Al menos ocho informes publicados por la Contraloría General de la República, en los últimos siete meses, revelan que 1 593 880 dosis de la vacuna contra la covid-19 del laboratorio AstraZeneca estaban a punto de expirar cuando el órgano de control realizaba sus supervisiones. Esta situación podría generar una pérdida económica para el Estado peruano. Los documentos también señalan que las vacunas fueron distribuidas en cuatro regiones del país: Ayacucho, Huancavelica, Lima y Ucayali, con un plazo de uso de 25 a 110 días antes de su vencimiento.
De este grupo hay un total de 1 407 170 dosis de AstraZeneca que vencen el próximo 28 de febrero y que se encuentran tanto en el Centro Nacional de Abastecimientos de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) como en la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Sur, según dos informes revisados por Salud con Lupa emitidos el 17 de diciembre de 2021 y el 27 de enero de este año, respectivamente.
El primer documento referido al Cenares detalla que en su almacén están guardadas, desde el pasado 10 de noviembre, 1 366 370 dosis que caducan este mes. Sumado a ello, al 31 de enero había en su almacén un stock de 2,4 millones de dosis de AstraZeneca que vencen a finales de marzo.
Según la directora ejecutiva de la Dirección de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), Gabriela Jiménez, dichas vacunas que vencen este mes “no se van a utilizar en la medida de que el Minsa cuenta con dosis suficientes para continuar con la vacunación de la población objetivo”. Entre abril y diciembre de 2021, por ejemplo, ingresaron al Cenares 5,8 millones de dosis de AstraZeneca y se distribuyeron 4,2 millones; lo que dejó un total de 1 619 170 vacunas por distribuir. Es en este saldo que se encuentran las dosis que vencen el 28 de febrero.
El pasado 3 de diciembre, cuatro días antes de que la Contraloría empezara la supervisión en el Cenares, la licenciada Jiménez había expresado a la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Minsa su preocupación por las vacunas que se han venido recibiendo del laboratorio AstraZeneca porque “cuentan con un tiempo corto de expiración sea en condición de compra o donación”. En la misma nota informativa, comunicó que la Dirección de Inmunizaciones que lidera “no tiene conocimiento del tiempo de expiración de las vacunas contra la covid-19” que llegarán próximamente ni mucho menos del cronograma de entrega. En este contexto y seis días después de la comunicación de Jiménez, el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, indicó al Cenares que no se requieren más vacunas porque en el almacén ya había un excedente de 1,3 millones de dosis que no se van a utilizar.
El segundo documento está vinculado a una supervisión realizada a la Diris Lima Sur entre el 4 y 26 de enero de este año, y advierte la existencia de 40 800 dosis de AstraZeneca que expirarán el 28 de febrero y que tampoco se han distribuido a los establecimientos de salud.
Más riesgos detectados
En los demás informes publicados por la Contraloría General de la República se advierte que 77 000 dosis de AstraZeneca vencían en enero de este año. De ese total, 75 000 correspondían a la Diris Lima Sur. Ingresaron a los almacenes el 26 de octubre de 2021, pero hasta el día de la supervisión, el 4 de noviembre de 2021, no habían sido distribuidas. Por si fuera poco, la Contraloría también alertó que en noviembre la Diris Lima Sur recibió del Cenares 18 720 frascos de Pfizer y 4166 de Sinopharm, pero que no fueron registrados en el sistema informático porque no se usó el formato estipulado para estos casos, el cual permite controlar el movimiento de las vacunas. Las otras 2000 dosis restantes que también vencían en enero se encontraron almacenadas en la Dirección Regional de Salud de Huancavelica el 5 de noviembre del año pasado.
En otras regiones del Perú también se identificó este mismo panorama. Por ejemplo, en octubre y noviembre de 2021, los centros de salud San Juan Bautista y Belén, la Red de Salud de Huamanga y la Dirección Regional de Salud, en Ayacucho, recibieron 17 440 dosis de la vacuna de AstraZeneca; sin embargo, estas podían usarse apenas en un plazo de 31 a 67 días, ya que expiraban el 31 de diciembre. A esto se suma el hecho de que en el centro de salud San Juan Bautista se detectó que el establecimiento no contaba con las condiciones apropiadas para la conservación de las vacunas. Tampoco había un cronograma actualizado de limpieza y mantenimiento preventivo de equipos de la cadena de frío. Mientras esto ocurría, en Ayacucho solo la mitad de la población objetivo estaba inmunizada con las dos dosis contra la covid-19.
