En enero de 2021, cuando la campaña presidencial comenzaba a calentar motores, Pedro Castillo formaba parte del pelotón de los “otros”. Una encuesta de IPSOS para el diario El Comercio le daba apenas el 1% en esa hipotética pregunta de “si las elecciones fueran mañana, ¿por quién votarías?”. Keiko Fujimori, la heredera naranja, quedaba mucho mejor parada: se ubicaba en segundo lugar con 8%. George Forsyth (Victoria Nacional), el exfutbolista que renunció a la alcaldía de La Victoria, punteaba entonces como el rostro fresco de la campaña.
Cuatro meses después, Castillo, un profesor cajamarquino cuyo símbolo es el lápiz, es el gran ganador de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2021. De acuerdo al 90% de actas procesadas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el candidato de Perú Libre obtuvo 18.8%. Un favoritismo que el grueso de los analistas políticos nunca advirtió. Recién en la última semana, cuando las elecciones entraron en conteo regresivo, circularon encuestas —que no fueron de dominio público— que demostraban su aceptación en las diversas regiones del país.
Cuando ayer domingo, en el boca de urna, apareció con su sombrero chotano en tercera dimensión, Lima —la única región donde perdió con gran margen— empezó a preguntarse sin salir de su asombro: ¿quién es? ¿Qué pasó? ¿Cómo así? Castillo, de 51 años, no es nuevo en la política, aunque hasta hace poco fuera un desconocido para muchos. Militó en Perú Posible, el partido de la Chakana, durante quince años. Es más, bajo esa agrupación postuló en el 2002 a la alcaldía de Anguía, uno de los diecinueve distritos que conforman la provincia de Chota, en Cajamarca.
Castillo, el primer candidato a la banda presidencial que se contagió de covid-19 en la primera quincena de enero, realizó una campaña de hormiga por todo el país. A comparación de otras campañas, la suya no tuvo una repercusión poderosa en las redes sociales. Y menos en Twitter, ese bastión engañoso de 280 caracteres. Fue eminentemente presencial. Y ello, en tiempos de pandemia, lo llevó a infringir los protocolos de bioseguridad en varias oportunidades. La más escandalosa: en Madre de Dios, en una plaza pública, en la primera quincena de marzo, donde reunió a 300 personas. Al punto que fue detenido por unas horas en la comisaría.
Episodios que, sin embargo, no mellaron su imagen lo suficiente como para perder terreno. Cabe resaltar que a inicios de la contienda, Pedro Castillo iba a postular al Congreso. No obstante, la pena de cuatro de prisión suspendida por un caso de corrupción que pesa sobre Vladimir Cerrón, exgobernador regional de Junín y líder-fundador de Perú Libre, movieron el ajedrez. Cerrón le cedió su lugar a Castillo y se ubicó en la segunda vicepresidencia de la República.
Fue Cerrón quien elaboró el plan de gobierno que Castillo presentó al Jurado Nacional de Elecciones. Plan de gobierno que no contempla ni una sola medida contra la covid-19, pero sí otros planteamientos como un tarifario único para clínicas privadas, un médico para cada 2,500 habitantes en los asentamientos humanos, una ley de salud que impida los monopolios, el primer hospital de salud bucal del Perú, incrementar el presupuesto del sector a un 10% del PBI e integrar los distintos niveles de salud en un único sistema gratuito.
Son medidas como el cambio de Constitución a través de una Asamblea Constituyente, una ley que regule los medios de comunicación sumado a su postura en contra del enfoque de género en el currículo escolar, así como su oposición al matrimonio igualitario y al aborto legal (aunque su plan de gobierno diga lo contrario en este último punto) lo que genera dudas y temores en una parte del electorado. Aunque conservador en lo social, como vemos, Pedro Castillo goza del respaldo de 16 de las 24 regiones del Perú. Un voto antisistema que refleja otras necesidades, otras agendas y pone en cuestionamiento las percepciones que se recogen desde la capital. Un grito de auxilio claramente.
Pero las dudas y temores también rodean a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, que al 90% de las actas procesadas por la ONPE obtuvo el segundo lugar con 13.2%. Lo de Keiko es un caso digno de estudio: se trata de la tercera vez que pasa a una segunda vuelta de forma consecutiva. En el 2011 perdió contra Ollanta Humala (Partido Nacionalista) mientras que en el 2016 se quedó con las manos vacías debido al ajustadísimo triunfo de Pedro Pablo Kuczynski (Peruanos por el Kambio).
Aunque el primer pantallazo del boca de urna de IPSOS arrojó un empate técnico de 11.9% entre Keiko y Hernando De Soto (Avanza País), a medida que la ONPE procesó las actas el margen de Keiko fue creciendo tibiamente hasta hacerse sostenido. De Soto alcanzó el 11.843%, ganándole por décimas a Rafael López Aliaga (Renovación Popular) quien obtuvo el 11.820%.
Si bien Keiko Fujimori se ha ocupado con detalle de la pandemia en su plan de gobierno (quizá la medida más innovadora es el rastreo de contactos de los infectados mediante el uso de call centers y aplicativos de celulares vía bluetooth), sus declaraciones la contradicen, como cuando instó a la población a desacatar la cuarentena en Semana Santa dispuesta por el Gobierno del presidente Francisco Sagasti. O como cuando el bioquímico Ernesto Bustamante, su principal asesor en salud, trató de desestabilizar el proceso de vacunación contra la covid-19.
Además de representar al clan Fujimori con todo lo que ello implica en materia de derechos humanos, Keiko Fujimori es para muchos analistas la causante de la inestabilidad política que el Perú ha padecido en los últimos cinco años. Su mayoría en el Congreso lejos de tender puentes los bloqueó, dejando de lado iniciativas legislativas y poniendo en riesgo la democracia y la gobernabilidad.
Este 6 de junio se realizará la segunda vuelta que determinará quién será el presidente del Bicentenario de la Independencia del Perú. Un país fragmentado, sin partidos políticos, que urge de consensos para recuperarse de una crisis sanitaria que no nos dejará en paz por un buen tiempo.
