Han pasado 35 días desde la segunda vuelta electoral y 26 desde que la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú (ONPE) finalizó el conteo de votos, dando como ganador a Pedro Castillo con 50.12%. No obstante, hasta el día de hoy no se ha proclamado oficialmente al presidente electo.
Keiko Fujimori, quien alcanzó un 49.87% de votos, presentó cientos de pedidos de anulación de mesas de sufragio, gran parte fuera del plazo establecido por ley. Cuando estos fueron denegados por los Jurados Electorales Especiales (JEE), apeló ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en medio de acusaciones infundadas de fraude. Actualmente aún se espera el voto en minoría de uno de los miembros del JNE sobre las apelaciones presentadas. Hasta que no se concluya con ello no se podrá proceder con la proclamación del ganador de las elecciones.
¿Qué consecuencias acarrea esta demora? La principal es la postergación del proceso de transferencia de gobierno y rendición de cuentas. En él, las cabezas de las entidades del gobierno actual brindan información al equipo entrante sobre la situación administrativa y operativa de su gestión, incluyendo los avances, logros y asuntos que deben atenderse con prioridad. Esto le permite al nuevo equipo de gobierno definir su plan inmediato para que no haya baches en el paso de postas.
En un escenario de crisis sanitaria y económica, y en plena campaña nacional de vacunación, se esperaría que la rapidez y fluidez de la transferencia esté garantizada. Pero sucede todo lo contrario. “Estamos tarde y, sin la proclamación, hasta ahora ningún equipo del nuevo gobierno puede acercarse a los ministerios a pedir la información de manera oficial. Por tanto, va a haber muy poco tiempo para que miren y entiendan lo que va a recibir”, advierte José Luis Gargurevich, magíster en Gestión Pública por la Universidad Autónoma de Barcelona y ex director ejecutivo de la oficina de Organización del Ministerio de Salud.
Cabe recordar que las transferencias anteriores comenzaron el mismo mes que los comicios con ambos equipos. El 2016, la segunda vuelta presidencial se realizó el 5 de junio y la proclamación de Pedro Pablo Kuczynski como presidente electo, el 28. Hubo 23 días entre las elecciones y la proclamación. Las coordinaciones para la transferencia empezaron el 20 de junio, y para el 30 de ese mismo mes, ya se estaban reuniendo en la Contraloría las comisiones de las gestiones saliente y entrante.
El 2011, la segunda vuelta se llevó a cabo el 5 de junio y la proclamación de Ollanta Humala, el 23. Hubo 18 días entre ambos eventos. Sin embargo, el 7 de junio Humala ya había anunciado quiénes integrarían la comisión de transferencia de su gobierno. Las reuniones entre su equipo y el de la gestión de Alan García fueron difundidas en medios desde el 9 de ese mes.
Reuniones previas públicas que no podrían ocurrir en el contexto actual. Ante las denuncias sin base de un supuesto fraude y la amenaza de desconocer los resultados de las elecciones hecha por la misma Keiko Fujimori, la administración del presidente Francisco Sagasti se ha querido asegurar de no dar ninguna muestra de parcialidad.
El Ejecutivo ha optado por avanzar el proceso de transferencia por su lado. A finales de mayo, la primera ministra Violeta Bermúdez anunció que ya habían empezado a instalar las comisiones de transferencia para realizar los informes requeridos. Además, desde hace dos semanas los ministros han venido exponiendo los logros más resaltantes de sus carteras en las conferencias “Transferencia con transparencia”. Sin embargo, la presidenta del Consejo de Ministros ha precisado que solo cuando el JNE proclame al ganador de las elecciones, se iniciarán las reuniones entre los equipos del gobierno saliente y entrante para la revisión y análisis de la información.
Conversaciones extraoficiales sí han habido. Hernando Cevallos, integrante del equipo técnico de Pedro Castillo para temas de Salud, indicó a este medio que ha tenido comunicación con el actual ministro Óscar Ugarte, quien le ha dado alcances sobre la situación del ministerio, pero no ha sido suficiente. “Yo he conversado con el ministro sobre algunos escenarios, pero obviamente él no tiene ninguna responsabilidad de entregar [toda la] información oficial. (...) Hay toda una estrategia que estamos haciendo sin tener la información del Ministerio y eso es una clara desventaja, no hacia nosotros, sino hacia la salud de la población”, señaló.
Proceso arduo y decisivo
Más allá de los temas administrativos, que ocupan la mayor parte del proceso de transición, lo que es clave para la nueva gestión son los temas políticos y financieros, y las papas calientes que deja el gobierno que sale.
