Hace dos meses, Eudomar Gonzales regresó al hospital María Auxiliadora, en la zona sur de Lima, y vio la cama del tercer piso donde Diana Aleman, su pareja, estuvo internada. También la ventana del baño, sin luna, por donde la joven de 27 años cayó el sábado 4 de julio del 2020. Eudomar estuvo presente en la diligencia de reconstrucción de hechos que la Fiscalía ordenó más de un año después de la muerte de Diana.
Brenda Álvarez, abogada de Justicia Verde que litiga el caso en representación de la familia de Diana, dice que si bien esta diligencia ocurrió con bastante retraso, otras ni siquiera se concretan. “Hemos solicitado que acuda a declarar el personal de salud encargado de la atención de Diana y hasta ahora esa información [los datos del personal] no ha sido facilitada a la fiscal”, explica. Tampoco han recibido el protocolo de necropsia de Medicina Legal ni el informe de criminalística.
De acuerdo al informe que entregó el hospital a la Fiscalía, la muerte de Diana Aleman fue un suicidio. Nadie en su familia lo cree, pues no encuentran evidencia de que ella tuviera intención de acabar con su vida. Lo que sí saben es que en sus últimas horas en el hospital María Auxiliadora, Diana estaba muy asustada.
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—Mi vida, estos doctores van a llamar a serenazgo. Necesito que me ayudes. Por lo del aborto —se lee en los mensajes que Diana envió por Messenger a su pareja, Eudomar, el sábado 4 de julio a las 3:12 p.m. La comunicación se hizo desde el celular de otra paciente, que luego dijo a la familia que Diana se veía desesperada; al punto que una enfermera tuvo que acercarse a calmarla.
Hoy el caso de Diana Aleman se investiga como feminicidio, por las circunstancias violentas de su muerte, y aún se encuentra en fase preliminar. La Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de San Juan de Miraflores es la encargada de formalizar la denuncia. La abogada Álvarez considera que hay sustento para incluir al hospital María Auxiliadora como persona jurídica responsable.
En este reportaje elaborado por Salud con lupa en alianza con el equipo de Las Públicas, exponemos las vulneraciones que sufrió Diana Aleman en los servicios de salud.
Un trato hostil
Diana Aleman, mujer, venezolana, en condición de migrante irregular, había llegado al hospital la noche del viernes por una emergencia obstétrica: un aborto incompleto. Los mensajes que envió a su pareja apuntan a que el personal de salud la habría intimidado por ese hecho.
“Lo que le ha pasado, lamentablemente, no es un caso raro. Muchas mujeres que llegan a los servicios de salud con un aborto incompleto son amenazadas, porque se asume que ellas se han practicado un aborto ilegal y las tratan como criminales”, apunta Patricia Sarmiento, comisionada de la Adjuntía de la Mujer de la Defensoría del Pueblo.
Reiterados informes del relator especial sobre la tortura de las Naciones Unidas han encontrado preocupante que la asistencia médica posterior al aborto se vea limitada o condicionada por el intento de obtener confesiones o “imponer un castigo” a las mujeres. Situaciones que ocurren en países como Perú, donde el aborto es sancionado penalmente, con excepción del aborto terapéutico, que no obstante sigue siendo objeto de sancion social y de trabas en los servicios de salud. En ese contexto, Diana tenía motivos legítimos para temer ser apresada.
En el 2020, pese a los meses de cuarentena y las distintas restricciones en los servicios públicos, se llegó a detener a 85 personas por delitos de aborto en todo el país: una cifra que supera a las de años anteriores. Entre 2015 y 2020, se registró un total de 435 detenciones; 221 correspondientes a mujeres. El rango de edad más común de las personas detenidas fue de 18 a 27 años.
Que Diana fuera migrante irregular, hacía su situación más crítica. El Perú es el segundo país en la región con mayor cantidad de migrantes venezolanos y aún muchos servicios de salud tienen un trato hostil y discriminatorio con esta población. Esto se ha apreciado con claridad durante la pandemia por la covid-19. “En la primera ola, nos llegaron denuncias de centros hospitalarios que se negaban a atender a personas que tenían carnet de extranjería, porque si no tenías DNI no eras prioridad”, sostiene Isabel Escalante, miembro de la ONG Veneactiva.
A las trabas administrativas se suma el miedo que pueden tener los migrantes de acceder a servicios de salud cuando no tienen papeles: En algunos casos, sí pasaron por un punto de control migratorio, pero acumulan multas por exceso de permanencia. Sin embargo, quienes no entraron de ese modo sino, por ejemplo, a través de una trocha, no tienen autorización para estar en el Perú. El primer grupo logra, en cierta medida, acceder a servicios de salud, aún con las dificultades que supone el trato con el personal. Para el segundo grupo, el acceso a salud es mucho más limitado, y generalmente solo consigue atenciones básicas.
