Las prisiones de Colombia se han convertido en focos de contagio sin control del COVID-19: las autoridades apenas hacen pruebas de diagnóstico para rastrear a la población enferma y no brindan terapias con medicamentos suficientes. Una prueba está en lo ocurrido en el Centro Penitenciario de Villavicencio, en el departamento del Meta: el primer recluso fallecido por el virus se reportó el 10 de abril en esta prisión y bastaron 42 días para que llegara a los 876 casos positivos, lo que representa más de la mitad de sus reos. Sin embargo, según el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL, encargado del servicio de los internos, la situación está ahora controlada: hay 2.067 contagiados y 6 fallecidos por el coronavirus de un total de 111 mil 578 personas recluidas en todas las cárceles del país.
Después de una solicitud de acceso a la información presentada por Salud con lupa y Cuestión Pública, el Consorcio - que está entre los responsables de ejecutar los recursos de salud en las cárceles- dijo que en las prisiones se ha presentado una baja letalidad por COVID-19. A través de un correo, la entidad explicó que esto se debería a que “la mayoría de casos positivos - que representan al 1.95% de toda la población privada de su libertad- son pacientes asintomáticos”. Por eso, no hubo necesidad de hospitalizaciones y muchos fueron atendidos directamente en los establecimientos de reclusión.
Sin embargo, el análisis que hicimos de los datos entregados por el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL nos llevó a identificar que no hay un monitoreo suficiente que explique la baja letalidad en las cárceles, como tampoco hay una metodología epidemiológica clara que permita establecerlo.
Esta es la información entregada, sin metodología y sin caracterización de los datos para saber cómo se recogen los números de contagiados y fallecidos:
Falta de pruebas
Lo que sí muestran los datos del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL es que se han practicado pocas pruebas para detectar el COVID-19: 7.153 exámenes en 90 días. Esto significa que el 6.41% de los presos de Colombia ha sido testeado. De los 133 centros carcelarios incluidos en la información entregada por esta institución, se evidencia que sólo en 43 se han tomado pruebas. Es decir, hay cárceles en las que no se ha practicado ni una sola, por lo tanto, hasta la fecha, no se puede determinar cuál es el porcentaje real de contagios en la población carcelaria del país.
Por ejemplo, en la prisión de Pitalito, en el departamento del Huila, se han realizado solo dos pruebas de un total de 1.216 reclusos. También hay establecimientos penitenciarios como el de Tunja, en Boyacá, con pocos internos que podrían ser evaluados en su totalidad, pero no ha sido el caso: se tomaron 14 pruebas entre 193 internos.
En la cárcel de Cali, una de las más grandes del país, se practicaron 1.071 pruebas, de las cuales 460 resultaron positivas a COVID-19. Queda un gran número por evaluar ya que esta prisión alberga 5.377 internos.
Además de las pocas pruebas aplicadas, presos de Villavicencio y Cali han denunciado a Salud con lupa y Cuestión Pública que desde el inicio de la emergencia sanitaria no se han mejorado las condiciones al interior de los penales y no se están distribuyendo los medicamentos adecuados para enfrentar los síntomas del virus.
Un recluso de Cali declaró que no se les aplica las pruebas de descarte de COVID-19 “porque puedes salir positivo. Eso es lo que dicen los médicos, esa es la irresponsabilidad hasta donde hemos llegado", denunció. Tampoco reciben atención médica. “Lo único que hacen es tomarte la temperatura y preguntan: ¿Cuándo has tenido tos? No más”, indicó.
Hacinamiento y remedios caseros en Villavicencio
No se ha podido determinar cómo llegó el virus al Centro Penitenciario de Villavicencio, pero el 17 de abril ya sumaban 20 enfermos, entre guardias y reclusos, y tres fallecidos. Para el 21 de mayo, los medios locales reportaron 876 casos confirmados de COVID-19 de un total de 1.638 reclusos.
Esta prisión reúne todas las condiciones para la transmisión descontrolada del virus. Según la versión de algunos presos en este centro no hay médicos porque los que los atendían fueron enviados a cuarentena tras contagiarse de coronavirus. Hay, además, pobres condiciones de salubridad y un hacinamiento del 99%. El aislamiento es imposible en una celda estrecha y lavarse las manos es una odisea.
‘Z’, un recluso de esta cárcel de mediana seguridad, explica que “el agua llega a las 4:00 de la mañana y se va a las 4:30, y llega a las 7 de la noche y se va a las 7:30; es no más para bañarse porque no es agua potable”. Debe recoger el agua en baldes para lavar su ropa y manos.
La humedad de la ciudad, cuya temperatura oscila entre los 28 a 30 grados centígrados, agrava las condiciones en esta cárcel. Algunos presos presentan cólicos, diarreas y brotes en la piel que se confunden con los síntomas del COVID-19.
Quienes han dado positivos al virus han sido ubicados en un sitio abandonado que era utilizado para la reclusión de las mujeres y que se inunda con las lluvias, declaró un interno para este informe. “Hay enfermos durmiendo debajo de las camas, en los baños, en patios inhabitables, no reciben insumos médicos, tapabocas y antibacteriales apenas, los médicos que van son decorativos”, agrega el recluso.
Los guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), que también han sido contagiados en Villavicencio, recurren a remedios caseros para atender la emergencia y dan a los presos una mezcla de agua de panela con jengibre, limón y una aspirina como tratamiento contra el virus. Es una medida desesperada frente a la falta de medicamentos, como lo han contado los propios trabajadores penitenciarios en sus redes sociales.
Hasta el 12 de junio, los casos de contagio en el departamento del Meta, de la cual Villavicencio es capital, ascendían a 1.008. Si bien el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL reportó recuperados en la población carcelaria, sin discriminar entre guardias y reclusos, en las últimas semanas han surgido nuevos casos, según reportes de la prensa local.
De 983 casos positivos de covid en el departamento del Meta, (la mayoría de los casos en la cárcel de Villavicencio) ya...
Posted by El Profe Oscar Zapata on Thursday, June 4, 2020
Medidas iniciales frente a la crisis
La crisis en Villavicencio ilustra la situación que enfrentan los presos en Colombia, donde ningún centro carcelario está apto para atender urgencias médicas, según un informe de la Contraloría General de la República, realizado entre el 2018 a junio del 2019.
Además, el número de médicos que atiende la pandemia en cada cárcel es prácticamente el mismo que reveló la Contraloría cuando aún no existía el coronavirus.
La Corte Constitucional, el máximo tribunal de Colombia, se pronunció en la misma línea que la Contraloría al emitir el 3 de junio un fallo que exige medidas en el tratamiento del COVID-19 en las cárceles. Para la Corte, las entidades penitenciarias son responsables de la velocidad de propagación del virus y la falta de atención oportuna.
A tres meses del inicio de la emergencia sanitaria en el país, el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL emitió el 8 de junio una circular para cotizar los servicios de una consultoría que determine las necesidades del manejo de la pandemia en las cárceles, lo que incluye identificar al personal administrativo y sanitario, así como la red de prestación de servicios de salud disponibles para la prevención y atención de casos de COVID-19. Se trataría de los primeros pasos para encarar la crisis sanitaria en las cárceles colombianas. La pandemia tras los barrotes está lejos de ser controlada.
