Catorce regiones usaron menos de la mitad de su presupuesto para prevenir el embarazo adolescente

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Catorce regiones usaron menos de la mitad de su presupuesto para prevenir el embarazo adolescente

El monto destinado a la prevención del embarazo en menores de edad aumentó en 6 millones de soles respecto al 2020; sin embargo, el gasto de dichos fondos avanza a un ritmo lento. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, casi el 70% de los establecimientos de salud supervisados carece de recursos para este fin en las regiones donde el problema es crítico.

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Aunque el embarazo adolescente disminuyó en un 5% en el 2021 respecto al año pasado, la mayoría de establecimientos de salud carece de presupuesto para atender a las menores que buscan ayuda. Flor Ruiz

Este año, el presupuesto asignado para realizar acciones de prevención frente al embarazo adolescente aumentó en más de seis millones con respecto al 2020. Sin embargo, una revisión de Salud con Lupa halló que, a junio de este año, 14 regiones (Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huánuco, La Libertad, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, Tacna y Tumbes) usaron menos de la mitad del presupuesto destinado para frenar este problema.

El caso de Tumbes preocupa porque solo ha destinado el 20% de su presupuesto inicial, que ya es bajo a comparación de otras regiones. Además, el año pasado, su presupuesto fue recortado a la mitad (de 10 mil a 5 mil soles), pese a encontrarse entre las diez regiones con más casos de embarazo adolescente, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) 2020. Hay otras tres que se encuentran en ese ranking: Cajamarca, Huánuco y Pasco, y ninguna de ellas ha usado más del 50% de su presupuesto para enfrentar el problema.

Una evidencia de las deficiencias en la administración del presupuesto en las regiones es el último informe de la Defensoría del Pueblo, elaborado con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Este muestra los preocupantes resultados de una supervisión a 57 establecimientos de salud de las diez regiones con más altos índices de embarazo adolescente, según la Endes 2018, entre junio y agosto de 2020.

Entre otros hallazgos, este documento revela que el 68% (39) de centros supervisados no cuenta con presupuesto destinado para la prevención del embarazo en menores de edad, razón por la que no estarían ofreciendo una adecuada información ni entregando los métodos anticonceptivos a los adolescentes que los requieran.

Sin este dinero, los establecimientos indicaron no poder cumplir con actividades como el contrato de personal exclusivo para el trabajo con adolescentes, la implementación y adecuación de ambientes únicos para abordar este problema en total confidencialidad, el desarrollo de actividades de fortalecimiento de capacidades, la realización de visitas domiciliarias y de labores de difusión como talleres, ferias informativas o pasacalles.

De los 18 centros de salud que sí aseguraron contar con un presupuesto asignado, 16 indicaron que el monto no era suficiente. Y solo uno de estos establecimientos pudo ejemplificar las actividades que venían realizando, como sesiones educativas.

El 33% de estos centros también aseguraron no contar con materiales de apoyo para brindar orientación y consejería sobre salud sexual y reproductiva a los adolescentes. Otro 28% señaló que, durante la emergencia nacional por la covid-19, su establecimiento no ofreció estos servicios. Ello, pese a que existe un presupuesto destinado para que la población en general acceda a servicios de consejería sobre la salud sexual y reproductiva. Del 2020 al 2021, este monto también ha aumentado en 25 millones de soles. Y el avance en la ejecución en lo que va del año es del 82%, según la página de transparencia del Gobierno.

“Avanzar en esta lucha sin un presupuesto asignado hace todo más lento”, dice Matilde Cobeña, adjunta para la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, quien recomienda al Ministerio de Salud (Minsa) respetar la Norma Técnica para la Atención Integral de Salud de Adolescentes, aprobada en octubre de 2019, en la que se indica que todos los establecimientos de salud deben contar con un equipo de profesionales destinados a atender a los adolescentes. Cobeña asegura que una adecuada información por parte del personal hacia los menores de edad es clave para enfrentar el embarazo adolescente no planeado. Pero para ello se necesita presupuesto.

Según el ministro de Salud, Óscar Ugarte, el presupuesto general para el sector que preside se ha visto reducido del 2020 al 2021 por parte del Congreso, por lo que sus esfuerzos en estos primeros seis meses se han orientado a elevar el monto.

El próximo gobierno deberá, entonces, seguir priorizando este problema social que afecta a las menores. En el 2020, de acuerdo con el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo del Minsa y del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec), en el 2020, hubo 24 niños nacidos de niñas entre 0 a 10 años. Esta cifra es casi el triple de los casos registrados en el 2019 (9). La alarma de estos casos se registra mayormente en las zonas rurales, indígenas o amazónicas, y en las menores que han tenido un menor acceso a la educación y se encuentran en situación de pobreza y exclusión.

