Niños que viven en la calle, que pierden a sus padres o a sus cuidadores, que son víctimas de violencia en el hogar o que viven en condiciones inseguras. Estas situaciones pueden terminar con ellos de regreso en su casa, derivados con una familia sustituta, o enviados a un albergue. El problema con esta última opción es que no hay suficientes centros de acogida para recibir a todos los que los necesitan. En los últimos dos años, el aumento de huérfanos por la pandemia de covid-19 agravó el estado de los albergues.
—El año pasado hemos recibido poco más de 900 niños, pero solamente pudimos encontrar 320 espacios en los albergues —señala César Cárdenas, responsable de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de la Mujer. La alternativa para el resto, además de esperar por cupos, es que la crisis en su familia se resuelva. Sin embargo, esto toma tiempo y es uno de los motivos por los que niños y adolescentes a veces permanecen en las oficinas de las Unidades de Protección Especial, encargadas de evaluar cada caso.
En febrero de este año, la Asociación Sinergia por la Infancia denunció que había niños y adolescentes durmiendo en ambientes administrativos de la sede central del Ministerio de la Mujer. “Al ser ambientes pequeños, se pone en evidencia que se hacina a chicos de diferentes edades, género y problemas de salud física y mental; se improvisa con colchones en el piso y muebles para que descansen”, indica la acusación ante la Fiscalía. Según Martín Milla, representante de la asociación, la falta de ventilación en esos espacios también los colocaba en riesgo de contagio de covid-19.
La noche del 20 de febrero, la fiscal Cristina Gómez acudió al ministerio para corroborar los hechos denunciados. En la sala de niños de la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer encontró durmiendo a más de diez menores, de ambos sexos, que tenían entre 2 y 17 años. De acuerdo a la psicóloga de turno, los niños y adolescentes habían estado ahí todo el fin de semana.
—Nosotros empezamos a documentar esas situaciones en el 2020. En estos espacios de la Unidad de Protección Especial se supone que los niños están por horas mientras el equipo examina su caso y hace entrevistas, pero me dijeron que al no tener espacio porque los albergues estaban a tope, empezaron a tenerlos ahí para dormir —cuenta Martín Milla, de Sinergia por la Infancia.
Esta organización ha presentado al menos cinco denuncias contra el Ministerio de la Mujer. Tres han sido por los casos de menores durmiendo en espacios administrativos y las otras dos son por haber enviado a niños y adolescentes a centros de rehabilitación para adultos.
Niños en riesgo
En noviembre del 2021, un adolescente de 14 años fue derivado por la Unidad de Protección Especial Lima Este al centro de rehabilitación Vittale, pese a que este no figura en el registro de centros de acogida residencial del Ministerio de la Mujer y, además, atiende a población adulta.
En enero de este año, Sinergia por la Infancia envió una carta alertando al ministerio del caso, pues pudo comprobar que además del chico de 14 años había más menores en esa situación. Aún así, recién en abril —después de casi cinco meses en el centro de rehabilitación— el adolescente pasó a ser albergado en un centro de acogida residencial. En una carta dirigida a Martín Milla, el Ministerio de la Mujer informó que se había iniciado un proceso administrativo disciplinario para determinar las responsabilidades de los funcionarios que enviaron al menor a ese centro de rehabilitación.
—Está prohibido enviar a un niño a cualquier espacio de albergue de adultos. El tema central que explica esa decisión, pero no la justifica, es que no hay espacios en el país, ni públicos ni privados, que estén debidamente autorizados para atender a adolescentes o niños que tengan hábitos de consumo o de abuso de drogas. Esa ha sido la razón, pero igual estuvo mal y no correspondía —indica César Cárdenas, del Ministerio de la Mujer.
No es la primera vez que se dan a conocer casos de este tipo. En 2019, once menores fueron rescatados de la casa hogar Imanol, que operaba como centro de rehabilitación sin ninguna licencia municipal o de Defensa Civil ni autorización del Ministerio de Salud y menos acreditación del Ministerio de la Mujer. Los testimonios de los niños y adolescentes, que vivían hacinados junto a adultos, daban cuenta de maltratos y condiciones insalubres de convivencia. La Defensoría del Pueblo consideró que esa situación calificaba como hechos de tortura.
