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El Salvador inicia vacunación a docentes y organiza cómo llegar a la población adulta mayor

El 66 % de las muertes oficiales por covid-19 corresponde a personas mayores de 60 años. Se suponía que esta población era la segunda prioridad para la vacunación, pero el Ministerio de Salud se concentrará, a partir de hoy, en cubrir a los maestros y personal administrativo del sector educativo. En los asilos aún esperan el informe de cómo se garantizará las vacunas.

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Enfermeras toman datos personales de maestros de escuelas públicas para la vacunación contra la Covid-19 hoy, en una unidad de salud comunitaria, en Cuscatancingo (El Salvador). EFE/ Rodrigo Sura

¿El procedimiento para vacunarse cuándo?”, preguntó Carlos Espinoza, la mañana del lunes 29 de marzo, a la cuenta de Twitter del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). “Soy pensionado del ISSS, tengo 79 años. Diabético, hipertenso e inicio de cirrosis. Visito el ISSS de Zacamil. Solicito información para vacunarme”, terminó el tuit. La respuesta le llegó casi de inmediato, pero la misma no terminó de despejar la duda: “Se dará a conocer cuándo será el proceso de vacunación para la población cuando finalice la colocación de vacuna al sector salud, PNC, Fuerza Armada y maestros”, le escribieron desde el usuario de la institución: @isss_gob_sv.

De los 6.7 millones de salvadoreños, más de 700,000 están arriba de los 60 años de edad, según la encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples de 2019; y se encuentran, al igual que Carlos, sin conocer los detalles de cómo el gobierno de El Salvador organizará la distribución de la vacuna a este segmento poblacional que representa el 11.4% de la población.

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Fuente: Dirección de Vigilancia Sanitaria del Minsal. Informe de Junio 2020 con informe de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 2019.

En otros países como Perú, los adultos mayores fueron incluidos en el segundo grupo de prioridad luego de que epidemiólogos independientes cuestionaron el orden del plan de vacunación. En Centroamérica, Costa Rica, que recibió el primer lote el 23 de diciembre de 2020, siguió la guía que dictó la Organización Mundial de la Salud (OMS) de atender a la población mayor de 60 años en primera instancia.

En El Salvador, los datos para entender las decisiones en torno a este tema son cada vez más escasos y se van revelando como anuncios sorpresas en la cuenta de Twitter del presidente. Desde el 11 de marzo, el Ministerio de Salud (Minsal) declaró reservados los contratos de compra por un periodo de cinco años. En el discurso oficial se maneja que se han habilitado 162 centros de vacunación; sin embargo, el registro de cabinas destinadas a la vacunación y el plan nacional de distribución no será posible conocerlos hasta después de tres años, porque también fueron ingresados al Índice de Información Reservada.

El 17 de febrero, cuando arrancó la campaña de vacunación, el presidente Nayib Bukele dijo que seguiría el orden recomendado por la OMS. “Después de primera línea, vienen las personas con comorbilidades. Luego, las personas mayores de edad, el resto de la población y por último yo. Lo importante es que hemos hecho una priorización como debe ser. Se ha hecho todo bien, de la mejor manera posible”, indicó. Fue allí donde se bosquejó el orden de los grupos a vacunar, porque el Plan Nacional de Vacunación, un documento que deje claro las fases y recursos disponibles, nunca fue publicado.

Hasta el 22 de marzo, El Salvador había recibido 105,080 vacunas, las cuales alcanzaban para cubrir la primera dosis al personal médico y administrativo del sector salud, tanto público como privado, así como para el de seguridad pública y el ejército.

La tarde del sábado 27 de marzo Nayib Bukele tuiteó que debía comunicar una buena noticia. El martes 30 de marzo comenzaría la vacunación de más de 50,000 maestros del sector público. Y continuó el hilo de tuits con otros grupos objetivo: personal administrativo y trabajadores de institutos, colegios y universidades, e incluso a los periodistas también serán vacunados en esta fase, dijo. Sin embargo, la atención prioritaria de los mayores de 60 años ha quedado postergada para mediados de abril.