Si bien el informe de la Defensoría se basa en la prevención del embarazo adolescente no planeado, que puede haber sido consentido, existe también el embarazo de menores víctimas de una violación sexual. Sobre este punto, dos informes de la organización Católicas por el Derecho a Decidir de este año en las regiones de Ayacucho y Ucayali indicaron que los establecimientos de salud carecen de presupuesto destinado para el aborto terapéutico, aprobado hace casi cien años, para evitar poner en riesgo la salud física y mental de las niñas y adolescentes que se ven obligadas a ser madres. En efecto, no existe una partida presupuestal destinada para la aplicación de la Guía de Aborto Terapéutico. Para realizar esta acción se viene usando el monto asignado a la Salud Materna Neonatal o la Salud Sexual y Reproductiva.

Datos que preocupan

Pese a los hallazgos de la Defensoría sobre la inadecuada distribución de presupuesto en los establecimientos de salud, Perú disminuyó en 5% el porcentaje de embarazos adolescentes luego de casi 30 años, según la Endes 2020. Es decir, si antes 13 de cada 100 mujeres de entre 15 a 19 años eran madres o quedaban embarazadas anualmente, ahora se reporta un promedio de ocho casos. Aunque esta reducción significa un avance en la lucha contra el embarazo de menores, para la Defensoría del Pueblo la pandemia de la covid-19 y otros factores podrían estar ocultando la dimensión real de este problema.

Para Matilde Cobeña, el Minsa y los gobiernos regionales deben realizar una investigación exhaustiva sobre cómo ha disminuido el embarazo adolescente y qué acciones tomaron las regiones donde las cifras se han visto reducidas. “Preocupa porque, durante la pandemia de la covid-19, los establecimientos de salud estuvieron cerrados y no hubo acceso a métodos anticonceptivos. No basta con un dato estadístico”, dice.

Esta preocupación aumenta porque el informe de la Defensoría reveló otros datos importantes que reflejan el olvido a la atención del embarazo adolescente en los centros de salud y educativos.

En la mayoría de los establecimientos de salud supervisados en Tumbes, Amazonas, San Martín, Madre de Dios, Cajamarca y Huánuco, se indicó que durante el estado de emergencia no se entregaron métodos anticonceptivos, incluida la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE). Tampoco se garantizó la provisión de los kits para la atención de casos de violencia sexual, ni se colocaron anuncios sobre la gratuidad de la atención y la entrega de métodos anticonceptivos. Otra razón para que no se entreguen estos métodos a los adolescentes fue que no todos contaban con el consentimiento de sus padres, cuando, de acuerdo a la normativa vigente, esto no debería ser un impedimento.

Las adolescentes temen que sus padres, madres o tutores se enteren del embarazo no planeado y muchas veces son juzgados por el propio personal de salud. Esto fue aceptado por los mismos profesionales entrevistados por la Defensoría. En el 80% de los establecimientos se reconoció que los menores tienen barreras para acceder a estos servicios.

Otro dato que destaca es que la mayoría de los establecimientos que incumplen con atender integralmente a los adolescentes y no ofrecen consejería o recomendación son los de primer y segundo nivel de atención (postas y centros de salud), cuando son estos los que un menor acudirá en primera instancia.

La inclusión al momento de brindar información es otro desafío pendiente en los establecimientos de salud. Solo en el 16% (9) indicó estar en capacidad de ofertar una atención bilingüe (quechua y español) en caso se requiera. Y solo el 9% (5) respondió que el personal de salud que brinda atención a la población adolescente puede comunicarse en lengua de señas.

Esto respondería nuevamente a un desconocimiento de las normas que deben cumplirse para brindar una atención integral a los adolescentes. En Amazonas, por ejemplo, más del 50% de los centros de salud supervisados tenían desconocimiento de estos documentos. También se reportó que menos de la mitad de profesionales de la salud entrevistados por regiones están capacitados en los diversos enfoques para abordar la salud sexual y reproductiva de los adolescentes, como el enfoque de género, de interculturalidad, de derechos humanos y ciudadanía y de inclusión social.

El informe también realizó una supervisión en 60 centros educativos y 10 colegios de alto rendimiento (COAR) de las mismas regiones que los establecimientos de salud inspeccionados y pudo hallar que el 68% de docentes no cuenta con lineamientos para brindar una adecuada educación sexual a sus alumnos. Y el 65% de los centros educativos tampoco tenían materiales o herramientas pedagógicas para ofrecer este derecho. El 50% de los COAR tampoco los tenían.

Finalmente el informe destacó que el 23% de colegios supervisados no realizó coordinaciones con el sector Salud para prevenir el embarazo adolescente. Desde el lado de los establecimientos de salud, el 70% de los inspeccionados dijo no realizar coordinaciones con otras instituciones. “El embarazo no planeado en adolescentes sigue siendo la expresión más dura de la injusticia social”, se lee en este informe defensorial. Prevenirlo es una tarea de todos.

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