La noche del sábado 4 de febrero, Rosamery Benito esperaba en las afueras de la Comisaría de Cotabambas, en el Cercado de Lima, que le permitieran dar los primeros auxilios a las personas heridas que estaban siendo detenidas por haber participado en las movilizaciones que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Su mandil celeste, la mascarilla quirúrgica y el casco blanco la identificaban como brigadista de salud entre decenas de policías que copaban la calle, pero en vez de que se le permitiera hacer su labor, tres agentes la sujetaron del brazo, la acorralaron y la detuvieron como si se tratara de una peligrosa delincuente. “‘¿Qué les pasa?”, les gritó una mujer que fue testigo del maltrato, pero nada los detuvo.
La escena quedó registrada en un video que se hizo viral y que cerca de la medianoche llegó al WhatsApp de los integrantes de la Brigada Hampi Camayoc que reconocieron a la joven de inmediato. Se trataba de su compañera Rosemary, socióloga de la Universidad Nacional del Centro del Perú, quien solo sería liberada 48 horas después de permanecer en los calabozos de la comisaría sin un cargo formal.
Esa noche se cumplían 60 días de constantes manifestaciones en Lima y diversas regiones por nuevas elecciones generales en el Perú, un tiempo en el que la represión de la Policía y las Fuerzas Armadas ha generado la pérdida de decenas de peruanos y miles de heridos por perdigones de goma y bombas lacrimógenas. Una crisis que parece no tener fin y que ha activado a varias brigadas de primeros auxilios y de ayuda humanitaria para las personas que por ejercer su derecho a la protesta son atacadas por las fuerzas del orden y víctimas de detenciones arbitrarias.
“Las personas que se manifiestan están siendo maltratadas. Muchas tienen problemas de salud y han surgido relevos en las delegaciones de regiones que han llegado a Lima. Hay personas que por las lesiones que les han causado están enfermas”, cuenta Rocío Gálvez, una de las fundadoras de la Brigada Hampi Camayoc.
Según la Defensoría del Pueblo, la crisis en Perú ha cobrado la vida de un policía y 59 civiles: 48 por la violencia policial y 11 en accidentes de tránsito y bloqueos de carreteras relacionados a las protestas. Además, hay 1,247 heridos, decenas con lesiones graves, como resultado de la represión. Los brigadistas han sido testigos del abuso de la fuerza: han atendido a personas con perdigones de goma en órganos vitales, con cortes y golpes en la cabeza, el rostro y abdomen para luego facilitar su traslado a los hospitales. Su trabajo ha sido intenso y lleno de obstáculos porque varios brigadistas cuentan que la Policía detiene a personas en los hospitales y muchas que sufren heridas ya no quieren ir a los servicios de salud.
A diversos pacientes atendidos en los hospitales Dos de Mayo, Hipólito Unanue y Arzobispo Loayza, el propio personal de salud le pide obviar que son heridos procedentes de las protestas contra el Gobierno para evitar que sean intervenidos por la Policía. “Les aconsejan que digan que les han robado o que se han caído para evitar que se llame a la Policía o la Fiscalía”, contó uno de los testigos que conversó con Salud con lupa. Esto priva del derecho a la salud de los manifestantes y también crea un subregistro de las víctimas de la violencia.
Sin legislación que respalde su labor
Probablemente, estamos acostumbrados a ver a las brigadas voluntarias en desastres naturales, crisis migratorias, emergencias sanitarias como la epidemia del Ébola en el 2014 y guerras como el actual conflicto en Ucrania. Desde hace setenta años, 196 países -entre ellos Perú- reconocen los cuatro convenios de Ginebra que regulan la protección de las víctimas de guerras: heridos, enfermos, náufragos y prisioneros. Estos tratados también guían el trabajo que realizan los movimientos globales como el Comité Internacional de la Cruz Roja.
No obstante, la actual crisis peruana representa un desafío sin precedentes, ya que ninguno de los protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra son aplicables a “situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores”. Cuando revisó la legislación peruana, Rocío Gálvez comprobó que no hay un marco específico para proteger a las brigadas de salud en un Estado de Emergencia donde la Policía Nacional, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, está a cargo del control interno. Y eso quedó demostrado con las diferentes agresiones y detenciones que han sufrido los brigadistas, como ocurrió con Rosamery Benito, quien estuvo 48 horas detenida por la Policía sin ninguna acusación formal.
