Aumentan las niñas madres ante las barreras para el aborto terapéutico

A sus 14 años, Carla* sintió destruido su sueño de ser médica. La niña que hacía planes para prepararse e ir a la universidad se había enterado de que estaba embarazada tras haber sido violada por su primo, un hombre casado que vivía al lado de su casa, en el centro poblado de Huaychao, distrito de Uchuraccay, Ayacucho. Por eso, cuando supo de la posibilidad de someterse a un aborto terapéutico aceptó de inmediato. Este proceso se aplica cuando la vida de la gestante está en riesgo o para evitarle un mal grave y permanente en su salud. En el caso de Carla, su salud mental era la que corría riesgo: tenía ideas suicidas y estaba siendo medicada para evitar que cumpla con su objetivo.

“La niña indicaba que su papá tenía veneno para ratas y ella lo iba a ingerir”, recuerda Elizabeth Janampa, extrabajadora social de la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente (Demuna) de Huaynacancha, capital del distrito de Uchuraccay, quien acompañó durante los meses de agosto y setiembre del 2020 a Carla y a su madre en el proceso para solicitar el aborto terapéutico. Sin embargo, cada paso que dieron para acceder a este derecho se vio aplazado, en el contexto de la pandemia de la covid-19, por barreras burocráticas que finalmente obligaron a la niña a ser madre de otra niña.

En 2020, el Perú triplicó el número de niñas menores de diez años de edad forzadas a ser madres, año en el que la cifra de partos registrados formalmente en ese rango de edad fue de al menos 26. Esto si se compara con los casos oficiales contabilizados en 2019, pero la cifra se multiplica por cinco con los registros de 2018 y 2017, según el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo, una plataforma del Ministerio de Salud que registra los partos atendidos en los establecimientos sanitarios del país. Mientras que los partos de niñas embarazadas entre los 11 y los 14 años ascendieron a 1,155 y, en adolescentes de los 15 a los 19, la cifra llegó a 47,369 casos. La Defensoría del Pueblo alertó también que en 2020 hubo un incremento del 12% de embarazos no deseados con respecto a 2019, especialmente en adolescentes.

Elizabeth Janampa fue la primera persona que informó a Carla y a su familia sobre la existencia del aborto terapéutico. La trabajadora social llegó a Huaychao luego de un llamado del alcalde de Uchuraccay para acompañar a la menor, quien solo un día antes había descubierto que estaba embarazada y confesado que fue abusada sexualmente. “Es una familia quechuahablante, y ninguna autoridad les había hablado en su idioma sobre este procedimiento. La madre, incluso, es una mujer perteneciente a una comunidad religiosa que recibió muchas críticas de su grupo que le pedían que perdone al agresor y no ‘mate’ a su nieto”, cuenta Elizabeth, quien recuerda que, pese a ello, la mujer nunca dejó de apoyar la decisión de su hija.

En nuestro país, el aborto terapéutico es legal desde 1924 y está reglamentado desde hace siete años. Está permitido solo cuando la mujer tiene 22 semanas o menos de gestación, y si cumple una de las 11 causales que ponen en riesgo la vida de la gestante, entre ellas el embarazo ectópico (cuando el embarazo avanza fuera del útero), una neoplasia maligna, la diabetes mellitus avanzada, una lesión neurológica severa u otra patología materna que ponga en riesgo la salud de la mujer. A través de esta última causal, Carla solicitó el aborto terapéutico.

Se inició entonces un proceso que se extendió alrededor de dos meses. Primero, la solicitud para que la menor pase por la cámara Gesell fue postergada en tres ocasiones, lo que sumó alrededor de 20 días. La excusa, según cuenta Elizabeth Janampa, era que el abogado estaba ocupado. Luego de cumplir con este requerimiento, las tres mujeres viajaron hacia la provincia de Huanta, a unas dos horas del centro poblado de Huaychao, para solicitar el aborto terapéutico en el Hospital de Apoyo de Huanta por contar con los equipos necesarios y ser uno de los más cercanos a la vivienda de la menor.

