El 14 de febrero se reveló la lista de 470 personas vacunadas irregularmente en el marco del ensayo clínico del laboratorio chino Sinopharm. Así conocimos que un expresidente, dos ministras, funcionarios públicos, investigadores y sus familiares habían sido beneficiados con vacunas incluso meses antes que iniciara el proceso oficial de vacunación contra la covid-19 a nivel nacional.
Hoy sabemos que no son los únicos. Reportes de la Contraloría General de la República dan cuenta de vacunaciones indebidas, además de problemas con el almacenamiento de las vacunas y el registro de las vacunaciones. Hace unos días, el contralor Nelson Shack informó que se han perdido alrededor de tres docenas de vacunas y confirmó que identificaron un padrón de vacunación desactualizado y por lo menos 200 vacunados irregularmente.
Salud con lupa presenta la segunda parte de un informe sobre ‘Los otros Vacunagate’, basado en la revisión de los documentos de la Contraloría elaborados hasta la primera semana de marzo. Así encontramos que 766 personas fueron incluidas en padrones de vacunación pese a que no les correspondía y muchas de ellas llegaron a ser beneficiadas con dosis de Sinopharm. Estos son algunos de los casos más destacados.
Ayacucho: Extrabajadores del hospital regional beneficiados en forma irregular
Al verificar el padrón nacional de vacunación durante la jornada de vacunación del 10 y 11 de febrero en el Hospital Regional de Ayacucho, la Contraloría identificó que se había registrado a 14 trabajadores y extrabajadores administrativos como personal asistencial para que sean beneficiados con vacunas. Entre ellos, una trabajadora que actualmente está recluida en el penal de Yanamilla.
La química farmacéutica Lidia Paucarhuanca Bendezú ejercía el cargo de Jefa del Servicio de Farmacia del Hospital Regional de Ayacucho hasta que la detuvieron en abril del 2020 cuando se encontraron medicamentos y material de bioseguridad del Ministerio de Salud (Minsa) a la venta en una farmacia de su propiedad. El Ministerio Público dictó que cumpla prisión preventiva durante la investigación por presunta comisión del delito de peculado doloso por apropiación agravada, en contra del Estado.
Los otros casos corresponden a administrativos o exadministrativos del hospital regional que figuraban como personal sanitario. Yanet Durand Nicolas, secretaria de administración, aparecía como técnica de enfermería según el padrón. El técnico en computación Anderson Jayo Choque aparecía como médico; la licenciada en administración Nilda Palomino Ñaupa figuraba como enfermera; la bachiller en contabilidad Beatriz Yupanqui Méndez aparecía como médica; Justiniano Barrientos Taco, personal del área de Comunicación, aparecía como técnico de enfermería y Tito Meneses Callirgos, personal del almacén general, aparecía como técnico en Laboratorio.
Por otro lado, Elvis Echevarría Quispe y Luz Pacheco Tenorio, enfermero y obstetra respectivamente, sí pertenecen a las profesiones consignadas en el padrón pero no realizan labor asistencial pues son personal de Presupuesto. A ellos se suman personas que ya no trabajaban en el Hospital Regional de Ayacucho. Ana Fuentes Coronado aparecía en el padrón como técnica de enfermería pero es contadora pública y exadministradora en el hospital. Juan Ochoa Sotomayor y Eduardo Urbina Mendoza aparecían como técnicos de enfermería, pese a que ambos son abogados; el primero era asesor legal del hospital y el segundo se desempeñaba como abogado de Recursos Humanos y jefe de personal. Otros extrabajadores incluidos fueron los químicos farmacéuticos Fredy León López y Elvis Robles Alarcón.
La Contraloría detectó situaciones similares en otros centros de salud ubicados en otras provincias de Ayacucho: 47 personas que no mantenían vínculo laboral con los establecimientos, pero fueron considerados en el padrón de vacunación. De acuerdo a los reportes, se encontró también a personas que realizaban trabajo remoto, estaban de licencia o de vacaciones.
Huancavelica: 95 trabajadores que no debieron estar en la lista
En los centros de salud de Churcampa, Paucarbamba, Anco y San Pedro de Coris, el padrón nacional de vacunación consideró a personal sanitario en trabajo remoto, de vacaciones o incluso, que no labora en la entidad. En total, 53 personas. Sin embargo, como pudo comprobar la Contraloría, trabajadores que vienen laborando en áreas críticas de estos establecimientos no fueron incluidos en el listado.
