Aún hoy, un año después de decretado el Estado de Emergencia en el Perú a causa del nuevo coronavirus, son pocas las respuestas sobre los pueblos indígenas amazónicos. Más allá de los reportes de las direcciones regionales de salud y los gobiernos regionales que reaccionaron tardíamente no existe ningún informe oficial sobre el grado de afectación y las pérdidas humanas. A ello se suma los diversos niveles de exclusión y los peligros a los que están expuestos desde tiempos remotos.
Tal es el caso de los cacataibos —un pueblo indígena de la amazonía peruana asentado en los ríos Aguaytía, San Alejandro, Shamboyacu, Zúngaroyacu, y afluentes del Pachitea en Ucayali— cuyos líderes han sido asesinados en medio de la más absoluta impunidad. El dirigente Herlín Odicio cuenta que desde que se hizo cargo de la Federación Nativa de Comunidades Cacataibo (Fenacoca), una organización que reúne a nueve comunidades donde viven alrededor de 10 mil nativos, se prometió que no volvería a suceder. Que levantaría su voz en busca de justicia.
Desde abril de 2020 hasta la fecha han sido asesinados cuatro cacataibos y dos indígenas de la etnia asháninka por plantarle cara al narcotráfico, la tala ilegal y la invasión de foráneos que han llegado a estos bosques con fines turbios.
Todo comenzó con la muerte de Arbildo Meléndez, jefe de la comunidad de Unipacuyacu el 12 de abril de 2020. Le sucedió la de Santiago Vega, de la comunidad de Sinchi Roca, el 25 de julio. Hace algunas semanas, ya en pleno 2021, Yenes Ríos, de la comunidad de Puerto Nuevo, y Herasmo García, primo hermano del apu de Sinchi Roca fueron secuestrados, torturados y acribillados con disparos en la cabeza en zonas colindantes y en un lapso de tiempo bastante corto.
“Estamos como en los años 90”, dice Herlín Odicio a EFE en alusión a la persecución de los pueblos indígena amazónicos por Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Ello provocó un desplazamiento forzado de millones nativos para evitar ser torturados, esclavizados o ultimados.
Odicio sostiene que esta zona, ubicada entre las regiones de Ucayali y Huánuco, se ha convertido en los últimos años en uno de los principales núcleos de tala ilegal y narcotráfico. “Ya es un segundo VRAEM”, dice Odicio refiriéndose al Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (zona repartida entre el Cuzco, Ayacucho, Junín y Huancavelica) donde se fabrica el 70% de las 411 toneladas de droga que el Perú exporta anualmente. Hecho por el que somos considerados el segundo productor mundial de cocaína, solo por detrás de Colombia.
Odicio señala directamente a las direcciones de Agricultura de Huánuco y Ucayali de darles carta libre a las mafias para invadir sus tierras. “Son migrantes de diferentes regiones que vienen con el cuento de poner cultivos alternativos a la hoja de coca (…) Pero terminando poniendo cultivos ilícitos pozas de maceración, fabrican cocaína e incluso hay pistas de aterrizaje clandestinas”, señala.
Se trata de los denominados ‘narcovuelos’ que no son otra cosa que avionetas clandestinas que aterrizan en la zona para transportar toneladas de cocaína a países vecinos como Brasil y Bolivia. Tan es así que han penetrado en la Reserva Indígena Cacataibo, un área natural protegida donde viven personas en aislamiento voluntario.
“No nos queda otra cosa que la Justicia indígena, que puede funcionar mejor que la Justicia peruana”, sostiene Odicio. “Solo nos queda unirnos, hacer fuerza como pueblos originarios ya que el Estado no nos hace caso. Como pueblos indígenas siempre hemos prevalecido unidos”, agrega. Proteger los bosques, acceder a los servicios básicos como cualquier otro ciudadano y vivir en armonía es todo lo que piden.
