Lilibeth Peña recuerda con frustración los meses en que su olla comunitaria "Nueva Esperanza del Perú", en San Juan de Lurigancho, recibió conservas de sangrecita en aparente mal estado por parte de la Municipalidad de Lima. "Cuando abríamos la lata, el contenido no tenía el color normal, salía con espuma y la textura era extraña, como si estuviera cortada", relata. Junto con otras madres intentó preparar distintos platillos para aprovechar el producto, pero fue en vano. "No importaba cómo la cocináramos, la sangrecita nunca espesaba y olía raro. Al final, la mayoría prefería no comerla por miedo a que estuviera en mal estado".
La situación se repitió en otras ollas comunes de la ciudad. En "Corazón de María", ubicada en Huaycán, Elizabeth Huacachi cuenta que las madres también recibieron conservas de sangrecita con evidentes signos de deterioro. "Se formaban burbujas y del envase salía un olor desagradable. No pudimos cocinarlas por temor a que enfermaran a la gente". A pesar de que la Red de Ollas Comunes denunció públicamente estos problemas en el segundo semestre de 2023, la Municipalidad de Lima ignoró los reclamos y continuó distribuyendo los productos cuestionados.
Bajo la administración del alcalde Rafael López Aliaga, la Municipalidad de Lima tuvo la responsabilidad de comprar y distribuir alimentos para 2.174 ollas comunes entre julio de 2023 y abril de 2024, periodo en el que la ciudad fue declarada en emergencia alimentaria. Sin embargo, además de los alimentos de mala calidad, también hubo retrasos y faltantes en productos esenciales. Uno de los casos más graves fue la ausencia de conservas de caballa, el principal producto proteico de la canasta alimentaria. La falta de este alimento obligó a muchas ollas comunes a usar sus escasos fondos para comprar otros insumos, reduciendo la cantidad de raciones disponibles. Para muchas de las más de 150 mil personas beneficiarias, la olla común es su única comida del día.
Las ollas comunes surgieron durante la pandemia de COVID-19 como una respuesta comunitaria ante el hambre. Recién en abril de 2022 el Congreso aprobó la Ley 31458, que les dio reconocimiento legal. Desde entonces, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), a través de Qali Warma, asumió la compra de alimentos para asegurar su sostenibilidad. Pero en el segundo semestre de 2023, la Municipalidad de Lima tomó el control de la adquisición de alimentos en la capital, manejando un presupuesto de más de S/ 100 millones. No obstante, su gestión fue deficiente y puso en riesgo la alimentación de miles de personas.
Una investigación de Salud con lupa revela hoy que al menos cuatro empresas y consorcios contratados por la Municipalidad de Lima tenían antecedentes de sanciones e irregularidades, pero no se tomaron en cuenta pese a que el abastecimiento de alimentos a las ollas comunitarias requería que se cumplieran con estándares de calidad e inocuidad. De acuerdo con los criterios nutricionales establecidos, la canasta alimentaria para las ollas debe garantizar un aporte diario de al menos 2000 kcal y 75 gramos de proteína, cubriendo entre el 90% y 110% de los requerimientos calóricos de la población vulnerable. Sin embargo, los alimentos distribuidos por el municipio limeño consistieron mayormente en productos no perecibles, sin incluir alimentos frescos esenciales como tubérculos, hortalizas, carnes y lácteos.
“Nunca nos han entregado alimentos frescos. No hay tubérculos, carne ni verduras. No podemos depender solo de fideos y arroz", reclama Lilibeth Peña. Ante la escasez, muchas ollas comunes han buscado otras alternativas, pero sin éxito. "Antes íbamos al mercado mayorista de Santa Anita a pedir ayuda, pero muchas veces nos insultaban y nos decían que mejor vayamos a trabajar. Lo que conseguimos suelen ser sacos de ají o hierbas, que no alcanzan para preparar un almuerzo completo", cuenta. Elizabeth Huacachi agrega que la última entrega de alimentos que recibieron fue en diciembre, pero correspondía a productos que debieron llegar en septiembre, octubre y noviembre.
