En noviembre del año pasado, un grupo de 40 hombres fueron vistos abriendo trocha a pocos kilómetros de Sankatiaro, un anexo de la comunidad asháninka de Camantavishi, ubicada en Satipo, en el Vraem. Llevaban buzo, botas y machetes. Todos eran foráneos —cuentan los comuneros con los que se encontraron—, excepto el guía, que tenía una escopeta calibre 16. “Yo voy a estar pasando por acá. No te voy a hacer nada si no me hacen nada”, le dijo en asháninka a uno de ellos.
El grupo de hombres siguió avanzando mientras ponía pintura roja en algunos troncos. Esas eran las señales que los harían recordar el camino. Desde esa vez, en la comunidad los ven ir y venir con dirección a Urubamba cada quince días. En una de esas ocasiones, el guía dejó un saco de arroz y un machete de regalo en una de las viviendas más cercanas a la trocha, como un recuerdo del trato propuesto en el primer encuentro.
Sankatiaro está en estado de alerta desde entonces. Luego de que informaron los hechos a Camantavishi, siete personas del Comité de Autodefensa (CAD) fueron a inspeccionar la zona y constataron que ya había un largo camino abierto en medio del bosque. “Eso ya lo hemos avisado a las fuerzas armadas pero hasta ahora no vienen a la comunidad”, relata a Salud con lupa uno de los comuneros.
Camantavishi es una de las 53 comunidades asháninkas de la cuenca del río Ene, en Río Tambo, distrito de Satipo que pertenece al Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). Este valle concentra casi la mitad del total de cultivos de coca de todo el Perú. La provincia de Satipo, por su parte, congrega la mayor cantidad de población asháninka, aunque también están presentes otros pueblos indígenas como los nomatsigenga, los yanesha y los kakinte.
Cuatro distritos de Satipo forman parte del Vraem: Mazamari, Pangoa, Río Tambo y Vizcatán del Ene. Estos están entre los distritos con menores porcentajes de acceso a agua y desagüe, a servicios de salud y a instituciones educativas de todo el valle. Son las comunidades indígenas de esta zona las que denuncian estar sintiendo cada vez más latente la amenaza del narcotráfico.
Camantavishi se encuentra a unas 4 horas de Vizcatán del Ene, distrito donde fueron asesinadas 16 personas el domingo 23 de mayo, crimen atribuido por las autoridades al Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) —como se autodenominaron el 2018—, columna que opera en el Vraem.
Esta facción tuvo origen cuando Abimael Guzmán, fundador y máximo líder de Sendero Luminoso, fue capturado y firmó el acuerdo de paz. Un grupo, dirigido por Óscar Ramírez Durand, alias ‘Feliciano’, quiso seguir con la lucha armada bajo el nombre de Proseguir. Tras la captura de ‘Feliciano’, en 1999, Víctor Quispe Palomino, alias ‘José’, asume el liderazgo.
Actualmente, el MPCP es considerado una organización narcoterrorista por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Expertos coinciden en que, si bien siguen evocando la “ideología marxista-leninista-maoísta” en el discurso, sus actividades están básicamente ligadas al narcotráfico. Sobreviven cobrando cupos, o dando resguardo a los laboratorios y a los mochileros que transportan droga.
Esta alianza delictiva está cercando cada vez más a las comunidades indígenas del valle. “Durante los últimos años, el narcotráfico ha presentado un crecimiento exponencial en la zona”, denunció la Central Asháninka del Río Ene (CARE) en un comunicado luego de la matanza de Vizcatán. Angel Pedro Valerio, presidente de CARE, comenta a Salud con lupa que las comunidades están completamente expuestas a este tipo de hechos. “Nosotros desde meses atrás, hemos venido teniendo este tipo de encuentros con personas extrañas dentro de nuestros territorios. Han sido muchos pero no hemos podido documentarlos”, dice.
El líder indígena teme que puedan ser desplazados de sus tierras por el narcotráfico protegido por el MPCP. Indica que su práctica consiste en primero invadir los terrenos, sin importar los títulos. Luego, comenzar con la deforestación de los bosques para cultivar hoja de coca. De hecho, Río Tambo es el distrito del Vraem que más hectáreas de bosque ha perdido en las últimas décadas (50 mil ha). Finalmente, se fabrican las pozas de maceración.