De acuerdo a la psiquiatra Marta Rondón, el limitar los establecimientos donde se pueda realizar un aborto terapéutico solo a los de segundo nivel de atención que cuenten con un quirófano completo es también una barrera en el proceso, sobre todo porque, si la gestante tiene entre 0 a 12 semanas de gestación, solo debería tomar una medicina llamada misoprostol que puede ser entregada en centros de salud de cualquier nivel.

Al llegar al hospital, las tres mujeres iniciaron la solicitud para que Carla accediera al aborto terapéutico. La adolescente tuvo que pasar por varios exámenes, entre ellos una ecografía por orden del Ministerio Público. El resultado indicó que la menor tenía 20 semanas de gestación, así que la trabajadora social continuó con los trámites para solicitar el proceso.

Durante esta semana de pruebas físicas y psicológicas, hubo profesionales de la salud del hospital quienes sembraron miedos en Carla para hacerla dudar de su decisión. Por ejemplo, la especialista que le tomó la prueba de covid-19 le dijo a la menor que piense bien si quería someterse a un aborto terapéutico porque podía terminar en la cárcel. Mientras, el psiquiatra afirmó que la menor sufriría mayores problemas psicológicos si se sometía a un aborto que de lo contrario.

Hasta el momento, las mujeres ya tenían un mes realizando los trámites para solicitar el aborto. Tras tener todo en regla, la menor fue sometida nuevamente a una segunda ecografía a pedido de la junta médica que decidiría su solicitud. En esa ocasión, el resultado de la prueba fue de 23 semanas de gestación. Elizabeth Janampa no entiende aún por qué el nuevo diagnóstico concluyó que habían pasado tres semanas cuando la primera ecografía fue tomada solo una semana antes. Pese a ello, presentó la solicitud ante la junta médica dando a conocer todo el proceso que habían seguido.

La reunión de la junta médica fue otra limitante con la que se enfrentaron Carla y su madre, ya que desde que se solicitó el aborto hasta que los médicos deliberaron pasó más de una semana. De acuerdo con la Guía Técnica para la aplicación del aborto terapéutico en Perú, el lapso desde que la gestante solicita la interrupción voluntaria de su embarazo hasta que se inicie la intervención no debe exceder los seis días calendario. Según Janampa, en el Departamento de Gineco Obstetricia le indicaron que las demoras ocurrían a causa de la pandemia de la covid-19 que imposibilitaba las reuniones presenciales, pese a que la trabajadora social pidió que sean virtuales. “Nunca hubo voluntad”, dice.

Incluso, finalizada la reunión, la junta médica no dio a conocer la respuesta de inmediato, sino que esperó dos días para hacerlo. Al final, denegó el pedido de Carla al asegurar que el embarazo de la menor ya no se encontraba dentro de las 22 semanas de gestación, el tiempo permitido por la ley.

Entre llantos, su madre quiso dar a conocer su caso a los medios de comunicación, pero Elizabeth Janampa le dijo que ello supondría exponer nuevamente a la menor. La alternativa, permitida por la ley, era solicitar una vez más el aborto terapéutico y esperar a que se conforme otra junta médica. Sin embargo, la gestación de la menor continuaría avanzando, por lo que lo más probable era que la niña recibiera una nueva respuesta negativa.

Carla tuvo que continuar con el embarazo, como ocurre con otras gestantes en riesgo que se estrellan contra el sistema."Una barrera importante son estos trámites que son engorrosos y se demoran mucho. Entonces pasan las 22 semanas y ya se convierte en un argumento para no realizar el proceso de aborto terapéutico", menciona Magali Ramírez, del Comité de Vigilancia de la ONG Hatun Willakuqkuna, de Ayacucho.

La ignorada salud mental

La primera semana de diciembre, Carla dio a luz en el mismo hospital donde le negaron el aborto. Obligada a cumplir con su embarazo, la niña, que ahora también es madre, se negó durante los primeros meses a cuidar de la recién nacida y a recibir visitas, recuerda Elizabeth Janampa, quien aún mantiene comunicación con la madre de la menor.