“En Perú, cuando hablamos de brigadas médicas, todo está centrado en desastres naturales y temas laborales. Pero no hay una legislación para brigadas en el contexto de conflictos sociales, donde se requiere un manejo médico distinto”, explica la brigadista Rocío Gálvez. Coincide Jean Hereu, jefe de la misión de Médicos Sin Fronteras en Perú, quien señala que el país necesita un plan de contingencia que conecte a las asociaciones de brigadistas voluntarios con la Cruz Roja Peruana, el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) del Ministerio de Salud y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios a fin de brindar una respuesta rápida a las personas heridas.
En menos de un mes, Médicos Sin Fronteras ha auxiliado a 160 personas que resultaron heridas en Lima, entre ellos 10 policías. Mientras que la Cruz Roja Peruana -que fue separada el año pasado de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja por una investigación contra su director debido a abusos de poder- no brinda apoyo a las brigadas voluntarias. Tampoco lo hace el SAMU con el argumento de que su personal corre el riesgo de ser agredido y sus ambulancias, destrozadas. Solicitamos conversar con los voceros de la Cruz Roja Peruana y el SAMU para conocer cómo están trabajando durante las movilizaciones, pero optaron por el silencio.
Durante una reunión con la congresista Ruth Luque, la Cruz Roja Peruana advirtió a un grupo de brigadistas que podrían ser demandados si seguían utilizando su emblema en los cascos blancos o en cualquier otra indumentaria. Este reclamo fue rápidamente acogido en el Congreso de la República con un proyecto de ley presentado por el parlamentario fujimorista Ernesto Bustamante, quien ha planteado “regular el uso y protección del emblema de la Cruz Roja, de la Media Luna y del Cristal Rojo”.
La propuesta señala que instituciones como el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y los ministerios de Salud y Defensa serán competentes para investigar y sancionar cualquier “uso indebido” del emblema. Además, los únicos autorizados para usar la imagen cuando no exista un conflicto armado son las unidades de salud, medios de transporte, personal sanitario y religioso adscrito a las Fuerzas Armadas; así como el personal civil y unidades de salud autorizadas por los referidos ministerios para asistir “exclusivamente a heridos, enfermos, náufragos” o a los servicios sanitarios de las Fuerzas Armadas.
Hasta la fecha, el proyecto ha sido aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores, pero tendrá que ser debatido por el Pleno del Parlamento para su promulgación. Ante ello, las brigadas de salud han optado por usar otro símbolo que los represente dado que prefieren concentrar sus objetivos en capacitarse y obtener más material de primeros auxilios a través de donaciones.
Los esfuerzos y la voluntad de las brigadas están por encima de sus limitaciones o las dificultades que cada semana enfrentan en la calle. Varios no solo se han visto sorprendidos por golpes de la Policía y detenciones arbitrarias. Exponen su salud física y emocional para proteger a otras personas. Su rol en esta crisis expresa cómo la solidaridad intenta contener el abuso de poder y la violencia.
Brigada Hampi Camayoc
Los brigadistas no reciben ningún tipo de apoyo por parte de las instituciones responsables de la salud pública del país. Pero ese no es un impedimento para su labor y así lo tiene en claro la Brigada Hampi Camayoc que haciendo honor a su nombre en quechua -aquel que lleva salud- ha organizado capacitaciones virtuales y presenciales sobre el manejo de heridas durante las protestas. Su objetivo es que más voluntarios auxilien adecuadamente a las personas y se reduzca el riesgo de perder vidas.
Los voluntarios de esta brigada, como sucede con muchas más, no solamente tienen que preocuparse por estar capacitados, sino en conseguir material médico para atender a sus pacientes y equipos de protección para resguardar su integridad física mientras dan los primeros auxilios, muchas veces cerca de los puntos críticos de conflictividad donde el uso de las bombas lacrimógenas y de perdigones es desproporcional.
Desde la quincena de diciembre, esta brigada ha atendido a unas 400 personas tanto en las manifestaciones como en las casas que albergan a quienes provienen de otras regiones del país. Estas últimas personas, además de presentar heridas o intoxicarse por los gases lacrimógenos, también tienen problemas gástricos como consecuencia del hacinamiento en el que viven.
Según Rocío Gálvez, nutricionista y fundadora de la brigada, el temor de los manifestantes de ser llevados a las comisaría o criminalizados por los propios médicos los obliga a evitar los hospitales. “Nosotros protegemos a los pacientes donde el Estado acaba de abandonarlos”, dice Rocío luego de explicar que durante las protestas ha estado ausente el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) ante su llamado. En reiteradas ocasiones se comunicaron con la línea 106 para que auxilien a los heridos en las protestas y a quienes se encontraban detenidos en las comisarías, pero nunca lo hicieron.
