Hace unos días, se supo que el actor Mel Gibson, de 64 años, estuvo internado en abril durante una semana en un hospital de Los Ángeles (Estados Unidos) tras dar positivo a la enfermedad de COVID-19. La noticia la difundió su representante en un comunicado en el que no dio mayores detalles más allá del aparentemente prometedor medicamento con el que fue tratado: remdesivir.
"Dio positivo en abril y pasó una semana en el hospital. Fue tratado con el medicamento remdesivir mientras estaba en el hospital. Ya ha dado resultados negativos en numerosas ocasiones a las pruebas de coronavirus desde entonces, así como positivo para los anticuerpos", se lee en el cable que fue replicado por cientos de medios en el mundo.
Aunque aún sigue en fase experimental, el remdesivir, fabricado sólo por el laboratorio estadounidense Gilead Sciences, fue el primer medicamento en obtener una autorización de emergencia de la FDA para su uso en pacientes con COVID-19 en estado grave el pasado el 1 de mayo. Desde entonces, el propio presidente Donald Trump lo ha mencionado en numerosas ocasiones durante sus ruedas de prensa y su Gobierno ha comprado el 90% de la producción de esta medicina para los próximos meses.
Algunas semanas después, el 25 de junio, la Agencia Europea de Medicamentos recomendó a la Comisión Europea su “autorización condicional” para los enfermos en condición crítica. Sin embargo, el caso de remdesivir ha generado polémica por dos motivos: su precio y su eficacia. Se sabe ahora que el precio de comercialización es de alrededor de 2.345 dólares por paciente, lo que abre un nuevo debate que cuestiona la ética de las farmacéuticas sobre la adquisición de medicamentos y la salud pública.
El costo real de producción
Vanessa López, directora ejecutiva de la organización Salud por Derecho, advierte que el precio anunciado es claramente abusivo si tenemos en cuenta que el costo mínimo de producción del remdesivir es de 0,93 dólares por dosis, como lo estimó en un estudio de la Universidad de Liverpool publicado en en el Journal of Virus Erradication.
Gilead Sciences no ha publicado cuál es el costo de desarrollo de remdesivir, pero otro análisis del Instituto de Revisión Clínica y Económica (ICER), una organización sin ánimo de lucro que evalúa los ensayos y tratamientos médicos en Estados Unidos, calculó que el costo de manufactura del fármaco es de unos 10 dólares por un tratamiento de 10 días por paciente.
“El precio de los medicamentos debería ir relacionado con lo que cuesta desarrollarlos y producirlos, más un beneficio justo y razonable, sobre todo teniendo en cuenta el esfuerzo público que se ha invertido en toda la cadena de investigación y desarrollo”, explica López. Con el nuevo precio fijado por Gilead para el remdesivir, se estima que los ingresos para la empresa serán de US$2.300 millones en 2020.
La inversión pública en esta medicina
El remdesivir es un medicamento antiviral que fue desarrollado hace años contra el ébola y la hepatitis C, pero las investigaciones demostraron que no era eficaz. Desde que empezó la pandemia del nuevo coronavirus, Gilead Sciences empezó ensayos clínicos para probar su eficacia en COVID-19.
Este medicamento ha contado con una gran inversión pública. Sólo el Gobierno de Estados Unidos, a través del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas y otros institutos públicos, ha invertido al menos 70 millones de dólares en el desarrollo de este antiviral.
En esta cifra no está incluida la cantidad de ensayos clínicos en los que han participado sistemas públicos de salud de muchos países en los últimos meses. Pero el presidente y CEO de Gilead Sciences, Daniel O’Day, dice que ha realizado un “enorme ejercicio de responsabilidad” al haber puesto el precio del remdesivir “muy por debajo de su valor”.
“El elevado y abusivo precio del remdesivir va a suponer una barrera de acceso para los países, sobre todo, los más pobres. Otros países como España, en caso de poder adquirirlo, van a tener que detraer recursos de otras partidas sanitarias igualmente o más necesarias”, explica Vanessa López.
Desde Salud por Derecho, López lleva varios años recordando a los gobiernos que en casos como el de una crisis de salud pública como la actual, o ante los precios excesivos de fármacos para la hepatitis C o el cáncer, las autoridades deben hacer uso de las licencias obligatorias. Se trata de una figura legal vigente en todos los países que permite suspender temporalmente una patente de un fármaco para que una o varias empresas puedan producirlo como genérico.
La insuficiente evidencia de eficacia
Hasta ahora, según los datos clínicos de los que disponemos, este medicamento no es la cura definitiva para contener la pandemia y se sabe que solo consigue reducir de 15 a 11 días la hospitalización de los casos más graves y que no hay una reducción significativa de la mortalidad.
Tras realizar una exhaustiva búsqueda de evidencia (revisión sistemática), el equipo internacional de Epistemonikos, encontró dos ensayos clínicos aleatorizados que estudian su eficacia para tratar COVID-19. “Sobre su efecto para reducir la mortalidad y que evite que los pacientes necesiten ventilación mecánica, la evidencia disponible es de muy baja certeza”, concluye el grupo revisor.
Actualmente, existen al menos 19 ensayos clínicos en curso que evalúan el uso de remdesivir en pacientes con COVID-19, en especial en los que requieren un ventilador mecánico o que presentan mayor gravedad. “Hay decisiones que debemos tomar incluso cuando no hay suficiente evidencia. Para los que toman decisiones hagan su trabajo de la mejor manera posible, se deben poner los siguientes factores sobre la balanza: racionalidad científica, beneficios, riesgos y costos”, advierte el equipo investigador.