Algo similar sucedió en los centros de salud de Huando, Yauli, Paucara, Colcabamba y en el Hospital de Pampas, donde la Contraloría detectó que 42 personas en el padrón no estaban trabajando en dichos establecimientos al momento de la vacunación. De hecho, tres personas nunca habían trabajado ahí.
Además, se evidenció que se está incumpliendo la directiva sanitaria que establece la obligación de firmar y completar un formato de consentimiento informado para toda persona que acepte vacunarse. Contraloría comprobó que el personal del Centro de Salud Huaytará no cumplió con verificar que las personas a vacunarse registren correctamente dicho documento. Esa falta de información no permitiría identificar contraindicaciones y se genera el riesgo de no realizar el seguimiento a efectos posteriores a la vacunación.
En la Red Asistencial Huancavelica, de EsSalud, se detectó también el caso de una trabajadora que aparecía en la lista de personas vacunadas el 13 de febrero, pese a que días antes había indicado su negativa a aplicarse la vacuna en el documento de consentimiento informado. Adicionalmente, se encontraron cinco formatos donde no se había marcado el consentimiento para la aplicación de la vacuna.
Apurímac: Un congresista y una enfermera fallecida en el padrón
La Contraloría observó a 74 personas registradas en el padrón de vacunación correspondiente al Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, en el distrito de Abancay. El listado incluía a trabajadores en modalidad de trabajo remoto, administrativos y personas que no mantenían un vínculo laboral con el establecimiento. Pero dos personas resaltan en el grupo.
Una de ellas es el congresista Omar Merino López, del partido Alianza para el Progreso, quien se desempeñaba como médico especialista en ortopedia y traumatología en dicho hospital hasta que fue elegido para ejercer la labor parlamentaria en 2020. Su presencia en el padrón revelaría no sólo que este no estaba actualizado, sino que no se llevó a cabo una adecuada priorización, pues no se trataba de personal de primera línea.
En un oficio enviado por Merino López el 12 de febrero al director del Hospital Guillermo Díaz de la Vega, el congresista expresó que contaba con licencia por haber asumido el cargo y que ponía la vacuna que se le asignó a disposición para otro personal de salud.
También fue incluida en el padrón de vacunación (tanto en el nacional como en el regional) una técnica de enfermería que aparece como fallecida en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Según pudo comprobar Salud con lupa, la trabajadora falleció el 6 de febrero, tres días antes de que iniciara la vacunación contra la covid-19 a nivel nacional.
Más infracciones fueron detectadas por la Contraloría en este hospital. Problemas con la cadena de frío que podrían exponer las dosis a agentes contaminantes y la ausencia de un kardex o documento que garantice el control de ingreso y salida de vacunas. Esa situación podría ocasionar faltantes y sobrantes, señaló la entidad de control.
Por otro lado, se comprobó que el área de Epidemiología del hospital no estaría notificando sobre los Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación o Inmunización (ESAVI), es decir, a los posibles efectos adversos a la vacuna. Ello generaría un reporte inadecuado al Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia de la Digemid.
Lima: Vacunas que viajan al lado de combustible y un padrón incompleto
El 19 de febrero, tres cajas selladas con 8070 frascos de vacunas Sinopharm llegaron en helicóptero al Estadio Municipal “Segundo Aranda Torres” del distrito de Huacho, provincia de Huaura, donde fueron entregadas al Almacén Regional Especializado de Vacunas. Hasta ahí llegaron ambulancias de diversos establecimientos de salud para realizar el traslado de las dosis. Y según pudo detectar la Contraloría, las cajas portando las vacunas viajaron junto a galoneras de plástico llenas de combustible.
“Genera el peligro potencial, en caso de un eventual accidente de tránsito, de contaminación generalizada de las mismas”, señaló la entidad, resaltando que no sólo se pondría en riesgo el beneficio sanitario de las vacunas, también las vidas de las personas a bordo de los vehículos.
En el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado – Hideyo Noguchi se registró un problema distinto. Al igual que en Apurímac, el padrón de vacunación incluyó a personal que no labora en el establecimiento e incluso a una persona fallecida. La Contraloría identificó en el listado a 21 personas que no corresponden con los criterios, además de la persona fallecida, mientras que 10 trabajadores que sí laboraban presencialmente no fueron considerados.
