La Comisión Investigadora del Congreso por el caso Vacunagate emitió su informe final. Como se preveía se ha determinado “una estrategia de favorecimiento al laboratorio chino Sinopharm”, gracias a la complicidad del Ministerio de Salud y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Instituto Nacional de Salud y el Comité Transitorio de Ética no solo aprobaron un protocolo de Ensayo Clínico irregular que contenía una cláusula que aseguraba una negociación comercial con Sinopharm, sino que en general el protocolo se modificó en muchas ocasiones a pedido de la Universidad Cayetano Heredia.
A propósito de esta universidad, el documento cuestiona que de los cinco ensayos clínicos que se están realizando en el Perú, este fue el único cuyo patrocinador y centro de investigación sea el mismo. “Por ello el laboratorio de Sinopharm le entregó a la Universidad Cayetano Heredia 10,243.856 millones de dólares”.
Se ha confirmado también que el embarque de las dosis se realizó en China el 30 de agosto, un día antes de que la Digemid autorizara la importación y, además, que las principales autoridades de las instituciones públicas como Pilar Mazzetti, exministra de Salud; César Cabezas, exjefe del INS; Carmen Ponce, aún directora de Digemid y Mario López, exministro de Relaciones Exteriores tenían pleno conocimiento del lote extra de vacunas que ofrecía Sinopharm. Es más, “gracias al asesoramiento (de la doctora Ponce), la titular de Digemid, es que se logra el ingreso de las 3,200 dosis”.
Una de las revelaciones más graves: no fueron 12 mil los voluntarios del Ensayo Clínico Fase III. Las cuentas indican que 11,982 personas recibieron la primera dosis y 11,668 la segunda. Además de ese saldo pendiente de 350 dosis, se camuflaron 3,200 ‘vacunas de emergencia’ de las cuales 1,200 fueron entregadas a la Embajada de China. Según los investigadores del ensayo ellos solo solicitaron 800 vacunas para inmunizar a 400 personas de su equipo, pero “los políticos las incrementaron hasta 3,200”. Por si fuera poco, estas 3,200 dosis ingresaron al país sin contar con registro sanitario en el Perú ni en China.
Se ha determinado que la Comisión Multisectorial, creada bajo la Resolución Ministerial N° 079-2020-RE, que debía encargarse del seguimiento de las vacunas y los tratamientos contra la covid-19 no cumplió sus funciones debido a que sus miembros tenían conflictos de intereses. El informe alude a Fabiola León Velarde, representante de Concytec quien a su vez era investigadora de la Cayetano Heredia, y a Alejandro Bussalleu, exvicerector de investigación de la misma universidad. Sobre León Velarde dice lo siguiente: “se presume que la exdirectora de Concytec habría favorecido a su alma mater, dirección el interés del laboratorio chino hacia la UPCH, con el único propósito de beneficiar a la citada casa de estudios y obtener el reconocimiento científico a nivel mundial”.
La Comisión Multisectorial, además, no ha ayudado a esclarecer los hechos. De sus 22 sesiones, la Comisión Investigadora solo ha tenido acceso a 16 actas de la comisión. “Por lo tanto (esta comisión) es una simple fachada para gestionar no solo las compras de las vacunas sino para avalar por una parte el Ensayo Clínico que, a todas luces, representaba el estudio de investigación más importante por la magnitud de los voluntarios y por lo que representaba en medio de la pandemia”.
Además de enfatizar que el INS y la Universidad Cayetano Heredia incumplieron sus responsabilidades, el informe indica que Germán Málaga, el investigador principal del ensayo, violó todas las normas nacionales e internacionales relacionadas a ensayos clínicos en el mundo. “Mal utilizando el encargo del jefe del ensayo clínico, sin reportar a nadie de sus actos, puso en riesgo un importante estudio en medio de una pandemia que cuesta miles de vidas”.
Ciento dieciséis servidores públicos y 354 personas particulares se beneficiaron del Vacunagate. Entre ellos el expresidente Martín Vizcarra del cual se ha comprobado que jamás tuvo la condición de voluntario. La comisión, sin embargo, tiene un pendiente: no ha podido determinar el uso de las 1,200 dosis que fueron transferidas a la Embajada de China. Aunque se le citó para que hiciera sus descargos, Liang Yu, el embajador de China en el Perú, no concurrió ni acusó recibo a la Comisión Investigadora.
