para siempre que le hicieron mucho daño al hígado. “En Choropampa abunda también la pérdida de la memoria, algunos también se mueren locos, son cosas que nosotros nunca antes habíamos visto acá, de la pérdida de la memoria”, agrega.
En Choropampa, al menos diez personas —algunas de menos de 30 años— necesitan sillas de ruedas o bastones para movilizarse, postradas por el dolor en los huesos y los músculos. Una de las hijas de Juana Martínez, psicóloga de profesión, fue diagnosticada con lupus articular en 2020. Tiene empleo, pero hay días en que no puede levantarse. Teme perder su trabajo, además de cargar con los descuentos por sus ausencias. “Así vive mi hija: días postrada, días que se levanta”, cuenta Martínez. También señala que muchas jóvenes han muerto de leucemia, y que en el pueblo aumentan los casos de tiroides, problemas de piel y dolores crónicos que antes no existían.
—¿Y el seguro de Pacífico ha servido para eso?
—No, nunca la quieren atender a ella, por nada —responde Juana Martínez.
La expresidenta del Frente de Defensa dice que en la clínica Limatambo de Cajamarca, que atiende por el seguro Pacífico contratado por Yanacocha, les exigen una referencia del puesto de salud de Choropampa. Pero allí, la respuesta es siempre la misma: “Eso no lo cubre el seguro”. Así, las familias quedan atrapadas entre dos puertas que se cierran.
En las estadísticas del Ministerio de Salud sobre Choropampa en los diez grandes rubros de enfermedades que vigila en el Perú, hay una gran incidencia en los síntomas asociados a los daños a largo plazo generados por el mercurio: dolores de espalda y en la espalda baja, caries y daños en el tejido de la raíz de los dientes, y malformaciones físicas en los primeros años de edad (falta de desarrollo fisiológico inesperado). Ello se debe a que el mercurio se queda depositado en los órganos y no se elimina del todo ni en la orina ni en la sangre, como dijeron los voceros de la minera y la ONG Care en el año 2000 después del derrame.
El pedido de Choropampa
Juana Martínez calcula que, en 2025, hay entre tres y cuatro muertes por semana en Choropampa. Nadie ha recibido atención psicológica, pese al dolor acumulado. “Mi cuñada murió joven, mi hermana falleció de cirrosis al hígado a los 50 años, mi suegra murió a los 54, mi suegro también. Mi sobrina de 16 años murió, y otra de 19. Así han muerto todos”, dice con resignación.
—¿Y qué pasará el 2 de junio, cuando se cumplan 25 años del derrame?
—La mayoría está enferma, no hay fuerzas para nada. Igual, tratamos de unirnos, hacemos algunas movilizaciones. Pero muchos están en cama o por todos lados, buscando medicina.
En Choropampa hubo protestas hasta 2008. El entonces joven alcalde Lot Saavedra se enfrentó públicamente a los abogados y voceros de Yanacocha. Participó en bloqueos de carretera exigiendo justicia para su pueblo, pero fue denunciado por disturbios y delitos contra la tranquilidad pública en el año 2000. No fue el único. “Por eso la gente, por miedo, ya no ha querido hacer nada. Por eso se han rendido”, explica Juana Martínez.
Ella no.
“Yo nunca me he rendido”, dice. “El año pasado participamos en una movilización en Lima con la Plataforma de Afectados por Metales Pesados. Quiero decirle a las autoridades nacionales e internacionales que la minería ha hecho mucho daño aquí en Choropampa. Vivimos mal, con enfermedades de todo tipo: caída de dientes, infartos, dolores, muertes jóvenes. Que tengan un poco de conciencia y nos ayuden a reclamar. Porque Choropampa no es un caso cerrado. Es una herida abierta.”
La representante de los afectados en Choropampa solicita un seguro de salud especializado y permanente, que les permita recibir atención médica en su propia comunidad. Explica que muchas familias ya vendieron todo lo que tenían para costear tratamientos y hoy no tienen cómo seguir. “Mucha gente no tiene los medios y tan solamente espera la muerte. Que la justicia peruana se manifieste. Deben curarnos, deben indemnizarnos, porque si no, ¿cómo vamos a pasar nuestra vida, tanto nosotros como nuestros hijos?”, dice la lideresa.
