De lejos, el botadero más grande del Perú parece una masa humeante, como la superficie de un volcán cuando se apaga por completo. En uno de sus extremos, esa especie de neblina que en realidad es el humo provocado por la combustión de basura, impide reconocer la línea de los cerros. En el lado opuesto, se ven cientos de vehículos cruzando el puente de la Panamericana Norte, la carretera por donde se puede viajar de Lambayeque a otras regiones del Perú. Ese puente es el acceso principal al botadero; pero con cada paso, es fácil sentirse desorientado entre tantos desperdicios. Y sobre todo, reducido en peso y tamaño.
Al caminar por allí, alguien de poco más de metro y medio de estatura puede notar que la basura acumulada sobrepasa esa profundidad. Los residuos se cuentan por toneladas, pero las 307 hectáreas que tiene el botadero, de acuerdo al Ministerio del Ambiente (Minam), son equiparables al tamaño de Lince, uno de los distritos que tiene la capital peruana. En Reque, el distrito de Lambayeque donde se ubica el botadero, el alcalde opina distinto y cree que el terreno superaría las 400 hectáreas.
Además de su extensión, no está claro el tiempo que tiene funcionando este vertedero informal. Un documento del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidad que depende del Minam, declaró en 2015 que a lo largo de más de 50 años recibió los residuos generados por los distritos de Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria, y por supuesto, Reque. Desde ese año, se sumaron las municipalidades de Zaña, Lagunas, Nueva Arica y Puerto Eten a la vieja costumbre de arrojar su basura a cielo abierto.
A partir del 1 de julio, sin embargo, el acceso al botadero está bloqueado por una tranquera que colocaron los recicladores que han trabajado allí por décadas. La decisión de quedarse en el botadero fue tomada después que funcionarios de la municipalidad de Chiclayo les anunciaran que, por orden del OEFA, se debía ejecutar el cierre definitivo y prohibir que el resto de distritos lo siga utilizando. Al poco tiempo, los camiones de las municipalidades dejaron de llegar mientras que a un costado de la tranquera, se colocó una pequeña carpa con palos y trozos de tela. La bandera que ahora tiene atada advierte que el botadero todavía es dominio de los recicladores.
El muchacho que duerme y trabaja en la carpa tiene 22 años y ojos pequeños. Detrás del trapo amarillo que le tapa la boca, salen frases inconexas que a veces impiden entender lo que piensa. De todas formas, cada vez que recibe la orden de levantar la tranquera, se marcha para dejar pasar camiones, motos cargueras o mototaxis. Entre todo lo que cuenta, sobresale que es reciclador y que empezó a trabajar en ello gracias a Francisco Sánchez, a quien los otros recicladores del botadero conocen como “Pancho”.
Su teléfono está escrito con pintura blanca en un cartón que entrega el muchacho a cualquier intruso que intenta ingresar al botadero. Le marco esa mañana pero está apagado. “Pierna duele”, me dice el joven cuando quiere explicarme por qué Francisco no fue ese día al botadero.
Antes que el OEFA exigiera el cierre, Francisco me permitió hurgar en su trabajo. Vestido con una casaca oscura y pesada, este hombre de voz áspera me explicó –en una visita anterior– las reglas básicas que rigen en el botadero. Para él, la rutina se extendía de lunes a sábado. Aunque llegaba a las 6 de la mañana, sabía que a esa hora la basura de los camiones municipales ya estaba en el espacio que cada reciclador tiene asignado. En un área tan extensa, esos espacios solo se distinguen por la presencia de los recicladores y por las viviendas instaladas muy cerca de ellos. De otro modo, sería un laberinto donde todo luce casi igual: costales llenos de vidrio, a unos pasos, algunas aves carroñeras o un par de gaviotas pisando las bolsas de plástico, y un suelo que no deja de crujir cuando caminas.
Mientras hablaba con Francisco, más camiones llegaban al botadero. Los vehículos de gran volumen (volquetes o compactadoras) rodaban como juguetes entre todos los desperdicios. De su interior, caían con fuerza las bolsas de plástico, mezcladas algunas veces con materiales de construcción, a un piso formado por capas gruesas de basura. Por la noche, los recicladores elegidos para hacer guardia guiaban con linternas a los últimos camiones que vaciarían su contenido en el botadero.