Para Rossina Guerrero, psicóloga feminista y miembro del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), un embarazo no deseado produce “una crisis de vida, una angustia mental que se expresa en sintomatologías diversas como la culpa”. En cambio, hay evidencia científica de que someterse a un aborto seguro no genera un efecto perjudicial para el bienestar emocional de las mujeres.

“Existe un consenso en que el aborto electivo no causa daño a la salud mental de las mujeres y así lo han reconocido las sociedades científicas permanentes”, se explica en el informe del año 2016 de Promsex, que cita la Declaración Internacional de Consenso sobre la Salud Mental de las Mujeres.

Estos argumentos, entonces, descalifican la teoría del psiquiatra que atendió a Carla en el Hospital de Huanta, quien aseguró que un aborto terapéutico causaría en la menor una experiencia más traumática que continuar con el embarazo.

No es el único caso. De acuerdo con el informe de la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), en el Hospital de Ayacucho se rechazaron las dos solicitudes de aborto terapéutico recibidas durante el año 2020 por no considerar la salud mental de las menores como una causal.

Para Brenda Álvarez, abogada feminista y miembro de Justicia Verde, la salud mental se ha convertido en una barrera para acceder a este procedimiento. “Lamentablemente, si uno ve las cifras de aborto terapéutico, no necesariamente identifica que se hayan practicado abortos bajo la causal de salud mental en los casos de niñas y adolescentes”.

Según señaló el Ministerio de Salud (Minsa) en respuesta a una solicitud de acceso a la información, en el año 2020 se atendieron 27 mil 848 abortos en general, de ellos cinco fueron a niñas de 0 a 11 años. Ninguno de estos fue registrado como un aborto terapéutico, sino como abortos espontáneos o no especificados, que pudieron evitarse con un aborto médico.

Según Álvarez, la mayoría de rechazos a pedidos de aborto terapeútico por causal de salud mental se da en menores de edad que han sido víctimas de abuso sexual. El aborto en caso de violación sexual no es legal en el Perú, a diferencia de Chile, Brasil, Ecuador y recientemente en Argentina.“Los daños de las violaciones sexuales se siguen perpetuando con una maternidad forzada”, concluye.

En Perú, han existido algunas iniciativas para despenalizar el aborto en casos de violación sexual de menores, como el de Carla. Sin embargo, ninguna ha prosperado. Por ejemplo, en el 2014, las exlegisladoras Marisa Glave e Indira Huillca presentaron un proyecto de ley que luego fue archivado en la Comisión de Justicia. En el 2020, la exministra de Justicia Ana Neyra se pronunció a favor de la despenalización del aborto para menores de 14 años víctimas de violación sexual, y en marzo de este año, el congresista Yván Quispe Apaza presentó un proyecto que buscaba reconocer la maternidad libremente decidida, para que también las menores de 14 años puedan abortar de manera legal y, pasado este plazo, también podrían hacerlo las víctimas de violación sexual.

Existe además oposición en la población peruana. Según una encuesta realizada por Ipsos, por encargo de la organización CDD, de un total de 1000 personas consultadas a nivel nacional a fines de 2020, el 42% se opuso a cualquier tipo de aborto y el 34% se mostró en contra incluso si se trata de un embarazo causado por una violación.

“El impacto se da en su propia estima, pasan por dolor profundo que las lleve al intento de suicidio”, cuenta Rossina Guerrero, tras recordar el emblemático caso de L.C., una menor de 13 años que quedó embarazada producto de una violación y se arrojó del techo de su vivienda hacia la casa contigua, lo que la dejó parapléjica. Pese a ello, los profesionales de la salud se negaron a interrumpir el embarazo a través de un aborto terapéutico y la pequeña sufrió un aborto espontáneo. Por eso, el 27 de octubre del 2011, el Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) señaló que el Estado peruano violó los derechos humanos de la menor al no haberle brindado el servicio de aborto legal.

Cifras ocultas

En un artículo publicado en su sitio web en el 2015, es decir un año después de la presentación de la guía técnica para casos de aborto terapéutico, Promsex aseguraba que era imposible encontrar en línea la cantidad de abortos de este tipo que se habían practicado en el Perú, sea total o desagregada por hospitales. Estos datos debían solicitarse a través de pedidos de información al Minsa y EsSalud; sin embargo, las cifras ni siquiera eran claras. Seis años después, la situación no ha cambiado.

Salud con Lupa recurrió a solicitudes de acceso a la información para averiguar cuántos abortos terapéuticos se habían realizado durante la pandemia de la covid-19 (2020), por edades, en Minsa y en EsSalud. Lo que halló fueron inconsistencias en los datos. En un cuadro del Minsa, donde se mostraban diversos tipos de aborto, los considerados abortos médicos (es decir, terapéuticos) sumaban 325. En otra tabla solo de abortos médicos, también enviada por el Minsa, estos sumaban 319. En cualquiera de los casos, estas cifras representan el 1.1% del total de abortos por toda causa registrados durante el 2020 (que como se mencionó líneas arriba, suman más de 27 mil). En ambos casos, 20 de ellos ocurrieron en menores de entre 12 a 17 años.

Por el lado de EsSalud, se reportaron 46 abortos terapéuticos en lo que va del 2021. En el 2020, se registraron ocho. Ambas cantidades son mucho menores que la indicada para el 2019 (113). Sin embargo, en otra tabla enviada por EsSalud, se reportan 53 abortos médicos para el 2021 y 162, en el 2020. También son números bajos a comparación de los anteriores años.

Al margen de esas inconsistencias, las cifras pueden ser incluso menores que lo que ocurre en realidad. Ya en el 2018, el Estado peruano reconoció ante la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas que existía un alto subregistro de abortos. Para Magaly Ramírez, de la ONG Hatun Willakuqkuna, que trabajó en el informe de CDD en la región Ayacucho, muchas veces los médicos no registran los abortos terapéuticos como tales, sino que los enmarcan dentro de abortos espontáneos o que se han producido por otras enfermedades. Esto, debido al temor de ser perseguidos por la justicia.

Otro punto importante es que, si se reportan menos abortos terapéuticos que en años anteriores, eso no significa necesariamente que haya menos mujeres que les solicitan, sino que muchos pedidos han sido negados, explica la psicóloga feminista Rossina Guerrero. Esto también puede deberse a la pandemia de la covid-19, ya que los servicios de ginecología fueron cerrados durante la cuarentena estricta (entre marzo y junio).

Desde Salud con Lupa también enviamos el pedido para obtener el número de solicitudes de aborto terapéutico durante el 2020; sin embargo, no obtuvimos respuesta.

Otra manera de aproximarse al número de abortos terapéuticos que se solicitaron pero fueron negados es examinar la cifra de muertes maternas indirectas, aquellas que no se vinculan al mismo embarazo, sino a otras enfermedades que ponen en riesgo su vida durante la gestación, y que podrían evitarse a través de un aborto terapéutico.

Desde el año 2020, las muertes maternas indirectas han ido en aumento. Para este año, este tipo de fallecimientos representa más del 50% del total de muertes maternas. El Minsa ha atribuido como causa principal de este incremento a la covid-19, pero también se registran muertes por causas no especificadas.

En cuanto a las muertes maternas, directas e indirectas, el año pasado se elevaron en un 45% con respecto al 2019 (137 muertes maternas más), según se registra en el Centro de Epidemiología del Minsa. Y este año, se sigue el mismo camino. A la semana 25 de este año (26 de junio), ya se reportan 280, una cifra que no se repite desde hace 14 años (cuando se registraron 286 en el mismo periodo).

Carla, de 14 años, no está dentro de estas cifras de muerte materna, pero pudo estarlo tras haber sido impedida de acceder al aborto terapéutico aún cuando presentaba problemas graves de salud mental. Mientras su agresor continúa libre, ella ahora vive en la selva, junto a su hermana mayor y su hija. La trabajadora social Elizabeth Janampa solo espera que Carla nunca pierda el sueño de ser médica y así pueda ayudar a otras mujeres que necesiten acceder a este derecho.

*Se cambió el nombre de la menor para proteger su privacidad.