La tarde del 9 de enero, Brayan caminaba con su madre, Asunta Hampiri, por el jirón Moquegua, a unas tres cuadras del aeropuerto de la ciudad de Juliaca, cuando fue herido por un impacto de proyectil de arma de fuego en la cabeza que lo hizo caer al suelo. Desde la mañana, la policía reprimía con bombas lacrimógenas y disparos las masivas movilizaciones que se concentraron en la capital de Puno, al sur del Perú, en contra del Gobierno de Dina Boluarte. Aunque Brayan, de 15 años, no participaba en las protestas, terminó siendo víctima de la represión por ubicarse cerca del escenario de una balacera.
“Solo fuimos a comprar y estábamos caminando. Él era un niño inocente, ¿por qué tenía qué pasarme esto a mí? ¡Yo necesito a mi hijo!”, dijo Asunta Hampiri luego que los médicos le confirmaron la muerte de Bryan en el hospital Carlos Monge Medrano. El adolescente permaneció cuatro días internado por un traumatismo encéfalo craneano grave, fractura craneal y edema cerebral.
Al igual que Brayan, otros tres menores de edad, quince adultos jóvenes y un suboficial de la Policía fueron víctimas de la represión en Puno, que se convirtió en el nuevo epicentro de la violencia y elevó a 48 la cifra de fallecidos en el contexto de las protestas. A la ciudad de Juliaca llegaron miles de personas autoconvocadas de las comunidades aymaras de los distritos de Acora, Illave, Yunguyo y Chucuito. En la Plaza de Armas, también se vio a peruanos quechuas de las provincias de Azángaro, San Román, Moho, Carabaya y Melgar.
Los 18 civiles muertos en Puno presentaron heridas por armas de fuego, varias en órganos vitales, según sus certificados de necropsia. Esto pone en evidencia una forma de uso constante de armas de fuego dirigida a causar lesiones mortales en las personas.
Las heridas que quedaron en el cuerpo de Brayan coinciden con las que sufrieron otros jóvenes como José Luis Aguilar Yucra, Beckhan Quispe Garfias, y Cristian Rojas Vásquez. Ellos tampoco participaron de las manifestaciones que se organizaron en diciembre de 2022 en Apurímac y Ayacucho, pero recibieron disparos en la cabeza, lo que provocó fracturas traumáticas en la base del cráneo y traumatismos encefalocraneanos.
No son los únicos casos.
El tipo de lesiones ocasionadas por el uso de armas de fuego se repite en muchas de las víctimas - tanto fallecidos y heridos-, principalmente en zonas del cuerpo que pueden ser mortales si se utilizan balas y perdigones de goma en armas de largo alcance.
Heridas mortales
Sobre la base de los certificados de necropsia de 12 civiles fallecidos y reportes del Ministerio de Salud de otras 38 personas heridas, Salud con lupa halló que el tórax y el abdomen fueron las áreas más impactadas por los proyectiles de arma de fuego. En menor proporción, la cabeza y las extremidades superiores e inferiores también sufrieron laceraciones o fracturas.
Esta particularidad, así como las características de sus lesiones, revelan que se usaron armas “de alta velocidad”, es decir, armas largas cuyos proyectiles tienen una velocidad superior a los 700 metros por segundo y rangos efectivos de algunos cientos de metros, apunta la antropóloga forense Carmen Rosa Cardoza, fundadora del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF).
Por esa velocidad, que es característica en rifles Galil o fusiles AKM, es muy probable que el proyectil provoque la muerte si alcanza al corazón, riñón o hígado, pues el tejido de estos órganos -ubicados al nivel del tórax- se expande y se rompe. Otro efecto que puede ocasionar es la fractura de huesos como se observa en al menos siete casos que analizó Salud con Lupa para este reportaje. Se trata de las heridas de José Luis Aguilar Yucra, Raúl Gayo Ramos, Nelson Raúl Condori Velarde, Helmut Mondalgo García, Yunny Milán Anahui Jacho, John Erik Encino Arias, y Celso Ccorimanya Socco.
Distancia de los disparos
Los protocolos de la Policía recomiendan que los perdigones de goma no sean disparados a una distancia menor a los 35 metros de distancia. Los perdigones son municiones características de las armas de carga múltiple, es decir, un solo cartucho puede tener hasta 25 perdigones de goma en su interior. Por ello, un solo disparo puede herir a distintas personas si no se respeta la distancia reglamentaria o provocar orificios en el cuerpo, si la víctima está muy cerca.
