Después de una contienda electoral marcada por la polarización, el próximo 27 de julio iniciará un nuevo período legislativo en Perú. A partir de ese día, 130 congresistas de diez partidos políticos tendrán en sus manos el debate y aprobación de leyes que deberán responder al complejo escenario de un país que, como se conoció recientemente, ha sufrido la pérdida de más de 180 mil vidas por la covid-19.
Desde el 2016 se han presentado alrededor de un millar de proyectos de ley vinculados a temas de salud en el Congreso, especialmente desde el inicio de la emergencia sanitaria. Entre ellos, Salud con lupa identificó propuestas referidas a vacunación, derechos de los internos de ciencias de la salud, acceso a medicamentos, despenalización del aborto e identidad de género.
Si en este mes y medio que le queda de actividad, el actual Congreso no las somete a debate en el Pleno, todos los proyectos de ley que quedaron pendientes serán archivados, sea cual fuera su estado (comisión, orden del día con dictamen). No obstante, podrían continuar su trámite si es que el próximo Consejo Directivo así lo decide.
“A pedido de los grupos parlamentarios, el Consejo Directivo cuenta con la capacidad de llegar a un acuerdo para que estos proyectos puedan ser actualizados. Dichos proyectos retomarían su curso a la fecha del último registro acotado en el Congreso anterior”, explica José Cevasco, Oficial Mayor del Congreso entre 1993 y 2002. El Consejo Directivo lo integran los portavoces de cada una de las bancadas y la mesa directiva (el Presidente del Congreso y sus tres vicepresidentes). Será decisión de ellos retomar o encarpetar dichas agendas.
Producción nacional de vacunas
En el marco de la campaña electoral, este año se puso en debate las posibilidades de Perú para producir vacunas, más aún al conocerse que a nivel internacional ya está en discusión un eventual retiro de las patentes de vacunas contra la covid-19. “El problema es que por años no hubo voluntad política para impulsar la ciencia y particularmente tener un centro nacional de producción de vacunas”, apuntó el médico e investigador Percy Mayta-Tristán en un conversatorio organizado por Salud con lupa.
Como resultado de esa falta de voluntad, actualmente nuestro país no cuenta con infraestructura, recursos humanos, regulaciones ni otras condiciones que puedan garantizar estándares de calidad en la producción de productos biológicos como vacunas. Eso hace inviable la propuesta a corto plazo, pero también plantea la importancia de sentar las bases necesarias para que pueda hacerse realidad en el futuro. ¿Qué pasos ha dado el Congreso en ese sentido?
En abril, el congresista Leonardo Inga (Acción Popular) presentó un proyecto que busca declarar de interés nacional y necesidad pública la creación y operación de una planta de producción de vacunas en el Centro Nacional de Productos Biológicos del Instituto Nacional de Salud (INS). Con ese objetivo, la iniciativa propone crear una comisión multisectorial que se encargue de elaborar un plan de acción. Comisión que sería conformada por representantes del Ministerio de Salud, el INS, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economìa, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Concytec y EsSalud.
Por su parte, la Comisión de Ciencia y Tecnología aprobó un dictamen que plantea modificar la Ley N° 31091 para que se declare de utilidad e interés nacional la investigación, desarrollo, producción, promoción y uso de medicamentos y productos biológicos para prevenir y curar la covid-19. Sin embargo, aunque se aprobó en el Pleno, la iniciativa fue observada por el Ejecutivo en mayo y ahora se encuentra en las comisiones de Salud y Economía.
El documento reúne proyectos de ley presentados por los congresistas Yvan Quispe (Frente Amplio) y Jesús del Carmen Núñez (Frepap) y propone que el Ministerio de Salud elabore y “agilice” los procedimientos administrativos, legales y médicos para cumplir los estándares de las creaciones fruto de investigación y desarrollo en territorio nacional. Además, apunta a que se priorice la adquisición de vacunas que se hubieran obtenido como resultado de dicho proceso.
