Los trucos del lobby de la salud en Colombia

Medidas como el impuesto a las bebidas azucaradas y la obligación de incluir mensajes de advertencia en alimentos procesado poco saludables han sido abortadas en el Congreso de Colombia al influjo de los cabilderos de las grandes industrias. Ellos gestionan sus intereses en condiciones de las que no disfrutan los activistas de la sociedad civil aprovechando la falta de reglamentación del lobby. Sus esfuerzos para incidir en las políticas públicas se extienden más allá del Parlamento y alcanzan a los medios de comunicación y a los ambientes científicos en una red cuyos hilos se mantienen ocultos para la ciudadanía como en un acto de ilusionismo.

ACTO 1
Ahora me ves, ahora no me ves

“El señor defiende los intereses comerciales de las tabacaleras y rompe quórum en las comisiones. Es un abusivo. No tiene por qué estar en este Congreso”.

Así gritó el representante Óscar Ospina Quintero, del partido Alianza Verde, en la plenaria de la Cámara de Representantes del 25 de octubre de 2016. Por entonces, Colombia todavía sentía la desazón de los resultados del plebiscito por la paz, un acuerdo que ponía fin al conflicto de más de 50 años entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las FARC y que fue rechazado en las urnas el 2 de octubre de ese año. Pero aquel día se estaba debatiendo un proyecto de ley sobre advertencias sanitarias antitabaco.

Ospina señalaba con el dedo hacia un hombre de traje que caminaba entre las curules de los representantes, el señor Diego Fernando de la Ossa Jaramillo, de quien afirmó: “El señor defiende los intereses comerciales de las tabacaleras y rompe quórum en las comisiones. Es un abusivo, no tiene por qué estar en este Congreso”.

Ospina Quintero reveló la trampa que no estaban advirtiendo los espectadores. No solo denunció el lobby, sino la violación a la Ley 1109 de 2006, por medio de la cual Colombia suscribió el Convenio Marco para el Control de Tabaco (CMCT), un documento considerado clave para enfrentar los daños del cigarrillo a la salud pública.

Ospina leyó el artículo quinto de esta ley, en el que el Estado colombiano se obliga a proteger sus políticas públicas, relativas al control del tabaco, de los intereses de la industria tabacalera. Según la interpretación del representante, la sola presencia de Diego de la Ossa en el recinto violaba la norma.

El lobby no es considerado ilegal en Colombia y está apenas reglamentado por el Congreso. En la Cámara de Representantes, existe un registro público de cabilderos desde 2011, con el propósito de identificar a quienes se dedican a esta actividad. Su alcance no se ha extendido al Senado. Cuestión Pública solicitó el registro de cabilderos de la Cámara y encontró 195 lobistas inscritos para el periodo 2010-2014 y 51 para el periodo 2014-2018. (Vea el registro de cabilderos aquí; el cuadro difiere en número de los publicados actualmente en la página de la Cámara)

Diego Fernando de la Ossa Jaramillo aparece en el Registro Público de Cabilderos desde el 22 de febrero de 2017 como integrante de la firma Asuntos Públicos y de Gobierno SAS. Esto quiere decir que, para la fecha de los acontecimientos, no estaba registrado oficialmente como lobista. Asuntos Públicos y de Gobierno (conocida como Valure) es una empresa que ofrece entre sus servicios el “monitoreo legislativo e incidencia en el trámite normativo” y que ha sido considerada una de las más poderosas lobistas del país. Tiene como representante legal a Nicolás Uribe Rueda.

Uribe Rueda es conocido por sus reiteradas apariciones y desapariciones en el Congreso de la República. Fue consejero presidencial en el periodo 2002-2004 y representante a la Cámara por Bogotá entre los años 2006 y 2010. Luego de su periodo legislativo, Nicolás Uribe reapareció en el Congreso el 10 de octubre de 2011 como lobista de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y volvería a hacerlo en nombre de Valure desde el 22 de febrero de 2017. En este último ingreso al Registro Público de Cabilderos, Nicolás Uribe reportó como sus temas de interés “Transporte, consumo masivo, aviación, tecnología, agropecuario, financiero, minería, servicios públicos, licores, publicidad”. Además, Uribe Rueda escribe una columna de opinión en el diario “El Espectador” y trabaja para Blu Radio como comentarista.

