Cuando se habla de cuánto dinero destina el Estado para la salud de los colombianos, inmediatamente la palabra “billones” aparece en el radar. Para el 2019, el Ministerio de Salud y Protección Social dispone de $32,3 billones de pesos colombianos del presupuesto general de la nación (alrededor de 10,4 millones de USD). Es el tercer sector que más recursos administra después del Ministerio de Educación y de Defensa.
Parte del destino de ese dinero se decide en el Congreso, por donde han pasado Dilian Francisca Toro, Roy Barreras y Holger Díaz. Los dos primeros, en el Senado, y el último en la Cámara de Representantes –Barreras ha sido senador en los últimos 13 años–. Durante años, estos tres médicos influyeron poderosamente en la asignación de los recursos del sector Salud desde el Legislativo, y con ello acumularon mucho poder. De hecho, la actividad legislativa, la medicina y el poder no están tan separados cuando se sabe aprovechar el uso de cuotas políticas, la contratación pública local y la cercanía con actores privados en la salud.
Dilian Francisca Toro: Las redes de “la baronesa”
“Me han llamado la baronesa electoral, que no me gusta porque yo soy una política, yo soy una líder social (...) que he sacado muchos votos”, esta fue una de las frases que Dilian Francisca Toro le dijo a Cuestión Pública en entrevista.
Los votos no se niegan, ya que Toro, actual gobernadora del Valle del Cauca, tiene un largo recorrido en la política colombiana. Gracias al maridaje entre su formación profesional y más de treinta años dedicados al ejercicio de funciones públicas, Dilian Francisca ha acumulado una red de contactos e influencias que la perfilan como una de las personas más poderosas en el sector de la salud.
Toro es médica cirujana de profesión. Pero en 1984, cuando tenía apenas 25 años de edad, apareció en la arena política como concejal de Guacarí, su municipio natal, en el departamento del Valle del Cauca. De 1992 a 1994 fue alcaldesa del mismo municipio y posteriormente ocupó el cargo de secretaria de Salud en la Gobernación del Valle (1995-1997). Así, con 38 años de edad, Dilian ya había ocupado cargos públicos desde el nivel municipal hasta el departamental.
Dilian Francisca Toro estaba lejos de detenerse en su apetito político. A los 43 años llegó al Senado con el aval del Partido Liberal (2002-2006). Mantuvo la curul con el Partido de la U hasta el año 2013, fecha en la que renunció al cargo de elección popular para hacerle frente a la investigación que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le abrió (julio de 2012) por presunto lavado de activos, y a partir de la cual le dictaron medida de aseguramiento con detención domiciliaria. Con su renuncia, el proceso dejó de estar en manos de la Corte Suprema y pasó a manos de la Fiscalía General de la Nación (FGN), y allí caducó en julio de 2018.
“Todos somos amigos”
En el año 2016, Toro recibió la Gobernación del Valle de manos del médico Ubeimar Delgado, quien había llegado al puesto en las elecciones atípicas de 2012 (luego de la destitución de Héctor Fabio Useche).
En la campaña del 2012, Dilian Francisca apoyó a Delgado. Algunos medios reseñaron que este respaldo fue retribuido a Toro con dos cargos públicos para gente de su entorno en el gabinete de la Gobernación. En términos coloquiales, el espaldarazo de Dilian a la candidatura de Ubeimar Delgado -de quien recibió el puesto luego- habría sido pagado con dos “cuotas” en las secretarías departamentales para personas cercanas a ella. La Secretaría de Salud fue una de ellas, según La Silla Vacía. Cuestión Pública le preguntó a la actual gobernadora por su relación con Ubeimar Delgado y, particularmente, por su apoyo en aquella ocasión, a lo que Toro respondió: “¡Es que todos somos amigos! En la política, todos somos amigos, y cuando hay elecciones, uno con los amigos define apoyar o no apoyar, porque es lo lógico y aquí todos nos conocemos”.
El puesto en la Secretaría de Salud fue asumido por Fernando Gutiérrez, un médico cercano a Dilian, que ya había sido gerente del hospital en Buga y director de la Empresa Social del Estado (ESE) Antonio Nariño, empresa liquidada que dependía “en un 93% de los ingresos provenientes de la venta de servicios a la EPS del Seguro Social”, según decreto 3870/2008 y sobre la que Dilian tenía un fuerte poder burocrático, en palabras de la revista “Semana”.