Durante el paro del jueves pasado, el SAMU informó desde sus redes sociales que cuatro de sus 19 ambulancias están ubicadas en puntos estratégicos del Centro de Lima “como parte de los trabajos de prevención ante las manifestaciones”. No dio más información.
La labor de los brigadistas durante las protestas genera un fuerte impacto a su salud mental. Para revertir esta situación, asisten a espacios de conversación con médicos psiquiatras, que también son voluntarios de la brigada. Las citas les permite desahogarse para continuar prestando apoyo en la siguiente jornada.
Brigada San Fernando
Cristian Gutiérrez es estudiante de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Junto a compañeros de Enfermería, Nutrición, Obstetricia y Tecnología Médica conformó la Brigada San Fernando a fines de diciembre de 2022, cuando surgieron las primeras manifestaciones en Lima. “En ese momento, las protestas eran tranquilas. Pero desde la toma de la Universidad el 20 de enero, los hechos de violencia aumentaron”, relata.
Desde entonces han sido testigos de frecuentes agresiones de la Policía a las brigadas durante las manifestaciones. El 28 de enero, dos de sus integrantes fueron perseguidas y golpeadas cuando trasladaban a un herido cerca del Parque Universitario. En otra ocasión, otro de sus brigadistas recibió un perdigón en la pierna.
“Habíamos terminado de atender a una señora en la Comisaría de Cotabambas y nos dirigimos a encontrarnos con otros chicos de la brigada. Los policías motorizados llegaron a dispersar a la gente, se pararon delante de nosotros y dispararon. Recién después nos reconocieron como brigadistas”, detalla Cristian sobre aquel incidente.
La estrategia de la Brigada San Fernando es acompañar de cerca a los manifestantes, durante una protesta, pero cuando surgen enfrentamientos, intentan alejarse para evitar el impacto de una bomba lacrimógena. Ese es el único modo que tienen para proteger su vida porque la Policía no facilita su trabajo. Por esa razón, Cristian también cree que hace falta una legislación que brinde garantías a las brigadas voluntarias.
Conforme aumentan sus integrantes, la Brigada San Fernando sigue capacitándose sobre atención de primeros auxilios con apoyo del Centro de Estudiantes de la carrera de Medicina Humana de la UNMSM al igual que con estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), quienes también acuden como brigadistas a las marchas. Precisamente, la UNI fue una de las universidades que junto a San Marcos dio refugio a las delegaciones que llegaron del sur.
“Para nosotros, más que un trabajo es una labor solidaria, porque vimos cómo trataron a los manifestantes al interior del país. La idea de las brigadas es evitar más muertes”, apunta Cristian. La brigada San Fernando sabe que, si persiste la oposición en el Congreso para un adelanto de elecciones generales, serán cada vez más los manifestantes que acudan a las marchas y aumentará la violencia de la Policía.
Brigada Ayni
En el imperio de los Incas, el Ayni era un sistema de trabajo basado en la reciprocidad entre familias. Se expresaba en labores de cocina, pastoreo y la construcción de casas. Las familias beneficiadas aprendían que eventualmente les tocaría devolver esa ayuda. En algunas regiones de la sierra peruana se conserva este sentido de comunidad. En Lima, Lizbeth Loyola y Rodrigo Rojas dicen que no solo es el nombre de su brigada, sino uno de los principios que la identifica.
“Somos un equipo unido que se cuida mutuamente. Muchos me han dicho ‘¿cuánto te pagan por ir?’ Nosotros solo tenemos vocación de servicio para auxiliar a todas las personas que nos necesitan. No hay pago de por medio, no hay incentivos”, remarca Lizbeth. Ella y Rodrigo forman parte de un grupo de más de 40 profesionales de salud, rescatistas y otros voluntarios que están en primera línea durante las manifestaciones.
Durante el tiempo que lleva Ayni en Lima, ha atendido a personas heridas por perdigones de goma y con contusiones en el rostro, abdomen, tórax y extremidades. Muchos de los brigadistas están preparados para dar atención básica para controlar las heridas. Sin embargo, con la muerte de Víctor Santisteban Yacsavilca, Lizbeth reflexionó sobre el grave riesgo que también están corriendo los brigadistas.
Víctor Santisteban falleció la noche del 28 de enero luego que una bomba lacrimógena le destrozó el cráneo en la cuadra nueve de la Av. Abancay, donde él se encontraba junto a otras personas, entre ellos, brigadistas. El policía que la lanzó se ubicaba a menos de treinta metros de Víctor, como muestran los videos grabados ese día. Cuando fue trasladado al hospital de Emergencias Grau, otro grupo de efectivos llegó hasta la puerta para retirar a los brigadistas y evitar que accedieran al reporte médico. Sin tomar en cuenta que en el hospital había decenas de personas vulnerables, siguieron lanzando bombas lacrimógenas.
