La junta médica del Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola Iglesias le negó el acceso al aborto terapéutico a Mila, una niña de 11 años de edad que quedó embarazada en Iquitos tras haber sido abusada por su padrastro desde los seis años. Los médicos consideraron que Mila no tiene ninguna alteración mental, que su embarazo va por buen camino y que dentro del protocolo para el aborto terapéutico no están incluidos los casos de violaciones sexuales.
Sus argumentos son absurdos. Si bien las normas peruanas no dicen que el aborto terapéutico se debe aplicar cuando las mujeres y niñas resulten embarazadas producto de una violación, basta que sus vidas y salud estén en riesgo para que se practique. Los médicos no consideraron que las niñas menores de 15 años tienen tres veces más riesgo de morir por causas relacionadas al embarazo en comparación a las mujeres a partir de los 20 años. Los embarazos en la niñez, además, aumentan la posibilidad de un aborto espontáneo y durante el parto puede haber obstrucciones o desgarros del cuello uterino. Obligar a las niñas a ser madres también puede ocasionar que sean discriminadas o que abandonen sus estudios.
La decisión del pasado 3 de agosto refleja múltiples fallas en el sistema para proteger a las niñas, niños y adolescentes, pese a que solo hace dos meses el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó que el Perú violó los derechos a la salud y la vida de una niña indígena de 13 años, conocida como Camila. Le negó información y acceso al aborto terapéutico, que es legal en el Perú desde 1924, tras haber sido violada por su padre. El organismo internacional, además, solicitó al Estado peruano despenalizar el aborto en todos los casos de embarazo infantil.
Cuando Mila, con ayuda de una de sus primas, denunció los abusos que sufría por parte de su padrastro Lucas Pezo Amaringo, de 41 años de edad, se enteró de que tenía 13 semanas de gestación. En sus declaraciones, dijo que su mamá sabía de los abusos que sufría, pero que no hizo nada para ayudarla. Su madre ha denunciado que también sufría violencia física, sexual y psicológica por parte de su pareja, quien la había amenazado con asesinarla si contaba lo que sucedía.
Tras conocerse este caso y sin evaluar el contexto familiar, la Unidad de Protección Especial (UPE) de Loreto, envió a Mila y a sus tres hermanos, el menor de cuatro meses de edad, a diferentes albergues, sin que su madre pueda verlos ni darle de lactar al más pequeño.
La UPE, un servicio del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables con presencia en la región selvática desde el 2018, tiene como objetivo proteger a los niños, niñas y adolescentes que no cuenten con el cuidado de su familia o se encuentren en riesgo. Dentro de sus funciones, debe brindarles asistencia legal y psicológica. Sin embargo, su entonces directora Lisbeth Mori, en vez activar el protocolo de aborto terapéutico e informar el procedimiento a seguir a la familia, trató de persuadir a la madre para que Mila no aborte, según reveló Epicentro TV.
“La solución a lo que ha sucedido no es que le apliquen el aborto. La violencia sexual que ha sufrido tu hija no se va a sanar con el aborto, si es que se lo aplican”, se le escucha decir en una grabación. Ayer, fue separada de su cargo.
Acciones tardías
Un mes después de la denuncia inicial por violación, cuando la organización Promsex asumió la defensa legal de la madre de Mila, recién la Unidad de Protección Especial de Loreto envió a la pequeña al Hospital Regional de Loreto para que su junta médica determine si se le aplica o no el aborto terapéutico. Para entonces Mila ya tenía 17 semanas de gestación. Es importante recordar que en el Perú solo se puede aplicar este procedimiento hasta las 22 semanas de embarazo.
“Mientras más se dilate la decisión más daño se le va a causar a la niña, cada día que pasa el sentimiento de abandono y desprotección suma, ahora la menor está en manos del Estado. El caso es sencillo: una niña de 11 años no está preparada física y mentalmente para enfrentar un embarazo y todas sus implicancias”, señaló Patricia Andrade, asesora de la Dirección de Programas de Promsex.
Tras la vulneración de sus derechos, la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, informó que Mila fue trasladada a Lima a pedido de su familia. En la capital será evaluada por una segunda junta médica, pero con la supervisión del Ministerio de Salud (Minsa). La Defensoría del Pueblo ha informado que Mila se encuentra recibiendo atención en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Sin embargo, desde Promsex denuncian que las autoridades no les han brindado toda la información sobre cómo se encuentra la pequeña ni si ya está conformada la nueva junta.
“No sabemos si ya está integrada la nueva junta médica que va a hacer las evaluaciones. Eso es importante porque la reconsideración debe hacerse como máximo en 48 horas. Desde la denegatoria de ese derecho hasta ahora han pasado aproximadamente 5 días”, señaló Isbelia Ruiz, coordinadora de litigio estratégico de Promsex. La abogada también cuestionó que no se les haya notificado a la madre de Mila ni a ellos cuando fue trasladada a Lima. Exigen que el Estado entregue a Mila a su madre como ya lo hizo con sus tres hermanos.
.@OACNUDHPeru, @UnaidsLac, @ONUMujeres, @UNFPAPeru y @UNICEFperu expresan su profunda preocupación por un nuevo caso de vulneración a los derechos de una niña de 11 años, bajo el pseudónimo de Mila.
— Naciones Unidas Perú (@ONUPeru) August 8, 2023
Lee el pronunciamiento aquí:https://t.co/iTxIcHdhR4 pic.twitter.com/QcxBBUoFl3
La evaluación de una nueva junta de médicos se da luego de que varias instituciones públicas y privadas de Perú, y organismos internacionales, incluida la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, solicitaran al Estado peruano reconsiderar el acceso al aborto terapéutico a Mila.
“Para garantizar el derecho a la salud, incluidos los derechos sexuales y reproductivos y a la vida de la niña desde un enfoque integral y en el marco del principio del interés superior del niño, instamos a las autoridades correspondientes reconsiderar la decisión de negarle el acceso al aborto terapéutico y garantizarle a Mila, y a todas las niñas y adolescentes embarazadas víctimas de violencia sexual este derecho —con procedimientos seguros y pertinentes a su edad— y dentro de las 22 semanas de gestación que establece el protocolo de este procedimiento médico”, se lee en un pronunciamiento de las Naciones Unidas.
Mientras Mila está a la espera de que se le practique el aborto terapéutico, su agresor se encuentra en libertad. El miércoles 16 de agosto, la Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Loreto ha programado una nueva audiencia para evaluar la prisión preventiva de Lucas Pezo mientras continúan las investigaciones.