“¿Que si es amigo mío? Claro, es amigo mío, y yo no lo niego, que es amigo mío y muy bueno … Es un hombre que es muy capaz en el sector salud”. Esto dijo la gobernadora a Cuestión Pública sobre su relación con Fernando Gutierrez.
Gutiérrez resultó ser esposo de Norma Hurtado, actual representante a la Cámara por el departamento del Valle, exconcejal y gerenta administrativa de la ESE Antonio Nariño cuando Gutiérrez tenía el mando de esta entidad. Norma Hurtado también fue subdirectora para la Vigilancia de la Contratación Estatal en la Personería de Santiago de Cali, secretaria general de la Gobernación del Valle y gobernadora encargada del 4 al 9 de agosto de 2016, como reemplazo de Dilian Francisca. El caudal electoral del grupo “Nueva Generación” del Partido de la U, colectividad de Toro, ubicó a Norma Hurtado como representante a la Cámara y consiguió la mayor votación en el departamento: 62.406 votos. Estos son hilos de poder que Toro extiende desde lo legislativo a lo regional (o viceversa) y mantienen su vigencia en el poder. Autoridad política, cacicazgo que llaman. En el departamento del Valle la llaman “La Baronesa”.
Esos hilos de poder perduran en el tiempo por un claro relevo generacional que, incluso con la Baronesa lejos de órganos legislativos, perpetúa su influencia en todos los niveles. Así, Norma Hurtado sostuvo el caudal electoral de Dilian en el Congreso y se aseguró de perpetuarlo en el Concejo de Cali, a través de Tania Fernández Sanchez, quien también hizo parte de la ESE Antonio Nariño como subgerente Administrativa y Financiera.
El cacicazgo de Toro en la Superintendencia Nacional de Salud, la entidad que vigila el sector, quedó sellado con el nombramiento de Conrado Gómez en el 2010. Según “El Espectador”, Conrado era cuota de Toro y su cercanía había quedado en evidencia cuando ella, siendo congresista, lo buscó como asesor en un proyecto que buscaba reformar la salud. Al respecto, la actual gobernadora del Valle del Cauca le dijo a Cuestión Pública que a Conrado Gómez lo conoció en el 2004, cuando el Congreso lo contrató como asesor en temas relacionados con la reforma a la Salud, pero que dicha contratación no dependió de ella, pues no era parte de sus potestades. Dilian Francisca Toro afirmó mantener hasta la actualidad una relación de amistad con el ex superintendente Conrado Gómez.
Francisco de Paula Gómez, hermano de Conrado, era en ese entonces presidente de Afidro, el gremio que cobija a las multinacionales farmacéuticas en Colombia. Francisco de Paula posteriormente pasó a ser gerente general de COOMEVA Medicina Prepagada y director ejecutivo de la ANDI en la Cámara Sectorial de Salud. Dilian Francisca le aseguró a Cuestión Pública no ser muy cercana a Francisco de Paula, pero reconoce que sí que lo recuerda por su paso por Afidro.
Desde la Supersalud, Conrado Gómez liquidó e intervino más de cuatro empresas prestadoras de servicios de Salud (EPS), entre ellas SaludCoop, otrora la más grande del país. En ese contexto, se enfrentó con la entonces contralora general Sandra Morelli por multas que ella decidió imponer a Carlos Gustavo Palacino, el depuesto presidente de esa EPS. Según la Contraloría, Palacino usó recursos destinado a la salud de los asegurados en otros gastos e inversiones, una práctica que en términos técnicos se llama integración vertical, prohibida en negocios de la salud que funcionen con dineros públicos. Morelli le exigió a Conrado Gómez avalar la sanción, lo que en su momento desencadenó una pugna política que terminó con la renuncia de Conrado, en el 2012.
En mayo de este año, la Contraloría General de la República emitió un fallo en primera instancia por el desvío de fondos en SaludCoop, en el cual encontró responsabilidad fiscal en Conrado, entre varios otros involucrados. Al ex superintendente le atribuyó “una conducta gravemente culposa y omisiva (...) al no emitir órdenes y actuaciones inmediatas para corregir y evitar los desvíos de dineros del Sistema General de Seguridad Social en Salud que eran de su conocimiento”.
Ayúdame que yo te contrataré…
La influencer de la salud Dilian Francisca Toro tiene una tía: Amanda Torres Toro. La tía Amanda es la representante legal del Laboratorio Clínico Las Acacias, entidad con la que mantiene contratos con diferentes entidades públicas hospitalarias del departamento del Valle. Cuestión Pública encontró que desde el 2013 hasta hoy, Amanda Torres Toro ha contratado, a nombre propio o con la razón social del laboratorio, más de 5.700 millones de pesos, a través de contratación directa y régimen especial, con Caprecom, Redes de Salud de Centro, Norte y Ladera, así como con los hospitales E.S.E. de Jamundí, Tuluá, Yumbo y Cali.