—El Ministerio de la Mujer negó que ellos hubieran ingresado a los menores, dijeron que ellos habían sido llevados por sus padres. Pero nosotros tenemos evidencia de que el ministerio sí deriva a centros de rehabilitación, aunque sea por cortos períodos —apunta Martín Milla. La organización que representa, Sinergia por la Infancia, ha documentado varios casos que demuestran las irregularidades en la atención a niños y adolescentes desprotegidos. Esos casos, sumados a los reportes conocidos en los últimos años de abusos y muertes de menores, muestran el estado crítico de los albergues en Perú.
Un sistema en emergencia
A lo largo del 2022, el Ministerio de la Mujer ha supervisado 157 centros de acogida residencial. Según explica el director César Cárdenas, las principales observaciones que se presentan son por infraestructura o personal. El primer punto alude, por ejemplo, a la accesibilidad de los espacios, el número de servicios higiénicos, la ventilación, entre otros. El segundo, implica la presencia de un equipo técnico completo para la atención de niños y adolescentes.
—Todavía hay centros de acogida residencial que no tienen equipo técnico completo: abogados, tutores cuidadores, trabajadores o trabajadoras sociales, psicólogos; o en algunos casos, estos son intermitentes. Es decir, un psicólogo trabaja en dos o tres centros en la zona y lo que hace son visitas que no son constantes —dice Cárdenas.
El estándar al que se apunta es que haya un tutor o tutora por cada ocho niños. Sin embargo, el Ministerio de la Mujer ha encontrado que hay casos donde hay uno cada quince, y que hay madres cuidadoras que también hacen de trabajadoras sociales. Además, los trabajadores deben contar con especializaciones según los perfiles de los menores a los que van a atender. No es lo mismo albergar a un menor que ha estado viviendo en la calle, que a uno que ha sido víctima de violencia familiar o que está enfermo.
Las consecuencias de no contar con personal capacitado pueden ser mortales. Como se recuerda, en julio de 201, Fátima —una niña de 12 años que padecía de una enfermedad genética llamada síndrome de Cornelia de Lange— falleció por asfixia luego que una técnica de enfermería en el centro de acogida residencial Santa Isabel (Arequipa) la aplastara por más de media hora. De acuerdo a la técnica Flor Rivas, esa era la práctica común en el albergue para que las niñas durmieran.
—Esa niña debía estar en un centro de acogida especializado, a cargo de personal especializado. Lamentablemente, la cuidadora no tenía las competencias para tratar a la niña. Lo mismo pasa con menores con discapacidad intelectual o aquellos con problemática de consumo de drogas —comenta Martín Rivas, de Sinergia por la Infancia.
Esta suma de situaciones se agrava por la pandemia y por el hecho de que, en el Perú, habría 80 mil menores en situación de orfandad. Todo ello ha motivado a que desde el Congreso y organizaciones de la sociedad civil se busque declarar en emergencia el sistema nacional de atención integral a las niñas, niños y adolescentes. El 11 de mayo, la congresista Magaly Ruiz, presidenta de la Comisión Especial de Protección a la Infancia, presentó un proyecto de ley que apunta a ese fin. Este grupo parlamentario ha participado activamente en las recientes denuncias por el trato a los menores en desprotegidas.
En el Ministerio de la Mujer se ha conformado un grupo de trabajo para reestructurar los servicios de atención. Según el director César Cardenas, se pretende recibir la contribución de otros sectores, así como de organizaciones de la sociedad civil. Este punto es importante, recalca Martín Milla, pues más de la mitad de los niños en albergues están en centros privados. Ahora se espera que la reestructuración del sistema se enfoque en implementar más albergues, con infraestructura y personal para una atención adecuada. Sin embargo, otras respuestas también se hacen necesarias.
—Necesitamos más centros de acogida residencial, sí, pero no es la única apuesta para resolver el problema. La causa general del colapso de los albergues es la situación de desprotección. Si los niños y adolescentes tuvieran los cuidados de sus padres adecuados, no habría necesidad de que sean albergados —dice Cárdenas.
Por ese motivo, los cambios en el sistema de atención también deben incluir mejoras en los servicios de apoyo a los padres que tienen dificultades para tratar con sus hijos. Así, en los casos en los que sea posible, los niños y adolescentes serían acogidos por su propia familia. En otros casos, también podrían ser recibidos por familias cuidadoras que el Ministerio de la Mujer acredita o acceder a una adopción. Cualquiera de las opciones que se tomen para ellos —incluidos los albergues— debe cumplir un requisito: brindarles espacios seguros.