A inicios de año, ante la incertidumbre de la llegada de la vacuna, el gobierno informó que se mantendría la modalidad virtual de enseñanza y prometió que el Estado entregaría una computadora a cada uno de los 1.2 millones de estudiantes, pero el 10 de marzo también modificó este plan. Después de varios días de críticas en redes sociales en los que se mostraba cómo los bares, discotecas y estadios funcionan casi con normalidad mientras las escuelas siguen cerradas, el Ministerio de Educación (MINED) anunció una modalidad semipresencial. Los alumnos tienen la opción de seguir en línea o viajar a su escuela, pero los maestros tienen la obligación de atender a los que lleguen al aula y darle atención a los que sigan sus estudios por internet.

Esta decisión puso a debatir a los maestros sobre sus responsabilidades y generó cuestionamiento hacia el gobierno sobre el riesgo al que se les estaba exponiendo con este cambio. Y entonces, el sábado 27 de marzo, se comunicó que los maestros irían primero en la fila.

Según los cálculos del gobierno, se vacunará a 8,000 docentes por día a partir del martes 30 de marzo, y los 50,000 maestros habrán sido inmunizados antes del inicio del año escolar, el martes 6 de abril. Para ello, el gobierno reveló otra noticia. El Salvador había comprado dos millones de vacunas contra la covid-19 a China.

“A partir de mañana, contaremos con cantidades de vacunas suficientes para todos los mayores de edad y las personas con enfermedades crónicas. Iniciaremos con su vacunación el jueves 15 de abril.”, escribió el mandatario. Efectivamente, el domingo 28 de marzo arribó el primer cargamento de Coronavac que envió la farmacéutica Sinovac.

La gráfica de vacunaciones diarias se irá para arriba con la llegada de un millón de dosis, y el gobierno está listo para colgarse una medalla. "Somos el país que abrirá las escuelas con sus maestros inmunizados", dijo la ministra Carla Hananía, este martes, horas antes de que arrancara el proceso.

Pero lo cierto es que el grupo más vulnerable después del personal de primera línea aún le tomará unos días terminar de entender cómo está organizado el sistema y cuándo le llegará su turno.

El ministro de Salud, Francisco Alabí, lanzó una pista en uno de los programas de entrevistas del canal oficial. “Efectivamente, para la fecha que dijo el presidente, se cuenta con un plan y vamos a ir priorizando por edades, primero la van a recibir los mayores de 90 años, después lo mayores de 80 años y así progresivamente hasta los 50 años. Existe disposición, el sistema de emergencias médicas, el 132, el cual va a dar todo el apoyo para coordinar esas citas y todo lo correspondiente al proceso de esta segunda fase”, indicó Alabí el lunes por la mañana al responder la pregunta de cómo será la logística a partir del 15 de abril.

Al llamar al 132, efectivamente, la opción 5 está reservada para consultas sobre citas de vacunación. En uno de varios intentos, un operador de nombre Manuel indicó que el martes 6 de abril se puede llamar para confirmar si esa persona, de acuerdo al número de identificación personal (dui), ya está en el listado para asignarle la fecha y centro de vacunación. Pero el sistema aún no está claro. Otros ciudadanos que lo intentaron les tomaron datos y les dijeron que estuvieran atentos, que pronto les asignarán un cupo.

“Para mí lo importante es que se vacune la mayor cantidad de gente (en especial las personas de riesgo), en el menor tiempo posible, y sea con Coronavac, AstraZeneca o Covishield”, dice el doctor Guillermo Argueta, con maestría en Salud Pública y diplomados en epidemiología. Lamenta que nunca se haya brindado una explicación técnica de lo que se va a realizando para lograr objetivos sanitarios: “Seguimos especulando porque no tenemos una página de registro que diga cuántos centros están activos, cuántas dosis han colocado, en donde las ha colocado ni mucho menos a quién se las han puesto”, afirma.