En el 2015, “Noticias Uno” denunció tener en su poder contratos del laboratorio clínico de la tía Amanda con el Hospital Isaías Duarte. Entre ellos se incluían varios anteriores al año 2013, así la cifra total de la contratación de la tía Amanda podría ser mayor.
Cuestión Pública le preguntó a la actual gobernadora por los contratos de su tía. Toro afirmó no tener nada que ver con eso y que “ella [Amanda Torres Toro] puede contratar con quien quiera”. “Falta de ética fuera si la hubiera contratado yo cuando llegué a la administración, pero ningún hospital la ha contratado después de que yo entré a la gobernación (...) Ella venía hace muchos años contratada”, dijo.
Pero las fechas de los contratos parecieran indicar otra cosa. Cuestión Pública encontró que más del 50% de los contratos firmados por Amanda Torres Toro con entidades públicas del departamento del Valle se dieron en el periodo 2016-2019, tiempo en el que su sobrina, Dilian Francisca Toro ha sido gobernadora del departamento del Valle del Cauca. El monto de dichos contratos es de más de 4.200 millones de pesos y ninguno se ha dado a través de licitación pública según la base de datos de contratación pública.
La “influencer” en formación
En el año 2017, Juanita Cataño, diputada por el Valle del Centro Democrático, denunció que el proceso de adjudicación en el Valle del Cauca del Programa de Alimentación-PAE, diseñado para prestar servicio de alimentación a los estudiantes de colegios públicos, estaba obedeciendo a intereses electorales y que dichos contratos se estaban entregando a empresas que habían respaldado a Dilian en sus aspiraciones a la Gobernación, según reportó el periódico “El Espectador”.
La Procuraduría 2 Delegada para la Contratación Estatal adelanta una investigación disciplinaria contra Dilian Francisca por hallazgos en el Programa de Alimentación (PAE). A este proceso se suma otro, en el año 2016, por parte de la Procuraduría para la Moralidad Pública, por continuar contratando a entidades cuyo suministro de alimento intoxicó a la población.
Adicionalmente, la Procuraduría Regional del Valle del Cauca se encuentra en etapa de evaluación del proceso 2017-3903, que tiene como implicada a Dilian Francisca Toro Torres junto a Jairo Ortega Samboní, Julio Salvador Alandete Arroyo y Ubeimar Delgado Blandón, ex gobernador del Valle del Cauca. El asunto de este proceso se refiere al PAE y, además, a la entrega de paquetes nutricionales para madres gestantes, lactantes y niños de cero a cinco años, en las vigencias 2015 y primer semestre de 2016. Dilian Francisca le aseguró a Cuestión Pública no estar enterada de este proceso.
Dilian Francisca tiene influencia a nivel regional sobre la Procuraduría Provincial, el Departamento de Aduanas e Impuestos Nacionales (DIAN), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Fondo Nacional del Ahorro y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamento (Invima) en el Valle del Cauca, según informó el diario “El País” de Cali.
Toro también ejerce influencia en la Contraloría del Valle y de Cali, según la investigación de Colombiacheck y Consejo de Redacción.
La candidata de Dilian para reemplazarla en la Gobernación ya está preparada: Clara Luz Roldán, ex directora de Coldeportes, cuota de Dilian en su momento. Esta ya anunció su precandidatura: “será una carrera de relevos, donde tomaré la posta de la actual Gobernación para mantener lo que se está haciendo bien y seguir avanzando donde se necesita mejorar”.
De hecho, el alcalde de Cali, Mauricio Armitage, acusó a Dilian, en un debate público, de haber convertido la gestión del deporte (el bastión de Roldán) en “un fortín político”. Roldán es un brazo de Toro en el poder.
Dilian Francisca Toro no tiene interés en volver al Congreso luego de su mandato como gobernadora. La influenciadora de la salud afirma tajantemente: “Yo no vuelvo al Legislativo nunca más”.
Roy Barreras: el caso Caprecom
Roy Leonardo Barreras Montealegre es el segundo influencer en poder y cuotas políticas en la salud. No porque sea menor que Toro, sino porque Roy Barreras ha perdido algunas batallas por la conquista del poder en algunas entidades públicas de la salud, mientras que Toro aún permanece invicta.
