Mientras Estados Unidos vuelve a revisar el caso Epstein y se pregunta cómo se minimizaron denuncias de abuso contra niñas durante años, en el Perú hay una realidad igualmente estremecedora. No necesita documentos desclasificados. Está en cifras oficiales y se ha vuelto parte de la normalidad: cada año, cientos de menores de 14 años son obligadas a convertirse en madres. En estos casos no hubo elección. Hubo violación.
Solo en 2025, 993 niñas fueron inscritas como madres. Una tenía 10 años. En enero de este año ya se habían reportado más de 40 nuevos casos, según el Ministerio de Salud.
Cada cifra es un delito. Lo que viene después ya no depende del agresor, sino del Estado. Puede estar del lado de la niña. O puede dejarla sola frente a un embarazo que no eligió. En el Perú, demasiadas veces ocurre lo segundo.
No todas reciben apoyo psicológico. No todas acceden a información clara sobre sus derechos. El aborto terapéutico —legal cuando la salud o la vida están en riesgo— sigue encontrando barreras, miedos y presiones. Médicos de la Maternidad de Lima han sido hostigados por una congresista que ha intentado frenar la aplicación de este protocolo.
Esta semana, esa misma legisladora, Milagros Jáuregui, volvió a defender el albergue que dirige, donde niñas de entre 10 y 13 años continúan embarazos producto de una violación. En redes sociales circularon fotografías de una ceremonia reciente en ese centro. Niñas con bebés en brazos, aplausos y discursos. Se celebraba esa maternidad impuesta.
Es difícil mirar esas imágenes sin preguntarse qué nos está pasando. Ese centro, además, ha sido validado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Proteger no puede significar obligarlas a parir. Cuando el Estado llama protección a esa imposición, les está dando la espalda.
Esto tiene responsables. Ese giro en contra de derechos básicos no lo logró sola Milagros Jáuregui, sino con el respaldo de congresistas de distintas bancadas que hoy aspiran a la presidencia o al Senado.
Son los mismos que han aprobado normas que debilitan la educación sexual integral, la igualdad de género y el acceso al aborto terapéutico. Y ministros que, pese a las condenas internacionales, han dejado sin fuerza las políticas destinadas a proteger a niñas víctimas de violencia sexual.
En 2023, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas dijo algo que debería habernos sacudido: que el Estado peruano vulneró los derechos de una niña indígena de 13 años, abusada por su padre —el caso conocido como “Camila”—, al negarle un aborto legal y seguro. Recordó que un embarazo en la niñez pone en riesgo la salud física y mental y puede marcar de manera profunda el proyecto de vida.
En esa misma resolución, pidió que ninguna niña sea criminalizada por interrumpir un embarazo y que el aborto terapéutico funcione realmente en estos casos. Nada cambió.
No era la primera vez que el país recibía una advertencia así. Ya había ocurrido con los casos K.L. (2005) y L.C. (2011), cuando adolescentes fueron obligadas a continuar embarazos que afectaban su salud y su futuro. Incluso el Comité contra la Tortura ha señalado que obligar a una niña a seguir adelante con un embarazo producto de violación puede constituir trato cruel, inhumano o degradante.
Los fallos son claros. Y, aun así, seguimos retrocediendo.
Esta semana el Ministerio Público cerró unidades que atendían casos de abuso contra niñas awajún y wampis en Condorcanqui, Amazonas. En esa provincia se han registrado alrededor de 800 casos de violencia sexual contra menores, muchos presuntamente cometidos por profesores.
Pese a ese contexto, se desactivaron fiscalías especializadas y unidades médico-legales en Nieva, Yutupis y Huampami, encargadas de recoger pruebas en casos de violación. La explicación fue presupuestal: no se renovaron los fondos. Las víctimas quedaron todavía más solas.
Tan solas como las mujeres que denunciaron haber sido abusadas por Epstein cuando eran niñas. Hoy el mundo vuelve a hablar del caso, a revisar millones de archivos y fotografías de la vida de este depredador sexual que se codeó con ricos y famosos, muchos de los cuales ignoraron sus crímenes o miraron hacia otro lado. Pero las sobrevivientes no ocupan el centro de la conversación.
En el Perú pasa algo parecido. Se debate sobre normas, ideologías y elecciones. Pero las niñas no están en el centro. Siguen cargando con decisiones que otros toman por ellas.
Cada martes envío un newsletter donde comparto estas historias, hallazgos y reflexiones antes de que salgan en la web de Salud con lupa. Si quieres recibirlo en tu correo, puedes suscribirte aquí:
