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Luis Gomero: Perú requiere una regulación más estricta de comercio y uso de plaguicidas

Para ayudar a que los pequeños y medianos agricultores dejen de usar plaguicidas, hace falta que se revise cuantas de las sustancias tóxicas que se comercializan a nivel nacional deberían estar prohibidas. Sin embargo, esta regulación, que depende del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), es un proceso que sigue tardando años, señala Luis Gomero, ingeniero agrónomo y presidente del Consorcio Agroecológico Peruano.

Luis Gomero
Gomero advierte sobre el abandono de envases de pesticidas prohibidos en el campo.
Foto: Archivo personal

El ingeniero agrónomo Luis Gomero Osorio lleva más de 30 años investigando los peligros de continuar con una agricultura que dependa solo de sustancias químicas para que los cultivos resistan a las plagas. Además de enseñar en la Universidad Científica del Sur, capacita a pequeños y medianos agricultores sobre cómo hacer sostenible sus tierras sin tener que recurrir a insecticidas y otros productos tóxicos.  Apoyándose en la evidencia científica, advierte por qué los plaguicidas podrían reducir las fuentes de producción de alimentos en Perú. 

El Consorcio Agroecológico Peruano, al cual representa, se sumó a Salud con lupa, la Red de Agricultura Ecológica y el Consorcio por la Salud, Ambiente y Desarrollo (Ecosad) Agroecológico para comprobar qué tan saludables son los productos que aparecen todos los días en la mesa de millones de peruanos. La investigación reveló que siete tipos de frutas y verduras que se venden en los supermercados de Lima y Callao tienen residuos de plaguicidas en cantidades que sobrepasan el límite máximo establecido en la norma sanitaria. Los productos se ofrecen en esas condiciones porque no hay un sistema que pueda alertar a los consumidores.

Con este hallazgo, asegura Gomero, los supermercados y las autoridades peruanas pueden presionar, con controles más exhaustivos, para que los agricultores reduzcan el uso de plaguicidas y empiecen a reemplazarlo por opciones que no afecten el medio ambiente y la salud.

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Luis Gomero destaca el escaso control que hay en la venta de plaguicidas a nivel nacional.
Foto: Johana Valer

¿El uso de agroquímicos ha ido reemplazando los conocimientos que tenían muchos agricultores sobre el control de plagas?

Sí, lo que pasa es que los agroquímicos recién ingresan a Perú a fines de la década del 50 y con mayor intensidad en la década del 60. Antes de eso, se desarrollaban otras prácticas o técnicas para manejar las plagas. La historia de los plaguicidas nace con el dicloro difenil tricloroetano o DDT (un compuesto que está en los insecticidas). El DDT fue descubierto para atender los problemas de la Primera Guerra Mundial, ya que los soldados se llenaban de piojos y enfermaban de tifus exantemático. A Paul Hermann Müller, el químico que lo descubrió, le dieron el Premio Nobel pero cuando terminó la guerra, no sabían qué hacer con el DDT, entonces ahí empezó su uso para la agricultura. Después, en la Segunda Guerra Mundial, aparecieron los compuestos organofosforados que fueron desarrollados para matar a los judíos en los campos de concentración. Terminó la guerra y no sabían qué hacer con ellos, entonces fueron utilizados para la agricultura. 

Actualmente existen distintos tipos de plaguicidas, más de 1,000 en Perú. ¿Se diversificaron tanto porque las plagas se volvieron resistentes a ciertas sustancias químicas? 

Esa es una de las razones pero también porque, a través de la historia, algunos productos químicos han empezado a recibir cuestionamientos. Ahora se evalúa cuales son menos tóxicos y en consecuencia, se buscan moléculas que tengan esas características o que impacten menos al medio ambiente. Esos criterios ya están incorporados en la producción de agroquímicos. 

¿A qué desafíos nos enfrentamos si no se regula el uso de plaguicidas?

Se necesita establecer una política de regulación más estricta para el comercio y uso de plaguicidas, y eso es factible. En otros países lo están haciendo y ha dado resultados. Ecuador, por ejemplo, está estimulando a los agricultores que implementan buenas prácticas agrícolas a través del acceso a un crédito bancario de menor costo. Sus productos reciben certificación, acceden a los mercados, y eso sirve para que muchos agricultores vean con más interés el uso adecuado de plaguicidas. Otra medida efectiva es retirar del mercado aquellas moléculas que representan un riesgo por el impacto en el medio ambiente y la salud pública. Cada país es autónomo, pero en el caso de Perú, ese proceso es muy lento. Al Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), que es la autoridad competente, no le interesa mucho porque seguramente tiene una influencia directa de las empresas de agroquímicos que hacen lobbys o tienen los mecanismos para que no sea tan fácil retirar sus productos. 