Barreras es médico de la Universidad Nacional (1987) con estudios de posgrado en Sociología y Administración en la Universidad del Valle (1992-1993). En 2006 llegó al Congreso como representante a la Cámara por el Valle del Cauca con el aval de Cambio Radical, partido del que lo expulsaron por “deslealtad” en el año 2009. Al igual que Dilian Francisca Toro, Barreras ingresó al Partido de la U, y desde 2010 hasta la actual legislatura (2018-2022), ha sido elegido senador por dicha colectividad .
Tal como reportó Cuestión Pública en su especial “Sabemos lo que hiciste la legislatura pasada”, para el año 2017 el senador Roy Barreras era propietario del 79% de la IPS de Cali Barreras Medicina Alternativa mientras el otro 20% pertenecía a Barreras y CIA S.A.S, una empresa relacionada con actividades inmobiliarias.
Cuando en el país se hablaba de Caprecom, EPS que entró en liquidación, un nombre que se empezó a repetir era el de Roy.
La EPS estatal (es decir, subsidiada y no contributiva), que contaba con 2,2 millones de afiliados “reasignados a otras 14 entidades a nivel nacional”, fue investigada por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos y por el desvío de recursos de la salud con todo tipo de artimañas, como el cartel de los embargos que desangró a la entidad por más de 4 mil millones de pesos, según denunció Noticias Uno, en 2014.
Los vínculos de Roy Barreras con Caprecom incluían a su esposa. El diario “El Tiempo” informó que Gloria Arizabaleta Corral fue nombrada asesora del subdirector de la entidad. Incluso Arizabaleta estuvo a punto de ser nombrada subdirectora, pero la mayoría de la junta directiva de Caprecom concluyó que ella no cumplía con los requisitos para el cargo. Ella aspiró al puesto “pese a que sus antecedentes como gerente de la EPS Calisalud, liquidada por decisión del Gobierno, no le resultaban favorables”, según la revista “Dinero”. En el 2012 el sindicato de Caprecom denunció las supuestas influencias que ejercía Barreras en la EPS.
Así como la esposa de Roy Barreras, otras personas cercanas al senador corrieron con igual suerte. Es el caso de Julián Andrés Restrepo Solarte, secretario privado del senador. Cuando este ocupó la presidencia del Congreso (2012), Restrepo figuraba como representante legal de Cleaner S.A., una empresa caleña a la que, en el año 2013, según encontró Cuestión Pública, se le adjudicó el contrato de aseo en los 130 centros penitenciarios en los que la EPS estatal Caprecom prestaba servicios de salud. Ese mismo año obtuvo otros dos contratos con el E.S.E Hospital Isaías Duarte de Cali por más de 186 millones de pesos en contratación directa, según la base de datos de contratación pública.
Entre 2014 y 2015 Cleaner S.A. obtuvo cinco contratos más con Caprecom para prestar servicio de aseo, cafetería y mantenimiento en las 32 regionales IPS en Chocó y la sede central de Caprecom y, nuevamente, para encargarse del aseo de los centros penitenciarios en los que Caprecom prestaba servicio de salud. Estos contratos suman más de 7.400 millones de pesos y tres de ellos fueron obtenidos a través de régimen especial. El cuarto contrato se obtuvo a través de licitación pública.
Cuestión Pública encontró que para el periodo 2016-2019, Cleaner S.A firmó treinta contratos con entidades públicas como la Fuerza Aérea, la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría de Educación de Bogotá o la Alcaldía Municipal de Cali, entre otras. Contratos que suman 32 mil millones de pesos.
En total Cleaner S.A obtuvo 63 contratos con entidades públicas entre el 2013 y el 2019, de los cuales solo tres se le adjudicaron a través de licitación pública.
Además, “Patricia Ceballos, miembro de la junta directiva de Cleaner, fue contratada por la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, en 2012, cuando Hilzyl Noriega, exasesor de Barreras, era su secretario”, según reportó el periódico “El Tiempo”.
Influencers en la Supersalud
En el año 2013, el entonces Superintendente de Salud, Gustavo Cobo Morales, afirmó que recibió visitas “de congresistas interesados en temas de la salud y especialmente en Solsalud (…), entre ellos el senador Roy Barreras”. Solsalud es una EPS con más de 1,2 millones de afiliados que fue intervenida por el Estado por malos manejos. Estas afirmaciones no fueron desmentidas por Barreras, quien aceptó al diario “El Espectador” haber solicitado al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, que cambiara el interventor de la EPS Solsalud (...) porque, según él, Solsalud “continuaba en manos de ilegales”. Sin embargo, algunos medios denunciaron que estas aproximaciones se realizaron en medio de la discusión de la Ley Estatutaria de Salud y que Barreras había advertido que “no habría apoyo en el Legislativo a la reforma si no se le entregaba el control administrativo a él o a la senadora Karime Motta, de Solsalud”, según reportó W Radio.