Una crítica ciudadana hacia estos proyectos fue que parecen beneficiar a una investigación en específico: la del laboratorio Farvet. Como se recuerda, la empresa dirigida por el veterinario Manolo Fernández posicionó mediáticamente la existencia de una ‘vacuna peruana’ contra la covid-19 pese a que su investigación apenas ha finalizado su fase preclínica en medio de múltiples cuestionamientos éticos.
Pero se trate de proyectos con nombre propio o no, es evidente que apenas es un primer acercamiento al problema. El futuro Congreso tendría que sustentar mejor cualquier iniciativa legal al respecto.
Por un internado digno
La lucha de los estudiantes de ciencias de la salud para garantizar sus derechos no inició con la pandemia, pero sí se hizo más urgente. Pese a que también son parte de la primera línea, inicialmente no fueron considerados en la primera fase del plan de vacunación. De hecho, fue solo luego de reiteradas protestas que el Ministerio de Salud inició su vacunación en el mes de mayo. Aun así, todavía no se ha terminado de inmunizar a todos los internos e internas a nivel nacional.
Pero no se trata del único inconveniente que enfrentan los internos de ciencias de la salud en Perú, y por ello exigen la aprobación del proyecto de Ley Nº 6969, presentado por la congresista Rosario Paredes (Acción Popular). El documento, elaborado por una decena de organizaciones estudiantiles, busca regular la forma en que se lleva a cabo la modalidad formativa del internado.
Por ejemplo, señala la obligación del establecimiento de salud —donde se lleva a cabo el internado— de proporcionarles equipos de protección personal y de pagarles puntualmente una subvención mensual que no podrá ser menor al sueldo mínimo si cumplen la jornada máxima de 36 horas semanales (48 horas semanales para internos de medicina). Además, plantea una cobertura en caso de enfermedad o accidentes, así como una supervisión de que se cumplan las normas para prevenir y sancionar casos de hostigamiento sexual o de cualquier índole.
Mientras un nuevo período de internado ya está en curso, el proyecto permanece en la Comisión de Educación sin ningún dictamen aprobado.
Acceso a medicamentos genéricos
Aunque desde 2019 existe un reglamento que obliga a las farmacias y boticas peruanas a contar con un listado de medicamentos genéricos disponibles, tal disposición no ha sido cumplida a cabalidad. Ello, a pesar de lo reducido del listado.
En abril de este año, Indecopi multó a la empresa Mifarma S.A.C. con más de S/ 450 mil por no permitir la venta de medicamentos genéricos por unidad y negar acceso al medicamento Naproxeno a pesar de tenerlo en su almacén. Como Salud con lupa reportó anteriormente, el monopolio de cadenas de boticas generó abusos durante la pandemia pues los establecimientos ofrecían sus marcas como primera opción de venta sin brindar información sobre sus genéricos.
En marzo, el Pleno del Congreso aprobó una ley presentada por los congresistas del Partido Morado, Miguel Gonzáles y Daniel Olivares, para que los medicamentos genéricos llevaran impreso en su envase un rotulado especial que los identificara como tales.
De la decena de proyectos presentados en el período 2016-2021 con el fin de garantizar el acceso a medicamentos genéricos, la llamada ‘Ley G’ de rotulado fue la única en llegar al Pleno. Sin embargo, la propuesta fue observada por el Ejecutivo, alegando que habían puntos en la norma que entraban en conflicto con compromisos comerciales internacionales del Perú. Así, el proyecto regresó a la Comisión de Salud.
Despenalización del aborto
En el Perú la única forma de aborto legal es por motivos terapéuticos, es decir, cuando la vida o la salud de la madre corre peligro. El contexto de criminalización, sin embargo, no ha evitado que las mujeres decidan abortar, pero sí ha generado que aquellas con menores recursos económicos se expongan a procedimientos inseguros.