En el caso de Diana Aleman y su familia, que se ubican en el primer grupo de migrantes irregulares, Escalante considera que había desconocimiento sobre las leyes y a la vez falta de confianza para reclamar por sus derechos por miedo a una detención. Diana, quien vivía con su pareja y sus dos pequeñas hijas en Perú desde 2018, acudió al hospital para salvar su vida, pero no esperaba el riesgo de perder su libertad. “Ella quería que la ayuden, no quería ir presa, y habría encontrado la muerte tratando de salir de ese lugar”, dice la abogada Brenda Álvarez.
Las fuentes consultadas por Salud con lupa coinciden en que las circunstancias por las que pasó Diana hacen más creíble que su muerte fuera producto de un intento de huída y no de un suicidio. “¿Cómo no va a tratar de escapar si siente la amenaza de ser denunciada y es extranjera?”, dice Patricia Sarmiento, de la Adjuntía de la Mujer de la Defensoría del Pueblo. Además, cabe recordar que la joven venezolana ingresó al hospital en una situación ya vulnerable, luego de pasar por una pérdida repentina.
Malas prácticas
La noche del viernes 3 de julio, Diana empezó a sentir dolor en el área del abdomen. Se hizo tan intenso que decidió buscar atención médica y junto a su pareja, acudió a la posta médica de Chorrillos. Fue entonces que se enteraron que Diana tenía tres meses de embarazo y que estaba en proceso de aborto. Le dijeron que fuera a un hospital, pero no se aseguraron de trasladar allá a la paciente o garantizar que sería recibida en el otro establecimiento de salud. Esa fue la primera falta sufrida por Diana.
“Lo mínimo que debieron hacer fue su hoja de referencia, describir el estado de la paciente, indicar el hospital al que se tenía que acercar”, señala la médica Maritza Ortiz. Eso no ocurrió. Diana y Eudomar regresaron a casa para dar aviso a su familia y alistar sus cosas para salir. En ese tiempo, ocurrió el aborto. Su mamá y su hermana la ayudaron como pudieron, pero el sangrado continuaba. Diana lloraba, estaba en shock.
Entre las 10 y las 11 de la noche, llegaron al hospital María Auxiliadora, en San Juan de Miraflores. Ahí se presentó una nueva barrera. “En un inicio, condicionaron la entrada de Diana a la compra de medicamentos”, apunta la abogada Brenda Álvarez. Según declaró Gloribel Díaz, la madre de Diana, no querían atenderla mientras no comprara una serie de ampollas, guantes, bata, entre otros artículos. Para cuando logró entrar, era casi medianoche.
Esto representa otra falta importante por parte del hospital. Como precisa la doctora Maritza Ortiz, de ninguna manera se puede condicionar la atención a un pago o a la compra de insumos. “Primero la atienden y posteriormente ya se ve cualquier cobro o reembolso”, señala. Sobre todo teniendo en cuenta que Diana Aleman enfrentaba una emergencia obstétrica y su vida se ponía en riesgo con el paso del tiempo.
En la madrugada, finalmente, le hicieron a Diana un procedimiento para retirar los tejidos que quedaron en el útero producto del aborto. La mañana del sábado 4 de julio, Gloribel fue al hospital y logró hablar con su hija desde el pasillo. Fue la última vez que conversaron.
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¿Qué pasó con Diana Aleman en las horas siguientes? Las únicas pistas se encuentran en su historia clínica y en los mensajes que envió desde el celular de otra paciente. A las 2:22 p.m., Diana escribió a Eudomar preguntando por sus hijas, diciendo que los extrañaba. También le contó que había reaccionado mal a un medicamento y le dijo que le darían de alta el domingo.
Los siguientes mensajes, enviados a las 3:12 p.m., fueron para pedir ayuda.
—Esa comunicación es importante porque es la versión de Diana, la única de la que podemos disponer para encontrar algún nexo causal con su muerte —dice la abogada Brenda Álvarez.
El artículo 30 de la Ley General de Salud establece la obligación del personal de salud de informar a las autoridades cuando existan "indicios de aborto criminal". Ese no era el caso de Diana, pero aún así habría sido intimidada.
Más de ocho horas separan el mensaje en el que Diana alertó que los doctores iban a llamar a serenazgo por el aborto y el hallazgo de su cuerpo en el sótano del hospital, a las 11:55 p.m del sábado 4 de julio. En ese periodo de tiempo, aparentemente, el personal de salud no respondió a la intranquilidad de la joven venezolana. Al parecer, cuando Diana se paró de su cama y se encerró en el baño, a nadie le resultó extraño. Solo después de su caída, se percataron de que faltaba una persona en la sala.
