Sin licencia y en un local insalubre: así operaba el proveedor de sangre de pollo para las ollas comunes de Lima

El Consorcio San JoseMaría, contratado por la Municipalidad de Lima para entregar más de 673 mil kilos de sangre de pollo refrigerada a las ollas comunes, procesaba el producto sin contar con la licencia sanitaria correspondiente y en un local que no cumplía las condiciones mínimas de higiene. Así lo revela una investigación de Salud con lupa, sustentada en documentos del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), actas de inspección, correos internos del municipio limeño y testimonios de extrabajadores de la planta.

Ese olor a perro muerto que denunciaron las dirigentes de las ollas comunes no era una exageración ni, como afirmaron funcionarios municipales, el “olor natural” de la sangre de pollo. El local del consorcio, ubicado en Comas, solo tenía autorización para el faenado de pollos, pero no para procesar ni vender bolsas de sangre refrigerada como producto final. Además, tampoco contaba con registros que acreditaran procesos de inocuidad, según el Informe de Fiscalización N° D000034-2025-Midagri-Senasa, elaborado tras una inspección realizada el 15 de julio.

Esta acción se llevó a cabo luego de la publicación de nuestro primer reportaje, en el que revelamos las irregularidades durante el proceso de compra del producto. Inspectores del Senasa acudieron al local para verificar las condiciones.

Salud con lupa accedió al informe de fiscalización—firmado por la supervisora Enma Livia Ventura— tras una solicitud amparada en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El informe del Senasa fue categórico: el Consorcio San JoseMaría no contaba con autorización para procesar sangre de pollo refrigerada y venderla. Esta falta, considerada una infracción grave al Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, dio lugar a dos procesos sancionadores y a la suspensión, por 90 días desde el 13 de agosto, de la única licencia que poseía para el faenado de aves.

Durante la inspección, los fiscalizadores fueron recibidos por Mateo Ramos Rojas, encargado de la operación de la planta, y por el médico veterinario responsable, Percy Lezama Vigo. Ninguno de los propietarios del consorcio estuvo presente.

El Consorcio San JoseMaría está integrado por dos empresas: Negociaciones Valentina Kar, de propiedad de David Sarmiento Reyes, y Corporación JoseMaría, de Rodrigo Ramos Rojas. Ambas conformaron el consorcio exclusivamente para participar en este negocio con la Municipalidad de Lima, que en mayo de 2025 les adjudicó un contrato por 5.7 millones de soles, al ser los únicos postores en la licitación pública.

Las empresas del consorcio no habían vendido antes sangre de pollo refrigerada ni tenían antecedentes en la comercialización de este tipo de alimentos a otras entidades del Estado. Su experiencia en el rubro comenzó recién durante la gestión del alcalde Rafael López Aliaga, a partir de las licitaciones convocadas por la Municipalidad de Lima.

En 2023 y 2024, Negociaciones Valentina Kar vendió a la Municipalidad de Lima conservas de sangre de vacuno y hojuelas destinadas a las ollas comunes por más de 13 millones de soles. La calidad de esos productos también fue cuestionada: las dirigentes denunciaron que varias conservas presentaban espuma y mal olor, pero no se abrió ninguna investigación formal sobre el caso. Pese a ello, esa “experiencia” fue considerada como suficiente respaldo para adjudicar al consorcio el contrato millonario de sangre de pollo refrigerada.

La otra integrante del consorcio, Corporación JoseMaría, no registraba actividad económica previa antes de este negocio. Sin embargo, su propietario, Rodrigo Ramos Rojas, sostuvo al menos cinco reuniones con Isabel Ayala, gerenta de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Lima y responsable de las compras de alimentos para las ollas comunes. Cuatro de esas reuniones fueron en el 2023 y la última el 3 de enero de 2025, antes de ganar la licitación de la sangre de pollo, según el registro de visitas a funcionarios del Estado que revisamos. Es decir, ambos se conocían desde hace varios años.

Un negocio insalubre

A la constatación oficial del Senasa se suman ahora testimonios de extrabajadores, recogidos por Salud con lupa, quienes describieron cómo la planta del consorcio operaba sin cumplir las medidas básicas de higiene. Todos declararon bajo reserva de identidad y coincidieron en que fueron contratados de manera informal, a través de avisos en Facebook, y que no recibieron el pago de su última quincena.

Según relataron, la sangre de pollo llegaba en barriles plásticos azules, sin refrigeración, a bordo de camiones abiertos que provenían de distintos camales. Los recipientes carecían de sellos de seguridad y apenas estaban cubiertos con bolsas negras sujetas con cinta adhesiva.

Una vez dentro de la planta, los barriles eran almacenados en los mismos contenedores de refrigeración donde se guardaban las bolsas ya envasadas para su distribución, lo que en la práctica provocaba que la materia prima cruda corriera el riesgo de mezclarse con el producto terminado.

