A las 7 de la noche del martes 24 de marzo de 2020, Saúl Soriano recibió una llamada de una funcionaria del Hospital General Guasmo Sur de Guayaquil: su padre, internado ahí hacía apenas cinco horas, había muerto. Como estaba vigente el toque de queda decretado por el gobierno nacional por la emergencia sanitaria de COVID-19, Saúl Soriano esperó hasta la mañana siguiente para ir al hospital. Cuando llegó, le dieron un documento del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Inec) llamado Informe Estadístico Fallecido para que haga el trámite que le permitiría que le devuelvan los restos de su padre. Han pasado nueve días, y Saúl y su hermana Allison aún reclaman el cadáver de José Francisco Soriano, un jubilado que murió a sus 73 años —según su certificado de defunción— por “neumonía adquirida de la comunidad grave”.
La mañana en que Saúl recibió los papeles para tramitar el entierro de su padre, fue a Jardines de Esperanza —un camposanto y funeraria guayaquileño— en el que José Francisco Soriano habría contratado, años antes, un seguro exequial. Les entregó los documentos y un empleado funerario le dijo que ellos se encargarían de retirar el cuerpo, y que lo llamarían cuando “esté todo listo”.
Pero pasaron cuatro días. El domingo, preocupado, Saúl intentó contactarse con la funeraria. Al día siguiente regresó a Jardines de Esperanza, donde le dijeron que todos días habían ido al hospital: nunca habían tenido una respuesta sobre el cuerpo de su papá. Desde el lunes 30 de marzo hasta antes de ayer, 1 abril, Saúl ha ido a diario al Hospital Guasmo Sur para reclamar por su padre. (Fue imposible contactarme con Jardines de la Esperanza, en sus líneas telefónicas se escucha una grabación tras la cual, después de 30 minutos, nadie atiende la llamada).
Saúl no es el único. Los familiares de al menos otros nueve fallecidos exigen lo mismo: que les entreguen los cuerpos de sus madres, padres, tíos, hijos, hermanas, para poder enterrarlos, despedirse de ellos, y darle cierre a la tragedia.
Además del de José Francisco Soriano, se buscan los cadáveres de Williams Arreaga Rojas de 76 años, Jacinta Marlene Masabanda de 51, Tito Rodolfo Pilay de 42, Enrique Razo de 84, María de la Cruz Basurto de 69, Daysi Pincay de 57, Freddy Ramírez de 44, y César Augusto Parrales de 63. Todos fallecieron entre el 24 y 26 de marzo de 2020 en el Hospital General Guasmo Sur, un extenso barrio popular en Guayaquil, la ciudad más golpeada por la enfermedad COVID-19 en todo el Ecuador: hasta el 3 de abril de 2020 cuenta 1638 casos confirmados, de los 3368 de todo el país. Hasta esa fecha había en Guayas, la provincia de la que Guayaquil es la capital, 102 de los 145 muertos, según las cifras oficiales nacionales.
La cifra resulta inverosímil. El Registro Civil local está emitiendo siete veces más partidas de defunción de lo que, en promedio, hace. El lunes 30 de marzo, el concejal guayaquileño Andrés Guschmer dijo en Twitter “Ya son más de 400 víctimas mortales que han sido retiradas de sus hogares hasta esta hora del día lunes”. Pero no especificó en qué lapso se recogieron esos cuerpos. Jorge Wated, el presidente del directorio de BAN Ecuador —a quien el gobierno nacional ha asignado la recolección de los cadáveres— dijo el miércoles 1 de abril que pasaron de recoger 30 cuerpos diarios a 150, solo en Guayaquil. Muchas personas mueren sin hacerse la prueba por lo que sus decesos no entran a la estadística oficial de COVID-19 en el Ecuador (algo que el Estado deberá transparentar para honrar su memoria y la verdad histórica). “¿Por qué nos hacen padecer el doble? Porque no solo es el dolor de perder a nuestro familiar sino que estamos padeciendo por no encontrarlo”, dice vía telefónica, Allison Soriano, la hermana de Saúl. Todos los días, dice, una persona distinta del hospital sale a dar información a quienes reclaman. Hay otros días en que nadie da la cara.
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Uno puede morir en su casa o fuera de ella. Cerca de la mitad de personas que mueren a diario en el Ecuador, fallece en su domicilio. Cuando una persona muere en un hospital público, el familiar debe ir al departamento de Estadística donde le entregan el Informe Estadístico Fallecido del Inec —como el que le dieron a Saúl Soriano con los datos de su padre— que luego debe presentar en el Registro Civil. Allí, el familiar inscribe al fallecido y con esos papeles y un arreglo con una funeraria, vuelve al hospital y retira el cuerpo.
