Aborto terapéutico: la resistencia de los médicos se inicia en la universidad

Una mujer embarazada de alrededor de 30 años llegó a un hospital de Lima en el verano del 2020, antes del inicio de la emergencia sanitaria. Tenía daño cardíaco y compromiso pulmonar. El médico a cargo preguntó al grupo de internos que hacía su rotación en el área de ginecología qué procedimiento sería el mejor en esa situación. Una estudiante levantó la mano y dijo: “aborto terapéutico”. Las miradas a su alrededor le hicieron pensar que eso era lo peor que una persona podía decir.

Desde hace casi cien años, el aborto terapéutico está contemplado en el Código Penal peruano. Es la única forma de interrupción del embarazo permitida, cuando la vida o la salud de la gestante está en peligro. Desde 2014, existe además una guía técnica que dicta el protocolo a seguir para aplicar este procedimiento. Pero los profesionales a cargo de hacer cumplir esa guía, no escuchan sobre ella en sus estudios universitarios.

“En el curso de ginecología y obstetricia nunca tuve una clase sobre aborto terapéutico”, cuenta la estudiante de medicina Patricia Gonzales. Su currícula incluyó el tema de las hemorragias en el primer trimestre de embarazo, pero solo se mencionaron las características del aborto y nada sobre procedimientos. “Pueden enseñarte cómo hacer una cesárea pero no te van a enseñar algo tan básico como un aborto con pastillas”, comenta. Menos se les explicó a los estudiantes de su curso cómo realizar una aspiración manual endouterina (AMEU), que es la primera opción para tratar un aborto incompleto según estándares sanitarios internacionales.

La normativa sobre atención de salud en casos de violencia sexual y la entrega del kit de emergencia para prevenir embarazos e infecciones de trasmisión sexual tampoco fue tratada en ese curso ni en ningún otro. “Lo que sí nos explicaron muy bien, en el curso de medicina legal, es cómo reconocer si una mujer se ha hecho un autoaborto por el cual debe ir a la cárcel”, apunta la estudiante.

Patricia Gonzales es colideresa de Estudiantes de Medicina por el Derecho a Decidir (MSFC Perú), una agrupación que nació en 2020 como respuesta a los vacíos y la falta de enfoque de género en la formación médica. Cuentan con miembros en la mayoría de regiones del país, lo que les ha permitido darse cuenta de que el problema no es exclusivo de una universidad, pues tanto en públicas como en privadas se encuentran los mismos prejuicios.

“Algo está mal en ti. ¿Cómo no vas a querer la vida?”, le dijo un médico a una mujer embarazada que llegó a la posta donde el estudiante Ernesto Fernández, de Lambayeque, hacía su internado. La gestante no había llegado al establecimiento buscando un aborto, pero cuando conversó con los doctores mencionó que se trataba de un embarazo no deseado y que no tenía los recursos económicos para mantener a ese nuevo hijo. Ese comentario fue suficiente para que el médico de turno asegurara que tenía un problema y debía ver a un psiquiatra.

Brenda Álvarez, abogada feminista que ha acompañado procesos emblemáticos para garantizar el acceso al aborto terapéutico, señala a Salud con lupa que el principal obstáculo para que los profesionales de salud realicen este procedimiento son los estereotipos de género. “Que la maternidad es inevitable, que sobre la maternidad no pueden decidir: así es como muchos médicos se expresaban de la niña que parió a los cinco años”, comenta.

Lina Medina dio a luz teniendo cinco años en 1939. Un momento de la historia en el cual el aborto terapéutico ya existía, pero hubiera sido imposible de practicar pues el embarazo se descubrió cuando la niña tenía ocho meses de gestación. Además, no existía la conciencia de que un embarazo a esa edad es forzosamente producto de una violación sexual y menos aún de que el embarazo de una niña puede ser equiparado con la tortura. En lo absoluto. Para el mundo entero, Lina fue un “milagro” de la ciencia. Un milagro que a nadie se le ocurrió interrumpir.

Décadas después de esos hechos, ¿los profesionales de medicina demostraron estar más preparados para responder a las necesidades de las niñas, adolescentes y mujeres con embarazos que ponen en riesgo sus vidas?