Después, la sangre era vaciada en bandejas metálicas para retirar plumas, pellejos y otras impurezas a mano. El agua utilizada en esa “limpieza” provenía de un pozo subterráneo dentro del terreno de la planta.

Aunque manipulaban un alimento considerado de alto riesgo, los exoperarios dijeron que no contaron con carné de sanidad ni con capacitación en manejo de alimentos.

Salud con lupa confirmó que el médico veterinario Percy Lezama figuraba como responsable sanitario de la planta del Consorcio San JoseMaría. Lo contactamos el jueves 25 de setiembre para recoger sus descargos, pero no respondió hasta el cierre de esta publicación.

Durante esta investigación, como detallaremos más adelante, comprobamos que la planta suspendió sus operaciones el 11 de julio, dos días después de que publicamos nuestro primer informe sobre las irregularidades del contrato. El Consorcio San JoseMaría vendió cada bolsa de sangre de pollo a S/ 8.55, casi el mismo precio de un kilo de pollo en los mercados minoristas de Lima.

Aquel primer informe nació de las denuncias de las dirigentes de las ollas comunes, que alertaron sobre el olor fétido y la textura de la sangre de pollo que les repartía la Municipalidad de Lima. En respuesta, el alcalde Rafael López Aliaga descalificó sus reclamos y llegó a llamar “mentirosa” a Abilia Ramos, actual presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima. Ella había grabado un video mostrando las bolsas y las condiciones en que llegaban: “Esto no se puede comer, es insoportable el olor”, relató.

A partir de ese momento, Salud con lupa profundizó su investigación.

Una cancelación sin admitir responsabilidades

Hace apenas unos días, el 17 de septiembre, la Municipalidad de Lima anuló el contrato de 5.7 millones de soles con el Consorcio San JoseMaría. La decisión se comunicó a través de la carta notarial N° D000069-2025-MML-OGA-OL enviada al proveedor. Sin embargo, no hizo pública esa decisión.

El documento, firmado por Óscar Salas Manrique, jefe de Logística de la Municipalidad de Lima, ignoró que el Senasa había suspendido la licencia sanitaria del consorcio y que este solo estaba autorizado para faenar pollos, no para procesar bolsas de sangre refrigeradas. Esa falta debió detectarse desde el inicio de la licitación, pues el proveedor no cumplía los requisitos para elaborar ni vender este producto destinado a las ollas comunes. Sin embargo, nada de eso se mencionó. El municipio optó por justificar la anulación del contrato con una “limitación presupuestal insalvable”.

Este argumento fue elaborado por Fiorella Masías Arrambide, subgerenta de Programas Alimentarios y Hambre Cero, quien depende jerárquicamente de Isabel Ayala, gerenta de Desarrollo Humano y responsable de la compra de alimentos para las ollas comunes.

Según el análisis elaborado por Masías y consignado en el documento de anulación del contrato, no se consideró cómo las beneficiarias de las ollas comunes trasladarían un producto tan delicado desde el punto de entrega hasta sus cocinas. Esta omisión, según la funcionaria, también afectaba al proveedor.

Fotos de la propia Municipalidad de Lima y testimonios recogidos por Salud con lupa muestran que las dirigentes se vieron obligadas a cargar las bolsas de sangre en baldes, costales o bolsas de mercado, durante trayectos de hasta una hora, lo que rompía inevitablemente la cadena de frío.

Cuando las mujeres de las ollas comunes denunciaron el desagradable olor de la sangre de pollo, el consorcio las responsabilizó por no conservar el producto en condiciones adecuadas y propuso al municipio una “solución”: entregar la sangre en cajas térmicas.

La medida, planteada como una mejora, en realidad elevaba el precio unitario de S/ 8.55 a S/ 8.69 por kilo, lo que suponía un costo adicional de casi S/ 94 mil para la Municipalidad de Lima.

La Oficina de Presupuesto del municipio alegó no contar con los recursos para cubrir el costo adicional. En la propia carta de anulación se reconoció, además, que el uso de cajas térmicas era “técnica y sanitariamente indispensable” y que continuar sin ellas comprometía la inocuidad del producto. En otras palabras, la Municipalidad de Lima admitió el riesgo sanitario, pero optó por justificar la cancelación del contrato con un argumento económico.

Sin embargo, el municipio recurrió a una fórmula legal conveniente: calificó la situación como un “hecho sobreviniente no imputable a las partes”, lo que en la práctica liberó al proveedor de toda responsabilidad y sanción. Con ello, ignoró una herramienta clave contenida en el propio contrato. La cláusula duodécima era explícita: establecía una penalidad en caso de que el proveedor no mantuviera vigente su autorización sanitaria. Pero, como revelamos hoy, esa licencia ya había sido suspendida.