Hace más de 50 años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló el aborto inseguro como un problema de salud pública. Aunque no se cuenta con cifras oficiales, se estima que más de 3 mil peruanas mueren cada año por practicarse abortos inseguros. Como respuesta a esa situación, en los últimos 10 años se han presentado tres proyectos de ley planteando la despenalización del aborto, ya sea por una serie de causales o sin restricciones. Pero ninguno se ha discutido en el Pleno del Congreso.
El más reciente, de marzo de 2021, tiene como autor al congresista Yvan Quispe (Frente Amplio) y propone reconocer el derecho a la maternidad libremente decidida. En ese sentido, plantea que las mujeres tengan derecho a interrumpir el embarazo hasta las catorce semanas de gestación; pasado ese plazo solo se podría abortar si el embarazo fuese resultado de una violación o si la vida o salud de la gestante estuviese en riesgo (aborto terapéutico). En el caso de menores de edad señala que al tratarse de niñas de 13 años o menos, un representante legal tendría que dar el consentimiento, mientras que para las adolescentes de 14 y 15 dependería si “están en posesión de suficiente madurez”. El proyecto de Quispe considera también que el Estado debe garantizar la educación sexual y reproductiva. A la fecha, las comisiones de Constitución y Justicia no han emitido un dictamen.
En noviembre de 2020, el Ministerio de Justicia también anunció que presentaría un proyecto para legalizar el aborto en el caso de niñas de 14 años o menos. Sin embargo, la crisis política generada por la vacancia del entonces presidente Martín Vizcarra y la toma de mando ilegítima del congresista Manuel Merino evitó que esa intención se concretara.
Las iniciativas previas datan de hace cinco años o más. En 2016, las congresistas Indira Huilca y Marisa Glave presentaron un proyecto para despenalizar el aborto en casos de embarazos por violación sexual, inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentida y malformaciones incompatibles con la vida. La propuesta fue suscrita por parlamentarios de distintas bancadas como Mauricio Mulder (Apra), Gino Costa y Alberto de Belaunde (antes de Peruanos Por el Kambio y hoy del Partido Morado), pero aún así no llegó al Pleno.
En 2014, un grupo de organizaciones feministas articuladas en la campaña Déjala Decidir diseñó un proyecto similar que fue archivado por la Comisión de Constitución. Es preciso señalar que durante ese período legislativo, Fuerza Popular y Solidaridad Nacional (hoy Renovación Popular) presentaron proyectos que tenían el objetivo de criminalizar el aborto.
Contra las prácticas de tortura
En mayo de este año, el congresista Alberto de Belaunde presentó un proyecto de ley para prohibir las intenciones de cambiar la orientación sexual, identidad de género o expresión de género contra la voluntad de las personas. El objetivo es sancionar y erradicar las llamadas ‘terapias de conversión’ dirigidas contra la población LGBTIQ que son consideradas por las Naciones Unidas como tortura.
La iniciativa plantea modificaciones a la Ley General de Salud, la Ley de Salud Mental y la Ley del trabajo del psicólogo para garantizar que las atenciones de salud mental se realicen sin discriminación, así como que cualquier intervención en instituciones educativas en todos sus niveles incorporen enfoques de derechos humanos, interculturalidad, de género y diversidad sexual. Por tanto, propone prohibir cualquier oferta de tratamientos o terapias que afecten los derechos humanos de salud física o mental, identidad, no discriminación u otros. Este proyecto aún no cuenta con dictamen de las comisiones de Salud y Justicia.
Sin embargo, otro proyecto también vinculado a derechos humanos, la Ley de identidad de género, sí cuenta con un dictamen aprobado este año en la Comisión de Mujer y Familia. Está pendiente su debate en el Pleno del Congreso y de convertirse en norma, la ciudadanía podría contar con documentos de identidad que reflejen el sexo con el que cada persona se identifica y no necesariamente el asignado al nacer. Así, las personas transgénero ya no tendrán que recurrir a procesos legales en su lucha por acceder a ese cambio en el DNI. Un problema que se asocia a las trabas en el acceso de la población trans a empleo, salud y educación.