El no de los médicos

2001. “Tu tienes la culpa por abrir las piernas”, le dijo un médico del Hospital Nacional Arzobispo Loayza a K. L., una joven de 17 años que solicitó la interrupción de su embarazo luego de saber que el feto que estaba gestando nacería sin cerebro o con uno incompleto y moriría al poco tiempo. Pese al riesgo que suponía para su salud física y mental, el hospital le negó el aborto terapéutico y la joven se vio obligada a parir, amamantar y cambiar los pañales a una bebé que sólo vivió cuatro días.

2007. Médicos del Hospital Daniel Alcides Carrión negaron el aborto terapéutico a L. C., una niña de 13 años que había intentado suicidarse lanzándose del techo luego de enterarse de que estaba embarazada producto de sucesivas violaciones que sufría desde los 11 años. El incidente causó lesiones graves a la columna que requerían una operación, pero el neurocirujano dijo a la madre de L. C. que no podía realizar el procedimiento debido al embarazo. Para la junta médica del hospital no era necesario un aborto terapéutico y señalaron que no había evidencia de que su vida y su salud estuvieran en peligro. Solo después de que la niña sufrió un aborto espontáneo, tres meses después, la operaron. Quedó con cuadriplejía espástica.

Estos casos resultaron en dos demandas contra el Estado peruano y fueron claves para la aprobación del Protocolo de Aborto Terapéutico, la primera guía técnica de alcance nacional sobre este procedimiento médico, en 2014.

La organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD Perú) y Salud con lupa presentaron solicitudes de información para conocer las estadísticas de los abortos terapéuticos. Se nos informó que, entre el 2014 y el 2020, se practicaron 1.969 de ellos en todo el país en establecimientos del Ministerio de Salud y 2.474, en EsSalud. Sin embargo, es importante resaltar que encontramos discrepancias en las cifras que reportan ambas instituciones: solicitudes sobre los mismos datos recibieron distintas respuestas.

“No hay un buen registro del aborto terapéutico”, comenta Gladys Vía, coordinadora de proyectos de CDD Perú. En el marco de las labores de vigilancia y capacitación que realiza esta organización en distintas regiones del país, se ha identificado que el personal de salud no conoce sobre la codificación correcta del procedimiento. Y ya sea por ese motivo o por evitar el estigma, muchas veces reportan un aborto terapéutico como aborto incompleto o espontáneo, señala Via. Eso hace difícil tener confianza en el registro. Además, como el Ministerio de Salud no cuenta con información del número de solicitudes recibidas, no se puede determinar cuántas fueron negadas y por qué motivos.

Lo que sí sabemos es que los estudiantes de medicina que podrían convertirse en futuros médicos gineco-obstetras no aprenden sobre los procedimientos para la aplicación del aborto terapéutico en el marco de su formación universitaria. Enrique Guevara, director del Instituto Nacional Materno Perinatal, confirma a Salud con lupa que esa no es una percepción exclusiva de los miembros de MSFC Perú. “A mi nunca me hablaron de aborto, menos del aborto terapéutico. Lo peor es que tampoco te lo enseñan en posgrado”, señala.

Los comentarios y las escenas que los estudiantes Patricia Gonzales y Ernesto Fernández han podido atestiguar en sus años universitarios los hace pensar que hay un miedo entre los médicos a ser juzgados por sus colegas. “No quieren ser llamados aborteros, no quieren pasar por un proceso legal”, comenta Patricia. Lo cierto es que, al estar definido el aborto terapéutico como “no punible” en el Código Penal, no existe ningún motivo para cuestionar al profesional que aplique el procedimiento.

La abogada Brenda Álvarez considera que no se puede usar el miedo como excusa. En sus diez años trabajando sobre el tema, jamás ha sabido de ningún médico o médica procesada por realizar un aborto legal. De hecho, lo que sí ha visto es cómo el personal de salud en establecimientos públicos y privados incumple los plazos que plantea el Protocolo de Aborto Terapéutico para su aplicación.

Pero nuevamente, es difícil medir con exactitud cuántas solicitudes fueron negadas y, por ende, cuántas niñas, adolescentes y mujeres vieron sus derechos vulnerados. Al consultar a la Superintendencia Nacional de Salud por el total de denuncias recibidas por incumplimiento del Protocolo de Aborto Terapéutico, respondieron a Salud con lupa que había tres: una presentada en 2020 y dos presentadas entre enero y mayo de 2021.