La falta de transparencia no permite medir si realmente se está avanzando con criterios epidemiológicos o respondiendo a cuestionamientos de la opinión pública. “Lo que ha ocurrido todos estos meses es que el presidente publica un tuit y luego sale el ministro a explicar qué es lo que quiso decir”, señala Argueta, quien también se desempeña como catedrático universitario.

Hasta la fecha de esta publicación, El Salvador reportaba oficialmente 2,006 fallecidos por covid-19. Como en todos los países, esta cifra esconde un subregistro ya que no hubo facilidades para confirmar las muertes por covid-19 y muchos de los fallecidos se enterraron con sospecha de covid o neumonía atípica o insuficiencia renal.

Según el seguimiento realizado por Fundaungo, hasta el 14 de marzo, el 61.4 % de los fallecidos había sido hombres y el 38.3 % mujeres. En el 0.3 % de los casos no se reportó el sexo. Los dos grupos de edad más afectados han sido el de 60 a 79 años con el 48.6 % de las muertes, y el rango de 80 años o más con 17.4% de las muertes. “Se aclara que esta información desagregada no la proporciona el gobierno en su plataforma oficial, parte de datos difundidos a través de las cuentas oficiales del presidente y el Ministro de Salud”, dice el Boletín Estadístico número 26 de la organización.

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Fuente: Boletín Estadísitico #26 de Seguimiento a la epidemia Covid-19 de Fundaungo

De hecho, el Ministerio de Salud nunca ha presentado un informe que permita entender el impacto de la epidemia por grupos etarios, enfermedades previas, municipios, entre otras categorías. Tampoco se conocen detalles de cuántas personas llamaron al 132 para reportar síntomas, de qué zonas del país, y cuántas de las que recibieron tratamiento preventivo pasaron a etapa moderada o grave. Los periodistas e investigadores académicos ya no pudieron terminar de construir el dato del exceso de mortalidad, porque después de que se hizo una primera publicación en noviembre, con los datos hasta septiembre, el gobierno ha decidido negar esa información en el Centro Nacional de Registro.

El sistema de selección desconocido

Salud con lupa preguntó a la subdirectora del ISSS, Wendy López, si se aprovecharía que el Seguro Social cuenta con una base de datos de candidatos a la vacunación, es decir, los pensionados y enfermos crónicos, para agilizar y facilitarles el acceso. “Para todo el sistema de vacunación quien ha llevado la batuta es el Ministerio de Salud (Minsal) y hasta el día que finalice siempre serán ellos los que van a coordinar todo lo que es vacunación y nos van a ir dando la pauta de qué es lo que sigue”, expresó mientras esperaba sentada los 15 minutos de rigor después de la vacunación.

Este lunes 29 de marzo, López fue una de las autoridades de salud que recibió la vacuna Coronovac. Fue un gesto público para transmitir confianza ante las críticas y cuestionamientos esparcidos por redes sociales sobre la eficacia de esta marca fabricada en China. A los salvadoreños les está costando entender que las vacunas, independientemente de la casa farmacéutica, reducen el riesgo de enfermar gravemente y morir.

En el último Informe de Coyuntura del ISSS se registra que la institución tenía, a diciembre de 2020, 174,456 pensionados. Además, el Seguro Social cuenta con 11 hospitales, 35 unidades médicas y 37 clínicas comunales.

Al consultarle a la subdirectora si se aprovecharía la información de esta población, a quien le urge la vacunación, y la cruzarían con las unidades que atienden a esos pacientes, como el caso de Carlos Espinoza que dijo que consultaba en el ISSS de la colonia Zacamil, López volvió a tirar la responsabilidad al Minsal: “Toda la base de datos se le ha enviado al Minsal y ellos son los que van a coordinar cómo es que van a ir cada uno de los pacientes”, expresó.