¿Qué otras opciones podrían tener los agricultores?

En Perú podemos implementar programas de manejo integrado de plagas a nivel de valle. En la década del 60, se realizó un trabajo muy interesante en el Valle de Cañete (región Lima) que fue reconocido a nivel mundial pero luego perdimos esa perspectiva. Ahora no tenemos ninguna experiencia similar. Con el manejo integrado, no se dejan de usar plaguicidas sino que los plaguicidas se convierten en la última opción para controlar una plaga. Lo ideal sería que promovamos la agroecología que es un nuevo concepto u otro enfoque para producir alimentos prescindiendo en el mediano plazo de los insumos químicos o sintéticos. En eso estamos trabajando desde el Consorcio Agroecológico Peruano y la Red de Acción en Agricultura Alternativa desde hace más de 34 años. Tenemos propuestas consolidadas, efectivas. 

¿En qué tipos de cultivos funciona la agroecología?

En todos los cultivos, sin excepción. Hay una variedad de experiencias en costa, sierra y selva. Lo que falta es que este tipo de iniciativas sean atendidas rápidamente para hacer que más agricultores y organizaciones se involucren.  Este esfuerzo se está moviendo gracias a la presión del mercado internacional porque exige productos saludables. Los países que tienen la opción de ofrecer productos saludables tienen mayores ventajas comparativas para entrar a esos mercados emergentes a nivel mundial.

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Gomero guía a los agricultores para reemplazar los pesticidas por alternativas ecológicas.
Archivo personal

¿El Senasa debería aplicar en el mercado local los mismos controles estrictos que usa para la agroexportación? 

Sí. Esa debería ser una responsabilidad del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud y el Ministerio del Ambiente. Somos más de 30 millones de consumidores y necesitamos alimentos saludables. No queremos seguir consumiendo productos con una alta huella tóxica, porque representa mayores costos en salud. Muchas veces el Estado no tiene la capacidad de asumir ese costo, entonces lo asumen las familias. Estos son problemas invisibilizados, que vienen de larguísima data. Desde la década del 90 estamos pidiendo incisivamente el retiro de los plaguicidas. En 1992, se logró retirar un grupo de compuestos organoclorados. Recién en los últimos años se han prohibido moléculas realmente peligrosas como el metamidofos, carbofurano y paraquat, cuando debieron salir del mercado hace muchísimo tiempo. 

¿Cómo evalúa el papel del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)? En algunas regiones, promueven el uso de insectos o feromonas sexuales para controlar las plagas

Sí, el Estado tiene alternativas. El Senasa cuenta con laboratorios equipados para multiplicar insectos y microorganismos benéficos pero parece que no existieran. A pesar de que hay alternativas que pueden beneficiar a los agricultores, no las difunden masivamente. Esto también ocurrió con el INIA durante la crisis de los fertilizantes. En el momento que se debatía si Perú importaba urea, nadie decía que habían alternativas. Parecía que la urea era la única opción para manejar la fertilidad del suelo. Recién después de las fallidas compras, se mostró todos los beneficios de los abonos orgánicos. Un error que demuestra la falta de visión integral que tienen las entidades del Estado. 

Luego de los hallazgos del Primer Monitoreo Ciudadano de Agroquímicos en Frutas y Verduras, ¿qué debería ocurrir con los supermercados? 

Los supermercados pueden empezar a presionar y advertir a sus proveedores que no van a comprar productos contaminados por plaguicidas. Esto está ocurriendo en la agricultura de exportación. El mercado internacional sigue presionando a los productores agropecuarios exigiendo análisis multiresiduos, certificación Global Gap o certificación de agricultura sostenible. A nivel del mercado interno, no ha habido ese ejercicio. Es el momento de implementarlo pero no queremos que el Senasa siga diciendo que se está reduciendo el uso de plaguicidas cuando en realidad, la carga tóxica en los alimentos se sigue incrementando. 

A raíz del uso de plaguicidas, ¿cuáles son los aspectos más preocupantes que ha observado en las regiones agrícolas?

Los pequeños y medianos agricultores, que abastecen el mercado interno, están abandonados. Los informes del Instituto Nacional de Estadística e Informática dicen que solo el 7.5% recibe asistencia técnica. Los únicos que llegan a las fincas de los pequeños agricultores son los vendedores de agroquímicos. Por eso, seguimos viendo que el agricultor utiliza plaguicidas de forma indiscriminada, deja los envases abandonados en el campo, en los canales de riego, en los ríos. No aplican los plaguicidas de forma calendarizada, es decir, si tienen que hacerlo cada semana, lo hacen, estén o no los cultivos atacados por las plagas. Esa es la razón por la que hay residuos de plaguicidas en los alimentos. Si hubiera un programa de asistencia técnica a nivel nacional, se podría corregir este problema a largo plazo. 

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