Como recuerda Brenda Álvarez, son pocas las mujeres que conocen que pueden denunciar y tienen los recursos para hacerlo. Por eso, los pocos casos que existen corresponden a los que recibieron apoyo de organizaciones, como el que ofreció Promsex a L. C. y Demus a K. L. Por su parte, Álvarez ha brindado, de forma particular, asesoría legal a pacientes que esperan la respuesta a solicitudes de aborto terapéutico en hospitales públicos y privados.

“Dan largas y largas, con los argumentos más inverosímiles. Que la solicitud tenía que pasar por el área administración, que no había médicos disponibles para convocar a la junta médica, que estaban esperando para juntarse [...] Estos incumplimientos de los plazos parecieran ser conscientes, ya que el protocolo solo regula el aborto terapéutico hasta las 22 semanas de gestación”, explica.

Cabe preguntarse si parte de la resistencia a realizar un aborto terapéutico tiene raíz en un conflicto ético legítimo. ¿Qué rol juega la objeción de conciencia?

Un derecho con límites

El concepto de objeción de conciencia responde a la prerrogativa del personal de salud a negarse a obedecer normas o realizar determinadas acciones alegando motivos éticos o religiosos. “Es un derecho y totalmente válido”, dice el médico gineco-obstetra Enrique Guevara. “Pero uno tiene que decirlo primero, tiene que firmar un documento aclarando que no va a participar en ningún caso de aborto, y tiene que enviarlo a la dirección del hospital”, precisa.

Según señala, en todos sus años de experiencia no ha conocido a ningún médico que haya firmado un documento similar. En el Instituto Nacional Materno Perinatal que dirige Guevara no hay ninguno. Sí hay, sin embargo, quienes dicen no querer participar en ningún procedimiento de interrupción del embarazo. Ahí, explica el médico, puede haber un factor de doble moral: no se atreven a firmar el documento porque en el hospital dicen no, pero en su consultorio privado, sí.

El abogado Alberto González concuerda en que el profesional de salud tiene que comunicar de antemano a su centro laboral si profesa una religión que le prohíbe practicar abortos o si él está en contra de esta práctica para que se respete su derecho a objetar.

“Tienes que manifestarlo por escrito al empleador y tienes que darle [a la paciente] una alternativa -otro médico que sí esté dispuesto a hacer el procedimiento- para continuar con la política de salud pública [el aborto terapéutico]. Desde mi punto de vista, una mala política de salud pública”, comenta.

González es presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Médico y del Centro de Estudios Jurídicos Santo Tomás Moro. Ambas organizaciones han manifestado su oposición al aborto en todas sus formas y la segunda, de hecho, mantiene un proceso legal contra el Protocolo de Aborto Terapéutico. Por su trabajo brindando asesoría jurídica a profesionales de salud, conoce de varios que han declarado formalmente su objeción de conciencia.

Si aún habiendo expresado la objeción, el establecimiento de salud insiste en una orden que entra en conflicto con su religión, el profesional de salud puede presentar una acción de amparo para eximirse, señala el abogado. Sin embargo, él no conoce ningún caso en que un objetor de conciencia haya necesitado presentar una demanda para evitar realizar un aborto terapéutico. “No han tenido mayor problema [para la objeción de conciencia]. El Perú es un país, gracias a Dios, todavía cristiano”, indica.

De todas formas, como subraya Brenda Álvarez, el derecho a negarse a realizar un aborto terapéutico tiene límites. “Si para un personal de salud esta práctica colisiona con sus valores ético-morales, lo que tiene que hacer es desligarse del procedimiento y que sea otro médico el que intervenga”, explica.

Además, el objetor u objetora de conciencia no puede impedir que la paciente reciba información o acceda al aborto terapéutico. Pero en Perú, como ya se ha visto, incluso informar sobre ese derecho puede significar que una persona sea señalada como “abortera” o culpable de “apología al aborto”. Una acusación que puede alcanzar a quienes no son profesionales de salud, como sucedió con la Defensoría del Pueblo.