Una directora de una unidad de Salud del Área Metropolitana, que pidió el anonimato por temor a represalias, explicó que el control de la asignación de las vacunas está en manos de la Mesa Nacional de Crisis, una figura de poder ejecutivo que ha venido operando desde hace meses en Casa Presidencial. A este grupo es a quien se le envían informes de la pandemia desde los hospitales y unidades de salud, los listados solicitados, y luego toman decisiones. Así les han explicado que seguirán funcionando para la atención de los maestros: “La Mesa Nacional de Crisis es quien hace los listados diarios y se los mandará al MINED para que avisen a los maestros, y a nosotros para que verifiquemos si están programados ese día para ser vacunados”, dijo.

Asilos en la espera

Otro de los segmentos que en otros países se ubicó en la fase 1 son los adultos mayores que se encuentran en los asilos. En la vecina Guatemala, por ejemplo, esta población comenzó a ser vacunada este lunes 29 de marzo. A partir del 5 de abril, está programada la asistencia a mayores de 70 años y a los mayores de 50 años con enfermedades crónicas.

Salud con lupa llamó este lunes 29 a tres asilos de El Salvador y comprobó que los trabajadores que laboran en dichas instituciones ya recibieron la inmunización pero están a la expectativa de saber cómo se aplicará la vacuna a los internos. “Ya están en el listado, pero aún no nos han dicho cuándo les toca”, respondió Roxana Lemus, quien labora en el Hogar de Ancianos Narcisa Castillo, en el departamento de Santa Ana, al occidente del país.

Al consultar en el Hogar San Vicente de Paúl, si creen que estos pacientes, por su condición de vulnerabilidad, podrían asistir a alguno de los puntos de vacunación dijeron que no lo consideraban lo más lógico. “Yo creería que no habría necesidad de moverlos sino que van a venir ellos acá”, expresó Irma Álvarez. “Como asociación lo único que nos queda es estar preparados, tener el área donde pueden vacunar pero todavía no tenemos cuándo van a venir”, añadió.

En el sitio web del Minsal aparece que en el país existen al menos 48 centros de atención de adultos mayores y 11 comedores privados, la mayoría son gestionados por asociaciones sin fines de lucro, pero no está actualizada la población que atienden. Los únicos dos hogares públicos son el Narcisa Castillo, de Santa Ana, y el Centro de Atención a Ancianos Sara Zaldívar, en San Salvador.

A mediados de abril del año pasado, un brote de contagios en el Sara Zaldívar levantó las alarmas y puso las luces sobre las estrategias implementadas por el Minsal para proteger a más de 200 internos que el Estado tenía a su cargo. La falta de equipo adecuado de los trabajadores, entre otras deficiencias de organización, podría haber sido la causa de que el virus se colara en los pasillos del principal asilo de ancianos de El Salvador.

El Minsal negó acceso a información a la misma Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH); pero con investigaciones de testigos y trabajadores, la PDHH documentó que hasta septiembre habían fallecido 42 personas a consecuencia de la covid-19 en el Zaldívar o los centros de atención a los que fueron trasladados. Así lo informó, en enero pasado, a la comisión de la Asamblea que investigó el manejo de la pandemia. El 1 de mayo asume una nueva legislatura en la que el partido oficial, Nuevas Ideas, tendrá la mayoría con 56 de los 84 representantes.

En el caso de Costa Rica, las personas adultas mayores en centros de larga estancia, así como quienes laboran en estos sitios, estuvieron incluidos en la etapa uno. Y el sector docente, hasta la etapa cuatro. En esta cuarta fase, el gobierno costarricense también ha incluido a los privados de libertad.

A finales del año pasado, la Dirección de Centros Penales negó a Salud con Lupa la información solicitada sobre reos contagiados y fallecidos por covid-19. En El Salvador, tampoco se ha hablado en qué momento se le aplicará la vacuna a este segmento de la población, tomando en cuenta las condiciones de hacinamiento de las cárceles salvadoreñas.

Hasta agosto de 2020, el World Prison Brief reportó más de 36.600 detenidos en los centros penitenciarios del país, el doble de la capacidad oficial, según cita en su informe anual el Human Right Watch.

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