La necesidad de cremaciones de personas fallecidas por COVID-19 hizo que las funerarias aprovecharan la emergencia para aumentar el costo de sus servicios en los contratos públicos firmados con alcaldías y gobernaciones en Colombia. A partir de la revisión de un contrato de la Gobernación del Departamento del Atlántico en el que se paga a una funeraria 402 dólares por cada cuerpo cremado, desarrollamos una amplia investigación que revela sobreprecios en decenas de contrataciones públicas.
Después de Bogotá, el Atlántico, con su capital Barranquilla, es la región colombiana con el mayor número de personas que dieron positivo a COVID-19. Al 30 de junio alcanzó 22.777 contagios y 1.107 muertes, cifras muy por encima de departamentos más poblados, como el Valle del Cauca o Antioquia.
Actualmente, la Gobernación del Atlántico paga 289 dólares más por la cremación de un cadáver que lo que la Alcaldía de Bogotá destinaba por este servicio en 2019. Ante estas notorias diferencias de precios, hicimos un análisis de 79 contratos suscritos entre alcaldías y gobernaciones del país con funerarias para el manejo de los fallecidos por COVID-19. Los descargamos de la plataforma web del sistema de contratación pública. La mayoría fue suscrito entre los meses de marzo y junio.
Así Salud con lupa y Cuestión Pública encontraron que se han destinado al menos 889.353 dólares en el manejo de cadáveres COVID-19 en Colombia por parte de distintas alcaldías y gobernaciones del país.
De la muestra de 79 contratos analizados, la funeraria que concentra la mayor parte del presupuesto público destinado es Parques y Funerarias SAS. Esta empresa tiene cuatro contratos en los departamentos del Atlántico, Antioquia y Cesar por un total de 134.154 dólares. Con la salvedad de que uno de esos contratos por 2.913 dólares no especifica que el procedimiento funerario sea para cadáveres COVID-19.
Parques y Funerarias SAS opera junto a Recordar, Previsión, Exequial Total SAS y el Grupo Recordar. En esta organización empresarial está Francisco Javier De Arostegui Latorre, presidente del Grupo Recordar. De Arostegui figura también en la empresa offshore Male Overseas SA, creada en Panamá en 2015, según consta en la base de datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
Tan solo el año pasado, Parques y Funerarias SAS registró en la Cámara de Comercio de Bogotá un patrimonio neto de 22 millones 310 mil dólares. El 18 de junio enviamos una consulta a Catalina Paéz Prieto, gerente de comunicaciones del Grupo Recordar, sobre el contrato suscrito con la Gobernación del Atlántico. Pero hasta el cierre de esta investigación, no obtuvimos una respuesta.
El Atlántico, donde Parques y Funerarias SAS ha celebrado más contratos, está en alerta roja. Solo el 15 de junio en Barranquilla se multiplicó la cifra de contagiados, así como en el resto de las zonas del departamento. Esa noche el ministro de Salud, Fernando Ruiz, publicó en su cuenta de Twitter que al día siguiente un avión de la Policía saldría hacia la capital del Atlántico con 49 respiradores mecánicos para ampliar el número de camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Las cifras de fallecidos también se elevaron y con ellas los contratos entre entidades públicas y funerarias para la disposición final de cadáveres COVID-19.
Una situación similar ocurre en el resto de departamentos de Colombia. Las otras empresas funerarias que han recibido más dinero público para prestar sus servicios son la Organización la Esperanza SA y el Consorcio Exequial SAS.
Salud con lupa y Cuestión Pública consultaron en la página web de la Rama Judicial y encontraron que Consorcio Exequial SAS figura como empresa demandada en al menos 25 procesos judiciales, radicados entre mayo de 2016 y mayo de 2020. Además, María Adelaida Paris, representante legal en los contratos funerarios del consorcio, tuvo un proceso por estafa, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito que cursó en el Juzgado Décimo Penal del Circuito en 2011.
El Consorcio Exequial SAS reportó ante la Cámara de Comercio de Bogotá activos por 15 millones 727 mil dólares. Pero sus antecedentes en contrataciones son cuestionables. Esta misma empresa enfrenta un litigio con la Alcaldía de la Calera, municipio vecino de Bogotá, por la construcción de un complejo funerario. Habitantes del municipio se oponen a esta obra por su cercanía al río más importante de la región, el Teusaca. En abril pasado, Carlos Cenen Escobar, el alcalde del municipio envió cartas a la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría y a la magistrada Nelly Yolanda Villamizar, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que inicien investigaciones porque, según la administración, este parque cementerio se estaría construyendo con argucias jurídicas de por medio.