En una ocasión, uno de los recicladores me contó que solía pagar S/35 para que los residuos llegaran hasta el lugar exacto donde trabajaba. Lo más sencillo para los conductores del camión municipal era no adentrarse demasiado en el botadero, porque eso implicaba más gasto de combustible. Esto podría explicar por qué la basura se ha acumulado durante tantos años en algunas partes del botadero, mientras otras áreas muestran mucho menos desperdicios o solo arena.
“No tengo tiempo (de hablar)”, reclamó uno de los recicladores que acompañaba a Francisco durante mis primeras visitas. En todo el tiempo que estuve cerca, nunca pareció estar interesado en lo que hablábamos. Solo se dedicaba a jalar con un rastrillo las bolsas de plástico que estaban amontonadas como un cerro. Luego comprendí su impaciencia: a Francisco –y es probable que a él también– le tomaba diez horas obtener una ganancia máxima de S/50 con los materiales que rescataba de la basura. Otros días, el dinero solo sumaba S/40.
“Hay una ley que dice que las municipalidades tendrían que dar un incentivo a los recicladores, pero no lo hacen. Antes, nosotros comprábamos el aceite para la maquinaria. A [la municipalidad de] Chiclayo, le robaron dos baterías [de sus vehículos]. Nosotros hemos comprado las baterías”, recordó Francisco entonces. Por mucho tiempo, hubo cierta complicidad con los conductores de las municipalidades, pero esa relación también tuvo altibajos cuando los recicladores los acusaron de usurpar su oficio, separando parte de la basura para venderla, y dejando menos cantidad para el botadero.
Segundo Carrero, un reciclador más joven, calculaba que cada día ganaba entre S/30 y S/35 netos. Luego de estacionar su moto carguera, se colocaba encima otra ropa ligera –la que estaría en contacto con la basura entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde–, un par de botínes negros y un gorro para aguantar el sol. “Lo que más podemos sacar es chatarra. Porque el plástico, cartón, papel, lo ‘chalean’. O sea, los de la municipalidad se lo llevan para vender como mercadería”, me explicó Segundo antes de empezar a trabajar. Hizo cuentas rápidamente y reconoció que desde que inició la pandemia por el nuevo coronavirus, el número de recicladores informales había disminuido.
–La mayoría se ha ido. Están trabajando en mototaxi, o en chacra. Porque Reque no es un distrito donde tengas muchas salidas (opciones de empleo).
–Imagino que ustedes competían con los camiones de la municipalidad porque los trabajadores se llevaban el cartón y el plástico –le consulté.
–Claro. Antes de pandemia, teníamos un convenio con la municipalidad de Chiclayo, y ellos mismos nos enviaban los carros sin chalear.
Segundo regresó a trabajar al botadero, aunque con cierto miedo, luego de que el gobierno suspendió la mayoría de restricciones que existían por la covid-19. Este año, dejó las mascarillas y tampoco usaba guantes pese al riesgo de cortarse con los vidrios que encontrase en la basura. Por no tener estudios secundarios completos, había perdido otros trabajos. A pesar de eso, en algún momento logró emplearse como agricultor. Llegó desde la selva a Chiclayo, con 18 años, y ahora, con 31, tiene una esposa y dos hijos. “En la chacra te contaminas menos, pero el esfuerzo es más. Lo que pasa es que en la chacra, no te pagan a diario sino a la semana o quincena”.
El día que observé por más tiempo a los recicladores, Segundo picaba las bolsas de plástico y separaba con sus manos la basura en cuatro grupos. El primero eran los residuos orgánicos –como cáscaras de fruta o sobras de comida– que se guardan en un balde para luego ser vendidos como alimento para cerdos o abono para plantas. Los otros tres fueron chatarra, plástico y cartón. Un kilo de plástico puede venderse a S/1 o S/1,70. En cambio, la chatarra y el cartón tienen menos valor (S/0,50 y S/0,30). Segundo afirmaba que podía llegar a reunir entre 90 y 100 kilos de chatarra en un día.
El modo de separar la basura se repitió con Francisco y los otros recicladores, tanto varones como mujeres. Es posible que alguno de ellos prefiriese reemplazar la bulla del viento con música pero la mayoría del tiempo, el trabajo se soportaba entre conversaciones y bromas. El mal olor de la descomposición, las moscas o los gallinazos no eran una distracción. Sin embargo, les incomodaban las fotos porque estaban hartos de los periodistas que se acercaron a interrogarlos en todo estos años.