En una entrevista con Cuestión Pública, Nicolás Uribe Uribe reconoció que Valure usa el cabildeo, pero aseguró que no se trata de la actividad principal de la empresa. De todos modos, Uribe defendió la legitimidad del lobby y abogó porque se apruebe un estatuto general que lo reglamente. En su opinión, eso ayudaría a “acabar con esa idea [de] que cualquier tipo de relacionamiento de trabajo con el sector público da para corrupción, porque evidentemente no es así y lo que necesita el país es que los tomadores de decisiones tomen decisiones informadas consultando a todos los involucrados alrededor de los temas y de esa manera tomando las mejores decisiones”.

Al preguntarle si considera que cruzó la “puerta giratoria” al saltar de ser parlamentario a fundador de una empresa especializada en asuntos públicos, Uribe dice que no: “Cuando yo estaba de parlamentario, me hicieron cabildeo y entendí cómo funcionaba, entendí como funciona el Congreso; pero yo no siento que haya hecho una actividad abusiva al haber construido un esquema de trabajo que es comprender lo que es el sector público para permitirle al sector privado comunicarse con él de manera transparente”.

ACTO 2
Un poco de hipnosis ayuda

El 6 de diciembre de 2016, poco más de un mes después de la denuncia que hizo el representante Oscar Ospina por la presencia del lobista Diego de la Ossa en la plenaria de la Cámara de Representantes, el entonces Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, publicaba en su cuenta de Twitter lo siguiente:

El lobby al que se refería Gaviria, sin embargo, no era el de tabaco -revelado por de la Ossa - sino el de las bebidas azucaradas, una industria conocida en el Congreso por sus grandes actos de ilusionismo; el más reciente, tumbar un impuesto del 24% para este tipo de bebidas, propuesto en medio de la Reforma Tributaria de dicho año.

Santiago Durán Otero, director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Bebidas de la ANDI en el 2018, sabe trabajar con todo tipo de público. Eligió uno muy selecto a inicios de junio de 2018, durante el debate de la "Ley de la comida chatarra", un proyecto que buscaba regular la publicidad de alimentos no saludables y ultraprocesados. En esa oportunidad se acercó personalmente a algunos senadores de la República.

Según relató la Liga contra el Silencio, a Durán se le vio muy activo, de lado a lado del recinto, hablando con los congresistas que votarían el articulado que aumentaba las regulaciones para la industria. Aunque no es posible asegurar que las votaciones en contra de la llamada Ley de la comida chatarra se debieron a la intervención de Otero, su acto fue parte de una serie de jugadas a favor del sector que él representaba.

Días antes, Santiago Durán Otero intentó su truco de hipnosis ante una audiencia más grande: la de los medios de comunicación. En una columna de opinión de “El Tiempo”, publicada el 30 de mayo de 2018, Otero defendió el sistema de etiquetado basado en Cantidades Diarias Orientativas (GDA, por sus siglas en inglés), que la industria de bebidas había implementado voluntariamente. Este modelo indica, en la parte frontal del empaque, el número de calorías que aporta el producto y la cantidad grasas saturadas, de sodio y de azúcares que contiene, con respecto a las necesidades diarias. Para Durán, dicho sistema de etiquetado expresaba el compromiso de la industria de autorregularse y contribuía a que los consumidores tomaran decisiones informadas.

El etiquetado es la manera en la que el fabricante informa al consumidor sobre el contenido del producto que va a comprar o consumir. Sin embargo, en palabras de Educar Consumidores, una organización que promueve el consumo responsable, “esta comunicación es desigual porque el fabricante cuenta con toda la información objetiva del producto, sus componentes, cualidades y defectos; mientras que, el consumidor se ve sujeto a confiar en lo que el fabricante le transmite en las etiquetas y la publicidad”.

