Una auditoría de la Contraloría General de la República ha revelado graves fallas en el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), la entidad encargada de asegurar que los alimentos que ingresan al país sean seguros para el consumo humano. El informe advierte que SENASA permitió el ingreso de miles de toneladas de productos alimenticios, tanto para consumo directo —como granos, frutas, menestras y carnes — como de alimentos para animales, que contenían sustancias tóxicas por encima de los niveles permitidos.
Lo más preocupante es que estas fallas no fueron casuales. Según la Contraloría, SENASA debilitó sus propios controles al modificar su reglamento, bajo el argumento de aplicar normas de simplificación administrativa. Pero esa simplificación, señala el informe, no justificaba poner en riesgo la salud de la población.
Una auditoría basada en los propios registros de SENASA reveló que, entre 2021 y 2022, ingresaron al país 5,189 toneladas de alimentos y piensos que no cumplían con los Límites Máximos Permisibles (LMP) para sustancias peligrosas como pesticidas, metales pesados, bacterias, mohos o residuos de medicamentos veterinarios. Esta situación fue posible porque funcionarios de SENASA dejaron de aplicar el procedimiento administrativo llamado “Reporte de Inspección y Verificación (RIV) para la importación y tránsito internacional de alimentos de procesamiento primario y piensos”. Dicho procedimiento exigía realizar análisis de laboratorio cuando no se presentaba el certificado sanitario de inocuidad del país de origen. A pesar del riesgo sanitario, esta omisión se mantuvo hasta 2023.
Entre los hallazgos, se detectaron cargamentos de maíz amarillo con restos del pesticida clorpirifos, lentejas con fipronil y frutas como manzanas y naranjas con exceso de agroquímicos. También se encontró plomo en arvejas importadas desde Canadá, en una concentración que duplicaba el límite aceptado por el Codex Alimentarius, la principal referencia internacional en seguridad alimentaria. A esto se suman carnes de pollo y cerdo contaminadas con bacterias peligrosas como Salmonella y Escherichia coli y carne de res con restos de arsénico.
Estas fallas evidencian debilidades en los controles fronterizos. En lugar de reforzarlos, se tomaron decisiones que bajaron la guardia en un tema tan delicado como la seguridad de los alimentos.
Una norma que abrió la puerta a los riesgos
El principal procedimiento que usa SENASA para garantizar que los alimentos importados sean seguros se llama Reporte de Inspección y Verificación (RIV). Es un control clave que se realiza en la frontera y en los puertos del país. Cada vez que llega un cargamento de alimentos o piensos (alimentos para animales), SENASA debe inspeccionarlo, revisar los certificados sanitarios emitidos por el país de origen y, si el producto lo requiere o hay dudas, tomar muestras para analizarlas en laboratorio y comprobar que no estén contaminados.
Sin embargo, una auditoría de la Contraloría detectó que este control no se está aplicando correctamente. Además de señalar errores en su ejecución, la Contraloría también cuestionó una modificación importante que SENASA hizo en septiembre de 2023, mediante la Resolución Jefatural N° 200-2023-MIDAGRI-SENASA. Esta norma cambió el Procedimiento Administrativo N° 9, que forma parte del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la institución.
El problema es que este cambio no se justificó legalmente. La modificación fue hecha a través de una resolución de menor jerarquía, cuando el procedimiento original había sido aprobado por un Decreto Supremo (el N° 001-2020-MINAGRI), que tiene mayor rango normativo. Según la Contraloría, eso viola el principio de jerarquía de las normas: una resolución no puede modificar lo que establece un decreto supremo.
Pero más allá del aspecto legal, lo más preocupante es el contenido de la modificación. SENASA eliminó la obligación expresa de realizar análisis de laboratorio como parte del proceso de inspección. Esto deja dudas sobre cuándo y cómo deben hacerse esas pruebas.
También se cambió una exigencia clave: antes, si un cargamento de alimentos de procesamiento primario o piensos no contaba con un certificado sanitario de inocuidad del país de origen, era obligatorio hacerle un análisis de laboratorio. Ahora, con el cambio, esa obligación quedó condicionada a una frase ambigua: “cuando corresponda”. La norma no establece criterios claros para decidir en qué casos sí se debe hacer el análisis, lo que abre la puerta a decisiones discrecionales y al riesgo de que productos sin la validación sanitaria necesaria ingresen al país.
Funcionarios bajo responsabilidad
La auditoría también identificó responsabilidades en varios niveles del SENASA. La principal recae en Janios Miguel Quevedo Valle, quien era jefe nacional de la entidad cuando se aprobó la norma que debilitó los controles.
Respecto al ingreso de alimentos “no conformes” en 2021 y 2022, la responsabilidad técnica recae en Gabriel Amílcar Vizcarra Castillo, entonces director de la Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria (DIAIA), área encargada de sustentar los controles aplicados.
También están implicados otros funcionarios que participaron en la modificación del TUPA, como Josué Alfonso Carrasco Valiente, también director de la DIAIA; Karem Cecilia Larrauri Cordero, directora de Planificación; y Karla Zenobia Pérez Barreto, quien fue directora de asesoría jurídica hasta agosto de 2024.
A nivel operativo, Moisés Osmer Crispín Marín, director de la sede Lima Callao, fue señalado por presuntas fallas en la supervisión de controles en frontera y puertos. Además, varios inspectores de los Puestos de Control Externo (PCE) son investigados por haber permitido el ingreso de productos que no cumplían con los estándares sanitarios.
Lo que está en juego
Pese a las observaciones, la norma que debilitó los controles sanitarios aún sigue vigente. Es decir, los riesgos identificados por la Contraloría continúan presentes.
La conclusión del informe es clara: SENASA incumplió su obligación de proteger la salud pública, tal como establece la Constitución y la Ley de Inocuidad de los Alimentos (Ley N° 1062).
Por ello, la Contraloría ha pedido a la actual jefe de SENASA que revise y modifique de inmediato la Resolución Jefatural N° 200-2023-MIDAGRI-SENASA, restableciendo la obligatoriedad del análisis de laboratorio y eliminando ambigüedades en el certificado sanitario de origen. También ha recomendado fortalecer los sistemas internos de control y supervisión, iniciar procesos sancionadores contra los 26 funcionarios involucrados, y evaluar si corresponde iniciar acciones penales por las posibles irregularidades detectadas.
Los hallazgos de esta auditoría son una señal de alerta. Revelan cuán frágil puede ser la cadena de seguridad alimentaria si las instituciones responsables no cumplen su deber. Por eso, es urgente corregir estas fallas, no solo para castigar a los responsables, sino para garantizar que los alimentos que llegan a la mesa de los peruanos sean realmente seguros.