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Esas circunstancias reflejan el desinterés por la salud mental y la falta de un protocolo de seguridad por parte del establecimiento de salud, indica Brenda Álvarez. Después de todo, los hospitales tienen la responsabilidad de garantizar la integridad de las personas a su cuidado.
“Se supone que [las pacientes] no están solas porque en el área de Ginecología y Obstetricia hay personas que tienen que ser vigiladas constantemente, mujeres que recién han dado a luz, por ejemplo. Y para ir al baño tienen que ser apoyadas por personal de salud”, agrega Maritza Ortiz.
Para la doctora Ortiz, Diana Aleman reunía una serie de factores de vulnerabilidad: ser mujer, ser migrante, ser pobre y haber acudido por un aborto. “El sistema de salud fue letal en esta situación. El aborto no la ha matado, la mató el sistema de salud. La han orillado a que pierda la vida”, señala.
Salud con lupa se comunicó con el área de prensa del hospital María Auxiliadora para obtener una entrevista y nos indicaron que el Ministerio de Salud debía autorizarla primero. Al cierre de este reportaje, el área de prensa del ministerio no respondió a nuestra solicitud, pese a reiteradas comunicaciones a lo largo de la semana.
Algunas de las interrogantes que el establecimiento de salud tiene pendiente responder corresponden a su falta de cooperación en la investigación sobre la muerte de Diana.
Investigación con trabas
El domingo 5 de julio de 2020, la Policía acudió al hospital María Auxiliadora para constatar el hallazgo del cadáver de Diana Aleman, levantar evidencias y entrevistar al personal de salud, así como a pacientes que estuvieron con ella. Pero según consta en el parte policial, Edgar Cavolla, jefe de guardia del departamento de Ginecología, se opuso a que se lleve a cabo la diligencia.
—Me indicó que por razones de protocolo de prevención y salud y por temor a que los pacientes se contagien con el virus de la covid-19, no estaba permitido el ingreso de personas extrañas —se lee en el documento.
A mediados del año pasado, la crisis sanitaria ciertamente planteaba mayores restricciones en establecimientos de salud, pero para la abogada Brenda Álvarez, esa situación exigía pensar en alternativas. “El contexto de la pandemia se está usando como cajón de sastre para justificar todos los procedimientos irregulares y la falta de cuidado que se tuvo con Diana y su familia. Podría haberse implementado mecanismos para garantizar que la investigación se cumpla”, explica.
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No es sencillo contactar con las mujeres que estuvieron internadas con Diana. Una de las pacientes que la abogada logró ubicar por redes sociales, se negó a declarar ante la Fiscalía. Otras pacientes no residen en las direcciones que aparecen en sus fichas de Reniec. Por otro lado, las solicitudes para que el hospital María Auxiliadora entregue la lista del personal de salud que atendió a Diana Aleman tampoco han sido atendidas.
Otro punto pendiente de esclarecer por parte del hospital es por qué no entregó las pertenencias de Diana a sus familiares. En la diligencia de reconstrucción de los hechos, le dijeron a la abogada Brenda Álvarez que “no sabían que hubiera una investigación en curso y por eso las habían incinerado”. Pero esa respuesta no explica por qué se prefirió quemar los objetos en lugar de entregarlos a la pareja o a la madre de Diana, quienes la acompañaron el día que ingresó y siguieron visitando el hospital para preguntar por ella.
Cabe precisar que, de acuerdo con la abogada Brenda Álvarez, la mayoría de las indagaciones han sido solicitadas o realizadas por ella y por su equipo, mientras que la Fiscalía principalmente recibe las evidencias que ellas reúnen. Salud con lupa buscó entrevistar a la fiscal Guisella Amoretti, a cargo del caso de Diana Aleman, pero la oficina de prensa de la Fiscalía Lima Sur se disculpó señalando que tenía demasiadas diligencias.
La lentitud con la que avanza el caso hace pensar que la investigación preliminar podría seguirse ampliando. Y las preguntas sin respuesta sobre la muerte de Diana siguen siendo tantas como los maltratos que recibieron ella y sus familiares en los servicios de salud.
Puedes escuchar el podcast "Su nombre era Diana", elaborado por el equipo de Las Públicas en Spotify y Podomatic.
Si enfrentas una investigación por aborto y necesitas asesoría legal, puedes contactar a:
Justicia Verde: [email protected]
Centro de Promocion y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex): [email protected]
Demus - Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer: [email protected]