“¿Qué pasa si cierran el botadero? ¿Saben que esto es informal? ¿Quienes queman la basura?”, les han preguntado muchas veces. Ningún reciclador imagina que sobre el botadero se arrojaron 355.312 toneladas de basura en 2021 y un año antes, 1.057.769 toneladas, de acuerdo a datos del Minam. El último informe de OEFA, de junio de este año, dice que por día, se depositaron alrededor de 300 toneladas de residuos de todo origen, desde pequeños muebles y artículos de oficina hasta mascarillas, textiles y materiales industriales.
Ahora que los camiones municipales ya no ingresan al botadero, ese cálculo debió detenerse. Sin embargo, desde la tranquera en la que estoy parada se puede ver que hay basura nueva y que los recicladores continúan trabajando.
Las promesas que fracasaron
A mediados del 2011, un grupo de ciudadanos suizos recorrió el botadero y dijo a los alcaldes, periodistas y recicladores informales de Reque que estaban interesados en convertir ese terreno en un espacio compatible con las fórmulas que otros países estaban aplicando para gestionar la basura. Cristian Robin, quien era jefe de la Cooperación Suiza en Perú, explicó que una de sus intenciones era promover el reciclaje y formalizar a los trabajadores del botadero. “La idea es darles una posibilidad más digna de trabajo y darles oportunidades en un ambiente mucho más salubre”, afirmó ante los micrófonos y cámaras de video.
El 5 de abril del 2013, la Municipalidad Provincial de Chiclayo –representada por el entonces alcalde Roberto Torres Gonzales–, la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos (SECO) de la Confederación Suiza, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y el Ministerio del Ambiente firmaron un acuerdo para desarrollar el proyecto que años después sería recordado como “Chiclayo Limpio”.
Pocos días antes de la Navidad del 2014, los medios informaron que Roberto Torres había sido capturado por la Policía y llevado a prisión por acusaciones de lavado de activos, asociación ilícita para delinquir y otros delitos. Pese al escándalo, la Cooperación Suiza decidió continuar el proyecto con el nuevo alcalde, David Cornejo Chinguel, y financiar la compra de 23 vehículos para que la municipalidad pudiera recoger y transportar la basura. Francisco recuerda que la Cooperación Suiza capacitó a los recicladores del botadero y ofreció entregar dinero a aquellos de mayor edad por todo el tiempo que habían trabajado. “Nosotros, que todavía estamos en capacidad, íbamos a seguir trabajando pero formalmente”, dice.
Los siguientes pasos para la Cooperación Suiza eran construir una planta de transferencia, donde los camiones de la municipalidad trasladarían su basura a un vehículo más grande –similar a un tráiler–, y un relleno sanitario, al que finalmente llegaría cada tráiler para colocar de forma legal y responsable los desechos de toda la ciudad.
“Las plantas de transferencia se usan para abaratar costos de transporte. Si Chiclayo tiene 20 camiones, imagínate que todos van hasta Reque y regresan. Eso genera un costo de gasolina y tiempo que bien podrían usar para recoger más basura en las calles y casas. Con la planta, ya no iría cada camión sino un tráiler grande”, explica Marcos Alegre Chang, ingeniero y presidente del Grupo GEA, una compañía que brinda asesoría sobre sostenibilidad y medio ambiente en Perú.
Cada tráiler equivaldría hoy a seis u ocho camiones de basura, pero el proyecto se detuvo por otro escándalo de corrupción. Paradójicamente, a vísperas de la Navidad del 2018, David Cornejo también fue apresado luego de varios testimonios que lo culpaban de haber entregado obras públicas a cambio de dinero. Una de las testigos fue la empresaria Mirtha Gonzales Yep. Ella apareció un domingo en un programa de televisión para denunciar que la Constructora CRD SA Sucursal Perú, empresa de la que era asesora comercial, había pagado coimas para ganar –sin dificultades– la licitación para la construcción de la planta de transferencia.
El contrato estableció un pago de más de S/10 millones por dicha obra pero la Constructora CRD edificó menos del 30% antes de febrero del 2019. Tras las declaraciones de Mirtha Gonzales y la investigación que ese año abrió la Fiscalía contra el exalcalde David Cornejo, la Cooperación Suiza decidió dejar de financiar el proyecto “Chiclayo Limpio”. Una vez que retiró su participación, recuperó S/11.360.387 mientras que la municipalidad aún mantiene una deuda de S/2.024.672 por saldos pendientes de la construcción de la planta de transferencia.