La Municipalidad de Lima tenía no solo la potestad, sino también la obligación de resolver el contrato por esta falta grave. En cambio, optó por una salida que, en los hechos, protegió al consorcio. Mientras tanto, Isabel Ayala Melgarejo, actual gerenta de Desarrollo Humano, permanece en silencio.

La funcionaria, cercana al alcalde Rafael López Aliaga, ya tenía antecedentes cuestionados. La Contraloría había detectado irregularidades en su gestión en otra municipalidad, y la Fiscalía la investigaba por cohecho y peculado.

No hubo un control real

Nuestra investigación permite ahora reconstruir hechos que evidencian que la Municipalidad de Lima conocía, al menos desde junio de 2025, las irregularidades en la planta y, pese a ello, las negó públicamente.

El 11 de julio, dos días después de nuestra primera publicación, los operarios recibieron la orden del gerente de suspender la producción. Ese mismo día, la subgerente de Programas Alimentarios y Hambre Cero de la Municipalidad, Fiorella Masias, envió un correo al consorcio solicitando formalmente la “suspensión de la distribución” del producto, debido a las reiteradas denuncias de las ollas comunes sobre el mal estado de las bolsas de sangre de pollo.

En paralelo, por esos días, la Segunda Fiscalía Anticorrupción de Lima abrió una investigación preliminar y solicitó al Senasa realizar “una inspección en la planta con carácter de urgencia”.

Sin embargo, la visita recién se realizó el 15 de julio, cuatro días después de que la producción fuera paralizada. Para entonces, los inspectores hallaron la planta en proceso de limpieza. Aun así, la inspección confirmó las irregularidades y el Senasa suspendió al Consorcio San JoseMaría.

¿Cómo pudo operar durante más de un mes una planta sin licencia sanitaria y en condiciones insalubres?

Según los extrabajadores, la supervisión municipal y los controles de calidad del proveedor existieron solo en el papel.

“La primera semana no se sentía nada. El olor empezó en la segunda y era horrible; pensábamos que venía de la sangre o del piso. Un día, para disimular, apareció cal esparcida en el suelo”, relató un exoperario.

Esa medida cosmética coincidía con las visitas de Cristhian Román Pérez, funcionario de la Subgerencia de Programas Alimentarios de la Municipalidad de Lima, quien acudía casi a diario y firmaba actas en las que aseguraba que no había irregularidades.

“Rara vez medía la temperatura o se llevaba una muestra. Pero al área donde limpiábamos la sangre nunca entró”, relató otro extrabajador.

Salud con lupa comprobó, además, que Cristhian Román formó parte del comité municipal que evaluó la oferta y aprobó el contrato con el Consorcio San JoseMaría.

Los informes de control de calidad del consorcio eran también un requisito de papel. Antes de cada despacho, la empresa debía presentar un documento llamado Informe de Liberación de Producto Terminado, firmado por un ingeniero en industrias alimentarias. Salud con lupa accedió a 27 de estos documentos, todos firmados por el ingeniero José Vicente Gutty Lozano. En cada uno se repetían exactamente los mismos valores: temperatura de 0 °C, pH de 6.0 y, en las pruebas organolépticas, color, olor y sabor descritos como “característico”, con una textura siempre “homogénea”. Una coincidencia muy poco probable que sugiere que los informes pudieron haber sido simulados.

Se puso en riesgo a las ollas comunes

“El alcalde nos dijo mentirosas. Pero digan lo que digan, lo bueno es que ya no reparten esa sangre. Si la hubiéramos comido, la gente se enfermaba. Una compañera de Carabayllo la cocinó y se volvió una masa, no se podía ni probar”, recuerda Abilia Ramos, presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima.

Las bolsas de sangre de pollo fueron distribuidas durante un mes en 23 distritos de la capital. Sin embargo, las denuncias que encendieron la alarma en julio surgieron con fuerza en San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores. En otros distritos, muchas dirigentes prefirieron callar: el temor a represalias del municipio —como perder la promesa de recibir cocinas u hornos— frenó sus quejas.

Para Abilia Ramos, la diferencia era evidente: “Nosotras siempre compramos sangrecita en el mercado y nunca hemos tenido problemas. Jamás tuvo el mal olor que tenía la sangre repartida por la municipalidad.”

El contrato para abastecer con sangre de pollo a las ollas comunes, concebido como una política contra la anemia, terminó exponiendo a miles de familias a un grave riesgo sanitario.

Hoy, el caso está en manos de la Segunda Fiscalía Anticorrupción de Lima, a cargo del fiscal adjunto Jhonny Fajardo. Mientras avanza la investigación, las ollas comunes —que cada día luchan contra el hambre— esperan algo más que promesas: exigen alimentos seguros, dignos y que los responsables rindan cuentas.