Esto sucedió en Vizcatán del Ene, donde hasta el 2015 se podía ver a varias familias asháninkas viviendo en la zona. Ese año, con la creación del distrito, llegaron los colonos y con ellos el aumento del narcotráfico.
Un mes después de que se encontraran con el grupo de hombres que estaban haciendo una trocha, otro suceso volvió a alarmar a Camantavishi. A finales de diciembre, cuando el río Cutivireni, afluente del Ene, había crecido, los comuneros del anexo Alto Camantavishi vieron el cadáver de un hombre llegar a la orilla, entre las palizadas. “Tenía señales de haber sido apuñalado”, dijeron. No lo quisieron tocar. El mismo caudal del río se lo llevó.
En enero de este año, otro cadáver pasó flotando por las orillas. Tenía un tatuaje en el brazo. “Los cuerpos aparentemente no eran asháninkas, se trataría de personas extrañas que estarían en inmediaciones de la Reserva Comunal, es decir, río arriba”, consignaron en el acta de la asamblea que realizó la comunidad por estos hechos y que Salud con lupa pudo revisar. El Cutivireni nace en la Reserva y Camantavishi es una de las primeras comunidades por las que pasa.
“La comunidad acuerda por unanimidad reportar verbalmente a la autoridad militar para su conocimiento. Así mismo, a las fuerzas armadas intensificar los patrullajes y operativos en dicha zona con la finalidad de desactivar cualquier presencia de narcotraficantes y/o circuitos de mochileros”, registraron como conclusión de la asamblea. No obstante, hasta ahora no han recibido respuesta de las fuerzas armadas, afirman.
Las comunidades se mantienen vigilantes porque recuerdan el episodio más violento de su historia, ocurrido casi tres décadas atrás. Durante el conflicto armado interno, fallecieron aproximadamente 6 mil asháninkas, otros 10 mil fueron desplazados y cerca de 5 mil fueron secuestrados por Sendero Luminoso. De acuerdo a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, aproximadamente el 10% de la población asháninka murió por el terrorismo. En esa época, pudieron vencer con la formación de los “Ejércitos Asháninkas”, grupos armados con flechas, lanzas y escopetas de caza. Hoy, sin embargo, su capacidad de defensa está en riesgo.
Sin defensa
En febrero de este año, tres comuneros de Potsotincani —comunidad del distrito de Río Tambo— encontraron en las inmediaciones de la Reserva Comunal Asháninka un grupo de 30 a 40 personas foráneas, entre hombres y mujeres, que habían levantado un campamento. El grupo estaba armado y portaba unas mochilas abultadas.
Al ver a los comuneros les increparon qué hacían en el lugar. Asustados, se retiraron a buscar un lugar donde pasar la noche lejos de ellos. Al día siguiente, en la madrugada, partieron raudos para avisar a las autoridades comunales. Estas alertaron inmediatamente a la base militar de Valle Esmeralda. El comandante les dijo que iba a recabar información en el lugar, pero la comunidad indica que hasta la fecha no se han hecho presentes.
“La visita de las fuerzas armadas no es constante. Es una vez al mes o una vez trimestral. No patrullan como antes”, señala Angel Pedro Valerio. Cuando informan de algún hecho como el anteriormente narrado, dice, los militares les piden pruebas y coordenadas exactas. Esto es un problema para ellos pues no todas las comunidades cuentan con GPS, brújulas o cámaras.
“A pesar de que hemos informado lo de Potsotincani, no nos han hecho caso, no se ha quedado en nada”, afirma el dirigente de CARE. A raíz de lo sucedido, la comunidad ha solicitado el reconocimiento oficial de su Comité de Autodefensa. Sin embargo, este les fue negado. ¿El motivo? Les dijeron que, según los informes de inteligencia militar, la zona donde viven no es peligrosa y no está dentro de las rutas del narcotráfico ni de los remanentes de Sendero Luminoso. “A 45 minutos hay un centro poblado donde están sembrando coca, se llama Sol Naciente. Nos llama mucho la atención que digan que no hay [peligro] cuando el 60% de Sol Naciente se dedica al sembrado de hoja de coca”, declara Valerio.