Hay que tomar en cuenta que este año el presupuesto del sector salud para todo el Estado ha sido de más de 27 mil millones de soles, y ya se ha ejecutado el 44.2%. De este monto, se asignó al Ministerio de Salud más de 9 mil 418 millones de soles, presupuesto del que ya se ha gastado un 41%. Es decir, hay más de 5 millones y medio por ejecutar este segundo semestre, con la nueva gestión.
Aparte del presupuesto, el nuevo equipo debe comenzar por ocuparse de los “asuntos de prioritaria atención” consignados en los informes, considera José Luis Gargurevich. “Eso es como un semáforo de riesgos, es lo más importante del informe porque ahí dicen: ‘Mira, si tú no firmas este convenio en tal fecha, se cae. Si el contrato de los proveedores no lo renuevas en tal fecha, se cae’. Son alertas que deben estar en el informe para que el entrante no pueda decir que le dejaron algo mal hecho o fue culpa de la anterior gestión”, explicó a Salud con lupa.
Esa información no va a salir en las conferencias de “Transferencia con transparencia” que, si bien representan una buena iniciativa para mantener a la ciudadanía al tanto de lo avanzado, no entran al detalle de las urgencias. Además, la conferencia del ministro de Salud recién está programada para el 23 de julio, apenas 5 días antes del cambio de mando, a pesar de tratarse de una de las carteras más importantes. “En estas conferencias uno más bien marketea sus logros, cuando lo más importante de la transferencia son los temas que están en riesgo, que es más difícil de extraer porque se tiene que reconocer que se está fallando”, precisó Gargurevich.
Janice Seinfeld, PhD en Economía por la Universidad de Harvard, con especialidad en Economía de la Salud, y fundadora de Videnza Consultores, fue la encargada de liderar la comisión de transferencia de Salud del gobierno entrante de Kuczynski en 2016. Seinfeld contó a Salud con lupa que el mes de trabajo que tuvieron fue muy intenso. Dirigió un equipo de alrededor de 20 personas y tenía reuniones frecuentes con la comisión saliente. “Eso era permanente, teníamos incluso una oficina en el Minsa. [En el proceso] se identifican las cosas que funcionan, las que no funcionan, las que necesitan ajuste de tuercas y dónde están los cuellos de botella”, dijo. Lo recabado sirvió como guía para las acciones que se tomaron en los cien primeros días, y sentaron las bases para los siguientes cinco años.
En estas reuniones, el equipo de trabajo entrante puede preguntar por determinados temas que le interesen para que el equipo saliente pueda poner énfasis en asuntos específicos. Luego de ello, un equipo revisor verifica el contenido de lo registrado en los informes. Finalmente, la nueva gestión ya en funciones formaliza la recepción del informe y finaliza el proceso de transferencia.
“Eso se hace en agosto y pienso que es lo que se debe vigilar que no se demore, porque sino hay mucho tiempo muerto. En ese tiempo, lo que habría que garantizar es que las operaciones administrativas permanezcan. Que los equipos sigan trabajando, que no haya quiebre”, señaló Gargurevich. “Mientras la parte operativa no renuncia, siguen las operaciones”.
Seinfeld también hace hincapié en que se debe asegurar la continuidad de los ejes más importantes. Ella considera que sería óptimo mantener a funcionarios claves en sus cargos. “Si tuviera que tomar una decisión y tuviera que entrar al Minsa en estas circunstancias, definitivamente mantendría la rama de salud pública, para que haya un seguimiento sobre lo que está pasando con la vacunación, que ha agarrado muchísima aceleración”, aseveró.
En la misma línea, Óscar Ugarte sugirió hace un par de semanas que el equipo encargado de la vacunación pueda continuar. A nivel nacional, el área que lidera esta estrategia es la Dirección de Inmunizaciones, a cargo de Gabriela Jiménez Quinteros. Esta área se encuentra dentro de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, cuyo titular es Ángel Gonzales Vivanco. A su vez, esta dirección pertenece al viceministerio de Salud Pública, encabezado por Gustavo Rosell De Almeida.
Hernando Cevallos tiene una opinión distinta. Cree que, a pesar de que la vacunación se ha acelerado, aún es insuficiente. “Vamos muy lento en realidad. Tenemos solo más de 3 millones de peruanos con vacunación completa para una población de 32 millones, no es para aplaudir. (...) Eso no es para alegrarnos y salir a correr a ratificar a todos los funcionarios”, indicó en entrevista con este medio. Recalcó, no obstante, que ello aún no está definido: “por supuesto, se hará una evaluación como corresponde y se decidirá”. Evaluación para la que queda poco más de dos semanas.