Asimismo, en base a supervisiones realizadas por la Contraloría en noviembre pasado, se reportó que 13 040 dosis de AstraZeneca estaban por vencer el 31 de diciembre de 2021 en la Diris Lima Sur y en la Dirección Regional de Salud de Huancavelica. En tanto, el órgano de control informó que en Ucayali había 76 390 dosis por expirar el 31 de agosto de 2021 tras una evaluación efectuada entre el 22 de abril y el 12 de julio de 2021.
Si bien en todos los casos mencionados se alerta sobre el pronto vencimiento de las vacunas contra la covid-19 del laboratorio AstraZeneca con el fin de evitar que se desperdicien, existe la posibilidad que, al menos, parte de esas sí se hayan aplicado a los ciudadanos. No obstante, es importante mencionar que se continuaron distribuyendo dosis de este laboratorio próximas a caducar.
Las controversias con AstraZeneca
El viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del Minsa, Augusto Tarazona, ha explicado que lo sucedido se debe a que las vacunas que AstraZeneca entregó a Perú presentan un plazo de vencimiento más corto que lo esperado. En una entrevista con la emisora “RPP”, dijo que el Estado está en negociaciones con el laboratorio para garantizar que los lotes tengan una duración pertinente. “Tenemos una controversia con el laboratorio porque nos enviaron vacunas con fecha de vencimiento muy corta. Estamos en conversaciones para ver qué trato se va a dar finalmente. Nuestra propuesta es que se cambie con fechas de vencimiento más largas”, señaló.
Tarazona agregó que se busca que AstraZeneca envíe vacunas con un plazo de vencimiento de más de seis meses. Un margen de tiempo menor acarrea problemas logísticos para la distribución de las vacunas a los lugares más alejados del país, lo que genera el riesgo de que buena parte de ellas venza antes de poder utilizarlas.
El viceministro recordó que las compras de estos lotes se realizaron durante el gobierno de Francisco Sagasti en diciembre de 2020. El contrato que se firmó protegería a la empresa ante esta controversia. Como se alertó al inicio de la pandemia, los contratos que el Estado suscribió con Sinopharm, Pfizer y AstraZeneca son confidenciales. Las farmacéuticas tuvieron la balanza a su favor para negociar cláusulas que las blindaran de querellas legales, garantizaran la propiedad de sus patentes y concedieran flexibilidad en las fechas de entrega y precios.
AstraZeneca también ha tenido polémicas en otros países por problemas relacionados a la entrega de los lotes. En marzo del año pasado, el retraso en el suministro de las dosis para los países de la Unión Europea alteró todo su cronograma de vacunación y con él, su estrategia de recuperación económica. En agosto de 2020, la comunidad europea firmó un acuerdo para la adquisición de 300 millones de dosis, pero el laboratorio redujo la entrega de ellas a un 60% en el primer trimestre del siguiente año. Por esta razón, la Comisión Europea anunció que no renovaría contrato con AstraZeneca y que llevaría al laboratorio a los tribunales. En setiembre, ambas partes llegaron a un acuerdo en el que la farmacéutica se comprometió a seguir un cronograma para entregar a la Unión Europea 200 millones de dosis antes de que acabe el primer trimestre de 2022 y aceptó rebajar el precio de la vacuna.
Debido a lo ocurrido con AstraZeneca, la Comisión Europea anunció que luego de que los primeros contratos que firmó para la adquisición de las vacunas covid-19 concluyeran, iba a establecer cláusulas mucho más estrictas. Según un reportaje del diario "El País", los nuevos contratos fijaban un calendario más detallado de entregas, explicaban mejor las penalizaciones en caso de que no se cumpliera lo estipulado en el contrato y exigían que los componentes principales de la vacuna provinieran de Europa.
En Perú, en mayo del año pasado, el Ministerio de Salud emitió una resolución que clasificó como “información reservada” la referida a la etapa de negociación, contratación y ejecución de la adquisición de vacunas contra la covid-19. La resolución establece que la reserva se mantendrá hasta que se libere todo o parte del contrato por acuerdo de las partes o se extinga el riesgo de perjudicar la vacunación. Una norma que hacía aún más opacos los acuerdos con los laboratorios.