Además, se encontró que hay 50 personas que no asistieron a vacunarse pese a figurar en el padrón nominal y a que sí trabajan en Honorio Delgado. Sin embargo, no hay evidencias de que hayan renunciado a vacunarse por medio del formato de consentimiento informado.
En el Hospital Nacional Sergio E. Bernales, de Comas, también se encontró una inconsistencia en los registros. Mientras que el sistema y el número de frascos utilizados muestra 245 personas vacunadas, sólo se encuentra la documentación del consentimiento informado correspondiente a 244 trabajadores.
Moquegua: 82 vacunaciones que no cumplían con criterios
En la primera etapa de vacunación en el Hospital Regional de Moquegua, la Contraloría identificó que un total de 64 personas fueron vacunadas pese a que no formaban parte del padrón inicial y tampoco cumplen con los criterios establecidos por el Ministerio de Salud. Entre ellos había una persona que hacía trabajo remoto, dos trabajadores que estaban con licencia con goce de haber por factor de riesgo y diez trabajadores que realizan labor administrativa; además, trece personas que no tenían vínculo laboral con el hospital regional a la fecha de vacunación, 16 trabajadores de limpieza de la empresa Eco Tambo Perú que prestan servicio de limpieza en el hospital y 22 trabajadores de la empresa de Vigilancia Armada y Servicios VIGSER SAC, que también prestan servicios al hospital. A ese grupo se suman 5 personas vacunadas que sí aparecían en el padrón de vacunación, pero no estaban laborando en el Hospital Regional de Moquegua. En total, 69 vacunaciones indebidas en este establecimiento.
Por otro lado, en el Hospital de Ilo, ubicado en la provincia del mismo nombre, la Contraloría identificó a 13 personas que recibieron las dosis de Sinopharm pese a que no les correspondía porque no tenían un contrato que acredite que laboraban ahí y, en el caso de una persona del servicio de Nutrición del hospital, porque estaba de vacaciones todo el mes de febrero.
Cajamarca: 49 vacunados sin prioridad y problemas de registro
Según pudo comprobar la Contraloría, el 11 de febrero la Dirección Regional de Salud de Cajamarca dispuso suspender la vacunación de personal de salud que esté trabajando remotamente o ya no labore en el establecimiento. Así, sólo quedaba autorizada la vacunación de personal activo y se elaboró un segundo padrón con esos criterios. Sin embargo, al revisar el nuevo listado elaborado por el Hospital Santa María de Cutervo, se identificó a 9 trabajadores cuyas labores no estaban priorizadas para esta primera fase de vacunación. Entre ellos estaba la secretaria de dirección del hospital, María Irene Bustamante; además de dos administradores, dos contadores, dos técnicos de computación, un técnico electricista y un ingeniero agrónomo. En contraste, la nueva lista no incluyó a 15 personas que sí realiza labores priorizadas por estar en mayor riesgo de contagio. No sólo personal sanitario, sino personal de limpieza, vigilantes y pilotos de ambulancia del centro COVID.
En el Hospital Regional Docente Cajamarca también se encontró que fueron vacunadas 37 personas que no figuraban en el padrón de vacunación ni en la relación de trabajadores del hospital. El 16 de febrero, la Contraloría pidió informes sobre esas personas, pero no recibió respuesta. Además se identificó que tres personas que figuran como vacunadas en el aplicativo web del Minsa, no estaban laborando en ese momento en el hospital. En el caso de un médico, porque estaba con licencia por comorbilidad, y en el caso de dos médicos residentes, porque se encontraban en rotación externa en establecimientos de salud de Lima y Trujillo.
Es importante añadir que en el Hospital Regional Docente Cajamarca se encontraron también inconsistencias en el registro. Por ejemplo, se identificó que dos personas que aparecen como vacunadas en el aplicativo del Minsa, figuran en la lista del hospital de personas que rechazaron la vacuna. Por otro lado, el 19 de febrero el hospital informó a la Contraloría que 22 colaboradores estaban a la espera de evaluación médica y no habían sido vacunados. Entre ellos, había dos personas que no marcaron o no firmaron el documento de consentimiento informado. Uno de ellos indicó que padece alergia a la penicilina, el otro señaló que un doctor le había recomendado “no vacunarse por alergias”. Sin embargo, en el aplicativo del Minsa ambos figuran como vacunados el 18 de febrero.
Explora aquí los casos destacados en este informe de Salud con lupa:
