¿Dónde está Solsiret? Desde el 23 de agosto de 2016, sus padres Carlos Rodríguez y Rosario Aybar intentaron responder esa pregunta. Repartieron volantes en las calles, participaron en marchas de mujeres desaparecidas, realizaron sus propias indagaciones… Pero, al parecer, nadie conocía el paradero de la joven activista y estudiante de sociología. Tuvieron que pasar casi cuatro años para que su exconcuñada Andrea Aguirre, acorralada ante una evidencia, confesara que Solsiret estaba muerta y que ella escondía parte del cuerpo. Del resto no se sabe nada hasta ahora.
La confesión ocurrió el 18 de febrero de 2020, mientras Andrea Aguirre y su exenamorado Kevin Villanueva estaban detenidos por ser sospechosos de la desaparición de Rodríguez Aybar. Durante la detención, y gracias a una pericia fonética, se confirmó que Aguirre utilizó el celular de su exconcuñada y fingió ser ella para anular su línea telefónica de Entel el 21 de octubre de 2016, a dos meses de su desaparición. La llamada fue clave en la investigación, pero también se sumó a la larga lista de demoras y deficiencias en la búsqueda de Solsiret.
Recién en marzo de 2019, cuando la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri asumió el caso, se autorizó el levantamiento de las comunicaciones de Solsiret, de su exconviviente Brian Villanueva y de las demás personas involucradas en el caso. Así se supo que el celular de Rodríguez seguía en la región donde ella vivía, el Callao, el día que supuestamente había abandonado su hogar y enviado mensajes a su familia. También se descubrió que fue encendido en los distritos de Cercado de Lima y Miraflores semanas después de su muerte. Cuando los detectives averiguaron esto, habían pasado dos años y diez meses desde que Solsiret fuera vista por última vez.
“Si no hubiera sido porque Andrea tenía esa predisposición un poco macabra de conservar el cuerpo de Sol, tampoco hubiéramos sabido nada. Lamentablemente, los casos de mujeres desaparecidas se invisibilizan ya que nunca se encuentran los cuerpos”, dice Edith Aiquipa, abogada del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, quien representa a la familia de la víctima. Muchos casos han quedado sin resolver o con una sentencia leve precisamente porque nunca se encontró el cuerpo. Ello ocurrió con Shirley Villanueva; y con Estefhany Díaz y sus hijas, Tatiana Díaz y Yamile Pajuelo.
Ahora, Andrea Aguirre y Kevin Villanueva enfrentan un juicio oral donde el fiscal del caso, Jimmy Mansilla, ha pedido que se les sentencie por homicidio calificado o por feminicidio. Mansilla incluyó este segundo delito, ya que asegura que en el asesinato de Solsiret se produjo “violencia de género extrema”. También destaca que, de acuerdo a las evidencias, la joven murió luego de ser golpeada con un objeto contundente y no producto de una caída, como asegura su exconcuñada. Ella, además, asegura que su entonces enamorado Kevin Villanueva cercenó el cuerpo de Solsiret y se llevó parte de él; sin embargo, el acusado la desmiente.
Los magistrados del Juzgado Colegiado Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao tendrán la tarea de determinar el delito cometido por cada uno. Si deciden que Aguirre cometió feminicidio, el caso marcaría un precedente en la historia, ya que en el país no existen mujeres procesadas por este delito. Asimismo, deberán evaluar si condenan a Brian Villanueva y a su madre, Yolanda Castillo, por dificultar las investigaciones.
Las desaparecidas sí importan
Si la policía hubiera recibido de inmediato la denuncia por desaparición de Solsiret y buscado sin errores en su círculo más cercano, habría evitado a sus padres, Carlos y Rosario, el sufrimiento de no saber, durante tres años y cinco meses, si su hija se encontraba viva o muerta. Por el contrario, los golpeó con su indiferencia y sus prejuicios desde el primer momento en que buscaron ayuda.
Dijeron muchas cosas de Sol por el hecho de ser mujer. Que, de repente, estaba con la “cabeza caliente” y que, si en una semana no se comunicaba, recién se iba a registrar su desaparición. Brian Villanueva la denunció por abandono de hogar el 24 de agosto de 2016, pero la policía nunca se acercó a su vivienda para verificar si el hecho era real. Cuatro meses después, la División de Investigaciones y Búsqueda de Personas Desaparecidas en Lima se basó en unas fotos de 2015 para decir que Solsiret estaba con una amiga en el norte de Perú.
Todo lo anterior sucedió aún cuando se sabe que el feminicidio es una de las principales hipótesis en las desapariciones de mujeres. Pero hubo más. Luego de que los padres de Sol lograron que se registre su desaparición, el 1 de septiembre de 2016, la prueba de luminol que permite detectar rastros de sangre demoró siete meses en realizarse. Durante este tiempo se remodeló la casa donde vivía Solsiret. El resultado fue negativo.
Para Cynthia Silva, docente especialista en justicia penal y género y directora de Demus, hay evidencia que no se ha podido incluir en el proceso porque la justicia ha sido lenta y deficiente. También comenta que, “si el caso llegara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se podría determinar la responsabilidad internacional del Estado como sucedió en campo algodonero”.
En aquel caso se responsabilizó al Estado mexicano por la desaparición y muerte de Claudia Ivette, Esmeralda Herrera y Laura Ramos, ya que las autoridades minimizaron sus desapariciones, con comentarios discriminatorios por género y edad, y no las investigaron con diligencia. Las tres mujeres desaparecieron en septiembre y octubre de 2001 y sus cuerpos fueron encontrados en noviembre de ese mismo año junto a cinco cadáveres más, en un campo algodonero de la Ciudad Juárez, en Chihuahua.
La deficiencia en la investigación del caso Solsiret no es un hecho aislado. Un reportaje de RPP Data mostró malas prácticas policiales y fiscales para registrar denuncias por desapariciones y proceder con las investigaciones. Ello es preocupante, considerando que el año pasado desaparecieron dieciséis niñas, adolescentes o adultas cada día. La cifra representa un incremento de 7% respecto al 2020, pero sigue siendo solo referencial porque no existe en el país un registro unificado de todas las mujeres desaparecidas ni se suele actualizar los datos cuando son encontradas.