Las funerarias que más cobraron
La Alcaldía de Mosquera, en el departamento de Cundinamarca, celebró un contrato con el Consorcio Exequial SAS por 53.021 dólares. Es la alcaldía que ha pagado el precio más alto por la cremación de un cadáver: 575 dólares, según consta en el contrato. En Mosquera hay 230 casos confirmados y once personas fallecidas por COVID-19, según reportes del Instituto Nacional de Salud (INS).
Le sigue la alcaldía del municipio de Florencia, en Caquetá, que hizo un contrato por 8.033 dólares con Servicios Funerarios Jardines de Paz SAS. La cremación por cadáver se fijó en 530 dólares. Las estadísticas del INS indican que en ese municipio hay 34 casos por contagio y un fallecido.
Salud con lupa y Cuestión Pública encontraron que Jardines de Paz SAS tiene como representante legal a Jaime Ramón Endo, quien ocupa el mismo cargo en Inversiones Inmobiliaria de los Andes. Esta última empresa está registrada en Panamá desde 2008 y hacen parte el exembajador de Colombia en Suiza, durante la presidencia de Juan Manuel Santos, Julian Jaramillo Escobar y su familia, quienes también figuran en la base de datos de OffshoreLeaks. Para este reportaje, solicitamos también una entrevista con el representante legal de Jardines de Paz al correo reportado en la Cámara de Comercio, pero no obtuvimos respuesta.
El tercer contrato con el precio unitario por cremación más costoso lo hizo la Alcaldía de Altamira, en el departamento del Huila. La administración pagó 535 dólares por el servicio a la Empresa Cooperativa Funeraria (Emcoofun). Este contrato se inició el 3 de abril con una particularidad: hasta la fecha ese municipio no tiene casos de contagios y tampoco fallecidos. Es parte de los 90 municipios libres de COVID-19 en Colombia.
Solo 18 de los 79 contratos analizados para esta investigación especifican el precio unitario por el servicio de cremación. Según las cifras del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), las entidades territoriales del país pagan, en promedio, 298 dólares por la incineración de una persona fallecida por COVID-19. (Ver tabla con todos los precios)
En respuesta a una solicitud de información para este reportaje, la Procuraduría General de la Nación confirmó que indaga sobre un posible cartel de muertes por COVID-19, por contrataciones con sobreprecios entre autoridades públicas y funerarias para el manejo de los cadáveres en el Departamento del Atlántico. La entidad de control disciplinario también investiga las presuntas irregularidades en la ejecución del contrato celebrado entre la Gobernación del Atlántico y Parques y Funerarias SAS para la cremación y traslado de cuerpos de fallecidos por COVID-19.
De todas las funerarias que figuran en los contratos, Parques y Funerarias SAS, entre otras, está incluida en las investigaciones de la Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), según pudimos confirmar a través de un derecho de petición y un listado oficial.
El 8 de mayo la SIC inició una indagación preliminar a 86 funerarias por presuntos sobreprecios cobrados en los servicios que prestaron durante la emergencia sanitaria. De ese grupo, esta entidad formalizó una investigación en contra de 40 funerarias, de las cuales 10 tienen contratos para disposición de cadáveres por COVID-19.
Contratos de cremación sin cadáveres
En el departamento de Tolima están los municipios que más contratos han realizado para la cremación, disposición, traslado e inhumación de cadáveres por COVID-19. En nuestro análisis encontramos que hay cuatro municipios que firmaron contratos sin tener aún fallecidos a causa de esta enfermedad: Honda, Villahermosa, Flandes y Fresno. Villahermosa ni siquiera tiene casos de contagio. La mayoría de los contratos tiene plazos de ejecución vigentes para todo el 2020.
Sobre este tema, la secretaria de gobierno de la Alcaldía de Villahermosa, Valentina Castañeda, explicó lo siguiente en un correo: “la necesidad de celebrar un contrato para atender posibles fallecidos por COVID es una obligación que recae directamente sobre el municipio o entidad territorial correspondiente para los casos específicos de personas sin cobertura funeraria. Tal y como se indica en la circular 0092 de 2020 expedida por la Secretaria (sic) de Salud del Tolima”. Castañeda dijo también que el contrato de servicios funerarios tiene una vigencia hasta el tope del presupuesto contratado y, hasta a la fecha, no se ha requerido ningún servicio. Por eso, sigue vigente.
Las alcaldías de Honda, Flandes y Fresno también fueron consultadas, pero hasta el cierre de edición no obtuvimos respuesta.
Los municipios de Tolima no son los únicos que han celebrado contratos sin que todavía se registre la necesidad de cremación de cadáveres. El 8 de abril, Luis Hernán Sánchez, secretario de Salud del municipio de Caldas, ubicado en el departamento de Antioquia, firmó un contrato con Pro Exequiales Tierra Santa para el manejo y disposición final de fallecidos.
El valor total del contrato fue de 1.606 dólares para cubrir el manejo y disposición de seis cadáveres. Un mes y medio más tarde, la Alcaldía amplió por 45 días el contrato ya que, según los registros, se había ejecutado solo el 40% de los recursos hasta ese momento.
Aunque el contrato fue suscrito de manera específica para seis fallecidos por COVID-19, el Instituto Nacional de Salud (INS), la entidad que registra a diario los contagios y muertes por la pandemia de coronavirus en Colombia aún no reporta fallecimientos en el municipio de Caldas. Solo se han registrado 17 contagios, de los cuales ocho han sido pacientes recuperados. No obstante, el contratista reporta que ya se han incinerado dos cadáveres y trasladado uno más.
Ante esa inconsistencia, Salud con lupa y Cuestión Pública consultaron a Luis Hernán Sánchez, secretario de Salud de Caldas, quien explicó que los dos cadáveres cremados por el contratista fueron acogidos porque eran personas que presentaban síntomas de COVID-19. Sin embargo, los resultados de las pruebas en las necropsias resultaron negativos.
Cuando fue consultado por el traslado del cuerpo de un menor de edad, incluido en el informe técnico al que accedimos, el secretario Sánchez explicó que no tenía que ver con COVID-19 o siquiera con sospechas de contagio. Se trató, según el funcionario, de brindar auxilio a una madre de escasos recursos que necesitaba ayuda para trasladar el cuerpo de su hijo. La administración de Caldas pagó 92 dólares por ese servicio.
El otro caso es el de la Alcaldía de Altamira, en el departamento del Huila. La administración se adelantó y celebró un contrato por 5.355 dólares con la Empresa Cooperativa Funeraria pese a que no tenía casos confirmados de contagio o muerte por COVID-19. El precio unitario de la cremación por cadáver es el segundo más costoso en la lista que elaboramos con base en el análisis de contratos públicos.
Las entidades de control no se han pronunciado hasta el momento sobre estos casos.
El Amazonas se quedó sin sepulturero
El pasado 12 de mayo, María Adelaida París, representante legal del Consorcio Exequial SAS, la segunda empresa con más contratos adjudicados por cremaciones en el país, envió una carta a la Alcaldía de Leticia para modificar un contrato firmado doce días antes por el servicio de ataúdes, transporte y disposición final de muertos por COVID-19 en esa ciudad.
Las razones del contratista para modificar las condiciones pactadas daban cuenta de la crisis que en ese momento se vivía en la capital del Amazonas colombiano. Como parte de las obligaciones del Consorcio Exequial SAS estaba construir una bóveda sellada en el cementerio local, pero por la situación de salubridad en el municipio no se pudo encontrar a tiempo a proveedores de los materiales para la obra.
El problema se agravó cuando se supo que el sepulturero asignado por el contratista para inhumar los cadáveres por COVID-19 también contrajo la enfermedad. Su trabajo resultaba tan riesgoso que quienes se ofrecieron a relevarlo exigieron un contrato con un pago mayor.
Por casos como el sepulturero de Leticia, la Superintendencia de Industria y Comercio investiga si 86 funerarias han cumplido con implementar las medidas de bioseguridad para el manejo de cadáveres COVID-19 y si esto ha causado cobros adicionales.
El 15 de mayo la Alcaldía de Leticia firmó un nuevo contrato, no solo para acatar las solicitudes del contratista, sino para seguir enterrando a los fallecidos por COVID-19. Esto elevó los costos de la cremación.
Para cuando se firmó ese documento ya existían 922 casos de contagios y 30 muertos. Ahora, hay 2.162 contagiados y 87 fallecidos en la ciudad colombiana que tiene frontera con Perú y Brasil, dos de los países con más casos de contagios y muertos por COVID-19 en América Latina.
Hasta la fecha, la Fiscalía colombiana ha judicializado al menos a 16 mandatarios locales por sobrecostos e irregularidades en los contratos de ayuda alimenticia para la población. El negocio de las cremaciones es otro grave problema que deberá ser revisado a fondo por los organismos de control.