La caballa que nunca llegó
La Municipalidad de Lima adjudicó a la empresa Agro Imperio Perú S.A.C. el contrato más grande por un monto de más de S/ 60 millones para entregar diez productos esenciales, entre ellos conservas de caballa, arroz, fideos, menestras, aceite y azúcar que debían llegar a las ollas comunes entre julio y diciembre de 2023. Pero desde la primera distribución en agosto de ese año, varias dirigentes reportaron que no estaban recibiendo las latas de conserva de caballa, el producto más importante en términos de valor nutricional de la canasta.
Agro Imperio Perú S.A.C. justificó el incumplimiento de la entrega de las conservas de caballa alegando problemas por la “reducción en la cuota de extracción de las embarcaciones de mayor escala que afecta directamente en el abastecimiento de materia prima para los productos procesados pesqueros”. Al menos esa fue la versión que dio a la Gerencia de Desarrollo Humano y la Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Hambre Cero de la Municipalidad de Lima el 16 de agosto de 2023. Sin embargo, durante esta investigación hallamos la verdadera razón: su fabricante del producto, el Consorcio Pesquero El Ferrol S.A.C., había sido sancionado por el Servicio Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) del Ministerio de la Producción por condiciones insalubres en su planta. La resolución de sanción se publicó el mismo día que Agro Imperio Perú S.A.C. firmó el contrato con la Municipalidad de Lima. Las inspecciones revelaron la presencia de cucarachas, pupas de insectos y heces de roedores en las áreas de procesamiento de alimentos. Por ello, se le multó con más de S/ 24 mil.
A raíz de este incumplimiento, la Municipalidad de Lima firmó cinco adendas con Agro Imperio Perú S.A.C. para modificar el contrato. Estas permitieron la sustitución de la caballa en conserva por huevos de gallina y leche evaporada para las ollas comunes. Sin embargo, las actas de entrega revisadas por Salud con lupa muestran que la empresa tampoco cumplió con la entrega completa de estos productos, afectando el abastecimiento de miles de beneficiarios.
En 2024, el Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó en dos ocasiones a Agro Imperio Perú S.A.C. La primera fue por presentar una oferta engañosa en una subasta inversa para vender arroz pilado superior a la Municipalidad Provincial de Abancay. En febrero de 2021, la empresa ganó la licitación al ofrecer el precio más bajo, pero luego alegó un error de digitación en su propuesta. Como consecuencia, recibió una multa de S/ 5,150 y una suspensión de tres meses en caso de no pagarla.
La segunda sanción se debió al incumplimiento en la entrega de documentos para suscribir un contrato de suministro de maíz amarillo duro con la Universidad Nacional Agraria La Molina. En febrero de 2022, Agro Imperio Perú S.A.C. ganó la subasta inversa, pero no continuó con el proceso, lo que llevó a que la compra fuera declarada desierta. Por este motivo, se le impuso una multa de S/ 8,510 y una suspensión de cuatro meses si no realizaba el pago correspondiente.
Sangrecita dudosa y un proveedor con suerte
La Municipalidad de Lima compró también conservas de sangrecita y hojuelas de avena para las ollas comunes de la capital. En agosto de 2023, el contrato se adjudicó al Consorcio Valentina, conformado por Distribuidora Sarmiento S.A.C. y Negociaciones Valentina Kar S.A.C. Este consorcio recibió más de S/ 13 millones para entregar estos productos, pero desde las primeras distribuciones en noviembre de ese año la Red de Ollas Comunes de Lima reportó que el producto tenía características de estar en mal estado. Este reclamo se repitió en febrero de 2024, pero no fue atendido.
Salud con lupa consultó al Consorcio Valentina sobre las quejas de las ollas comunes respecto a la calidad de los alimentos entregados. Sin embargo, sus voceros aseguraron que, de manera formal, “no registraron alertas por presunto mal estado de los productos”. Según su versión, solo fueron notificados de incidentes relacionados con empaques rotos o abollados, los cuales fueron reemplazados.
