El lunes 13 de junio, un camión de la empresa Wari Service SAC que transportaba más de 30 toneladas de concentrado de zinc de la Unidad Fiscalizable Alpamarca de la Minera Chungar, filial de la compañía Volcan, se volcó a la altura de Canta, vertiendo todo el contenido en el río Chillón. Volcan presenta una amplia lista de sanciones ambientales y está peleando en el Poder Judicial para anular el pago de más de 19 millones de soles en multas.
La compañía minera Volcan, que pertenece al conglomerado Glencore, es reincidente en infracciones y es la que más multas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha judicializado. Según el Registro Único de Infractores Ambientales Sancionados por el OEFA (RUIAS), ha cometido 225 infracciones desde el 2010, principalmente por haber excedido los límites máximos permisibles de emisiones mineras, estándares que de ser sobrepasados pueden causar daños a la salud y al ambiente. Otros de los motivos son no cumplir con compromisos o normas ambientales, y no adoptar medidas de previsión y control ambiental.
Salud con lupa pudo conocer, además, que la empresa pelea en el Poder Judicial por la nulidad de 55 multas impuestas por la entidad fiscalizadora. Según la información que la Procuraduría del OEFA remitió a este medio, el monto en disputa total es de 19 millones 665 mil soles, por sanciones impuestas del 2011 al 2015.
La multa más grave que Volcan está tratando de eliminar le fue impuesta en setiembre de 2012. El motivo fue no haber cumplido con dos medidas correctivas que dictó OEFA. La primera fue dejar de operar su planta "San Expedito" por encima de la capacidad instalada de 450 TM (toneladas de mineral) por día, lo que no cumplió. Y la segunda, dejar de operar su planta "Paragsha-Oroyoc", algo que tampoco realizó. En esa oportunidad se fijó una multa de 400 UIT, es decir, 1 millón 480 mil soles. El caso fue llevado al Poder Judicial en 2014.
Judicializar las multas es una estrategia muy común empleada por las empresas. Esto significa llevarlas a un proceso judicial que puede tardar varios años, todo con el fin de retrasar el desembolso del dinero mientras siguen operando.
Recién en abril del 2013, a través de una modificación en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, Ley N° 29325, se estableció que no bastaba con iniciar un proceso judicial para detener el cobro de multas por parte de OEFA. La norma tuvo buenos resultados. Sin embargo, aún ahora las empresas sancionadas pueden recurrir a medidas cautelares para evitar el pago, previa presentación de una garantía.
Salud con lupa analizó la base de datos de la Procuraduría del OEFA e identificó a las empresas con más multas judicializadas. La lista la encabeza Volcan. Le sigue en segundo lugar Pluspetrol Norte, compañía que salió del Lote 192 sin ejecutar un plan de remediación. El tercer lugar lo ocupa Doe Run, que se encuentra en proceso de liquidación. El cuarto y quinto lugar corresponden a la empresa minera Los Quenuales y Minas Buenaventura, respectivamente.
Pero si hablamos de montos judicializados, el primer lugar lo ocupa Pluspetrol Norte, que pelea en tribunales el pago de 16,5 mil UIT. Le sigue Doe Run con 8,4 mil UIT y, en tercer lugar, la compañía Volcan, con 5,3 mil UIT.
Repercusiones del derrame de zinc
Mientras las autoridades analizan la dimensión del daño, la empresa Volcan ha anunciado, a través de un comunicado, las medidas que está tomando con respecto al derrame de concentrado de zinc. Afirma que está coordinando una compensación con los productores de truchas de la zona, y la limpieza de piscigranjas. Volcan indica que parte de su plan de contingencia ha sido construir diques para contener y limpiar el sedimento. Además, indicó que está colaborando con las autoridades para esclarecer las causas del accidente.
El concentrado de zinc —una mezcla que contiene en mayor cantidad zinc pero también otros metales— es potencialmente dañino para la salud. De acuerdo con un Análisis Ambiental de la Calidad de los Recursos Hídricos en la Zona Minera de Cerro de Pasco realizado en el 2018 por el Ministerio de Salud (Minsa), cuando las personas absorben demasiado zinc, pueden experimentar pérdida de apetito, sensibilidad, pequeñas llagas y erupciones cutáneas.
Por esta razón, el Minsa ha dado recomendaciones especiales para el consumo del agua a las familias de Canta. Ha indicado que luego de recolectar el agua la deben dejar reposar para facilitar la sedimentación del metal, así como echarle una gota de lejía a cada litro. Además, pide evitar el consumo directo del río, para animales y para el riego de chacras.
Este derrame ha afectado gravemente a los acuicultores de la zona. Las piscigranjas han suspendido las ventas de pescado. Según declaraciones recogidas por Exitosa, en el distrito de Huaros ya se han perdido más de 35 mil truchas. El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes) ha advertido que parte del mineral se puede ver en las agallas de los peces, que estarían muriendo por falta de oxígeno. “No es masivo, pero si se deja así las truchas van a seguir muriendo”, precisó.
Reportes de Defensa Civil también alertaron de la pérdida de 600 toneladas de truchas en la zona. Los piscicultores de Cullhuay, Obrajillo, Paraíso, Trout, Pariamarca, serían otras de las localidades afectadas.
No es la primera vez que un desastre como este sucede en Canta, donde todos los días pasan camiones que transportan minerales. Según Elmer Páez, asesor del Frente de Defensa de la provincia, este sería el tercer derrame en los últimos cuatro años en la zona. En setiembre del 2018, una cisterna de la empresa Transportes y Comercio Sol del Pacífico derramó 36 toneladas de concentrado de zinc en el distrito de Huaros.
El OEFA ha precisado que las entidades competentes para fiscalizar este caso son el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA); pero aclara que sí está realizando el seguimiento y verificación del desempeño de las funciones de las entidades.
La Autoridad Nacional del Agua obtuvo muestras de distintos puntos del río Chillón para realizar la medición de sus parámetros (pH, temperatura y conductividad eléctrica). También se tomaron muestras de aguas arriba y abajo de donde ocurrió el derrame.
Jorge Escobar Chuquiray, titular de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (DIGERD), señaló que se debe esperar el resultados de los análisis de agua para evaluar una declaratoria de emergencia sanitaria. “Dependiendo de la magnitud del evento ambiental, son los resultados de los análisis de agua, identificación del número de familias afectadas y capacidad de respuesta y atención de las instituciones prestadoras de servicios de salud, las que determinarán la necesidad o no de una emergencia sanitaria después del derrame de zinc”, dijo.
Sobre quiénes serían los que deberían asumir la responsabilidad del derrame, la exministra del Ambiente, Lucía Ruiz, explicó que serían la empresa subcontratada para el transporte y la empresa propietaria del mineral. “En estos momentos se habla de una responsabilidad conjunta, no solo de la unidad minera Alpamarca [filial de Volcan] sino también de Wari Services, que es la que hace la tercerización. Esto ocurre muchísimo en actividades económicas peligrosas, que se terceriza (...) Al momento de [buscar] la responsabilidad tendremos que mirar a ambos", señaló.
Por lo pronto, la fiscal Silvia Cáceda Román, a cargo de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Lima Norte, ha abierto una investigación preliminar por el delito de contaminación ambiental contra Wari Service S.A.C. y los que resulten responsables. Como parte de las pesquisas, el OEFA está apoyando a la Fiscalía en la toma de muestras de agua, sedimento y suelo.