En Cusco, se reportaron 13 heridos por perdigón en pierna, tórax, codo, muslo, región lumbar, tobillo y brazo. El caso más grave corresponde a Rosalino Flores Valverde, quien recibió 36 perdigones en el estómago. Su familia reveló que su condición es muy crítica debido a que tiene dañados los intestinos, riñón y pulmón. El joven de 21 años permanece en el hospital Antonio Lorena (Cusco), donde el personal de salud ha logrado extraer 9 de los proyectiles alojados en su cuerpo.
Conociendo estos efectos, ¿Por qué se usaron armas ‘de alta velocidad’ y a poca distancia, como se evidencia en imágenes grabadas durante las protestas?
El Manual de procedimientos para las operaciones de mantenimiento y restablecimiento del orden público, que rige desde 2016 para la Policía, menciona que los jefes de grupo y oficiales al mando solo pueden utilizar armas de puño (por ejemplo, pistolas o revólveres) cuando “sea estrictamente inevitable para proteger una vida” y “en la mínima medida necesaria”.
En estas operaciones, los Comandos Operativos pueden conformar Grupos Especiales de Respuesta que serán los únicos que “estarán premunidos en su totalidad” de armas de fuego de corto y largo alcance para servir “como grupos de apoyo” ante cualquier atentado que ponga en riesgo la vida e integridad física del personal que participe en la intervención.
Pese a estos lineamientos, las imágenes y videos de las manifestaciones demuestran que hubo una desproporcionalidad en la actuación de las fuerzas del orden. “Estamos hablando de armas de guerra que no son las adecuadas cuando hay una protesta social”, explica la especialista de EPAF.
Otro aspecto que destaca la antropóloga forense es que el uso de las armas siempre expresa la intención de quien las dispara. Este concepto conocido con el término de “armas de voluntad” fue desarrollado por el experto peruano José Pablo Baraybar en 2015, luego de comparar 777 casos de violaciones de derechos humanos en Somalilandia (África), Bosnia y Kosovo (Balcanes) y Perú, hallando que las lesiones por arma de fuego que se encuentran en los segmentos de cabeza/ cuello y en el segmento de tórax/abdomen son las más comunes; a diferencia de los conflictos armados donde las lesiones son más frecuentes en las extremidades.
El estudio concluyó que “los patrones de lesiones asociados con las armas de voluntad, como las armas de fuego, demuestran ser determinantes para demostrar que las personas fueron atacadas intencionalmente”.
Para evitar que en futuras protestas se mate o deje gravemente heridas a personas, como ha ocurrido en el Perú desde diciembre de 2022, se necesita revisar el proceso de formación que reciben los efectivos para el uso de armas y conocer la dotación real de los distintos armamentos que tiene la Policía, dice la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Jennie Dador. “Si salen con este tipo de armas, es evidente que van a causar un daño desproporcionado y mayor al que sería en otras circunstancias”, apunta.
Adicionalmente, la abogada experta en género y derechos humanos cuestionó que la narrativa y discursos de algunas autoridades que circulan en algunos medios de comunicación “coloquen a quienes se movilizan como enemigos”, lo que refuerza o justifica la violencia de la Policía. En ese mismo sentido, la delegación especial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció el viernes 13 de enero para que las autoridades cesen los mensajes estigmatizantes hacia las comunidades indígenas y campesinas.
“Se han referido a ellos como terroristas, terrucos, senderistas, o indios, entre otras formas despectivas. Estos mensajes no son inocuos, por el contrario contribuyen a la creación de un ambiente de permisividad y tolerancia hacia la discriminación y violencia institucional en contra de esta población, especialmente cuando provienen de autoridades públicas”, remarcó el vicepresidente de la CIDH y relator para Perú, Edgard Stuardo Ralón.
Los riesgos para la investigación
Hay al menos tres elementos que podrían servir como prueba para las investigaciones que tiene a su cargo la Fiscalía por las muertes producidas en el contexto de las protestas. La primera, y probablemente la más importante, son los casquillos de balas que quedaron en las zonas donde hubo represión policial y militar. Carmen Rosa Cardoza explica que los casquillos siempre caen al suelo desde el lado derecho del eyector del arma, en un radio de 2, 3 y hasta 10 metros.
Los casquillos funcionan como una huella única para identificar el arma desde la que se disparó. Por eso razón, se requiere que sean recuperados a tiempo. “Para formular estos casos ante la Justicia, se necesita evidencia probatoria. Pero si no se recuperan esos casquillos, va a ser difícil que sean admitidos como prueba”, advierte la antropóloga forense.