Lo mismo sucedió con la designación como director de Caprecom de Mario Andrés Urán, de quien se dijo ser el enlace entre Roy Barreras y la contratación en Bogotá, apenas dos semanas después de renunciar a la gerencia de asuntos corporativos de productos del laboratorio Roche, en un claro ejemplo de puertas giratorias. Caprecom fue delegada, durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe, para la compra centralizada de los medicamentos de alto costo. Según “La Silla Vacía”, para entonces, “se calcula[ba] que el 80 por ciento de los medicamentos de alto costo más recobrados al Fosyga son [eran] producidos por el Laboratorio Roche”.
Cuestión Pública buscó al senador Roy Barreras, pero no fue posible entrevistarlo por su ocupada agenda.
Holger Díaz: favores que quedan en casa
Holger Díaz es el tercer influencer porque perdió su curul a causa de un tráfico de influencias en el sector Salud.
Es médico de la Universidad Libre de Barranquilla y llegó al Congreso como representante a la Cámara por el departamento de Santander con el aval del partido PIN. El periodista Daniel Coronell, entonces columnista de opinión de la revista Semana y presidente de noticias de la cadena “Univisión”, denunció que Díaz Hernández logró ocupar su curul “con el apoyo del coronel y ex gobernador Hugo Aguilar Naranjo, capturado (...) por sus presuntos nexos con el paramilitarismo”. Antes de su actividad legislativa, Díaz había ocupado diversos cargos tanto en el sector público como en el privado y, siendo secretario de Salud del departamento de Santander, también fue gobernador encargado en seis ocasiones diferentes.
El 19 de septiembre de 2017, la Sala Plena del Consejo de Estado falló a favor de la pérdida de investidura de Holger Díaz por recibir una comisión de Saludcoop para beneficiarla con los trámites de la reforma al Sistema General de Seguridad Social en Salud (hoy Ley 1438 de 2011). Adicionalmente, la demanda contra Díaz Hernández, promovida por la Red de Veedurías, sostenía que el parlamentario había incurrido en tráfico de influencias y en conflicto de intereses pues su esposa, Gloria Lucía Quiroz Hernández, era gerente de la regional Santander de la misma EPS, y el entonces congresista, pese a haberse declarado impedido, participó del control político del denominado Cartel de la Salud, integrado por Saludcoop y otras trece EPS.
La prueba que tumbó la investidura de Díaz es un correo electrónico que el entonces congresista le envió a Carlos Palacino, presidente de Saludcoop, y reza: “Buenas noches, te envío el texto definitivo del proyecto aprobado en las comisiones séptimas, te quiero molestar porque hace 2 meses, no han vuelto a consignar, NIT 804010319-3. Muchas gracias. Holger” .
La demanda contra Holger Díaz interpuesta ante el Consejo de Estado aseguraba que las modificaciones hechas al proyecto de reforma a la salud que se habían aprobado en el Congreso (documento que adjuntaba Holger Díaz en su comunicación con Palacino) se ajustaban a las exigencias y compromisos adquiridos por Díaz ante SaludCoop.
Dijo el Consejo: “Sin duda, se ajustaban a las exigencias y compromisos adquiridos por el parlamentario demandado con Saludcoop y Carlos Palacino, pues de otra forma no se atrevería a adjuntar el proyecto aprobado y exigir el pago de la suma previamente convenida, y que de tiempo atrás se venía percibiendo por la hipoteca a la que había sometido su curul en materia de salud, puesta al servicio de un interés particular en lugar del interés general, y más cuando para entonces ya Saludcoop y el Grupo Saludcoop así como Carlos Palacino venían siendo públicamente investigados por cuenta de uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia del país”.
Las autoridades lograron establecer que el número de identificación tributaria (NIT) de la empresa que Holger Díaz solicitaba consignar correspondía a la IPS Salud con Calidad (cuya matrícula mercantil actualmente se encuentra activa), que prestaba servicios a Saludcoop y de la que el congresista y su esposa Gloria Lucía Quiroz fueron fundadores y socios hasta el 12 de marzo de 2010, dos días antes de que Díaz resultara elegido representante a la Cámara.
