Una pastilla que se toma una vez al mes podría ampliar las opciones para prevenir el VIH. Sin embargo, Perú, donde se evaluó el medicamento, quedó fuera de las licencias que permitirían importar versiones genéricas a precios más accesibles. Es el tercer medicamento para prevenir el VIH del que el país queda excluido, según la organización civil Acción Internacional para la Salud (AIS Perú).
El medicamento se llama alimatravir y lo desarrolla la farmacéutica Merck, conocida como MSD fuera de Estados Unidos y Canadá. El 24 de julio de 2026, la empresa anunció licencias voluntarias para que fabricantes de genéricos lo produzcan para 129 países de ingresos bajos y medianos. Perú no está en esa lista.
Este miércoles, AIS Perú y otras organizaciones de la sociedad civil, comunidades que viven con VIH, investigadores y academia pidieron a la presidenta Keiko Fujimori que el Estado gestione ante Merck la inclusión del país.
Un país que aportó evidencia
Perú participó en EXPrESSIVE-11, el ensayo clínico de fase 3 que evalúa el alimatravir, con seis de sus 81 centros en el mundo. Sudáfrica, con el mismo número de centros, sí fue incluido en las licencias. Merck no ha publicado los criterios que usó para elegir a los países.
Los resultados preliminares del estudio indican que el medicamento es eficaz. Como ocurre con otras formas de profilaxis preexposición (PrEP), está dirigido a personas que no tienen VIH, pero pueden estar expuestas a adquirirlo. No es una vacuna ni cura el virus.
«No pedimos un privilegio: pedimos que Merck publique el criterio con el que eligió a los países», dijo Javier Llamoza, investigador de AIS Perú. «Si no existe, que reconsidere y nos incluya».
El 1 de octubre, las organizaciones enviaron una carta a Merck con ese pedido y fijaron un plazo de 30 días calendario para recibir una respuesta, que venció el 31 de octubre. También entregaron al ministro de Salud una propuesta normativa para evitar nuevas exclusiones.
Una exclusión que se repite
Según AIS Perú, no es la primera vez. El país también quedó fuera de las licencias de cabotegravir y lenacapavir, ambos medicamentos para prevenir el VIH. En el caso del lenacapavir, una inyección de dos dosis al año, Salud con Lupa ya informó que Gilead excluyó al país del acuerdo pese a que allí se realizaron ensayos clínicos.
Las organizaciones recuerdan además lo ocurrido con la primera PrEP oral. En el ensayo iPrEx, que demostró su eficacia, el 56 % de los participantes (1400 de 2499) fue reclutado en Lima e Iquitos. Perú incorporó ese medicamento a su norma técnica en 2023, casi once años después de su aprobación en Estados Unidos.
«Probar medicamentos en peruanos y peruanas y luego limitar el acceso a sus beneficios es injusto e inaceptable. Si el Congreso debe legislar para evitarlo, lo haremos», afirmó Susana Matute, presidenta de la Comisión del Senado en asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital.
Una prevención todavía limitada
En 2024, el Perú notificó 8053 nuevos casos de VIH, y el Ministerio de Salud (Minsa) estima que unas 110 000 personas viven con el virus. La PrEP oral gratuita llegó a los servicios públicos en 2023, pero su alcance sigue siendo reducido: hasta diciembre de 2024, solo 5443 personas estaban en el programa nacional.
Para Tiana Quevedo, vocera de AIS Perú, un esquema mensual «puede facilitar la prevención a quienes hoy tienen dificultades para sostener la toma diaria». Agregó que el acceso es «una cuestión de salud pública y de derechos».
Lo que piden a Merck y al Gobierno
Para las organizaciones, el primer paso es que Merck incluya al Perú en el territorio de las licencias voluntarias del alimatravir. Como esa decisión depende de la empresa, también reclaman que el Estado actúe: que el Gobierno presente la solicitud formal por medio de la Cancillería y con sustento técnico del Minsa, en un plazo de 30 días hábiles.
Además, proponen que en 60 días hábiles se instale una mesa técnica con el Minsa, Digemid, Cenares, Indecopi, el Instituto Nacional de Salud, la sociedad civil y la academia. Su tarea sería preparar el registro prioritario y la compra pública del medicamento, de modo que el país pueda acceder a él de forma oportuna si los estudios concluyen con resultados favorables.