Pese a la defensa de Santiago Durán Otero, organizaciones de la sociedad civil cuestionan el sistema de etiquetado GDA. Diferentes estudios (como este, del Instituto Nacional de Salud Pública, de México) han demostrado que “no es la mejor opción para presentar el contenido nutrimental de un producto y por lo tanto, para que los consumidores tomen decisiones mejor informadas, más saludables y más rápidas sobre los alimentos que van a consumir”, explica la asociación “El Poder del Consumidor”.

Carolina Piñeros, de la red PaPaz, una corporación que aboga por la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Colombia, le dijo a “El Espectador” que “el problema es que este etiquetado tiene dos ‘peros’. Primero, está basado en una dieta de 2.000 calorías diarias, lo que está pensado para un adulto, pero es muy alto para un niño, y, segundo, no es fácil de entender”.

El acto de Santiago Durán Otero fue celebrado como exitoso: si bien no fue el único motivo, tras sus gestiones durante el debate de la llamada “Ley de comida chatarra”, los congresistas rechazaron la propuesta que pedía un etiquetado frontal claro, que advirtiera directamente a los consumidores cuando el producto tuviera alto contenido de azúcar, sodio o grasas.

Luego de que el espectáculo del etiquetado llegara a su fin, Durán Otero desapareció de la ANDI y, en un abracadabra, apareció como asesor del presidente Iván Duque y como su representante en el proyecto Pazcifico.

El 18 de junio de 2019, el proyecto de ley de comida chatarra se hundió en la Cámara de Representantes porque los parlamentarios no lograron votarlo antes de las vacaciones legislativas. Y así, otra iniciativa a favor de la alimentación saludable se esfumó.

ACTO 3
¡Hay un cómplice entre el público!

En ocasiones, centros de investigación y documentos científicos pagados por la misma industria juegan el rol del espectador elegido, falsamente al azar, para que, con su testimonio, convenza al resto del público de que el truco del mago es real.

Blanca Llorente, directora de investigación de la Fundación Anáas, una organización que busca incidir en las políticas públicas referentes al control del tabaco en Colombia, afirma que los estudios que la industria presenta ante los legisladores no son transparentes respecto a los intereses que defienden. Aun cuando actúen de buena fe, los tomadores de decisiones se apoyan en datos obtenidos en investigaciones financiadas (e influenciados) por las grandes corporaciones como las tabacaleras, explica Llorente.

La publicación de estudios financiados por Coltabaco o Philip Morris, a nombre de organizaciones como la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) o la Federación Nacional de Departamentos, crea un panorama de confusión en el que los legisladores no pueden ver claramente los conflictos de interés. La industria controla el discurso, afirma Llorente, y luego crea los mecanismos de influencia.

La especialista afirma que para los investigadores independientes resulta muy difícil competir en credibilidad e influencia con los gremios. “La desinformación es otra estrategia de la industria”, denuncia.

Una evidencia de esta estrategia es la declaración de 19 escuelas de salud pública de más de 20 universidades estadounidenses. El 25 de enero de 2018, ellas anunciaron que en adelante no aceptarían recursos de parte de la Fundación para un Mundo Libre de Humo (Foundation for a Smoke-Free World), organización que había recibido aportes de la tabacalera Phillip Morris.

La Organización Mundial de la Salud, entre otras entidades que abogan por la prevención del consumo de tabaco, ya había asumido una posición similar, como resultado de la cercanía entre la fundación con las tabacaleras. “De hecho, tanto la industria del tabaco como la Philips Morris Internacional tienen una larga historia financiando 'investigación' de formas que buscan confundir deliberadamente al público y promover sus propios intereses, comercializar agresivamente los cigarrillos en todo el mundo, incluidos los niños, y persistir en su implacable oposición a las intervenciones basadas en la evidencia para el control del tabaco", sostienen las las escuelas de salud pública en su carta pública.