El hecho de que algunas personas en Puno hayan logrado recoger casquillos y cartuchos antes de que la Fiscalía pueda intervenir expone un grave problema en la cadena de la investigación. “Se necesita recuperar el escenario donde han ocurrido los hechos. Y hacerlo inmediatamente, no una semana después, porque las ciudades son espacios volátiles donde hay gente que está protestando y se sigue movilizando”, agregó la fundadora de EPAF.
Especialistas consultados por Salud con Lupa indicaron que las balas en los casos que se pudo extraer del cuerpo de los heridos o personas fallecidas también servirían como elemento de prueba. Sin embargo, este segundo factor depende únicamente del trabajo que haga la Fiscalía, ya que es la autorizada para solicitarlo.
Por último, los videos que registran los disparos hechos por las fuerzas del orden pueden ayudar no solo a determinar qué tipo de armas se usaron sino también identificar qué efectivos estaban en una calle o área específica. Debido a que policías y militares son asignados en las operaciones de restablecimiento del orden público, la Fiscalía puede solicitar las armas usadas por los agentes y confirmar si coinciden con los casquillos que se hayan podido recuperar del lugar.
Algunos familiares han declarado ante la Fiscalía
El abogado Julián Águila Guía, que representa a los familiares de diez de las víctimas de la violencia ocurrida en Andahuaylas (Apurímac), contó que todos sus patrocinados ya brindaron declaración ante la Fiscalía Penal Superprovincial Transitoria Especializada en Terrorismo y Derechos Humanos de esa región.
El 20 de diciembre, este despacho declaró compleja la investigación preliminar por el plazo de ocho meses por los presuntos delitos de homicidio calificado, genocidio y tortura contra el jefe del frente policial de Apurímac, Luis Jesús Flores Solís, el jefe de la División Policial de Andahuaylas y Chincheros, Alexis Boris Luján Ruiz, y los efectivos Nobel Inca Andía, Saúl Velásque Flores, Jhon Wagner Valdez Rodríguez y Julio Lalín Yaco Colos.
Como parte de las diligencias, se fijó la constatación fiscal “de ser necesaria, útil y pertinente” en las escenas del delito a las que hacen referencia las familias denunciantes y se requirió a la Jefatura del Frente Policial de Apurímac y a la Dirección General de la Policía del Ministerio del Interior el plan de operaciones diseñado para la actuación frente al conflicto social ocurrido entre los días 7 y 18 de diciembre.
De igual modo, se ha solicitado a la División Nacional de Operaciones Especiales (DINOES-PNP) el listado del personal que fue desplegado a las provincias de Abancay, Andahuaylas y Chincheros para el manejo de las manifestaciones.
Adicionalmente, la Fiscalía ordenó la exhumación del cuerpo del menor de iniciales R.P.M.L., de 15 años, quien falleció en el escenario de represión en Chincheros, debido a que sus familiares lo enterraron sin pasar por la evaluación del médico legista. Sin ello, el caso del menor no podrá ser incluido en la investigación fiscal.
Julian Águila mencionó a Salud con Lupa que las familias todavía no han sido contactadas por la Comisión Multisectorial que conformó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. “No hay ninguna coordinación ni nada que pueda hacernos ver que tienen algún interés o preocupación. Los familiares solo reciben apoyo de la comunidad internacional y de ONGs que les están brindando soporte emocional”, declaró el abogado.
La comisión multisectorial se instaló el 3 de enero, con la participación de seis ministros, el titular del Seguro Social de Salud, la secretaria ejecutiva de la CNDDHH y una representante de los familiares de los fallecidos. La misión de este grupo de trabajo es dar seguimiento a la atención de la salud mental y física de las víctimas, así como brindar acompañamiento y apoyo social a los deudos y a las personas que sufrieron lesiones de gravedad en el contexto de las movilizaciones. Sin embargo, a raíz de la violenta represión policial en Puno, la CNDDHH se apartó de la comisión.
Antes de esta decisión, Jennie Dador dijo a este medio que era necesario que el Estado responda rápidamente a las necesidades de las víctimas. Desafortunadamente, los hechos todavía muestran una lenta respuesta por parte del Gobierno. Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, informó que aún está por definirse el apoyo económico que recibirán las primeras víctimas de diciembre, así como el acompañamiento psicológico para las personas que resultaron heridas de gravedad.
“La atención de los heridos requiere una preocupación y atención inmediata. Sobre todo, de los casos más recientes de Juliaca que requieren una atención médica especializada. Se están realizando las evacuaciones y traslados, pero aún así el sistema de salud es muy débil en ese distrito. El hospital no tiene la capacidad para atender la cantidad de heridos que tienen y la complejidad de los casos. Faltan cirujanos de cabeza y cuello y de otras especialidades, material y equipamiento médico”, apuntó.