De acuerdo al Decreto Supremo N° 77-92, que reglamenta los CAD, hay una serie de requisitos que se tienen que presentar ante la base militar de Valle Esmeralda para lograr el reconocimiento. Los militares, a su vez, solicitan información al servicio de inteligencia para identificar si hay presencia de narcotráfico o terrorismo en el lugar. Luego, el informe es remitido a la 31ª Brigada de Infantería del Ejército, con sede en Huancayo, y de ellos, al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ser reconocidos oficialmente significa para la comunidad tener apoyo y ser provistos de escopetas y municiones para su protección frente al narcotráfico en esta zona de emergencia.
Además de negarle el reconocimiento a Potsotincani, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas planea desactivar otros 6 CAD de comunidades indígenas, como parte de su nuevo Plan de Disolución y Desactivación de los Comités de Autodefensa. Este comprende, en total, la eliminación desde junio de 40 CAD de la cuenca del Ene, Tambo y Perené.
Salud con lupa pudo revisar oficios del Comando Especial del Vraem enviados a la Secretaría general del Ministerio de Defensa en abril de este año, en los que justifican su decisión alegando que los CAD de las comunidades asháninkas Pichiquia, Tziquireni, Samaniato, Centro Meteni, Boca Saureni y Osherato se encuentran desactivados en la práctica desde el 2019.
“No se han solicitado o realizado las gestiones administrativas para su renovación de vigencia de funcionamiento (...) No se ha corroborado el cumplimiento de sus funciones diarias debido a que no se encuentran cumpliendo con la remisión de su informe mensual”, se consigna en el documento. En algunos casos se indica que tampoco reportan el uso de las escopetas y que las comunidades se encuentran en zonas de riesgo moderado y no alto.
“No están tomando en cuenta que estamos en Estado de Emergencia. El 2020 ha sido un año muy difícil por el tema de la pandemia y las fuerzas armadas no estaban atendiendo al principio”, explica a Salud con lupa Irupe Cañari, abogada a cargo del área legal de CARE, consultada por los oficios.
Cañari explica que las comunidades no han contado con la logística necesaria para ir y venir a las bases militares a presentar los informes. Desde el inicio de la emergencia, los asháninkas se autoaislaron tomando rígidas medidas de inamovilidad. Nadie salía o entraba de las comunidades. La base militar antisubversiva Micaela Bastidas 79, por ejemplo, está a 5 horas de algunos centros poblados, el traslado en plena emergencia era muy complicado.
Con 310 casos de covid-19, Río Tambo es el segundo distrito de Satipo con más contagios. Es, además, el segundo distrito del Vraem con menor porcentaje de personas con acceso a una red pública de agua, a servicio de energía eléctrica y a instituciones educativas, según cifras de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). También está entre los seis distritos del valle con menor acceso a servicios de salud.
Este año las fronteras se abrieron parcialmente, pero el flujo comercial continúa bajo. Los jefes de las comunidades son los únicos que salen cada cierto tiempo para comprar lo necesario. La mayoría sobrevive de sus chacras. “Eso no está evaluando el Comando Conjunto. Y, más bien, prevalece para ellos un tema administrativo, burocrático, por sobre una situación real que sí importa”, dice Cañari.
La ausencia de las fuerzas armadas y la falta de reconocimiento a los CAD ha despertado el temor en los comuneros, quienes se sienten desprotegidos ante una posible incursión de los narcotraficantes en sus tierras. Están, en otras palabras, sin protección y sin defensa.
“Si no frenamos el avance de las invasiones en nuestro territorio ahora, va a llegar un momento en que no lo vamos a poder controlar y eso es ya lo que está pasando”, exclama Angel Pedro Valerio. Un clamor compartido por todas las comunidades indígenas del Vraem que el Estado debería escuchar.