Los pocos vecinos que viven cerca al terreno donde iba a funcionar la planta están acostumbrados a que nadie pregunte por lo que queda de la construcción y observan, sin demasiado asombro, que sirve como un depósito para quemar basura. Después de una hora recorriendo el perímetro, dos hombres se acercan a mí a bordo de una motocicleta. Por su ropa casual –jeans y polos deportivos–, es difícil creer que la municipalidad de Chiclayo los haya contratado para cuidar el terreno.
Pero un mototaxista que pasa cerca me dice que son los únicos encargados de vigilar la zona. Con mucha tranquilidad, explica que construyó una casa ahí, junto a otras personas que ingresaron a invadir el terreno durante la pandemia. “Había cantidad de material (de la obra) pero se lo llevaron. Fierros, ladrillos. Aquí había casas… por lo menos, mil familias”, afirma. Los dos trabajadores que andan en la motocicleta admiten que el terreno fue invadido dos veces, pero ignoran cómo se recuperó.
Luego que ellos me permiten ingresar a la obra, observo unas cuantas paredes sin techo, muros de concreto y una escalera. Inútilmente, intento completar los espacios vacíos con las imágenes de la simulación que mostró la municipalidad años atrás: un extenso local con un edificio de dos pisos y camiones que ingresaban y salían. Con el fracaso de esta obra, también se frustró el intento de la Cooperación Suiza de convertir el botadero de Reque en un relleno sanitario. A pesar de eso, las autoridades siguieron creyendo que el exceso de basura era un problema que solo se podía resolver con muchísima inversión.
Un segundo intento
El Minam pagó más de S/10 millones para un nuevo proyecto –la construcción de una celda transitoria, a unos kilómetros del botadero–, pero esto no ha solucionado la contaminación generada por la basura. El nombre puede sonar extraño, sin embargo, una celda transitoria permite encapsular los desechos bajo tierra, para evitar que emitan gases nocivos al aire y al suelo. Su creación fue posible porque el ministerio declaró en estado de emergencia cinco de los distritos que usaban el botadero y en 2019, la Fuerza Aérea del Perú donó a la municipalidad de Chiclayo un terreno de 400 hectáreas. Todo el sistema de la celda transitoria ocupa actualmente el 10% de esa área.
En el sistema, se aplica el método Fukuoka, desarrollado en Japón inicialmente para la agricultura pero que en este caso, ayuda a reducir la producción de metano, un gas de efecto invernadero. “El metano es uno de los gases que tienen más impacto al medio ambiente. Una emisión de metano equivale a 23 emisiones de carbono”, explica Marcos Alegre. En la celda, existen chimeneas para captar los gases que producen algunos residuos cuando se descomponen, y así reducir la contaminación al suelo y aire.
Sus diez hectáreas de extensión se parecen a una lata de sardina abierta, cuyo fondo está cubierto por una geomembrana, muy similar a una bolsa de plástico negra. Todo el espacio está dividido en cuadrantes, y cada uno sirve para arrojar la basura. Para poder acumular la mayor cantidad de desechos, la basura tiene que ser aplastada con un tractor oruga, como si fuera plastilina. Cuando ya se ha convertido en una capa delgada y lo más homogénea posible, se espolvorea el material que se extrae de la cantera –ubicada a un extremo de la celda– hasta cubrirla por completo. Luego se repite todo este proceso con otro lote de basura de manera que nunca quede expuesta.
"Digamos que dejan un piso, un eslabón. (...) Y cuando ya está eso, está listo para recibir nuevos residuos. Pero antes, se tiene que asegurar que no haya bolsas plásticas afuera, ni gallinazos, y que la cantidad de moscas esté reducida al mínimo", dice Paola Zabarburú Belloso, jefa del OEFA en Lambayeque, cuando trata de ilustrar el funcionamiento de la celda.
Gino Chanamé Díaz, funcionario de la Municipalidad de Chiclayo, reconoce que todos los cuadrantes de la celda ya están rellenos con una primera capa. Sentado en una pequeña oficina del municipio, el biólogo afirma que pueden llegar a completar dos niveles más en un año o año y medio. Paola Zabarburú cree que la celda dejará de servir antes de los tres años que se anunciaron, y tiene más de un argumento para decirlo. Quizás el más importante son los tropiezos que tuvo este proyecto luego de ser inaugurado por el Minam, en mayo del año pasado.