El fabricante de estas conservas fue Conseral E.I.R.L., una empresa que nació apenas seis meses antes de la convocatoria de compra pública realizada por la Municipalidad de Lima. Con tan poco tiempo de operación, no tenía experiencia previa como proveedora del Estado, y su propietaria, Fiorella Vargas, estaba más relacionada con el negocio de alquiler de juegos infantiles y la venta de fertilizantes que con la industria alimentaria.
En abril de 2023, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) otorgó a Conseral E.I.R.L. la validación técnica de su Plan HACCP, certificando que la empresa contaba con la infraestructura necesaria para cumplir con buenas prácticas de manufactura e higiene. Apenas dos meses después, la Municipalidad de Lima lanzó una licitación que favoreció al Consorcio Valentina, el cual delegó a Conseral E.I.R.L. la producción de las conservas de caballa destinadas a las ollas comunes.
Conseral E.I.R.L. obtuvo el registro sanitario para su conserva de sangre de vacuno bajo dos marcas: Conseral y Gambrinus. Sin embargo, hay un detalle que llama la atención. En las imágenes de las latas distribuidas a las ollas comunes, Salud con lupa identificó que se utilizó la marca Gambrinus con un logo perteneciente a otra empresa cárnica: Productos Gambrinus Werner Riepl Wahl S.R.L., proveedora del programa de alimentación escolar Qali Warma (ahora Wasi Mikuna).
Esta coincidencia resulta aún más preocupante porque, en 2024, colegios de Cajamarca y Áncash denunciaron que las conservas de res y pollo de Productos Gambrinus Werner Riepl Wahl S.R.L. habían llegado en mal estado. La presencia de su logo en las latas distribuidas a las ollas comunes plantea interrogantes sobre la procedencia y calidad de los productos entregados a poblaciones vulnerables.
Cuando Salud con lupa preguntó al Consorcio Valentina por qué eligió a Conseral E.I.R.L como fabricante, pese a su falta de experiencia en ventas al Estado, sus voceros aseguraron que la selección se realizó tras un proceso de evaluación. Según explicaron en una respuesta por escrito, “se convocó a diversas empresas de Lima Metropolitana y provincias para que presentaran cotizaciones [...]. Luego de analizar las opciones disponibles, se decidió contratar a Conseral E.I.R.L. y CAAS Alimentos S.A.C. para la producción de conservas de sangrecita”. Afirmaron, además, que la elección se basó en criterios de calidad del producto y en la capacidad de producción dentro de los plazos establecidos en la licitación.
Sin embargo, el Consorcio Valentina no explicó por qué en las latas de sangrecita distribuidas a las ollas comunes se utilizó el logo de Productos Gambrinus Werner Riepl Wahl S.R.L., ni cuál es su vínculo con esta empresa.
Esta investigación encontró también que las empresas que conforman el Consorcio Valentina -Distribuidora Sarmiento S.A.C. y Negociaciones Valentina Kar S.A.C.- tenían antecedentes negativos en sus contrataciones con el Estado.
En diciembre de 2017, Distribuidora Sarmiento S.A.C. ganó un contrato con la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto de Moquegua para suministrar hojuelas de cereales (avena y kiwicha) al programa Vaso de Leche. Sin embargo, un año después, en un proceso de fiscalización, se descubrió que el consorcio del que formaba parte había presentado documentación falsa durante la selección. El documento en cuestión era la “promesa de consorcio”, que supuestamente contaba con certificación notarial, pero en realidad había sido adulterado. Como consecuencia, Distribuidora Sarmiento S.A.C. fue inhabilitada para contratar con el Estado por tres años, desde septiembre de 2019 hasta octubre de 2022.
Por su parte, Negociaciones Valentina Kar S.A.C. también fue inhabilitada temporalmente para contratar con el Estado desde setiembre de 2022 hasta enero de 2023. El Tribunal de Contrataciones del Estado la sancionó tras incumplir la entrega de aceite vegetal en el Programa de Complementación Alimentaria de la Municipalidad de Huánuco. Este contrato, firmado en 2018, tenía un valor de S/ 49 mil, pero la empresa no cumplió con su compromiso, lo que derivó en la sanción.