Dura, según un funcionario del Ministerio de Salud que pidió no ser identificado, un máximo de dos días. Ese es el procedimiento y plazo que debería haberle tomado a Jesenia Masabanda retirar el cuerpo de su hermana del hospital Guasmo Sur.
Jacinta Marlene Masabanda murió a los 51 años, el 25 de marzo a las 11 y 45 de la noche. Desde el día siguiente, su hermana ha ido todos los días al hospital para reclamar su cadáver. Jesenia Masabanda no logra conciliar el sueño desde entonces y sufre ataques de pánico.
— El viernes 27 que estuve ahí, nos metimos a la fuerza, hasta el fondo y alguien obligó a que abran un container. Ahí encontraron cuerpos del 25 [de marzo] pero ya todos estaban en estado de descomposición. Imagínese lo que me ha tocado ver”, escribe vía Whatsapp, Jesenia Masabanda.
Para entrar le dijo al guardia de seguridad que iba a Admisiones. Con otras dos personas, corrió hacia la morgue pensando que allí estaban los muertos. “Un señor nos dijo, ‘cálmese’ que ahorita los ayudo y ahí abrieron el contenedor, y salió un olor insoportable”, recuerda Jesenia Masabanda.
Containers y contenedores son dos palabras que se repiten entre los familiares. “Hay dos contenedores que no los quieren abrir, eso nos dicen personas de funerarias”, dice Allison Soriano. “Los señores camilleros que estaban de turno el lunes nos supieron decir que a los cuerpos del miércoles [25 de marzo] los estaban poniendo en un contenedor que estaba a un costado del hospital”, dice un hombre que prefiere mantener el anonimato por miedo a represalias, y me envía una fotografía en la que se ve a un guardia con uniforme negro de pie junto a una reja gris y gruesa. Al fondo se ven tres contenedores —de aquellos que se usan para la carga de productos que necesitan refrigeración. Son altos y rectangulares, y están uno al lado del otro. “Ahí están los muertos”, dice el mismo hombre.
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Siete días después de que murió Tito Rodolfo Pilay, de 42 años, su familia aún lo reclama. Christian Lino Baque, su sobrino, dice que el 27 de marzo —un día después de que su tío falleciera— fue a hacer el papeleo para sacar su cuerpo.
Llegó en la mañana, pero recién al final del día le entregaron un documento —el Informe Estadístico Fallecido del Inec— para que tramitara el certificado de defunción en el Registro Civil. “El domingo, mi tío José Luis fue al Registro Civil y volvió al hospital para terminar con el papeleo, y le dijeron que le iban a entregar el cuerpo. Pero nada hasta la fecha”, dice Christian Lino. Junto a él, el hermano, el papá y la esposa de Tito Rodolfo Pilay se turnan en su asistencia al hospital.
Williams Arreaga se llama igual que su padre, que falleció el 26 de marzo de 2020 en el hospital Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). “Murió ahí y luego lo trasladaron al del Guasmo y nos dijeron que allá lo retiremos”, dice Arreaga. El Teodoro Maldonado está a quince minutos del hospital del Guasmo Sur, pero el traslado se ha convertido en un viaje hacia la incertidumbre para la familia Arreaga. “Desde entonces estamos viniendo todos los días a que nos entreguen el cuerpo de mi papá”, dice Williams Arreaga.
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El peregrinaje diario de las personas que exigen la devolución de los cuerpos de sus familiares —que tienen entre diez y ocho días de fallecidos— se convierte en una improvisada vigilia a los grandes portones del hospital. En un video enviado por uno de los familiares, se ve a al menos treinta personas de pie, con mascarillas y guantes.
—¡Dónde está el administrador, que salga, que explique, tenemos que hablar con el administrador!, grita uno.
—¡Queremos ver nuestros muertos, nadie nos dice nada!, grita otro. No aparecen.
De pronto, alguien grita una idea temeraria:
— Vámonos metiendo de una, por el techo al fondo, nadie nos va a mandar preso, estamos reclamando lo justo.
En otro video, en cambio, hay silencio. Quien sostiene el celular dice “Eso, miren cómo estamos aquí, graba toda la gente, de arriba para abajo, enfoca la morgue, eso, ahí es la morgue, no hay nadie”. De fondo, los pájaros cantan, indiferentes a la tragedia.
En ese video se ve, sobre la calle de adoquín rojo a unas diez personas, algunas paradas, otras sentadas en la vereda. Todas llevan la ropa que su luto aplazado les ha impuesto: máscaras y guantes, algunos hasta un gorro quirúrgico. Un hombre ha improvisado su equipo de protección: una funda negra de basura como camisa y dos fundas, sostenidas con ligas de papelería, para cubrirse los zapatos. En su mano, todos, llevan un papel —es el papel que, se supone, deben entregar para que les devuelvan a sus muertos.