Durante los primeros diez meses, la celda fue usada únicamente por la Municipalidad de Chiclayo pero esta no tenía suficientes vehículos para encapsular la basura. De acuerdo con un acta que firmaron la Policía y un juez de paz el 27 de octubre del 2021, en una inspección se encontró la celda cerrada y sin personal trabajando. Meses después, un equipo de la Contraloría verificó que solo se podía usar un tractor oruga mientras otro estaba en reparación. En su informe, esta entidad recomendó que la municipalidad adquiriese dos o tres tractores oruga, un rodillo compactador, dos cargadores frontales, dos volquetes y dos minicargadores para cumplir con todas las operaciones de la celda.
Gino Chanamé se escuda en que la inversión del Minam no incluyó la compra de tractores oruga ni otra maquinaria, y dejó esta tarea al municipio. “Lo que hemos hecho es ubicar un tractor oruga que era nuestro y ponerlo operativo. Ese tractor estuvo sin funcionar diez años. (...). Obviamente, cuando recuperas una máquina, no está al 100% porque siempre salen fallas nuevas. Eso también nos afectó”, admite.
“Un tractor oruga nuevo, operativo al 100%, no es barato. Estamos hablando de medio millón de soles, aproximadamente. Un cargador frontal, 200 mil soles”, agrega. El municipio prefirió comprar diez compactadoras para recoger la basura dejada en las calles en lugar de maquinaria nueva para la celda.
El segundo argumento del funcionario municipal es que el material que se encontró en la cantera era inservible: después de esparcirlo sobre la basura, ni el camión oruga ni el rodillo eran capaces de convertir los residuos en un piso compacto. Para Chanamé, se trata de un problema en el diseño del proyecto, del cual responsabiliza al Minam. Por ahora, la municipalidad ya encontró una solución al reemplazar ese material con la tierra de cultivo o arcilla arenosa que existe a lo largo de la Panamericana Norte.
De cualquier manera, el 19 de abril de este año, un mes después de que los distritos de José Leonardo Ortiz, La Victoria, Reque y Zaña pudieron ingresar a la celda, un recorrido por la zona demostró que no se estaba compactando la basura por falta de camiones y de material para cubrirla. “Al ritmo que se va trabajando, a fin de este año ya habrá colapsado”, advirtió un documento firmado por tres de esas municipalidades.
El OEFA también comprobó que la celda se había convertido en otro botadero. “Los residuos sólidos no eran esparcidos, compactados ni cubiertos”, dice Paola Zabarburú, la jefa de este organismo en la región. A eso se suma otro inconveniente: “La idea no es que todos los residuos vayan a la celda, sino lo mínimo. Para eso, las municipalidades deberían aplicar el programa de segregación de fuente o aplicar una economía circular. Eso aseguraría que el tiempo de vida de la celda llegue a los tres años”, señala Zabarburú. Segregar la basura, es decir, agruparla por su origen o características, es algo que tampoco cumplen las municipalidades.
Traté de conversar con dos de los alcaldes que en algún momento solicitaron que la celda funcionara correctamente, pero sus funcionarios nunca aceptaron una entrevista. Mis intentos por entrar a la celda transitoria tampoco sirvieron, aún cuando dos regidores de la Municipalidad de Chiclayo me acompañaron en junio pasado y solicitaron que se les autorizara el ingreso. Aquella mañana, en un clima soleado e invadido de moscas, se podía ver bolsas plásticas enredadas en el alambrado que rodea el terreno. Probablemente, terminaron allí como consecuencia del mal manejo de la celda transitoria, según los especialistas consultados.
En medio de todo este desorden, el vertedero de Reque siguió funcionando. Los municipios seguían arrojando allí los desechos de sus vecinos: 1.657.965 toneladas entre 2019 y 2021, según el registro del Minam. Y aun hoy, en que supuestamente está cerrado, el botadero continúa generando metano debido a que todavía existen residuos orgánicos enterrados o al aire libre, advierte Marcos Alegre.
