La salud en la mesa del poder

¿Qué tienen en común una delegación de México en un sesión de la ONU sobre salud y una reunión del Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles? Las dos parecían juntas de ejecutivos por la presencia dominante de representantes de la industria.

La Suprema Corte de Justicia avaló el actual modelo de etiquetado de alimentos y bebidas, criticado por la OMS y defendido por la industria alimentaria. Es un sistema tan confuso que incluso un público entrenado tiene problemas para entenderlo.

El impuesto a las bebidas azucaradas alienta la esperanza de frenar la obesidad y la diabetes en México, pero para consolidar sus avances, el Estado y la sociedad civil deben sortear las tácticas de manipulación de la industria.

Las autoridades lanzaron campañas de comunicación, instalaron bebederos de agua y restringieron la venta de comida chatarra en las escuelas. Pero estas medidas se estrellan contra su propia ejecución deficiente y un sistema diseñado para engordar.

Tres casos revelan los difusos límites entre el sector público y privado en el sistema de salud chileno y la ausencia de mecanismos efectivos para evitar los conflictos de interés.

Los seis meses que el químico farmacéutico Stephan Jarpa dirigió el Instituto de Salud Pública consolidaron su carrera como consultor privado en temas regulatorios de medicamentos.

Luego de ser director de la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast), Valentín Díaz Gracia se convirtió en gerente general de un laboratorio farmacéutico que le vende medicinas al Estado chileno. Su caso pone en evidencia los vacíos en la regulación de los conflictos de interés.

La ministra del Interior de Colombia, Nancy Gutiérrez, y su esposo están relacionados con entidades de salud que generaron más de seis millones de dólares en ventas en el 2017.

¿Qué tienen en común la gobernadora del Valle Dilian Francisco Toro, el senador Roy Barreras y el excongresista Holger Díaz? Además de ser médicos de profesión, los tres usan el sector Salud como trampolín para alimentar su plataforma política, sus redes de influencia y poder. Son los ‘influencers’ 2.0 de la salud en el país.

Identificamos las maniobras de las corporaciones de salud para influir en las decisiones legislativas: la presencia de cabilderos durante los debates, tácticas distractoras y el financiamiento de investigaciones para frenar regulaciones contra el tabaco, las gaseosas y la comida chatarra.

El Colegio de Nutricionistas del Perú y la Sociedad Peruana de Cardiología alquilaron su sello de aval a un grupo de corporaciones que produce alimentos procesados y ultraprocesados. La falta de reglas para esta actividad permite fraudes publicitarios.

Mónica Saavedra es la viceministra que supervisa los programas alimentarios. Antes fue la presidenta de una asociación financiada por la industria y manejaba una consultora para dar asesorías en este rubro.

Los octógonos de advertencia en alimentos industrializados se estrenan en un país donde el número de niños obesos se duplicó en una década. Salud con lupa revela estudios que alertan sobre la real información nutricional de los productos que están en el mercado.

El exdirector ejecutivo de Vigilancia Alimentaria del Ministerio de Salud, Óscar Miranda, es el propietario de Nutricionistas en Acción, la consultora que avaló al sancionado cereal Ángel Mel de Alicorp.