En la misma semana que colectivos de padres de familia alistaban marchas para reclamar el regreso de los niños y adolescentes a la escuelas, el Gobierno declaró en emergencia a la educación pública para adoptar una serie de medidas urgentes que eleven su calidad y acelerar el regreso a las clases presenciales tras un largo año y medio de programas a distancia debido a la pandemia de covid-19.
La medida, una promesa de campaña del presidente Pedro Castillo, ha sido adoptada por un año, hasta el segundo semestre del curso de 2022, ante "la pérdida significativa de los aprendizajes y la afectación de la situación socioemocional de los estudiantes". Asimismo, "la interrupción y el riesgo de abandono de estudios ha evidenciado la necesidad de fortalecer la labor docente y de reducir la brecha de conectividad que limita el acceso a la educación", según precisa el decreto publicado en el boletín de normas legales de El Peruano.
El Perú es uno de los pocos países de América Latina que aún no ha abierto todos sus colegios, tanto públicos como privados. Según un análisis realizado por la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio, de 17 países de la región, 11 han empezado el proceso de reinicio de clases desde febrero del 2021, 2 han abierto solo algunas de sus escuelas (Ecuador y Perú) y tres mantienen todas sus instituciones educativas cerradas (Honduras Panamá y Venezuela).
Para Argentina, Brasil, Chile y Ecuador es la segunda vez que reinician clases. En marzo, estos cuatro países tuvieron que suspenderlas, debido al repunte de los contagios por covid-19. Esta misma situación se ha vivido en países europeos como España, Francia y Reino Unido, donde la tercera ola llevó a que se cerraran algunas escuelas. No obstante, a la fecha, la mayoría de países de esta región han iniciado el retorno a las clases presenciales. En Estados Unidos la situación es diferente en cada uno de sus estados. Sin embargo, el Gobierno ha dado la autorización para que los padres de familia elijan si las clases de sus hijos son 100% presenciales o las cursan de manera virtual.
Recuperar lo perdido
El Decreto Supremo 014-2021 establece que, en un plazo de 20 días, el Ministerio de Educación aprobará un plan que detallará las medidas a adoptarse para enfrentar la emergencia educativa. Dichas acciones se desarrollarán hasta junio del 2022.
El plan contempla el retorno a las clases presenciales, el cual —según el decreto supremo— será “gradual, flexible, seguro y voluntario”. Este proceso será acompañado por estrategias pedagógicas para el desarrollo de competencias y para la reinserción educativa, por acciones de soporte socioemocional y por el mejoramiento de las condiciones de infraestructura en las escuelas para ofrecer un servicio educativo diversificado.
El segundo eje del plan de emergencia educativa será el desarrollo profesional docente. Esto implica fortalecer estrategias de bienestar, formación, reconocimiento y mejora de las condiciones laborales de los docentes, además de promover el perfeccionamiento de la Carrera Pública Magisterial.
El plan también tendrá el objetivo de impulsar la innovación educativa con el uso de tecnologías. En paralelo, deberá establecer las condiciones adecuadas para brindar acceso a una formación certificable que permita mejorar la calificación y la competitividad a lo largo de la vida.
De acuerdo con el decreto supremo, el cuarto eje del plan de emergencia apunta a impulsar la implementación de las modalidades de educación a distancia y semipresencial con el propósito de fortalecer la educación superior y de ofrecer educación técnico-productiva de calidad.
Otra prioridad del plan será la atención integral de las poblaciones rurales, indígenas y afroperuanas, así como de las personas con discapacidad. Para ello, se deberán mejorar las condiciones en que operan las escuelas y los programas educativos y se propiciará la participación de los padres de familia y de la comunidad.
El decreto supremo, firmado por el ministro de Educación, Juan Cadillo, señala que se consolidará la articulación intergubernamental e intersectorial, se modernizará la gestión educativa en las instancias descentralizadas y se organizará el servicio educativo desde los territorios. En esa línea, se divulgarán e impulsarán buenas prácticas de gestión educativa territorial.
Sin clases presenciales
La gran mayoría de estudiantes de primaria y secundaria y la totalidad de los universitarios llevan sin clases presenciales desde diciembre de 2019, pues el confinamiento por la covid-19 comenzó cuando los alumnos se alistaban para iniciar el curso escolar de 2020.
Según el Banco Mundial, los niños peruanos perderían 1,7 años de escolaridad, cifra que está por encima del promedio regional de 1,3 años. La brecha de acceso a Internet, televisión y radio ha generado que los alumnos con menos recursos y en lugares más alejados sean los que más sufren. Incluso en los lugares con más recursos, la educación no presencial ha sido retadora.
Solo en algunas escuelas rurales se reanudaron las clases presenciales a partir de abril de 2021, bajo unos protocolos que resultan difíciles de cumplir en las grandes ciudades, donde el número de alumnos por aula es mucho mayor. Así, la gran mayoría de escuelas a nivel nacional continúan cerradas mientras que ya han reabierto otras actividades como los cines, teatros y gimnasios.
Dentro del proceso de vacunación, los profesores no fueron considerados como un grupo prioritario y no se espera que los estudiantes estén vacunados hasta por lo menos fines de este año. Sin embargo, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, señaló a comienzos de agosto que la vacunación contra la covid-19 para docentes de zonas urbanas empezará en octubre. “Está programado empezar a vacunar a todos los maestros en las zonas urbanas en octubre para estar en condiciones, apenas se pueda, desde el punto de vista epidemiológico, el retorno a clases presenciales”, declaró.