Los científicos han demostrado desde hace más de 40 años que los gases de efecto invernadero –como el metano y el dióxido de carbono (CO2)– causan el cambio climático y pueden provocar la desaparición de glaciares, pero ningún autoridad de Lambayeque está discutiendo cómo detener las emisiones de metano en el botadero más grande del Perú.
¿Alguien está pensando en el futuro?
Lima generó, solo en el 2021, diez veces más basura por domicilio que la región Lambayeque. Pese a este margen de diferencia, ninguno de los 85 botaderos de uso municipal que tiene la capital peruana supera el volumen del botadero de Reque. El presidente del Grupo GEA lo considera el más antiguo del país en actividad. “Aquí en Lima, al lado del río Rímac o pasando el río Chillón, existían botaderos. Hace muchos años, en Chorrillos, hubo otro botadero pero todos se cerraron. Y esos eran los más antiguos de Lima”, remarca.
En los archivos de OEFA del último quinquenio, no existe un Informe de Monitoreo Ambiental sobre el botadero de Reque. El más reciente fue publicado en diciembre del 2015 y recomendó su clausura y la recuperación de todas las áreas degradadas por el precario manejo de los residuos. En las primeras páginas del documento, el órgano de fiscalización menciona que más del 70% de todos los desechos colocados allí fueron quemados. La incineración sirve para seguir acumulando basura, según sostiene el Minam, porque permite reducir su volumen. Lo que queda del fuego es en su mayoría ceniza oscura y maloliente, aunque sus efectos sobre la calidad del aire son irreversibles por las emisiones de carbono negro (BC), un contaminante que también contribuye al cambio climático.
Un estudio publicado en 2018 por la revista científica Environmental Research planteó que la quema de basura a cielo abierto podría ser la causa de que el estado de salud respiratorio de la población rural de México sea más deficiente. La investigación también menciona que estudios previos han vinculado la exposición al carbono negro con efetos potencialmente graves para la salud como enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas y mortalidad prematura. En el caso de Perú, no hay investigaciones sobre los daños que ocasiona la quema de basura en enormes botaderos informales como el de Reque.
Algunos recicladores dicen que la incineración permite sacar metales de la basura (cobre, bronce, aluminio) y que otras veces, los camiones municipales botan material humoso, capaz de prender fuego a los otros desperdicios que están cerca. Segundo Carrero pide que no se culpe a todos los recicladores de quemar la basura. “Nosotros sabemos que es una gran contaminación para el medioambiente. (...) En varias oportunidades, hemos intentado apagar (el fuego) pero es imposible con el aire. Si se prende una bolsa, en treinta segundos, ya están diez metros con candela (...) Antes, cuando trabajábamos al fondo (del botadero), se quemaba bastante. Llamábamos a los bomberos pero nadie venía”.
Segundo y Francisco no recuerdan haber sufrido enfermedades en sus años entre la basura. Sin embargo, un informe de supervisión de OEFA, de mayo pasado, sugirió que el botadero “estaría generando una afectación directa” a los recicladores y operarios de los camiones municipales por la producción de monóxido de carbono, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno. Hace siete años, los análisis de las muestras tomadas para el Informe de Monitoreo Ambiental que recomendó el cierre del botadero ya habían advertido que este superaba los Estándares de Calidad Ambiental (ECA).
Los resultados de ese mismo informe señalan que también excedía los parámetros de cadmio, cromo y plomo. Esto revela que el suelo del botadero no puede ser usado para agricultura u otra actividad productiva. El otro efecto es que los recicladores y el resto de trabajadores que han permanecido en él por un tiempo prolongado pueden sufrir infecciones respiratorias agudas. Desafortunadamente, hasta ahora no se han realizado estudios sobre la salud de los recicladores del botadero.
Marcos Alegre y Paola Zabarburú coinciden en afirmar que un nuevo monitoreo ambiental encontraría niveles más altos de contaminación de suelo y aire. Realizar esta evaluación dependería de la decisión de OEFA. En cualquier caso, lo que es más incierto es la forma en que se recuperarán las áreas degradadas del botadero.
Tal como estipula la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, la Municipalidad Provincial de Chiclayo es responsable de ejecutar la recuperación de las áreas degradadas, con el apoyo de los distritos de José Leonardo Ortiz, La Victoria, Reque y Zaña, que han usado por años el botadero. Debido a que el vertedero de Reque no es el único que existe en el país, el 12 de julio del 2019 el Minam lanzó una guía técnica para ayudar a las municipalidades provinciales a elaborar sus planes de recuperación.
