Cuando una persona espera un medicamento en un hospital, piensa en su diagnóstico, en su tratamiento, en el tiempo que avanza sin pausa. Casi nunca imagina el largo recorrido que hizo ese frasco o esa ampolla antes de llegar a sus manos.
Un medicamento puede cruzar fronteras, océanos y miles de kilómetros antes de entrar a una sala de hospital. En ese trayecto intervienen laboratorios, plantas de producción, puertos y autoridades sanitarias. Pero no todas cuentan con el personal ni los recursos suficientes para supervisar cada etapa.
Si algo falla en esa cadena, el problema deja de ser técnico. Se hace visible cuando el tratamiento se retrasa, cuando no funciona como debería o, peor aún, cuando provoca daño.
La Organización Mundial de la Salud estima que más del 10 % de los medicamentos en el mundo presentan fallas de calidad que los hacen inseguros. Tarde o temprano, esa realidad toca a alguien.
Lo que encontramos en Perú muestra qué ocurre cuando esos controles no alcanzan.
Entre 2019 y 2025, el Ministerio de Salud compró 19 lotes de medicamentos esenciales contra el cáncer que luego fueron rechazados por fallas graves de calidad: contaminación con bacterias, partículas visibles como fragmentos de vidrio o pelusas, y concentraciones menores a las declaradas. Más de 140.000 frascos terminaron destruidos.
Eran compras del Estado a cinco laboratorios con plantas en India. El medicamento llegó. Pero no pudo usarse.
En algunos casos, la distribución ya había comenzado cuando se detectaron los problemas. En otros, los hospitales quedaron sin alternativa mientras se resolvía la reposición. Para quienes estaban en tratamiento, ese tiempo no era administrativo. Era tiempo que podía influir en su pronóstico.
El Perú depende en gran medida de medicamentos importados, y muchos provienen de India, uno de los mayores fabricantes de genéricos del mundo que abastece a más de 200 países. En un mercado así, lo decisivo no es el origen, sino la fortaleza de los controles.
Desde 2013, la autoridad sanitaria —Digemid— no alcanza a inspeccionar y certificar a tiempo las plantas de producción de laboratorios extranjeros. Por eso permite que esos fabricantes sigan enviando medicamentos mientras esperan la visita. La medida se adoptó para evitar que los hospitales se quedaran sin stock.
Hoy, más de 250 laboratorios ingresan productos sin una certificación peruana vigente de sus plantas. La excepción, prorrogada hasta 2028, amplía el margen de riesgo.
En 2025, un suero con exceso de sodio causó la muerte de siete pacientes. Meses después, un sedante contaminado se administró a 28 personas —incluidos bebés— que terminaron en estado crítico.
No fueron episodios aislados. Falló el sistema peruano de control sanitario.
Después de esos casos, el Congreso prometió reformarlo. Hoy existen seis proyectos de ley para cambiar o reemplazar a la Digemid, pero el debate se suspendió en diciembre en la Comisión de Salud. El propio Ministerio de Salud envió al Congreso dos versiones distintas de su propuesta. Ni siquiera dentro del Ejecutivo hay una posición clara.
La reforma sigue pendiente. Y los riesgos no han desaparecido.
Lo que les he contado aquí es solo una parte de los hallazgos de nuestra serie “Quimioterapias en riesgo: medicamentos inseguros y un sistema que los deja entrar al Perú”, que realizamos junto a The Bureau of Investigative Journalism.
En las próximas semanas iré compartiendo nuevas entregas. Algunas profundizan en lo que ocurre en el Perú. Otras miran lo que está pasando en países que dependen de las mismas cadenas de suministro. Esta historia no termina aquí.