El ministro de Salud, Hernando Cevallos, ha cuestionado en una reciente entrevista el contrato firmado por el gobierno anterior. “Los contratos en general tienen cláusulas que favorecen claramente a las empresas. Son contratos con carácter de confidencialidad, lo cual es una desventaja para el país receptor de las vacunas donde se señalan plazos de entrega y se señalan plazos también de vencimiento de los productos que, en mi opinión, son absolutamente abusivos y que no les permiten a los países manejarlos con criterios sanitarios más lógicos”, dijo.
Cevallos también explicó que desde hace tres meses están pidiendo a AstraZeneca vacunas con mayor plazo de vencimiento, pero el laboratorio responde que el Estado tiene la obligación de recibir las vacunas tal como son enviadas. “Nosotros le señalamos a AstraZeneca: ‘necesitamos un plazo de vencimiento mayor; tres meses para poder manejar esa cantidad de vacunas que van a llegar en el mes de enero-febrero es prácticamente imposible para cualquier país’. Y AstraZeneca nos dice: ‘ustedes tienen que recibirlas porque ese contrato está firmado desde el 2020, ya pagadas por el Estado peruano”, contó Cevallos.
Una opción para que las vacunas no se pierdan es la donación. Sin embargo, estas no son aceptadas por los países a los que se las han ofrecido, bajo el esquema de Covax Facility, por el poco plazo de vencimiento que tienen. El titular del sector Salud ha manifestado que no se aceptan donaciones de dosis que expiran en tres meses. En este escenario, y considerando el stock de vacunas que vencen pronto en el Perú, tampoco se van a poder aplicar acá.
El caso Pfizer: almacenadas más tiempo del debido
Las vacunas deben mantener ciertas condiciones de refrigeración para no perder su eficacia desde el momento que son fabricadas hasta su aplicación. En el caso de los frascos de Pfizer, estos pueden estar congelados a una temperatura de entre -90 ºC a -60ºC hasta por nueve meses. Luego, cuando son descongelados para su uso, deben mantenerse a una temperatura de entre 2ºC a 8ºC por 31 días como máximo. Pero no siempre sucede de esta manera.
Cuatro informes de la Contraloría señalan que 1056 frascos de Pfizer sin abrir —6636 dosis en total— superan o están cerca de este plazo de almacenamiento.
Uno de los casos involucra al Cenares. Esta entidad envió a la Dirección Regional de Salud Ucayali 585 frascos (3510 dosis) el 14 de junio y 195 frascos (1170 dosis) cuatro días después. Sin embargo, al momento de la supervisión, faltaban de tres a nueve días, respectivamente, para alcanzar el límite de almacenamiento de 31 días.
Otro suceso similar ocurrió en Junín. El 27 de agosto de 2021 se encontraron, en la Red de Salud Tarma - Hospital Félix Mayorca Soto, 107 viales de Pfizer almacenados durante 35 días; es decir, cuatro días más del tiempo permitido. La Contraloría también informó que la tarjeta de control del almacén indicaba que los frascos ingresaron el 21 de agosto. No obstante, según el comprobante de salida de la Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas de la Dirección Regional de Salud Junín, la última entrega fue el 23 de julio.
El Hospital Nacional Dos de Mayo, en Lima, no es ajeno a esta situación. El 6 de julio recibió de la Diris Lima Centro 359 frascos de Pfizer. Sin embargo, esta entidad tenía en su poder las vacunas desde finales de junio. Al 31 de julio, el hospital tenía un stock de 167 viales sin usar, que no solo habían superado el periodo de validez de 31 días, sino que habían expirado y no se habían desechado adecuadamente. Se estima que estas 1002 dosis, que estaban destinadas a pacientes con VIH, generaron un perjuicio económico de S/ 51 968.
Asimismo, el 26 de agosto en el Hospital de Quillabamba, en Cusco, se hallaron 2 frascos de Pfizer —equivalentes a 12 dosis— que llevaban 24 días descongelados y que, por lo tanto, estaban a una semana de perder su utilidad. El personal del hospital comentó, no obstante, que estas dosis serían aplicadas el 28 y 30 de agosto para no desperdiciarlas.
Actualizado el 8 de febrero de 2022 a las 13:41.