El área de Comunicaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros indicó a Salud con lupa que las entidades han ido entregado informes con corte al 30 de junio a la Contraloría, y que tienen plazo para entregar un informe complementario hasta el 27 de julio. Todas siguen en proceso de registro. Asimismo, precisó que los miembros de la comisión y los responsables del equipo revisor deberán instalarse recién luego de cinco días de la proclamación oficial.
Agenda urgente
Aunque el JNE no haya realizado la proclamación, nada impide que Pedro Castillo anuncie quiénes conformarán su equipo de transferencia. Sin embargo, hasta el momento no lo ha decidido. Lo que sí ha hecho el partido, según Cevallos, es seguir trabajando con un gran grupo de especialistas sus propuestas a mediano y largo plazo. Hay 7 equipos que abarcan distintos aspectos de la problemática de salud, cada uno conformado por 20 o 30 especialistas de distintas regiones. Pero al no contar con información oficial detallada, estarían avanzando a ciegas.
La primera emergencia que deberá afrontar el gobierno de Castillo será, sin duda, la tercera ola. Este es uno de los asuntos que más inquieta al equipo técnico. Ayer el Ministerio de Salud aprobó el Plan de respuesta ante la segunda ola y la posible tercera ola pandémica y, según las estimaciones, habría al menos 1 millón y medio de contagios, y entre 35 mil y 52 fallecidos en esta nueva ola.
De acuerdo con el documento, los principales problemas que impulsarían esta tercera ola son las inadecuadas condiciones de infraestructura y tecnología de los establecimientos de salud, la baja captación de pacientes sospechosos, el pobre rastreo de contactos, el inestable abastecimiento de oxígeno en los servicios de salud, así como la aún baja cobertura de personas vacunadas contra la covid-19, entre otros.
Precisamente, este último punto genera mayor incertidumbre en el equipo de Perú Libre. “Queremos saber qué cantidad de vacunas se estima que habría en el mes de agosto”, comentó Cevallos a Salud con lupa. Como se sabe, los contratos y fechas de entregas de los lotes de vacunas no son de conocimiento público por las cláusulas de confidencialidad que firmó el Estado con los laboratorios.
“La información extraoficial que tenemos es que el porcentaje mayor de vacunas que dispondría el Ejecutivo se estarían aplicando ahora en julio, y para el mes de agosto y septiembre, la cantidad de vacunas no serían tantas. Si eso es así, generaría problemas para una vacunación masiva como la que estamos planteando. Justo en un momento de alza de contagios por la tercera ola”, dice Cevallos.
Otra de las causas identificadas por el Minsa en el documento técnico es la falta de recursos humanos para la atención de casos covid-19. El déficit de personal de salud era un problema que se venía arrastrando desde antes de la pandemia. En marzo del 2020, solo había 11 mil 712 médicos nombrados a nivel nacional. Frente a esta escasez de personal para atender la emergencia, se autorizó al Minsa de manera excepcional poder contratar cerca de 39 mil trabajadores bajo la modalidad CAS. En diciembre de ese año, luego de las protestas del personal de salud, el Poder Ejecutivo emitió un decreto supremo que garantizó la continuidad laboral CAS de cerca de 14 mil personas.
Cevallos señaló que tiene conocimiento de que muchos de esos contratos CAS se van a terminar en el mes de julio y quiere saber la cantidad exacta. “No tenemos esa información. Entonces, sí es muy preocupante que no se inicie el proceso de transferencia. De eso depende las previsiones que vamos a hacer, las medidas que ya deberíamos estar tomando”, puntualizó.
El Plan del Minsa también brinda recomendaciones para mitigar los impactos de la tercera ola. Propone fortalecer el primer nivel de atención para pacientes covid-19; seguir optimizando el proceso de vacunación, especialmente con las poblaciones vulnerables; y mejorar el seguimiento clínico y el acceso a oxígeno para estos pacientes. Acerca de este último tema, es necesario recordar que el gobierno no ha informado sobre el estado de las plantas de oxígeno que tenemos para enfrentar la nueva ola o, al menos, cuántas se encuentran operativas.
Tanto para los cien días como para los planes a mediano plazo es necesario para el nuevo equipo conocer los pormenores de la gestión del Ministerio de Salud. Por lo pronto, entre las primeras acciones que ha planeado el equipo de Castillo se encuentran: relanzar las pruebas moleculares, implementar nuevos vacunatorios, incorporar mucho más personal, promover una campaña de comunicación sobre la vacunación para que haya menos resistencia e iniciar el reparto de mascarilla KN95 a mayor población. Las mismas que necesitarán del engranaje de la transición, un engranaje que, por el bien del país, urge destrabar.