Algo similar ocurre con la industria de los alimentos y las bebidas. Educar Consumidores indica que dicho sector ha creado un Servicio Internacional de Información sobre Glutamato Monosódico (International Glutamate Information Center), conformado por un “cartel de organizaciones” que financian estudios en defensa del producto. En estas investigaciones, asegura Educar Consumidores, los intereses económicos se ponen por encima de la salud pública.

Voceros de esta organización consideran que “Colombia debe avanzar en materia de investigación, brindando apoyo a investigadores independientes, a la academia y a las instituciones del Estado que están creadas para tal fin”.

ACTO 4
El momento de la distracción

En medio de una sesión plenaria del Senado que conmemoraba el día internacional de los derechos humanos y discutía la nueva reforma tributaria, el 11 de diciembre de 2018, tres ratones de laboratorio fueron arrojados desde las barra del recinto sobre la bancada del partido oficialista y de derecha Centro Democrático, lo que causó agitación entre los parlamentarios. Entonces, el presidente del Senado, Ernesto Macías, miembro del mismo partido, le dijo a diferentes medios que, por motivos de seguridad, no se permitiría el ingreso de público a barras “hasta que terminemos las sesiones ordinarias y extraordinarias”.

Aunque el responsable de autorizar la entrada de personas al recinto es, justamente, el presidente del Senado, a la fecha nadie sabe quién liberó a los ratones. El hecho generó suspicacias. Según el diario “El Tiempo”, tres sospechosos de ejecutar el show con los roedores habían ingresado al Senado con autorización del senador Ciro Ramírez, también de la bancada del Centro Democrático.

Personas ajenas a dicho partido sugieren que se trató de uno de esos trucos usados para distraer a los espectadores, mientras tras bambalinas se prepara el número principal. De ser así, el truco funcionó y, mientras los espectadores se concentraban en los ratones, se dio orden de que todos los externos salieran del recinto.

El espectáculo no acabó ahí, pero sí cambió de público y cuando los congresistas quedaron solos en el recinto, como narró un integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Juan Luis Córdoba, del partido Alianza Verde, a Cuestión Pública: “solo pudo entrar un asesor por congresista, pero había grupos enteros de lobistas de la industria”.

El senador Juan Luis Córdoba afirma que los lobistas de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) lo buscaron reiteradamente mientras él impulsaba una medida de impuestos saludables, en medio de las discusiones por el Plan Nacional de Desarrollo. El congresista afirma haber rechazado el encuentro pues considera que “la ANDI fue el principal obstáculo para el impuesto a bebidas azucaradas”. Sin embargo, sostiene que la medida para evitar situaciones como esa es reglamentar claramente el lobby y permitir que intereses distintos a los de la industria hagan cabildeo bajo las mismas condiciones.

“Hay unas reglas de acceso muy asimétricas en la oportunidad de acceso que tienen las organizaciones de la sociedad civil (...) Obviamente, la industria tiene todos los recursos, puede tener lobistas que estén todo el día monitoreando las cosas, mientras que las organizaciones de la sociedad civil no cuentan con nada de ello”, asegura Blanca Llorente.

Llorente también afirma que “es necesario que se clarifique y reglamente el lobby realizado por la industria en entidades públicas y se dé cabida a la opinión de la sociedad civil y los consumidores”.

Nicolás Uribe, director de Asuntos Públicos y Gobierno (Valure), no cree que las ONG tengan desventaja frente a las grandes empresas al realizar lobby. “Yo no encuentro diferencia (...) Creo que todo eso hace parte de las maneras en que se presentan las capacidades de influencia de los diferentes actores. Tiene que ver con el entorno que se construye, los mensajes que se proveen, el momento específico, la manera en que se abordan los temas (...) Yo también he trabajado con Ongs”, dijo.

Así, las compañías tabacaleras y la industria de las bebidas y los alimentos promueven su agenda, con trucos para obstaculizar acciones contrarias a sus intereses, con desinformación y aprovechando vacíos legales. Cuando el lobby alcanza los recintos del Congreso, los tomadores de decisiones actúan –por decisión u omisión– favoreciendo un interés sobre el otro. Una reglamentación clara del lobby en Colombia sigue pendiente.