Escasez de personal sanitario, obstaculización del acceso a las vacunas de las personas refugiadas y migrantes, funcionarios públicos que se vacunan irregularmente son algunas de las problemáticas que ha hallado Amnistía Internacional en Las vacunas en las Américas: diez imperativos de derechos humano para garantizar la salud a todas las personas, documento que desmenuza la crisis sanitaria de 17 países de la región en el contexto de la pandemia.
“Las escandalosas deficiencias en dotación de personal, registro y protección del sector sanitario en América Latina demuestran una vez más que el crecimiento económico en muchos países no se ha traducido en el fortalecimiento de derechos sociales ni en un sistema de atención de la salud más robusto. No puede haber un potente esfuerzo de vacunación si no se protege bien al personal sanitario y los sistemas de salud”, señala Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
Todo ello en un año electoral, donde diez países de Latinoamérica elegirán a sus nuevos jefes de Estado. Y se corre el peligro de que las campañas de vacunación sean utilizadas con fines políticos, desnaturalizando su razón de ser. Estas son las diez grandes recomendaciones de un documento basado en solicitudes de información a los Estados, anuncios públicos oficiales, y fuentes periodísticas.
Anteponer los derechos humanos a los derechos de propiedad intelectual
En mayo de 2020, Costa Rica y la Organización Mundial de la Salud (OMS) presentaron el Acceso Mancomunado a la Tecnología contra el COVID-19 (C-TAP) a modo de plataforma voluntaria de intercambio para recopilar todos los datos, conocimientos, material biológico y derechos de propiedad intelectual, y luego otorgar licencias de producción y transferir tecnología a otros posibles fabricantes. En una región como América Latina y el Caribe, que es la de mayor desigualdad del mundo, este tipo de mecanismos son esenciales para maximizar el acceso a la vacuna, especialmente porque es probable que la demanda de vacunas contra el COVID-19 supere el suministro durante el futuro próximo.
La mayoría de los países de América Latina y el Caribe se ha sumado al mecanismo COVAX, que, coordinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), tiene por objeto aunar la demanda mundial de vacunas contra el COVID-19 y distribuir 2.000 millones de dosis para el final de 2021. No obstante, el suministro de vacunas del COVAX no será suficiente para satisfacer la demanda de vacunas en la región. De ahí que casi la totalidad de los 17 países analizados en el informe de Amnistía Internacional han anunciado negociaciones y acuerdos en curso con empresas farmacéuticas para el suministro de vacunas, entre ellas Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac, Cansino, Sputnik V y Coronavac.
Amnistía Internacional presentó solicitudes de información a los gobiernos de 17 países de la región entre noviembre de 2020 y febrero de 2021,31 pidiendo copias de los contratos firmados o los acuerdos alcanzados con estas empresas y datos como la duración de los contratos, las condiciones de la financiación pública, el precio fijado de cada dosis y el sistema de licencias acordado. Hasta la fecha, las respuestas que los gobiernos han enviado a Amnistía Internacional no han proporcionado ningún dato en relación con estas preguntas.
Por eso mismo estos contratos firmados con las empresas farmacéuticas deben hacerse públicos y deben ser objetos de una auditoría independiente. Al no ser de dominio público, se desconoce el precio que han pagado los gobiernos por cada dosis.
Realizar amplias consultas y publicar planes
Tan solo 13 de los 17 países de la región examinados en este informe han hecho públicos sus planes nacionales de vacunación contra el COVID-19, o por medio de un decreto, o por un documento oficial presentado a la población. Hay varios países que no han publicado ningún plan ni protocolo oficial, sino sólo una serie de declaraciones que no ofrecen una hoja de ruta clara sobre la cuestión, como es el caso de Cuba, Nicaragua, Ecuador y Venezuela.
No bastará con publicar los planes en internet, sino que debe intentarse su difusión en otros canales, como la radio, especialmente las emisoras de radio comunitarias de poblaciones indígenas o afrodescendientes, y otros medios. Asimismo, deben traducirse a otros idiomas hablados en el país lo más rápidamente posible. Aunque la publicación de los planes de vacunación en Internet es un primer paso importante, lo cierto es que casi el 40% de los hogares de América Latina y el Caribe no tienen acceso a internet.