En la actualidad, la representante legal de la IPS Salud con Calidad es Luz Helena Franco Chaparro, quien durante seis años, entre el 2011 y el 2016, trabajó para el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos (INVIMA) en la subdirección de registros sanitarios, como directora de cosméticos, y directora de medicamentos y productos biológicos.
La historia de Holger y Dilian Francisca Toro se une el 19 de noviembre de 2010 (gaceta 933 de 22 de noviembre), en las sesiones conjuntas de Cámara y Senado para el inicio de la discusión del proyecto de reforma al Sistema General de Seguridad Social en Salud (hoy Ley 1438). Holger Díaz solicitó que se le declarara impedido, argumentando que su cónyuge ocupaba la Gerencia Regional de una EPS del Régimen Contributivo (Saludcoop). Dilian Francisca Toro, entonces presidenta de la comisión VII encargada de legislar sobre temas de salud, le lanzó un salvavidas a Díaz: “Es que no aclararon, perdónenme, que la esposa del representante Holger presentó renuncia. ¿Entonces, qué impedimento puede haber? ¿Cuándo presentó la renuncia? El jueves presentó la renuncia. ¿Ya se la aceptaron? Sí, ya se la aceptaron. Entonces no tiene ningún impedimento”.
Si bien, tal como afirmó Dilian Francisca Toro, Gloria Lucía Quiroz se encontraba desvinculada de Saludcoop desde el día 11 de noviembre de 2010 (ocho días atrás a la votación), volvió a ser contratada por la EPS el 24 de enero de 2011, apenas cinco días después de sancionada la Ley 1438. Así lo probó el Consejo de Estado, a partir del listado de pagos suministrado por Saludcoop EPS. En el documento figuraba que Gloria Lucía Quiroz no cobró el salario correspondiente a diciembre, mes en el que recibió “vacaciones por liquidación” por un valor de 9.056.250 pesos colombianos. En enero de 2011, Quiroz aún no recibía pago por honorarios, pero Saludcoop le canceló una bonificación especial de 17.550.000 pesos colombianos, una cifra bastante elevada para una prestación que le había sido pagada reiteradas veces previamente, en cada ocasión (julio, septiembre y noviembre de 2007) por 901.000 pesos, esto último también fue confirmado por el fallo.
En la actualidad, Holger Díaz está siendo procesado por la Procuraduría 4 Delegada para la Investigación y Juzgamiento Penal, ante la Corte Suprema de Justicia, por el delito de concusión. Este delito, de acuerdo a la legislación colombiana, ocurre cuando un servidor público hace uso de su cargo –de manera abusiva- para incitar o presionar a un tercero por el pago de dinero, beneficios o contribuciones indebidas.
El proceso, que inició en 2013, se encuentra actualmente en investigación previa e incluye como procesada a Nancy Patricia Gutiérrez, actual ministra del Interior, quien está relacionada con empresas de la salud.
Por su parte, la esposa del exrepresentante, Gloria Lucía Quiroz, fue inhabilitada por diez años para contratar con el Estado y condenada a pagar cincuenta salarios mínimos por las irregularidades halladas en el manejo de recursos de Saludcoop, según reportó el diario “El Universal”.
El correo de Holger Pérez al entonces presidente de Saludcoop se constituyó como prueba reina para decretar su inhabilidad, pero no lo dejó por fuera de la política. En la actualidad, Holger Díaz hace parte de la Unidad de Trabajo Legislativo de su coterráneo el representante a la Cámara por el partido Centro Democrático Oscar Leonardo Villamizar Meneses, cargo al que llegó en el inicio de la legislatura en julio de 2018, apenas diez meses de decretada su inhabilidad por el comprobado tráfico de influencias.
Cuestión Pública buscó al exrepresentante Holger Díaz sin éxito.
Aunque el caso de Holger es el único que ha visto final en una instancia judicial, no puede considerarse un golpe contundente al entramado de alianzas, poderes e influencias que se tejen en torno al sector salud. Los “influencers” Dilian Francisca Toro y Roy Barreras son prueba de cómo el tiempo y experiencia juegan a favor de la consolidación de redes fuertes y la expansión constante de influencias en todos los niveles que funcionan como una máquina que se sostiene en el tiempo gracias a recomendaciones, herencias y relevos. Una máquina que se mueve en los límites de la legalidad y en la que la ética de algunas prácticas es una duda permanente.