Millones en contratos, pero alimentos a medias
La empresa Distribuidora Sarmiento S.A.C. ganó también un contrato por más de S/ 2.5 millones de la Municipalidad de Lima para entregar conservas de pulmón de res a las ollas comunes desde diciembre de 2023 hasta enero de 2024. Para ello, presentó a CAAS Alimentos S.A.C. como su proveedora del producto.
Sin embargo, su fabricante había sido denunciado ese mismo mes ante la Fiscalía de Santiago de Chuco, en La Libertad, por la distribución de un lote de conservas de pulmón sin que contaran con fecha de vencimiento a un colegio del programa Qali Warma. A pesar de este antecedente, su negocio con el municipio limeño se mantuvo.
A fines de diciembre de 2023, el municipio limeño compró también huevos de gallina por más de S/ 1.7 millones al Grupo Peruano de Negocios Romas S.A.C. Debido a este último contrato, en las actas de enero de 2024, se registró que la canasta entregada a las ollas comunes solo consistió en raciones de huevos de gallina.
En febrero de 2024, la Municipalidad de Lima suscribió dos nuevos contratos. El primero, adjudicado a Industrias de Alimentos del Perú S.A.C., contempló la compra de 12 productos, incluyendo 4 tipos de conservas de pescado, por más de S/ 21 millones. Este contrato tuvo vigencia desde febrero hasta abril de 2024. El segundo, otorgado al Consorcio Romas (integrado por el Grupo Peruano de Negocios Romas e Inversiones Chisal), fue para el suministro de hojuelas de avena y leche evaporada desde marzo hasta abril de ese mismo año por S/ 5.5 millones. Sin embargo, hubo fallas en la distribución de los alimentos, ya que llegaron a las ollas comunes en cantidades variables y con insumos incompletos.
Inversiones Generales del Mar: sancionada, pero contratada
Las ollas comunes de Lima recibieron por primera vez conservas de caballa y anchoveta en febrero y marzo de 2024. Esta vez, el fabricante de estos productos fue Inversiones Generales del Mar S.A.C. Sin embargo, esta empresa tenía antecedentes negativos.
El 1 de julio de 2022, SANIPES la sancionó tras detectar graves infracciones durante una visita de control a su planta procesadora de conservas. Entre las irregularidades encontradas estaban: presencia de heces de roedor y cucarachas en el almacén, moscas en la zona de recepción de materia prima, gusanos y pupas en la zona de enfriamiento de la planta, entre otros. Por estas infracciones, Inversiones Generales del Mar S.A.C. recibió una multa de S/ 34,730.
A pesar de estos antecedentes, Industrias de Alimentos del Perú S.A.C. la presentó como su fabricante y la Municipalidad de Lima permitió que se encargara de los alimentos que llegaron a las ollas de la ciudad. Pero, a diferencia de lo ocurrido con Agro Imperio y su incumplimiento en la entrega de conservas de El Ferrol, Inversiones Generales del Mar sí cumplió con suministrar las cuatro conservas estipuladas en el contrato.
Finalmente, en abril de 2024, las actas registraron que Qali Warma retomó la gestión de las ollas comunes y comenzó a distribuir los alimentos a las municipalidades solicitantes.
Etiquetas y clientelismo político
Otra de las decisiones cuestionadas de la Municipalidad de Lima mientras estuvo a cargo de las compras de alimentos para las ollas comunes fue exigir que todos los productos entregados estuvieran etiquetados con su logo. Esta medida no se aplicaba cuando el MIDIS estaba a cargo del programa.