El aborto terapéutico en el banquillo

“Una violación es triste, es trágica para una madre adolescente y tenemos que rechazar, pero practicarle un aborto es aún más trágico y riesgoso. La deja marcada por toda su vida”, declaró el parlamentario y pastor evangélico Julio Rosas ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso en abril de 2019.

El caso que se discutía en ese momento era el de una niña de 13 años que, luego de haber sido violada y quedar embarazada, no había recibido información sobre el aborto terapéutico en el Hospital Rebagliati de EsSalud, pese a que sufría diversos problemas de salud.

Ante la denuncia de la madre de la menor, la Defensoría del Pueblo intervino para exigir que se tome en cuenta la edad de la niña, así como las secuelas físicas y mentales del embarazo producto de una violación sexual. Ese pronunciamiento fue calificado como “apología de tentativa de homicidio” por Rosas, activista del colectivo conservador Con mis hijos no te metas y, exmiembro de Fuerza Popular, partido al cual renunció en 2015 luego de que Keiko Fujimori respaldara el aborto terapéutico y la unión civil en un discurso.

Pero pese a la posición de Julio Rosas sobre la interrupción del embarazo cuando la vida o salud de la mujer está en riesgo, lo cierto es que su activismo conservador no alcanzó a su labor legislativa: en los ocho años que fue parlamentario nunca presentó ningún proyecto de ley para poner trabas al aborto terapéutico. En realidad, nunca presentó ningún proyecto de ley.

Quienes sí recurrieron a procesos legales para eliminar la posibilidad de acceso a este procedimiento médico fueron dos agrupaciones católicas: ALA Sin Componenda, que presentó una acción de amparo contra el Ministerio de Salud a los dos meses de la aprobación del Protocolo de Aborto Terapéutico en 2014; y el Centro de Estudios Jurídicos Santo Tomás Moro -la institución que dirige Alberto González-, que presentó una demanda de acción popular por el mismo tema en 2018.

El primer proceso se archivó en setiembre de 2020 y, según explicó Edith Arenaza, abogada de Promsex que participó en el litigio, la resolución del Poder Judicial cierra la puerta a cualquier otro proceso de amparo contra el Protocolo de Aborto Terapéutico. El segundo proceso, sin embargo, sigue en pie, aunque tiene grandes posibilidades de tener el mismo final. A inicios del 2020, se declaró infundada la demanda de Santo Tomás Moro, pero la agrupación apeló. Según pudo confirmar Salud con lupa, pese a que han pasado meses desde que se admitió la apelación, aún no se ha programado una nueva audiencia. Así, se mantiene en suspenso el final de las disputas legales.

¿Tienen estos discursos y procesos un impacto en las garantías que da el Estado para el cumplimiento del Protocolo de Aborto Terapéutico?

Organizaciones como Estudiantes de Medicina por el Derecho a Decidir, Católicas por el Derecho a Decidir y la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología se dedican a realizar capacitaciones sobre este procedimiento con personal médico e informar sobre la normativa en diferentes regiones del país. Algo que nunca se ha visto, sin embargo, es una campaña del Ministerio de Salud que informe a las mujeres sobre los procedimientos y causales para solicitar la interrupción de un embarazo.

“Es que hay la idea equivocada de que, si tú dices que el aborto terapéutico es un derecho de las mujeres, que es legal, que es ético y que está normado, todas las mujeres van a correr a hacerse un aborto. Eso es ilógico”, señala Enrique Guevara, quien además de dirigir el Instituto Nacional Materno Perinatal también es secretario general de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Sus años de experiencia le han mostrado que, por el contrario, la decisión sobre el aborto terapéutico suele ser difícil para las mujeres, las niñas, adolescentes o sus tutores. Más difícil aún por los estereotipos sobre la maternidad que cargan las propias mujeres o que persisten en su entorno.

Todos esos factores podrían originar un temor del Estado a impulsar una estrategia comunicacional de alcance nacional sobre dicho procedimiento médico. “Si no hay campañas sobre métodos anticonceptivos, menos aún sobre aborto”, comenta Guevara. Así, con profesionales de salud que evaden esta práctica médica y ciudadanas sin información, el aborto terapéutico sigue siendo un derecho solo en el papel.