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En su esfuerzo desesperado por recuperar a sus familiares, los dolientes se han agrupado para apoyarse y compartir información sobre lo que viven en las afueras del hospital. El lunes 30 de marzo de 2020 crearon un grupo de Whatsapp llamado Hospital Guasmo Sur. “Se formó después de ver que la irresponsabilidad de los doctores que no ayudan, después de ver pura mentira”, escribe por Whatsapp Darío Figueroa, quien perdió a su madre, Santa Mariana Barzola, de 59 años, el 28 de marzo. Él y su hermano Darwin estuvieron —casi sin comida, sin bañarse, sin descansar— desde el 29 hasta el 31 de marzo afuera del hospital.
Ese martes 31, un conocido que trabaja en el hospital los ayudó a encontrar el cuerpo de Santa Mariana Barzola. “Él se puso a buscar minuciosamente entre los cuerpos, yo le di el número de cédula y ahí pudo encontrarlo gracias a Dios, y lo ayudaron para sacarlo”, dice Darío Figueroa. Aunque ya enterraron a su madre, él y su hermano Darwin siguen apoyando a sus compañeros del grupo de Whatsapp. Saben cuán urgente necesitan respuestas.
Darío Figueroa dice que en los últimos días, quienes han perdido a sus familiares en el mismo hospital, sí han podido recuperar los cadáveres. “Están sacando los cuerpos actuales, los del 24, 25, 26, 27 de marzo los están dejando ahí porque no saben cómo hacer”, dice. Al parecer, por la falta de protocolos de los primeros días, varios cuerpos no han sido entregado a los familiares desesperados por darles una sepultura digna según sus tradiciones y creencias. El Protocolo para la manipulación y disposición final de cadáveres con antecedente y presunción COVID-19 Hospitalario fue modificado, por última vez, el 1 de abril de 2020, ocho días después de que muriera el padre de Saúl Soriano. Antes, el 24 de marzo, tuvo también una modificación.
En el documento, de 28 páginas, se especifican los dispositivos e insumos para la disposición de los cadáveres: “Bolsa sanitaria estandarizada biodegradable de cadáver, con cremallera (cierre), a prueba de derrames de fluidos biológicos y exposición a olores, resistente a la humedad e impermeable”. Pero ninguno de los nueve cuerpos que los familiares reclaman habrían sido sometidos a este procedimiento.
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“Compañeros, buenos días, el hospital apesta”, es el primer mensaje que llega en el grupo de Whatsapp a las 6:25 de la mañana del hoy, viernes 3 de abril. Lo escribe Rosa Quinde, la nieta de Enriqueta Razo, que murió hace nueve días. Hoy, como hace ocho días, Rosa Quinde está al pie del hospital, reclamando el cuerpo de su abuela.
Dos minutos después, Jesenia Masabanda escribe: “Por favor, amigos, si llegaran a escuchar Masabanda Rodríguez Jacinta, me avisan. Hoy amanecí mal, y no podré ir hasta mañana”. Masabanda dice “si llegan a escuchar” porque todos los días, un empleado del Hospital sale por esa puerta que los familiares custodian y lee una lista con los nombres de los fallecidos cuyos cuerpos pueden ser retirados. Hace 10, 8 y 9 días que los familiares, que comparten su angustia en un grupo de Whatsapp, regresan a su casa sin haber escuchado nombrar a su ser querido.
Mientras los familiares de los muertos pasan entre las seis de la mañana y las dos de la tarde en las afueras del hospital, algunos se lamentan si pudieron hacer “las cosas mejor” para recuperar el cuerpo. “Creo que fue mi error el día en que lo dejé en manos de la funeraria porque perdí línea con el Hospital, debí haberme quedado a decir ‘tengo los papeles’”, se lamenta Saúl Soriano. Saúl dice que va a demandar al hospital y al Estado si el cuerpo de su padre no aparece. “Yo la verdad no voy a parar con este caso”.
Y mientras los familiares viven en la angustia y hasta se reprochan, una funcionaria del Ministerio de Salud dice que toda entrevista deberá ser pedida por correo electrónico, incluyendo el cuestionario de preguntas para gestionar “la entrega de la información”: entregar respuestas en situaciones de emergencia parece no ser una prioridad. Mientras tanto, la gente que reclama a sus muertos seguirá al pie del hospital.
Este artículo fue originalmente publicado por el medio GK y lo republicamos con su autorización.