Además, la OMS explica que los planes de vacunación debe conformarlos un comité de planificación de varios sectores, incluida la sociedad civil. Este aspecto es de especial importancia en el caso de los grupos de personas que sufren discriminación histórica en la región, como los pueblos Indígenas. Los planes para llegar a ellos han de ser culturalmente apropiados y deben elaborarse con ellos, garantizando su consentimiento libre, previo e informado. De acuerdo con la información de que dispone Amnistía Internacional, Colombia es el único país de la región que ha sometido su decreto sobre el plan nacional de vacunación a un proceso de consulta.
Proteger a los grupos de riesgo e impedir la discriminación
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el acceso a las vacunas y los medicamentos es alarmantemente desigual en muchos lugares, y los índices de infección por COVID-19 y los resultados para las minorías y las personas de grupos vulnerables han reflejado estos patrones, debido en parte a las desigualdades estructurales y la discriminación.
Contar con datos precisos sobre el riesgo en relación con el COVID-19 para diferentes grupos y regiones será importante para evaluar cuáles podrían estar sufriendo discriminación en el acceso a los servicios de salud.
Los pueblos indígenas de América Latina llevan siglos sufriendo sistemáticamente exclusión de las políticas públicas y marginación debido a la discriminación. Aunque varios países han incluidos a los pueblos indígenas entre los grupos prioritarios en sus fases de distribución de las vacunas, de los 13 que han publicado en la región su plan nacional de vacunación, seis no mencionan en él ningún protocolo para los pueblos Indígenas, a saber, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y República Dominicana.
Garantizar el acceso a información de los planes
Se debe ofrecer a la opinión pública toda la información disponible sobre la evidencia científica más reciente en torno a las vacunas contra el COVID-19 para que las personas puedan tomar una decisión informada sobre si vacunarse o no.
Actualmente, las autoridades de varios países ofrecen actualizaciones diarias sobre el progreso de su campaña de vacunación, pero sólo anuncian la “cantidad de dosis” administradas, sin proporcionar apenas información basada en las recomendaciones de la OMS ni sobre los diferentes grupos dentro del personal sanitario al que se está vacunando, como el personal de limpieza de hospitales y centros de salud, al que, según los planes de vacunación de varios países, como México, Perú, Paraguay y Brasil, se debe dar prioridad. Las actualizaciones desglosadas en tiempo real son también necesarias para garantizar que las personas que más necesitan la vacuna son las primeras en recibirla. Amnistía Internacional ha recibido varios informes de Perú y Brasil según los cuales podría estar vacunándose a personal administrativo y directivo de los hospitales antes que al que está en primera línea atendiendo a los pacientes de COVID-19.
Facilitar la coordinación entre todos los niveles de gobierno
Muchos países de la región son sistemas federales, con un gobierno nacional, gobiernos estatales o provinciales y también gobiernos municipales. Hay que sacar provecho de estos sistemas y verlos como oportunidades de coordinación, no como una causa de confusión.
Tener en cuenta a todo el personal sanitario
Para proteger debidamente a su personal sanitario, los gobiernos deben mantener registros exactos de su fuerza laboral. Sin embargo, varios gobiernos de la región parecen carecer de registros sólidos de su fuerza laboral sanitaria, y más aún del número de profesionales de la salud que han muerto de COVID-19. Amnistía Internacional buscó los registros públicos oficiales del número de profesionales de la salud que habían contraído COVID-19, así como del número de profesionales que habían muerto de la enfermedad. Los países donde no se encontraron registros públicos fueron Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú y Venezuela.
Un ejemplo notable de deficiencias preocupantes en los datos sobre el personal sanitario, así como en su protección es Perú. Ninguna institución pública de Perú ha podido cuantificar hasta la fecha el porcentaje de fuerza laboral sanitaria en activo que ha contraído COVID-19.
Otro motivo de preocupación con respecto a Perú es el considerable porcentaje de su fuerza laboral que continúa trabajando con contratos que son básicamente informales. Estos contratos –conocidos en Perú como contratos de terceros, servicios no personales o locación de servicios– no conceden a los profesionales de la salud ningún derecho a seguridad social y, a veces, restringen su inscripción como tales en los registros oficiales.