Al revisar los procesos de compra de alimentos, Salud con lupa encontró que el municipio impuso este requisito a los proveedores. Es decir, fueron ellos quienes tuvieron que colocar las etiquetas con el logo municipal antes de entregar los productos. Fortunata Palomino, presidenta de la Red de Ollas Comunes, denunció que estas etiquetas usaban colores similares a los de Renovación Popular, partido del alcalde Rafael López Aliaga, lo que se interpretó como un intento de hacer propaganda. A pesar de estas críticas, la municipalidad continuó con esta práctica hasta abril de 2024, cuando dejó de hacer compras de alimentos.
Funcionaria con antecedentes de corrupción
El programa alimentario de la Municipalidad de Lima está a cargo de la Gerencia de Desarrollo Humano y la Subgerencia de Programas Alimentarios y Hambre Cero. La actual gerente de Desarrollo Humano, Isabel Ayala Melgarejo, ha sido señalada en investigaciones por corrupción.
Cuando trabajó en la Municipalidad de Independencia (entre marzo y mayo de 2020), la Contraloría encontró que cometió irregularidades en la entrega de canastas básicas durante la pandemia de COVID-19. Entre los problemas detectados está el uso de datos imprecisos sobre los beneficiarios y la falta de criterio técnico para el cálculo de la clasificación socioeconómica. Esto generó que varias canastas no lleguen a la población en situación de vulnerabilidad y por el contrario se repartieran a personas catalogadas como “no pobre”.
Por este caso, la Fiscalía abrió una investigación en su contra por cohecho y peculado doloso, al descubrir que las empresas que concursaron para vender las canastas pertenecían a una misma familia y que el padre del dueño de la empresa ganadora depositó S/ 11,000 en la cuenta bancaria de Ayala.
Además, entre enero y junio de 2020, Ayala y otros funcionarios favorecieron a una empresa recién creada con un contrato de más de S/ 5 millones para proveer alimentos a dos programas sociales, a pesar de que no cumplía con las especificaciones técnicas.
En 2023, la Procuraduría Anticorrupción pidió ampliar otra investigación contra Ayala por tráfico de influencias, luego de que se filtraran audios donde aceptaba recibir 18 toneladas de alimentos para las ollas comunes a cambio de coordinar una reunión entre un dirigente del EMMSA, comerciantes del Mercado Mayorista de Lima y el alcalde López Aliaga.
Salud con lupa solicitó una entrevista y envió preguntas sobre esta investigación a las funcionarias a cargo de la Gerencia de Desarrollo Humano y la Subgerencia de Programas Alimentarios y Hambre Cero de la Municipalidad, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de este informe. También intentamos contactar a los proveedores mencionados, pero solo el representante del Consorcio Valentina respondió.
Los Castro Yangali abastecen a las ollas comunes
En 2024, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través de Qali Warma (ahora denominado Wasi Mikuna), volvió a encargarse de la compra de alimentos para las ollas comunes de Lima y Callao. En marzo, se firmaron doce contratos con cinco proveedores por un monto inicial de más de S/ 14 millones, cifra que ha seguido aumentando debido a adendas, con entregas programadas hasta marzo de 2025.
Los productos adquiridos incluyen aceite vegetal, arroz, arveja partida, azúcar rubia, conserva de pescado en aceite vegetal, fideos, hojuelas de avena con kiwicha, hojuelas de avena con quinua, lentejas y producto lácteo reconstituido.
Entre los proveedores adjudicados, el Consorcio America Foods, integrado por la empresa Cash Foods S.R.L. y Jesús Velásquez Mendoza, obtuvo cuatro contratos por más de S/ 3.6 millones. Por su parte, Procesadora de Alimentos del Centro S.A.C., de los hermanos Castro Yangali, se adjudicó tres contratos por S/ 4.8 millones. Esta empresa ha sido una de las principales proveedoras de Qali Warma a pesar de antecedentes de falsificación de documentos y venta de alimentos contaminados.
Salud con lupa solicitó a Wasi Mikuna el listado de productos incluidos en los contratos, con detalles sobre marcas, fabricantes y fechas de vencimiento. Sin embargo, la entidad rechazó el pedido amparado en la Ley de Transparencia, argumentando que el proceso de ejecución contractual sigue en curso.