El plan debe incluir estudios básicos del área degradada y un proyecto de inversión que considere la cobertura y confinamiento de los residuos y el manejo de gases tóxicos, entre otros detalles. Pero la Municipalidad de Chiclayo indicó a OEFA, en un informe presentado el 19 de enero de este año, que antes de iniciar un proyecto de inversión necesitaba desalojar a los recicladores. Paola Zabarburú, representante del organismo supervisor, advierte que esta propuesta no se ajusta a la guía técnica y cuestiona que el municipio pretenda condicionar la recuperación de las áreas degradadas a la salida forzada de los recicladores.
En su defensa, Gino Chanamé afirma que la intención del municipio fue comprometer al resto de gobiernos locales involucrados para que ya no enviaran sus camiones al botero sino a la celda transitoria. Ese sería el punto de partida para a cumplir con el cierre y la recuperación. El funcionario remarcó que se han limpiado algunos accesos del botadero y se ha enviado personal para que impida el ingreso de más basura, pero terminó reconociendo que, hasta ahora, solo se han hecho intentos. El botadero no ha sido clausurado por completo porque la municipalidad no ha llegado a un acuerdo con los recicladores para que abandonen el lugar. Sin eso, le resulta muy complicado ejecutar un plan de recuperación.
¿Pero qué propone hacer la municipalidad si es que logra recuperar el control del botadero? Gino Chanamé respondió que sobrevolarán el terreno con drones e identificarán los puntos donde se acumula más basura. Después de eso, se “aislarán” los desechos para cubrirlos con arena y otros materiales que hay en la zona. El resultado sería la transformación del botadero en un suelo árido, según el funcionario.
Marcos Alegre, quien fue viceministro de Gestión Ambiental entre 2016 y 2018, menciona que la municipalidad debería considerar una cobertura especial para los residuos, lo suficientemente resistente al viento de la zona. Esto evitaría que las bolsas plásticas se conviertan en los próximos años en alimento de la fauna de la zona, otro impacto ecológico que podría generar el botadero. Los otros componentes del plan de recuperación deberían ser el control de vectores (roedores, moscas), la instalación de chimeneas para eliminar el metano y otros gases, y canaletas para los lixiviados, que son los líquidos que se producen por la combinación del agua con los residuos descompuestos.
Sobre este último punto, el especialista propuso que la municipalidad identifique si existen aguas subterráneas para evitar que sean contaminadas por la basura. “La contaminación va descendiendo con los años, y por más profunda que sea (el agua subterránea), algún día va a llegar abajo, en 20 o 30 años”, advierte. Para el exviceministro, todo el proceso de recuperación podría tardar un año. “Lo mínimo que se tiene que hacer acá es evitar que haya basura expuesta en el medioambiente. (...) Post remediación, tiene que haber un monitoreo ambiental, por lo menos por unos cinco años”.
Todos los aspectos que menciona Marcos Alegre o el propio Gino Chanamé podrían estar en el plan de recuperación pero la municipalidad de Chiclayo todavía no lo ha elaborado. Los dos años que tuvo desde la publicación de la guía técnica no fueron suficientes y, gracias al Decreto Supremo N° 001-2022 del Minam, tiene hasta enero del 2025 para presentarlo a OEFA. Si excede ese plazo, será sancionada con una multa de hasta 720 Unidades Impositivas Tributarias, equivalentes este año a S/3.312.000.
Gino Chanamé dice que los recicladores habían solicitado una prórroga de seis meses para dejar el botadero, pero la municipalidad no aceptó. Algunos de ellos esperaban trabajar en la celda transitoria, pero eso no es posible por su diseño y sus características. En la última conversación que tuve con Francisco Sánchez, su voz en el teléfono hacía evidente su enojo. “Quieren cerrar el botadero pero no lo vamos a permitir porque.. ¿cuántos años tenemos trabajando aquí?...” Hace algún tiempo, su compañero Segundo se preguntaba si había llegado el momento de buscar otro trabajo. “Ya sabemos que van a cerrarlo. Hace como diez años que nos dicen lo mismo, pero hasta el momento no pasa nada”, dijo.
Este reportaje es parte de Historias Saludables, un programa de capacitación y apoyo para producción de historias periodísticas en salud y medio ambiente, liderado por Salud con lupa con el apoyo de Internews.