Garantizar la disponibilidad de las vacunas sin importar condición migratoria
Varios países de la región han puesto considerables obstáculos a las personas migrantes y refugiadas para acceder a las vacunas o les han bloqueado claramente el acceso. En República Dominicana el presidente Luis Abinader ha manifestado públicamente que las personas migrantes indocumentadas no recibirán inicialmente la vacuna. En tanto, el plan nacional de vacunación de México no menciona a las personas migrantes, refugiadas ni solicitantes de asilo. Ello contrasta con Colombia, donde se ha tomado en cuenta en el plan nacional de vacunación a los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo.
Garantizar que el sector privado no menoscabe el acceso justo
Aunque los Estados son los principales garantes de los derechos humanos según los tratados internacionales, los miembros del sector privado —médico y no médico— son responsables de respetar los derechos humanos. Los Estados deben monitorear y regular toda iniciativa de las entidades privadas para garantizar que contribuyen a proporcionar un acceso justo a las vacunas y nadie elude el plan nacional de vacunación contra el COVID-19 haciendo compras al margen de este marco.
Dado que el suministro de vacunas contra el COVID-19 a escala global es limitado y dada la responsabilidad de los Estados en la realización del derecho a la salud, estos últimos deben tomar la iniciativa de la compra y distribución de vacunas para sus poblaciones. Si bien los agentes no estatales pueden colaborar con los Estados en aspectos de la prestación de los servicios vinculados a los planes nacionales de vacunación, esas entidades no deben tomar la iniciativa de la compra directa a los proveedores ni decisiones relativas al reparto de las vacunas. Los acuerdos bilaterales de compra con empresas farmacéuticas entrañan el riesgo de crear un mercado paralelo que no haría sino comprometer aún más el acceso global a las vacunas y la capacidad de todos los países de acceder a ellas. Por ello, los Estados deben prohibir legalmente las compras directas del sector privado y contemplar la imposición de sanciones a personas u organizaciones privadas que eludan el plan nacional de vacunación o que de algún otro modo obstaculicen indebidamente las medidas estatales para garantizar un acceso justo a las vacunas.
Abstenerse de utilizar las vacunas para beneficios personales o políticos
La corrupción con frecuencia causa violaciones de derechos humanos, que, en el caso del derecho a la salud, pueden incluso dar lugar a la pérdida de la vida en contextos como la pandemia de COVID-19. Durante 2020, Transparencia Internacional documentó varios casos de compras irregulares de suministros médicos por gobiernos de la región. No sólo son importantes las auditorías y los organismos de lucha contra la corrupción, sino aumentar la transparencia no solo para combatir las prácticas claramente corruptas, sino también para corregir esos fenómenos dañinos que entorpecen el disfrute del derecho a la salud. Más aún en el contexto de las elecciones en varios países de la región.
Administrar las vacunas en el lugar donde se prestan los servicios de salud y destinar los recursos disponibles
Dirigentes y funcionarios públicos de casi todos los países examinados han hecho declaraciones que confirman que las autoridades proporcionarán las vacunas contra el COVID-19 sin ningún costo y garantizarán su gratuidad. Sin embargo, es preocupante que en la mayoría de los casos se trate sólo de declaraciones públicas que podrían modificarse si las condiciones políticas o económicas del país varían en el transcurso del año, aun cuando los suministros de vacunas siguieran siendo limitados.
En sólo cinco de los 13 países se hace mención específica en su plan de vacunación a la cuestión de la gratuidad o la administración gratuita de vacunas en el lugar de prestación de los servicios de salud, a saber, Bolivia, Colombia, Argentina, Brasil y Guatemala. En otros países, aunque en el plan de vacunación no se especifica la gratuidad, se han tomado otras medidas a este respeto durante la pandemia. En Perú, el Congreso aprobó una ley para garantizar la gratuidad de la vacuna.
Los Estados deben garantizar que el costo no constituye nunca un obstáculo para acceder a los productos sanitarios contra el COVID-19 y utilizar el máximo de los recursos de que disponen y la asistencia internacional, si es necesario, para proporcionar vacunas contra el COVID-19 gratuitas en el lugar donde se prestan los servicios de salud.