“A veces sentimos frustración porque no pudimos hacer más por Víctor. ¿De qué sirve que hayamos salido tantos brigadistas ese día y hayamos perdido una vida? Nos queda esa impotencia de no haber hecho más”, lamenta Lizbeth. A Rodrigo también le cuesta dejar atrás el impacto emocional que dejan las protestas.
Ambos reconocen que el papel de los brigadistas es muy limitado cuando se trata de heridos por perdigón. En esos casos, evalúan a qué distancia recibió el impacto, cuántos perdigones tiene la víctima en el cuerpo y en qué zonas están las heridas antes de trasladarla a un hospital. “Puede ser que el perdigón esté obstruyendo una arteria importante. Tenemos claro que hay casos que podemos abordar y otros que no”, explica Rodrigo.
Bajo cualquier circunstancia, incluso si se trata de heridas leves, el equipo que está en primera línea sigue el mismo procedimiento: revisa el estado de conciencia de la persona, y atiende las heridas de acuerdo a su gravedad. “Vemos si es una herida punzante, cortante, contusa, el nivel de sangrado o hemorragia. En ese momento, el procedimiento que se debe hacer es vendar la herida y trasladar a la persona al hospital. Los que conocen y están mejor preparados se hacen cargo de esto”, agrega el brigadista.
El deseo por ayudar convive con el miedo a ser detenidos, criminalizados o recibir ataques verbales. Llevar casco blanco y mandil no impidió que Lizbeth fuese golpeada en la espalda por la Policía o que sus compañeros reciban empujones. Pese a ello, no se han negado a atender a los efectivos que son víctimas de los gases lacrimógenos. Con estos episodios en mente, Rodrigo dice que está a favor de que se cree un marco legal que respalde a los brigadistas de salud.
El único inconveniente, admite, es la polarización que existe en el Parlamento: “Una norma sería un paso muy importante, porque en algún momento las brigadas que se están formando podrían ayudar en situaciones de desastres naturales. Pero dentro del Congreso hay grupos ultraconservadores o representantes que, a pesar de haber ocupado cargos en salud, practican discursos negacionistas o que atentan contra la vida”.
Brigada 141120
La Brigada 141120 es una de las más antiguas que se conformó en Lima como consecuencia de las manifestaciones de noviembre de 2020 contra el régimen de Manuel Merino. Durante dos años, el equipo de médicos, enfermeros, paramédicos, rescatistas y bomberos, se dedicaron a diferentes labores sociales, como intervenciones en desastres naturales y campañas de salud, sin imaginar que participarían nuevamente en un conflicto de gran magnitud que hasta ahora ha dejado a 60 familias de luto en el país.
El líder de la brigada, Carlos Flores, explica que a diferencia del 2020 ahora están mejor equipados con sillas de ruedas que se pliegan, tablas rígidas y tanques de oxígeno portátiles. Asimismo, los 20 miembros de la que también se hace llamar Brigada del Bicentenario cuentan con mayores conocimientos de primeros auxilios debido a los cursos que han recibido. Estos han sido útiles para atender a los heridos por perdigones, con cortes y golpes por objetos contundentes e intoxicados por gases lacrimógenos.
Carlos admira a los voluntarios, quienes dedican más de 8 horas de su tiempo en una activación como consecuencia de las protestas sociales, además del tiempo que destinan para formarse y ayudar a otros brigadistas. Este año, por ejemplo, viajaron a Juliaca en enero para capacitar a la Brigada de Ayuda San Román con el único objetivo de que mejoren sus atenciones a los heridos y sepan cómo desplazarse entre los manifestantes y la Policía para evitar ser víctimas de los perdigones o de las bombas lacrimógenas.
“Mi hija de 9 años me dice: papá, anda, ayuda a la gente”, cuenta Carlos. Al regresar a casa, si es que aún está despierta, ella le pregunta cómo le fue. Así como Carlos, en la Brigada 141120 hay otros voluntarios que dejan a sus hijos en casa bajo el cuidado de sus familiares mientras atienden a las personas heridas.
La Brigada Bicentenario ha logrado una alianza desde enero pasado con la misión en Perú de Médicos Sin Fronteras con la finalidad de auxiliar a las personas durante las protestas de Lima. “Hemos hecho una alianza muy buena porque ambos compartimos los principios de neutralidad, de ayudar a quien lo necesite, sean civiles o policías, y sin importar sus opiniones políticas”, cuenta Carlos Flores. En lo que va de la protesta reporta la atención de más de un centenar de personas.
Con la participación de Médicos sin Fronteras, la brigada arma dos carpas en lugares cercanos y seguros a los puntos de concentración de los manifestantes, donde serán atendidas las personas que resulten heridas. En paralelo, despliega dos equipos conformados por cuatro o cinco voluntarios que siguen a pie la protesta y que brindan auxilio a quien lo necesite. Debido a los gases lacrimógenos que lanza la Policía, han empezado a solicitar donaciones de respiradores de cara completa, entre otros equipos necesarios para las atenciones que brindan dentro de los puntos de conflictos.
Para cualquier situación, el profesional con más altos estudios en medicina es la única persona que interviene al herido. Luego, según el tipo de herida, es trasladado a cualquiera de las dos carpas de atención médica que está más cerca o llevado al hospital en el vehículo particular que emplea la brigada durante sus activaciones.
Brigada de Ayuda San Román
Katerin Vilca y Karla Masías se conocieron en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de Juliaca cuando estudiaban Medicina Humana, pero no pudieron continuar la carrera en esta universidad porque la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) le negó el licenciamiento en marzo de 2020. Es así que optaron por perseguir sus sueños de ser médicas en otras universidades: Katerin se fue a la ciudad de Trujillo y Karla, a Bolivia.
Durante sus vacaciones universitarias, ambas estudiantes regresaban a su natal Juliaca para visitar a sus familias, pero el 9 de enero se volvieron a encontrar por una emergencia. Ese día cientos de puneños protestaron en las inmediaciones del aeropuerto Inca Manco Cápac contra el gobierno de Dina Boluarte y, debido a la represión policial, las personas con conocimientos de primeros auxilios colaboraron en la atención de los heridos.
Ambas jóvenes se reconocieron entre un grupo de voluntarios que vestían mandiles celestes, mascarillas y guantes quirúrgicos, pero continuaron auxiliando a las personas que habían sido heridas por proyectiles de armas de fuego e intoxicadas por los gases lacrimógenos.
“No estábamos preparadas emocionalmente para una situación como la que vivimos y tampoco contábamos con los equipos de atención necesarios”, comenta Katerin. Tenían que llevar a los heridos al Hospital Carlos Monge Medrano, pero no podían esperar a que se desocuparan las dos únicas ambulancias con las que contaba este hospital. Ante la falta de ambulancias, improvisaron una motocarga de color verde prestada por unos de los voluntarios y, en reemplazo de camillas, emplearon sábadas y frazadas donadas por los vecinos para movilizar a los pacientes hasta el vehículo.
Fue una jornada trágica en la que murieron 17 peruanos. Ese día se conformó la Brigada de Ayuda San Román, de la que forman parte Katerin Vilca y Karla Masías. Hoy el grupo cuenta con 20 voluntarios, entre profesionales y estudiantes de diferentes carreras profesionales, como Medicina Humana, Odontología o Nutrición. Desde entonces han habido marchas en la ciudad de Juliaca, pero se han realizado de manera pacífica.
La brigada ha realizado también campañas médicas para la población de San Román: medición de la presión arterial, pulso, saturación y respiración. En las atenciones también escuchan a quienes se quiebran al recordar la muerte de seres queridos, porque para ambas el apoyo no es solo físico. “No solo curamos heridas, también intentamos sanar corazones”, dice Karla.
La activación más reciente de la Brigada de Ayuda San Román fue el pasado 9 de febrero, cuando se cumplió un mes de la represión policial que dejó un saldo de 17 civiles fallecidos. Las estudiantes de medicina tomaron sus mandiles y cascos blancos para brindar atención básica cerca del aeropuerto de Juliaca. Al final de la jornada ayudaron a 20 personas que se descompensaron y 7 que fueron heridas de gravedad.
Esa misma noche, la Red de Salud San Román reportó 23 heridos, entre ellos un menor de edad. Los pacientes fueron atendidos en el Puesto de Salud Mariano Melgar, el Centro de Salud Jorge Chávez y el Hospital Carlos Monge Medrano por proyectil de arma de fuego, intoxicación con gas lacrimógeno, heridas cortantes, golpes o fracturas. Nueve de ellos permanecen en el hospital. En las próximas semanas Katerin y Karla tendrán que salir de Juliaca para continuar sus estudios, pero la brigada seguirá activa.
Foto de portada: Ximena Benvenutto
